JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SX-JDC-81/2014.

ACTORA: HORTENCIA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ.

TERCERO INTERESADO: CASIMIRO NICOLÁS ORTIZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE OAXACA.

MAGISTRADO PONENTE: OCTAVIO RAMOS RAMOS.

SECRETARIO: ARMANDO CORONEL MIRANDA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de marzo de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado, promovido por Hortencia Hernández Vásquez, a fin de impugnar la resolución de diecinueve de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el expediente JNI/05/2014, mediante la cual se confirmó el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-74/2013 y, en consecuencia, se calificó como legalmente válida la Asamblea General Comunitaria del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, celebrada el uno de diciembre del dos mil trece, bajo el régimen de sistemas normativos internos, en la que resultó electo, entre otros, Casimiro Nicolás Ortiz, como Presidente Municipal; y,

RESULTANDO.

I. Antecedentes. De lo narrado en el escrito de demanda y de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

1. Acuerdo CG-IEEPCO/SNI-1/2012. El diecisiete de noviembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó el catálogo general de los Municipios que elegirán a sus autoridades mediante el régimen de sistemas normativos internos, dentro de los que se encuentra el de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca.

2. Oficio de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos. Mediante oficio número IEEPCO/DESNI/247/2013, de doce de enero de dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, solicitó a la Presidenta Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, informara la fecha, hora y lugar de la celebración del acto de renovación de Concejales Municipales.

3. Notificación de fecha de la elección. Mediante oficio MSCT/027/2013, de seis de febrero de la pasada anualidad, recibido el veinte de marzo del mismo año en la Oficialía de Partes del referido Instituto, la Presidenta Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, informó que la Asamblea para elegir a las autoridades que fungirían en el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis, se llevaría a cabo el treinta de marzo del dos mil trece, en la cancha municipal de basquetbol.

4. Primera Asamblea General. El treinta de marzo del año próximo pasado, en la cancha municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, se celebró la Asamblea General Comunitaria para el nombramiento de la autoridad municipal que gobernaría en el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis, con la asistencia de quinientos ochenta ciudadanos, quedando la votación para Presidente Municipal de la siguiente forma:

PRESIDENTE MUNICIPAL

NÚMERO DE VOTOS

Casimiro Nicolás Ortiz

275

José Hernández Cruz

230

Norma Velasco Fabián

37

5. Solicitud de prórroga. El diez de abril de dos mil trece, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, escrito signado por los integrantes de la mesa de los debates, en el cual manifestaron que la elección de fecha treinta de marzo pasado se realizó con tranquilidad, de manera transparente y democrática, asimismo solicitaron una prórroga para remitir la documentación de los ciudadanos que fueron electos en dicha Asamblea.

6. Informe respecto a la fecha de la segunda Asamblea General, para la ratificación de nombramientos y elección de faltantes. El veintiuno de mayo del mismo año, mediante oficio número MSCT/061/2013, la Presidenta Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, informó a la Dirección de Ejecutiva de Sistemas Normativos del instituto electoral local, la fecha, hora y lugar en donde se efectuaría la Asamblea para la ratificación del nombramiento de Concejales y ante la negativa para desempeñar el cargo por parte de algunos de los ciudadanos electos en la pasada asamblea, se debería concluir el nombramiento de las demás autoridades municipales.

7. Segunda Asamblea General de nombramiento y ratificación. El veintiséis de mayo del año inmediato anterior, reunidos en el corredor del portal municipal, se realizó la Asamblea General Comunitaria para la ratificación y el nombramiento de Concejales, con la asistencia de trescientos treinta y cinco ciudadanos. En el caso, el Presidente Municipal electo, fue ratificado por la mayoría de los ciudadanos, con trescientos votos.

8. Juicio electoral de los sistemas normativos internos JNI/09/2013. El treinta de mayo de dos mil trece, Hortencia Hernández Vásquez, por su propio derecho y ostentándose como representante de diversos ciudadanos, presentó medio de impugnación, a fin de controvertir la posible declaración de validez de la elección de Concejales y expedición de las constancias de mayoría, que pudiese otorgar el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

9. Resolución del juicio local JNI/09/2013. El seis de junio de dos mil trece, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, determinó lo siguiente.

[…]

"PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y emitir el presente acuerdo, en términos del CONSIDERANDO PRIMERO de este acuerdo.

SEGUNDO. No ha lugar a tramitar, sustanciar y resolver el escrito de inconformidad presentado por Hortencia Hernández Vásquez, en términos del CONSIDERANDO SEGUNDO de este acuerdo.

TERCERO. Se ordena la reconducción del Presente asunto, a efecto de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, atienda las inconformidades planteadas por la promovente, atento a las disposiciones aplicables previstas en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en términos del CONSIDERANDO SEGUNDO de esta determinación.

CUARTO. Una vez practicadas las anotaciones que correspondan en los registros atinentes, envíese el presente asunto al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, previa copia certificada de la demanda y constancias, así como de la demás documentación descrita en el CONSIDERANDO SEGUNDO de este acuerdo, para que obren en autos.

[…]

10. Solicitud de prórroga. Mediante oficio MSCT/069/2013, de ocho de junio de la pasada anualidad, recibido en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral local el diez del mismo mes y año, la Presidenta Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, solicitó una prórroga para la entrega de documentación de los ciudadanos que fueron ratificados y electos en la Asamblea de fecha veintiséis de mayo anterior, en virtud de que por su situación personal y laboral, no habían entregado su documentación.

11. Solicitud de información. Mediante oficio IEEPCO/DESNI/1460/2013, de doce de agosto del año próximo pasado, la aludida Dirección Ejecutiva solicitó a la Presidenta Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, informara la situación que guardaba la elección, y, en su caso, remitiera los documentos relacionados a sus Concejales electos, lo cual sería sometido a la consideración del Consejo General del propio Instituto, para determinar lo procedente.

12. Remisión de documentación. Mediante oficio número MSCT/090/2013, recibido en la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el cinco de septiembre del dos mil trece, la Presidenta Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, remitió la documentación relativa al nombramiento de los Concejales al Ayuntamiento que fungirían en el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis.

13. Acta de comparecencia. Con fecha once de octubre de la pasada anualidad, en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se efectuó una reunión de trabajo entre personal de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, ciudadanos del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, así como los integrantes de la autoridad electa del citado Municipio.

En la reunión se planteó informar a la Dirección Ejecutiva en mención, la realización de la Asamblea General programada para el domingo veinte de octubre siguiente y en caso de no celebrarse, solicitaron que se convocara a la brevedad a una nueva reunión de trabajo para generar los acuerdos necesarios, para solucionar el conflicto.

14. Tercera Asamblea General. El veinte de octubre de dos mil trece, siendo las once horas con diecisiete minutos, reunidos en el corredor municipal, se desarrolló la Asamblea General Comunitaria para la ratificación y el nombramiento de la autoridad municipal que fungiría en el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis, con la asistencia de cuatrocientos diez habitantes. Los ciudadanos que aceptaron el cargo de autoridades fueron ratificados y los que presentaron su carta de no aceptación, fueron electos por la opción de terna.

15. Acta de acuerdo. Con fecha diez de noviembre del dos mil trece, en el Salón Audiovisual del Palacio Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca se reunieron las siguientes autoridades: el Ayuntamiento Constitucional, el Comisariado de Bienes Comunales, Agentes Municipales de las localidades: Paz y Unión, El Chamizal, San Isidro y Fortín de Juárez; el Presidente de la mesa de los debates, así como la autoridad electa, todos del citado Municipio, acordando que se respetara la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, conforme a las tres Asambleas Generales realizadas el treinta de marzo, veintiséis de mayo y veinte de octubre todas del año dos mil trece, respectivamente.

16. Reunión conciliatoria efectuada en la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos. El quince de noviembre del año pasado, en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se efectuó una reunión conciliatoria entre personal de dicha Dirección Ejecutiva, autoridades del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, Casimiro Nicolás Ortiz, en su carácter de Presidente Municipal electo, Faustino Arellano Nicolás, en su carácter de Presidente de la Mesa de los Debates y Hortencia Hernández Vásquez, en la que dialogaron lo relativo a la impugnación interpuesta por esta última. Después de manifestar sus puntos de vista, acordaron sujetarse a lo que determinara el Consejo General respecto a la calificación de la elección.

17. Cuarta Asamblea General Extraordinaria. El primero de diciembre de dos mil trece, tuvo verificativo en el corredor del Palacio Municipal una Asamblea General Comunitaria con la participación de autoridades del Ayuntamiento, de las Agencias Municipales, del Comisariado de Bienes Comunales y la asistencia de doscientos cincuenta y seis ciudadanos, en la que los participantes pidieron al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se calificara y se declarara la validez de su elección de Concejales al Ayuntamiento para el periodo dos mil catorce-dos mil dieciséis, por lo que nuevamente ratificaron la integración del Cabildo de manera definitiva conforme a la Asamblea de veinte de octubre y manifestaron que respetarían la resolución que emitiera el Consejo General respecto de la integración de su Cabildo.

18. Remisión de acta de Asamblea General. El siete de diciembre siguiente, mediante oficio número MSCT/310/2013, la Presidenta Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, remitió el acta de la Asamblea extraordinaria celebrada el uno de diciembre anterior, en el corredor municipal, con la participación de doscientos cincuenta y seis ciudadanos.

19. Acuerdo CG-IEEPCO-SNI-74/2013. El catorce de diciembre del año próximo anterior, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-74/2013, calificó y declaró legalmente valida la Asamblea General Comunitaria del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, celebrada el uno de diciembre del mismo año, en la que resultó electa la planilla encabezada por Casimiro Nicolás Ortiz, por lo que expidió la constancia respectiva a los siguientes ciudadanos:

CARGO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Presidente Municipal

Casimiro Nicolás Ortiz

Alfonso Vásquez Ortiz

Sindico

Eliseo López Velasco

Félix Ortiz Velasco

Regidor de Hacienda

Rodrigo Velasco Nicolás

-----------

Regidor de Obras

Amado Cruz Velasco

Epifanio Ortiz Hernández

Regidor de Educación

Erasmo Nicolás Hernández

Calixto Florentino Cruz Velasco

Regidor de Salud

Silvano Vásquez Nicolás

------------

Regidor de Mercado

Álvaro Pablo Nicolás

-------------

Regidor de Agua

José Isabel Primero Rincón

Héctor Vásquez Fabián

Regidor de Ecología

Domingo Vásquez Vásquez

--------------

Regidor de Cultura y Recreación.

Félix Hernández López

-------------

20. Recurso de apelación SX-RAP-7/2013. El veinte de diciembre siguiente, Hortencia Hernández Vásquez y otros ciudadanos, interpusieron recurso de apelación, a fin de controvertir el acuerdo referido en el punto anterior y el dictado el seis de junio de dos mil trece, por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el juicio electoral de los sistemas normativos internos JNI/09/2013. Dicho medio de impugnación se radicó en esta Sala Regional, con la clave SX-RAP-7/2013.

21. Resolución del recurso de apelación SX-RAP-7/2013. El treinta de diciembre de dos mil trece, este órgano jurisdiccional resolvió el recurso de apelación, al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

"A C U E R D A

PRIMERO.- Se escinde la demanda de recurso de apelación, interpuesta por Hortencia Hernandez Vásquez por propio derecho y en representación de los ciudadanos referidos en el proemio del presente acuerdo, en términos del considerando tercero de este acuerdo.

SEGUNDO.- Se reencauza a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que deberá conocer y resolver esta Sala Regional, respecto de la controversia planteada contra la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI/09/2013.

TERCERO.- La Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional deberá proceder a conformar el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que corresponda, con las constancias que obran en los autos del expediente en que se actúa.

CUARTO. Es improcedente el per saltum para conocer del recurso de apelación promovido por los actores señalados en el proemio del presente acuerdo.

QUINTO.- Se reencauza el presente medio de impugnación, respecto al motivo de disenso que deberá conocer y resolver el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por lo que se refiere a la controversia planteada contra el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

SEXTO.- Remítase a la Secretaría General de Acuerdos el expediente en que se actúa, para que remita al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, copia certificada de todas las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que proceda conforme al ámbito de sus atribuciones.

SÉPTIMO.- Se requiere al Presidente del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo, remita a esta Sala Regional todas las constancias del expediente JNI/09/2013 y, proceda a dar cumplimiento, inmediatamente a lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

[…]

22. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-759/2013. El mismo treinta de diciembre de dos mil trece, por virtud del acuerdo plenario antes señalado, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente SX-JDC-759/2013 y posteriormente, el veintiuno de enero de dos mil catorce, esta Sala Regional determinó lo siguiente:

"RESUELVE:

PRIMERO. Se tiene por no interpuesto el escrito de tercero interesado presentado por Casimiro Nicolás Ortiz, por las razones expuestas en el considerando TERCERO del presente fallo.

SEGUNDO. Se confirma la resolución de seis de junio de dos mil trece, emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI/09/2013, en el que se determinó remitir el escrito de Hortencia Hernández Vásquez al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que al momento de calificar la validez de la elección de Concejales al Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, tomara en cuenta las inconformidades formuladas.

[…]

23. Juicio electoral de los sistemas normativos internos JNI/05/2014. En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional, en el SX-RAP-7/2014, se radicó en el órgano jurisdiccional local el juicio JNI/05/2014.

24. Resolución JNI/05/2014. El diecinueve de enero del año en curso, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca determinó confirmar el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-74/2013, relativo a la elección de concejales al Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

1. Presentación. El veintitrés de enero de dos mil catorce, a fin de impugnar la determinación señalada en el punto anterior, la ciudadana Hortencia Hernández Vásquez, por su propio derecho y ostentándose en representación de sesenta ciudadanos más del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

2. Recepción y turno. El treinta y uno de enero del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional la demanda, el informe circunstanciado y demás constancias relativas al trámite del presente juicio –incluyendo el escrito de comparecencia del ciudadano Casimiro Nicolás Ortiz, el cual se ostenta como Concejal electo en el Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca–.

En la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó que se integraran los autos del expediente SX-JDC-81/2014 y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Octavio Ramos Ramos, para los efectos contenidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Secretario General de Acuerdos, de este órgano jurisdiccional dio cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-159/2014.

3. Radicación, admisión, y requerimiento. El cinco de febrero de la presente anualidad, el Magistrado Instructor radicó, admitió la demanda del juicio ciudadano al rubro citado, tuvo por recibido el escrito de comparecencia del ciudadano Casimiro Nicolás Ortiz y formuló diversos requerimientos a fin de contar con mayores elementos para resolver. Lo solicitado fue cumplimentado en sus términos.

4. Cierre de instrucción. En su oportunidad y al no existir diligencias pendientes por desahogar el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de resolución.

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por geografía electoral y tipo de elección; al tratarse de una sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, relacionada con una elección de Concejales regida por sistemas normativos internos, en el Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, entidad federativa correspondiente a la Tercera circunscripción plurinominal electoral federal, ámbito donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192 y 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo primero, inciso a), párrafo segundo, inciso c), 4, párrafo primero, 79 y 80, párrafo primero, inciso f), y 83, párrafo primero, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Tercero interesado. De las constancias de autos se advierte que comparece al presente juicio Casimiro Nicolás Ortiz, por su propio derecho y ostentándose como Concejal electo al Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, por lo cual, resulta necesario analizar si se cumple la procedencia del ocurso de comparecencia.

I. Oportunidad. Respecto a este requisito, el artículo 17, apartado 1, inciso b), y apartado 4, de la Ley adjetiva en mención, establece que dentro de las setenta y dos horas de la publicitación del medio de impugnación, los terceros interesados podrán comparecer mediante los ocursos que consideren pertinentes.

En el caso, se tiene que, si la hora de recepción de la demanda fue a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de enero del presente año, y en las razones de publicitación y retiro de estrados, respectivamente, localizables a foja sesenta y siete del expediente principal, se asienta que las constancias se fijaron en estrados a las diez horas con quince minutos del mismo día, es evidente que la publicitación se efectuó a partir de las diez horas con quince minutos pasado meridiano y hasta las veintidós horas con quince minutos del veintiséis de enero posterior, a primera vista se podría considerar que el compareciente presentó su escrito de forma extemporánea, en razón de que el acuse de recibo del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca se efectuó a las veinte horas con cincuenta y nueve minutos del veintisiete de enero.

No obstante, tomando en consideración que para proteger el derecho de acceso a una justicia completa, los Tribunales deben ser proclives facilitando el derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso, en su vertiente de derecho a una justicia completa, salvaguardando con ello, a través de medidas idóneas, racionales, objetivas, proporcionales y necesarias, el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando en la medida de lo posible, formalismos que impidan u obstaculicen la admisión a trámite del escrito de comparecencia y su estudio, dado que, de resultar de esta manera, se incumpliría con la función esencial y el mandato constitucional otorgado a los operadores jurídicos, de proveer lo conducente, lo que, inclusive, podría traducirse en la denegación injustificada de ese derecho fundamental.

En el caso, al tratarse de un asunto bajo el esquema de derecho consuetudinario de los pueblos y comunidades indígenas, donde confluyen factores de desventaja social y económica ampliamente reconocida en la Constitución, lo que se pone de manifiesto en el grado de marginación que la Secretaría de Desarrollo Social, hasta el año dos mil diez, asignó a dicho Municipio, al calificarlo como alto, en razón de que la actividad económica es reducida, y la población con pobreza llegó a la cifra de seiscientos noventa y dos (692) habitantes, lo que representa el ochenta y un por ciento (81%) de la población total, de los cuales trescientos setenta y siete (377) presentaban pobreza moderada y trescientos quince (315) estaban en pobreza extrema.

Consecuentemente, en el presente asunto se debe atender además a las circunstancias específicas, y por tanto, se impone aplicar el derecho sin llegar al extremo de un "formalismo enervante" y optar por la flexibilidad de las normas procesales para poder estar en posibilidad de interpretar de la manera que resulte más favorable a las comunidades indígenas, ello, para facilitar el acceso efectivo a la tutela judicial a fin de no colocar al ciudadano en un estado de indefensión, al exigirle la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o desproporcionadas.

Lo anterior, en razón de que si se toman en consideración las circunstancias de marginación propias de la comunidad indígena a la que pertenece el compareciente, es posible tener como razonable el retraso en su presentación.

Siguiendo ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que, el escrito de comparecencia debe considerarse que fue oportuno, ello, a efecto de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que conforman los pueblos y comunidades indígenas que se rigen a través de sus sistemas normativos internos, en su vertiente de derecho a una justicia completa.

Lo anterior, se sustenta además en las razones esenciales de las jurisprudencias 28/2011 y 27/2011, de rubros: "COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE 1" y "COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE 2".

1 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, páginas 221-223.

2 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, páginas 217-218.

Por todo lo expuesto, en el presente asunto, el escrito de comparecencia debe estimarse que cumple con el requisito de oportunidad.

II. Interés jurídico. La calidad jurídica de tercero interesado, está reservada a los ciudadanos, partidos políticos, coaliciones de partidos, candidatos, organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, que manifiesten tener un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte incompatible con la pretensión de la parte demandante, según lo previsto en el artículo 12, párrafo primero, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el juicio que se analiza, el ciudadano Casimiro Nicolás Ortiz, manifiesta que la resolución que al efecto se dicte podría resultar contraria a sus intereses, en razón de que el mismo se encuentra en oposición con la pretensión de los promoventes en el medio de impugnación hecho valer.

Lo anterior, porque la intención de la actora, es que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, y en consecuencia, se anule la validez de la elección de Concejales al Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, y la entrega de constancias de mayoría a los candidatos electos, en la que se confirmó el triunfo del compareciente como Presidente Municipal de ese Ayuntamiento.

Consecuentemente, al acreditarse todos los supuestos de procedibilidad señalados por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se le reconoce el carácter de tercero interesado en este juicio a Casimiro Nicolás Ortiz.

TERCERO. Reparabilidad. Antes de realizar el análisis del fondo de la controversia, resulta necesario precisar que, en el caso, no se actualiza la improcedencia del juicio derivado de la instalación del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, no obstante que conforme con lo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los Concejales que integran el citado municipio, tomaron posesión el primero de enero del año en curso.

En la especie, no se actualiza la improcedencia del juicio por haberse actualizado la toma de protesta de los miembros del  Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, en razón de que la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la resolución dictada en la contradicción de criterios SUP-CDC-3/2011 y la jurisprudencia que derivó de ella, estableció las pautas para analizar los casos en los que se actualiza la irreparabilidad por toma de protesta o instalación de los órganos.

En ese tenor, de conformidad con la jurisprudencia 8/2011, 3 de rubro: "IRREPARABILIDAD. ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES. SE ACTUALIZA CUANDO EL PLAZO FIJADO EN LA CONVOCATORIA, ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y LA TOMA DE POSESIÓN PERMITE EL ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN", la causa de improcedencia de consumación irreparable se surte cuando en la convocatoria que efectúan las autoridades encargadas de la organización de los comicios fijan entre la calificación de la elección y la toma de posesión, un periodo suficiente para permitir el desahogo de la cadena impugnativa; en la inteligencia de que ésta, culmina hasta el conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales, es decir, Sala Regional y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que sólo de esta manera se materializa el sistema de medios de impugnación diseñado desde la Constitución y las leyes.

3 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 403 y 404.

De acuerdo con los criterios de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, existen supuestos que constituyen excepciones a la improcedencia del juicio por irreparabilidad derivada de la toma de protesta, los cuales deben ser analizados en cada caso.

En el presente asunto, conforme las constancias que obran en autos, se advierte que no obstante haberse celebrado la elección de concejales en estudio, desde el uno de diciembre del dos mil trece, fue hasta el catorce de diciembre de ese mismo año, cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitió la declaración de validez de la elección y expidió las correspondientes constancias de mayoría a los ciudadanos electos como integrantes del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca.

Por tanto, si como se apuntó, conforme al mandato de la Constitución local, la toma de protesta ocurrió el primero de enero, resulta evidente que no se contó con el tiempo suficiente para desahogar toda la cadena impugnativa, en razón de que deben agotarse los medios de defensa jurisdiccionales, tanto locales como federales.

En consecuencia, no se actualiza la improcedencia del juicio por irreparabilidad, aun cuando se haya realizado la toma de protesta.

CUARTO. Suplencia total de la queja. En el caso procede suplir la deficiencia en el planteamiento de los agravios, ya que la promovente acude a esta instancia jurisdiccional por derecho propio autoadscribiéndose como indígena y alegando una afectación a sus derechos político-electorales relacionados con la elección de Concejales al Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, la cual se rige por sistemas normativos internos.

Lo anterior, es acorde con el criterio contenido en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional 13/2008, 4 identificada con el rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES", que prescribe, en esencia, que en los juicios y recursos promovidos por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en los que se plantee, el menoscabo de sus derechos vinculados con una elección de sus autoridades y representantes, se está en aptitud, no sólo de suplir la deficiencia en los motivos de inconformidad, en términos del artículo 23, párrafo primero, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino de corregir cualquier tipo de defecto o insuficiencia del escrito de demanda e incluso, precisar el acto que realmente les afecta, con la condición de que se respeten los principios de congruencia y contradicción inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con las normas constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades y sus integrantes.

4 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 225 y 226.

En este sentido, se procederá a suplir la deficiencia en los planteamientos de la actora a partir de lo expuesto en su escrito de demanda y de las constancias de autos, pero con apego a los principios de referencia, lo que implica considerar los elementos del expediente que sean acordes con la pretensión del demandante, sin más limitación, en el caso concreto, de que éstos hayan sido sometidos al conocimiento del Tribunal responsable.

QUINTO. Requisitos de procedencia. Por tratarse de aspectos de previo y especial pronunciamiento, se verifican a continuación.

I. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; consta el nombre y firma de quien promueve; se señala domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y la autoridad que lo emitió, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

II. Oportunidad. El artículo 8 de la Ley adjetiva de la materia exige que los medios de impugnación se presenten dentro de los cuatro días siguientes a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución que se controvierta, o se hubiese notificado, de conformidad con la normativa aplicable. En el caso, se satisface el requisito porque la actora, se opone a una sentencia que le fue notificada el veinte de enero de dos mil catorce, 5 por lo que al haberse presentado la demanda del presente juicio el veintitrés de enero siguiente, es indudable que se encuentra en tiempo, cumpliendo con el requisito en análisis.

5 Tal como se advierte de la cédula de notificación personal localizada en la foja 665, del cuaderno accesorio 2, del expediente.

III. Legitimación y personería. El juicio fue promovido por parte legítima y se le reconoce la personería a la ciudadana Hortencia Hernández Vásquez, en razón de que quien lo interpone, de conformidad con los numerales 12, párrafo primero, incisos a) y b) y 13, párrafo primero, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es la misma ciudadana que interpuso el medio de defensa que dio inicio a la presente cadena impugnativa, aunado a que la responsable le reconoce el carácter de promovente en el juicio primigenio y originaria del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca.

Cabe precisar que la actora se ostenta como representante de sesenta ciudadanos del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, y dicha personalidad le fue reconocida por la autoridad responsable en el auto admisorio del juicio local se le tuvo actuando por derecho propio y en representación de diversos ciudadanos.

IV. Definitividad y firmeza. El requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda colmado en la especie ya que no existe algún medio de impugnación que pueda modificar o revocar la resolución reclamada, de conformidad con el numeral 25 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.

SEXTO. Marco jurídico de los sistemas normativos internos. Por la especialidad del tema, se estima pertinente citar el marco constitucional, convencional y legal, así como algunos conceptos propios de las elecciones regidas por sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.

I. Autodeterminación de los pueblos indígenas.

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad, social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico.

En el apartado A de dicho artículo, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

a. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

b. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

c. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

d. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Como se aprecia, la propia Constitución establece que quienes se asuman descendientes de aquéllos que habitaban en el país al inicio de la colonización, tienen derecho a la aplicación del marco de regulación indígena.

Aunado a esto, dentro de los instrumentos internacionales que vinculan al Estado Mexicano en relación al derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas encontramos los siguientes:

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 8, párrafo primero, que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberá tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Por su parte, el párrafo segundo, señala que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos internacionalmente reconocidos.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 6, menciona en su artículo 3 que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

6 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007.

El artículo 4 establece que los pueblos indígenas, en ejercicio de su libre determinación, tienen el derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

En el mismo sentido, el artículo 5 refiere que tales pueblos tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

El artículo 33, párrafo segundo, menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

En un sentido más específico, el artículo 34 menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

El numeral 40 de dicha declaración establece que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión en sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Finalmente, el artículo 43 señala que los derechos reconocidos en la Declaración constituyen normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Los citados dispositivos se tienen en cuenta en el quehacer jurisdiccional de nuestro país, en los términos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento a la condena 7 del Estado Mexicano en el caso Rosendo Radilla contra el Estado Mexicano; y conforme con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.18/2012, de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)". 8

7 Expediente varios 912/2011 del Índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

8 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época, Libro XV, Jurisprudencia, página 420.

Sobre el tema de usos y costumbres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso de Yatama vs Nicaragua 9 que el Estado debe integrar a las comunidades indígenas a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos consagrados en la Convención.

9 Sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 225.

Como se relató, tanto en la normativa nacional, internacional, así como en los criterios adoptados por la corte interamericana, se encuentra reconocido el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, dentro del cual se encuentra la posibilidad de organizar sus formas de gobierno o representación.

II. Regulación del procedimiento de elección por sistemas normativos internos en Oaxaca.

Ahora bien por lo que hace a la normatividad aplicable del Estado de Oaxaca se tiene lo siguiente:

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, desarrolla una tutela normativa favorable para los pueblos y comunidades indígenas, prevista en los artículos 16 y 25.

Dichos numerales en esencia señalan, que el Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran.

La libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto, dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales.

Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, así como jurisdicción a las autoridades comunitarias de los mismos.

El Estado, en el ámbito de su competencia, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho social al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, en los términos de la ley reglamentaria; asimismo, de acuerdo a sus programas presupuestales, dictará medidas tendientes a procurar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

La ley protegerá y propiciará las prácticas democráticas en todas las comunidades del Estado de Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, en los términos establecidos por el artículo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Establecerá los mecanismos para garantizar la plena y total participación de la mujer en dichos procesos electorales y el ejercicio de su derecho a votar y ser votada en condiciones de igualdad con el de los varones y sancionará su contravención.

De los preceptos anteriormente referidos se concluye que el máximo ordenamiento del Estado de Oaxaca otorga a las comunidades indígenas el reconocimiento a sus sistemas normativos internos y jurisdicción a sus autoridades comunitarias. Adicionalmente, protege y propicia las prácticas democráticas en todas sus comunidades, sin que dichas prácticas limiten los derechos políticos y electorales de las ciudadanas oaxaqueñas.

La única limitante estriba en que dichos usos y costumbres no sean contrarios a los derechos fundamentales establecidos en su Constitución, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en la Constitución Política de la República.

Por lo que respecta al ámbito legal, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en sus artículos 12, 83 y 85, así como en lo dispuesto en el "Libro Sexto. De la Renovación de los Ayuntamientos en Municipios que Electoralmente se rigen por Sistemas Normativos Internos", se prevé la instrumentación de los procedimientos electivos en los municipios que se rigen por el mencionado sistema, así como los parámetros a que se deben de ajustar las autoridades en caso de que se realicen elecciones extraordinarias en los referidos ayuntamientos.

En efecto el numeral 12 de dicho Código señala que en aquellos Municipios que eligen a sus ayuntamientos mediante sus sistemas normativos internos, los requisitos para el ejercicio del voto, los derechos y sus restricciones así como las obligaciones de los ciudadanos, se harán conforme a sus normas, instituciones, prácticas y tradiciones democráticas, sólo en lo que corresponde a la elección de Concejales, siempre que no violen derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, por los tratados internacionales y por la Constitución Estatal.

El artículo 83 establece que las elecciones para la renovación de los poderes públicos serán ordinarias y extraordinarias.

Aquellos Municipios que electoralmente se rigen bajo sus sistemas normativos internos, realizarán su elección en las fechas que sus prácticas democráticas lo determinen, o en su caso, sus estatutos electorales comunitarios, inscritos ante el instituto.

El numeral 255 del referido Código reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía del Estado.

Ahora bien, por cuanto hace al procedimiento de elección de las autoridades municipales, el numeral citado establece que el procedimiento electoral en el régimen de sistemas normativos internos, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen bajo el sistema consuetudinario, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. Estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y el levantamiento de las actas correspondientes.

En cada una de estas etapas, el Instituto Electoral será garante de los derechos tutelados por los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal; y 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, para salvaguardar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresada en sus sistemas normativos internos y la autonomía para elegir a sus autoridades o gobiernos locales; así como en el reconocimiento a la diversidad de culturas y sistemas normativos existentes en el Estado.

Las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizarán que las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas.

- Actos previos a la elección.

En relación a este tema, el artículo 259 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, dispone que en el mes de enero del año previo a la elección ordinaria del régimen de partidos políticos, el Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, solicitará a las autoridades de los Municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres, para que en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de su notificación, informen por escrito sobre las reglas de sus sistemas normativos internos relativos a la elección de sus autoridades o en su caso, presenten sus estatutos electorales comunitarios, conteniendo, entre otros los puntos siguientes:

a. La duración en el cargo de las autoridades locales.

b. El procedimiento de elección de sus autoridades.

c. Los requisitos para la participación ciudadana.

d. Los requisitos de elegibilidad para ocupar los cargos a elegir.

e. Las instituciones comunitarias que intervienen para conducir el proceso de elección.

f. Los principios generales y valores colectivos en que se fundamenta su sistema normativo interno, o en su caso, la documentación de las tres últimas elecciones.

g. De haberse presentado disenso en la elección anterior, respecto a alguno de los puntos señalados en los incisos anteriores, señalar las nuevas reglas consensadas para la elección.

Una vez que se venza el plazo ya referido, el Instituto Electoral local tiene la facultad de requerir dicha información por única ocasión, para que en un plazo de treinta días contados a partir de la notificación, presenten el informe, o en su caso, el estatuto correspondiente.

Cumplido lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos elaborará dictámenes en lo individual, con el único propósito de identificar sustancialmente el método de elección comunitaria de aquellos Municipios que entregaron su documentación, y los presentará al Consejo General para su aprobación. Asimismo, la Dirección Ejecutiva manifestará los Municipios que omitieron la entrega de su documentación y ofrecerá como dictamen, el catálogo de elección que rigió la pasada elección en el Municipio de que se trate.

Una vez que el Consejo General haya aprobado los informes sobre las reglas de sus sistemas normativos internos, en el que se precisa la forma de elección municipal, dicho órgano ordenará la publicación de cada uno de ellos en el Periódico Oficial y solicitará a la autoridad municipal de que se trate, la coadyuvancia para fijar los acuerdos en los lugares de mayor publicidad en sus localidades.

Hecho lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Electorales Internos, realizará el Catálogo General de los Municipios que hayan decidido elegir a sus autoridades bajo sistemas normativos internos, con un mínimo de seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral. Dicho catálogo deberá ser aprobado por el Consejo General en la sesión de inicio del proceso electoral ordinario, el cual ordenará su publicación en el Periódico Oficial.

- Asamblea General comunitaria y jornada electoral.

En lo que respecta a la Asamblea General Comunitaria, de conformidad con el numeral 260 del multireferido Código, la autoridad municipal competente encargada de la renovación del Ayuntamiento, informará por lo menos con noventa días de anticipación y por escrito al Instituto de la fecha, hora y lugar de la celebración del acto de renovación de Concejales del Ayuntamiento.

En caso de que la autoridad municipal competente no emitiera la convocatoria en los términos del párrafo anterior, el Instituto requerirá se informe de los motivos de tal situación y acordará lo procedente.

En relación con la jornada electoral, el artículo 261 del aludido Código señala que se observarán las disposiciones, procedimientos y mecanismos, definidos en sus sistemas normativos internos para el desarrollo de la elección.

Una vez terminada ésta, se elaborará un acta en la que deberán firmar los integrantes del órgano que presidió el procedimiento de elección, las personas de la municipalidad que por costumbre deban hacerlo y que hayan asistido, así como por los ciudadanos que en ella intervinieron y quienes se considere pertinente.

Los órganos y personas que presidieron el procedimiento de elección, harán llegar al Instituto el resultado de la elección, a más tardar a los cinco días de su celebración.

De igual modo, se respetarán fechas, horarios y lugares que tradicionalmente acostumbren la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, para el procedimiento de elección de autoridades locales.

- Declaración de validez de la elección.

A efecto de realizar la declaración de validez de una elección así como la entrega de las constancias mayoría a los candidatos ganadores, el artículo 263 del Código Comicial para el Estado de Oaxaca, establece que el Consejo General sesionará con el único objeto de revisar si se cumplieron los siguientes requisitos:

a. El apego a las normas establecidas por la comunidad y, en su caso, los acuerdos previos a la elección.

b. Que la autoridad electa haya obtenido la mayoría de votos.

c. La debida integración del expediente.

Corroborado lo anterior, dicho Instituto deberá declarar la validez de la elección y expedir las constancias respectivas de los Concejales electos, las que serán firmadas por el presidente y el secretario de dicho Consejo.

- Mediación y Procedimientos para la Resolución de Conflictos Electorales.

En aquellos casos en los que, posterior a una elección existan controversias o conflictos respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos éstos, de conformidad con el artículo 264 agotarán los mecanismos internos de resolución de conflictos antes de acudir a cualquier instancia estatal.

Para ello, el Consejo General conocerá en su oportunidad los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de los órganos de gobierno locales bajo los sistemas normativos internos. Previamente a cualquier resolución se buscará la conciliación entre las partes.

Asimismo, cuando se manifieste alguna inconformidad con las reglas del sistema normativo interno, se iniciará un proceso de mediación cuya metodología y principios generales serán regulados por los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo General.

De acuerdo con el artículo 266 del Código Electoral local, la mediación electoral es un método de resolución alternativa de conflictos electorales, basado en la democracia, la pacificación social, la tolerancia, el diálogo, el respeto y el consenso, implementado por el Instituto con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos, en los procesos electorales en Municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos.

Dicho procedimiento de mediación deberá ajustarse a los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Los acuerdos logrados en el proceso de mediación, serán notificados de inmediato al Consejo General a través del Director. Por cada acuerdo que se logre, se levantará la minuta correspondiente, misma que será firmada por las partes si así lo desean.

Aunado a ello, el Consejo General dará seguimiento, para que los acuerdos logrados en los procesos de mediación electoral se cumplan en tiempo y forma.

- Toma de protesta.

El numeral 267 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca señala que, los Concejales electos tomarán posesión de sus cargos el primer día de enero del año siguiente al de la elección o, en la fecha en que determinen sus sistemas normativos internos.

Por su parte, el artículo 268 prevé que los miembros del Ayuntamiento desempeñarán sus cargos durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas de elección determinen. En ningún caso podrá exceder de tres años.

SÉPTIMO. Contexto social de la comunidad.

En reiteradas ocasiones esta Sala Regional ha sostenido que para comprender las controversias relacionadas con las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos es necesario, además, conocer los antecedentes concretos de cada caso, acercándose al contexto en que se desarrolla su realidad.

Lo anterior, porque la visión mediante la cual el juzgador debe abordar los asuntos de esa índole, es distinta. La resolución de los conflictos en los que se involucran los usos y costumbres de las comunidades indígenas requieren ser partícipes de su realidad para comprender el origen de sus conflictos y las razones por las que tales comunidades han decidido dotarse de determinadas normas.

a. Datos generales.

El municipio de Santa Catarina Ticuá pertenece al estado de Oaxaca. Se encuentra en el distrito de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca

Según estudios de descripciones toponímicas 10, Ticuá, se pronunciaba TEE KUA’A que significa "Hombre rojo" 11; con el paso del tiempo se fue deformando la pronunciación, actualmente Ticuá significa "naranja o de color anaranjado".

10 Estudios de etimología de los nombres propios de un lugar.

11 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Disponible en: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM20oaxaca/municipios/20371a.html

Se encuentra ubicado a 17° 04’ latitud norte y 97° 32’ longitud oeste a una altura de dos mil doscientos cincuenta metros (2,250) sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie de quince punto treinta y un kilómetros cuadrados (15.31), lo que representa el cero punto cero dos por ciento del territorio del Estado (.02%).

La colindancia con los municipios, es al norte, con San Pedro Molinos; al sur con San Pablo Tijaltepec; al oeste con Villa de Chalcatongo; y al este con Santa María Yosoyua.

b. Lengua

Según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en las comunidades del municipio de Santa Catarina Ticuá la variante lingüística que se habla es el Tnu’u savi, es decir, mixteco del sureste central 12.

12 Consultable en http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf. El catálogo establece que las comunidades que hablan esa lengua son San Bartolomé Yucuañe: El Jazmín, Jacuchi, La Junta del Río, San Bartolomé Yucuañe. Santa Catarina Ticuá: El Chamizal, Fortín de Juárez, Paz y Unión, San Isidro, Yutejaa

c. Pueblo Mixteco 13.

13 Mindek, Dubravka. Mixtecos. Pueblos Indígenas del México contemporáneo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México, 2003. Consultable en http://www.cdi.gob.mx

Los mixtecos constituyen el cuarto pueblo indígena más numeroso de México. Se asentaron en un vasto territorio que abarca el noroeste del estado de Oaxaca, el extremo sur del estado de Puebla y una franja en el oriente del estado de Guerrero.

Con una superficie aproximada de cuarenta mil kilómetros cuadrados, la región Mixteca presenta un relieve abrupto y desigual y, por consiguiente, una variedad de microclimas y ecosistemas.

El territorio mixteco se divide, principalmente en tres zonas: alta, baja y de la costa.

Los mixtecos comparten el territorio con mestizos, amuzgos, triquis, ixcatecos, popolocas, chocholtecas, nahuas y los así llamados afromestizos de la Costa, de tal manera que en algunos municipios pluriétnicos representan a la mayoría de la población y en otros a la minoría.

No todos los hablantes de mixteco se reconocen como mixtecos ni todos los que se consideran mixtecos hablan el idioma. Hay localidades cuyos habitantes se autoidentifican con los mixtecos y mantienen sus tradiciones, aunque han perdido la lengua de sus antepasados, o sólo existan unos cuantos ancianos que la hablen. Es decir, el número de mixtecos no necesariamente coincide con el número de hablantes del idioma.

Si bien todos los mixtecos comparten una tradición lingüística, social y cultural, su historia, así como la extensión de su territorio y la dispersión de sus asentamientos en una variedad de nichos ecológicos, impidieron la formación de una identidad homogénea y global.

Para ellos, ser mixteco es saberse parte de un pueblo y respetar sus tradiciones, ya que es más importante identificarse con sus localidades que con su etnia.

De este modo, el pueblo indígena mixteco se integra por un número importante de comunidades pertenecientes al Estado de Oaxaca, entre los cuales se encuentra el municipio de Santa Catarina Ticuá, por lo cual es importante conocer su conformación.

Conformación del Municipio

El municipio de Santa Catarina Ticuá cuenta con cinco localidades, incluyendo la cabecera municipal.

A continuación se detalla la población con la que cuentan 14:

14 Información obtenida del catalogo de localidades de la Secretaría de Desarrollo Social. Consultable en http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=20&mun=371

COMUNIDAD

POBLACIÓN

1.

Santa Catarina Ticuá

562

2.

Fortín de Juárez

205

3.

Paz y Unión

124

4.

El Chamizal

42

5.

San Isidro

21

Total

954

Caminos y carreteras

Conforme con lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2010 15, la comunidad cuenta con carretera pavimentada que conduce desde la Capital del Estado, a la cabecera distrital, continuando sobre esa misma cinta asfáltica al municipio de Santiago Yosondúa, con un kilometraje de setenta y cinco kilómetros.

15 http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/08_10/371.pdf

Asimismo, el Municipio cuenta con carreteras, aperturas de camino y calles para la comunicación dentro del municipio, así como con las localidades colindantes en sus puntos cardinales.

Actividades económicas 16

16 Plan Municipal de Desarrollo 2010, Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca.

La economía del municipio se basa principalmente en actividades agrícolas, la ganadería de traspatio y la explotación forestal. La población económica activa está distribuida de la siguiente manera:

SECTOR

ACTIVIDAD

NÚMERO

PORCENTAJE

Primario

Agricultura y ganadería.

188

70.14

Secundario

Industria manufacturera y construcción.

23

8.58

Terciario

Comercio, transporte, financiero, gobierno, restaurant y otros.

56

20.89

"Los habitantes que se dedican a la actividad primaria que es la agricultura que lo conforma el setenta, punto catorce por ciento (70.14%) de la población cultiva sus tierras para producir cultivos básicos para poder sobrevivir así como también considerando que es parte de la cultura del municipio. No se cuenta con técnicas apropiadas ni con recursos para mejorar las practicas que les permitan tener una mejor producción y mejorar su calidad de vida." 17

17 Idem, página 63

Gobierno Municipal.

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, los miembros del Ayuntamiento son elegidos por el sistema de usos y costumbres y se describen de la forma siguiente:

Presidente Municipal Constitucional. Conduce conduce, administra, coordina y ejecuta todos los trabajos y asuntos de carácter oficial de la población en general.

Síndico Municipal. Funge como auxiliar del Agente del Ministerio Público con residencia oficial en la Ciudad de Tlaxiaco, y se encarga atender los problemas de carácter jurídico.

Regidor de Hacienda: Hace la revisión y cobro del impuesto de las boletas prediales, así como la regularización de las mismas para los nuevos propietarios o dueños.

Regidor de Educación. Se encarga de captar las necesidades de las instituciones educativas que funcionan en el municipio.

Regidor de Obras. Se encarga de revisar o supervisar toda la infraestructura que fueron construidas y de las que se lleven a cabo en la cabecera y en las localidades.

Regidor de Salud. Se ocupa de vigilar el adecuado funcionamiento del centro de salud, gestionar ante el H. ayuntamiento beneficios para el mismo y coordinar conjuntamente con el comité del centro de salud local y municipio.

El citado Plan Municipal de Desarrollo indica que "Ninguno de los regidores tiene experiencia de ocupar un cargo público, así como tampoco fueron capacitados para ocupar dicho puesto tampoco tienen empleo u otra actividad remunerada que les permita sostener a su familia. El nivel de escolaridad promedio es de primaria aunque existen personas que no acudieron a la escuela que ocupan regidurías.

El municipio no cuenta con una reglamentación que le permita establecer los lineamentos básicos para gobernar en el cual se ve reflejado en una desorganización no poseen en ninguna regiduría antecedentes de cómo deben llevar sus actividades no contamos con una matriz de reglamentación."

Forma de elegir a sus representantes.

Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, es un Municipio que se rige por sistemas normativos internos, por lo que sus autoridades municipales son electas conforme a sus usos y costumbres.

Según el catálogo municipal de usos y costumbres, la información proporcionada por la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como el Plan de Desarrollo Municipal del año dos mil diez, 18 el Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca nombra a sus autoridades Municipales a través de la Asamblea General Comunitaria.

18 Consultables a fojas 444 a 453 del cuaderno principal del expediente, así como las páginas electrónicas: http://bieoaxaca.org/sistema/pdfs/cat_mun_uyc/DISTRITO%20XIII/SANTACATARINATICUA19.pdf.

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/08_10/371.pdf

La autoridad municipal determina la fecha en que se llevará a cabo la asamblea y es la encargada de convocar a la asamblea de nombramiento.

No hacen preparativos para organizar la asamblea, el Cabildo prepara el lugar destinado para su celebración y la forma o medio que acostumbran para convocar o avisar que se va a llevar a cabo dicha asamblea es por medio de altavoz e invitaciones.

Tradicionalmente avisan a las personas originarias del lugar que radican fuera de la comunidad de la celebración de la asamblea, aunque la elección de las autoridades se realiza únicamente en la cabecera municipal. No acostumbran invitar a personas ajenas para observar la asamblea de elección de las autoridades Municipales.

Para el desempeño de los principales cargos en Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, toman en cuenta que los ciudadanos sean honestos, serios y responsables y, en algunos casos, que previamente se haya desempeñado algún cargo con menor jerarquía al que se pretende.

No menos importante, es que también se consideran los siguientes requisitos:

1. La edad para iniciar los servicios es de dieciséis años siempre y cuando no estudien y para finalizar es de setenta años.

2. Los ciudadanos presentes como Asamblea General Comunitaria conforman el órgano de consulta para la designación de los cargos más importantes.

3. Todos los hombres mayores de dieciséis si no estudian, tienen la obligación de prestar servicios.

4. Las mujeres de esta comunidad tienen la obligación de prestar servicios y pueden desempeñar los cargos comunitarios ó municipales.

5. Las personas que no nacieron en la comunidad, pero que viven ahí están obligadas a prestar servicios y pueden ocupar cargos municipales.

6. Dentro de las razones por las cuales a una persona no se le dan cargos, se consideran el incumplimiento ó la irresponsabilidad.

7. Las personas mayores que ya cumplieron con todos los servicios se les llama Reconocidos, pero no tienen funciones específicas.

8. Este Municipio tiene una migración en término bajo, que en nada influye en el nombramiento de sus autoridades municipales.

9. El cargo considerado de mayor responsabilidad y respeto es el Presidente y Síndico Municipales.

En la Asamblea de nombramiento de autoridades municipales participan con derecho a voz y voto los hombres y mujeres mayores de dieciséis años, con residencia permanente. Pudiendo ocupar los cargos de Concejales al Ayuntamiento tanto los hombres como mujeres.

Por tradición los ciudadanos de la Paz y Unión, El carrizal, San Isidro y Fortín Juárez, participan con voz y voto en la Asamblea y pueden ocupar cualquier cargo en el Cabildo. El cambio de autoridades municipales se realiza el día primero de enero de cada tres años.

En Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, hacen un convivio como preparativo para llevar a cabo el cambio de autoridades, pero no realizan ofrendas.

El Presidente y Síndico Municipales, así como los Regidores propietarios duran en su cargo tres años. Los suplentes entran en funciones cuando el propietario no acepta ó conforme a lo que la Asamblea determine.

OCTAVO. Agravios, precisión de la litis y metodología de análisis.

-Agravios.

La actora argumenta que la sentencia impugnada es violatoria de los artículos 1, 2, apartado A, fracciones I, II, III y VII; 35, fracciones I y II; 39, 40, 41, primer párrafo; 115, fracción I, primer párrafo, 116, base IV, incisos a), b, y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, de los artículos 2º, párrafo primero; 16, párrafo primero; 23, párrafo primero; 24, fracciones I y II; 25, base A, fracción II; 113, párrafo tercero, fracción I; 114 párrafos primero y segundo, apartado B, de la Constitución Política de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de los que destaca el derecho de igualdad ante la ley, la garantía de legalidad, la supremacía constitucional, el derecho de autodeterminación de las comunidades indígenas y el de no ser discriminados, así como los principios que rigen a la función electoral.

La violación a las disposiciones y principios referidos se configura, a decir de la actora, al declarar como válida la elección de Casimiro Nicolás Ortiz como Presidente Municipal, incluso, a dicha persona no se le debió permitir participar como candidato, ya que en el periodo dos mil once–dos mil trece fungió como Regidor de Obras del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, con lo cual se actualiza la reelección de dicha persona.

Asimismo, menciona la promovente, que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca omitió valorar las constancias que integran el expediente CG-IEEPCO-SNI-74/2013 con las que se acreditaría que Casimiro Nicolás Ortiz fungió como regidor propietario durante el trienio dos mil once – dos mil trece, en particular, la copia certificada de la constancia de mayoría otorgada a los concejales electos para dicho periodo, así como un escrito firmado por el aludido ciudadano en el que acepta haber ostentando el cargo de Regidor de Obras.

En este contexto, a decir de la demandante, la sentencia impugnada se encuentra indebidamente motivada, toda vez que la elección de Casimiro Nicolás Ortiz, validada por el Tribunal responsable, contraviene lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la particular del Estado de Oaxaca que prohíbe que los presidentes municipales, síndicos y regidores puedan ser reelectos para el periodo inmediato posterior, y que si bien es cierto que el artículo 2º constitucional prevé la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, lo que incluye sus propios sistemas normativos, dicha potestad debe sujetarse a los principios generales de la constitución.

-Precisión de la litis.

En el presente juicio la litis consiste en determinar si la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho o, por el contrario, incurre en una falta de valoración del material probatorio que acreditaría que Casimiro Nicolás Ortiz fungió como Regidor de Obras en el Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca durante el periodo dos mil once – dos mil trece y, en consecuencia, como argumenta la enjuiciante, dicha persona es inelegible para el cargo de Presidente Municipal y su elección contraviene el principio de no reelección.

-Metodología de estudio.

Por razón de orden lógico, en primer lugar, se analizará la supuesta falta de valoración de las constancias del expediente CG-IEEPCO-SNI-74/2013 y, posteriormente, se estudiará el agravio relativo a la indebida motivación de la sentencia, toda vez que primero se debe dilucidar si como alega la actora, Casimiro Nicolás Ortiz fungió como Regidor de Obras del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Oaxaca durante el trienio dos mil once – dos mil trece y, en caso de resultar afirmativa dicha premisa, establecer, conforme al sistema normativo interno de dicho municipio, si tal condición le impedía participar y ocupar el cargo de Presidente Municipal para el periodo actual.

Lo anterior, sin que el orden de estudio le genere afectación alguna a la promovente, en virtud de que ha sido criterio reiterado por este órgano jurisdiccional federal, que no causa lesión jurídica la forma en cómo se analizan los agravios, siempre que todos sean estudiados. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000, con el rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN." 19

19 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 125.

NOVENO. Estudio de fondo. Como ya se ha apuntado, la pretensión de la actora consiste en revocar la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, a través de la cual confirmó el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-74/2013 que calificó como legalmente válida la elección de Casimiro Nicolás Ortiz como Presidente Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca.

La actora sustenta su impugnación en el supuesto de que el Tribunal Electoral responsable omitió valorar diversas constancias que acreditan que el citado ciudadano ocupó el cargo de Regidor de Obras en el referido Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, durante el periodo dos mil diez – dos mil trece y que dicha condición le impide ocupar el cargo de Presidente Municipal, para el cual resultó electo en la Asamblea General Comunitaria de treinta de marzo y ratificado en definitiva el veinte de octubre de dos mil trece.

Al respecto, cabe precisar que la violación a diversos preceptos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la hace depender del reconocimiento de validez de la supuesta reelección de Casimiro Nicolás Ortiz.

Sin embargo, dichos motivos de inconformidad son infundados, en primer lugar, porque a pesar que del contenido de la sentencia impugnada no se advierte un análisis pormenorizado de la copia certificada de la constancia de mayoría expedida a los concejales electos para el periodo dos mil once – dos mil trece, 20 y el escrito de tercero interesado, suscrito por Casimiro Nicolás Ortiz, en el que admite implícitamente haber fungido durante el citado periodo como Regidor de Obras del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Oaxaca, lo cierto es que en la resolución controvertida sí se tuvo por acreditado que Casimiro Nicolás Ortiz ejerció el citado cargo de regidor durante el trienio dos mil once – dos mil trece.

20 Visible a foja 643 del cuaderno accesorio2.

En efecto, tal como se indica en la resolución impugnada, en particular, a foja 27 de ésta, 21 la responsable tuvo por demostrado que Casimiro Nicolás Ortiz fungió en el cargo de Regidor de Obras del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, en el periodo ya señalado.

21 Foja 643 del cuaderno accesorio 2.

Lo anterior se aprecia con claridad en el extracto de la sentencia impugnada que se transcribe enseguida:

"… en el presente caso se estima importante destacar que Casimiro Nicolás Ortiz, resultó electo como presidente municipal en la asamblea de treinta de marzo de dos mil trece, a la cual acudieron 580 ciudadanos, de un total de 954 habitantes del municipio (acorde con el censo de población y vivienda efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010), dentro de los cuales se encuentra el total de habitantes y no solo los mayores de dieciséis años que son los que participan en dicha asamblea.

De ahí que pueda decirse válidamente que el nombramiento de Casimiro Nicolás Ortiz, fue resultado del reconocimiento de los servicios que ha prestado dentro de su municipio, dentro del cual se encuentra el haber sido regidor de obras en el periodo anterior."

*(El subrayado es propio de esta sentencia)

En consecuencia, la litis de la sentencia controvertida consistió en determinar si la elección del ciudadano Casimiro Nicolás Ortiz, como Presidente Municipal era violatoria del principio de no reelección contenido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tal como se advierte a foja 639, reverso del cuaderno accesorio 2 del expediente.

En tales condiciones, si la pretensión de la actora era que el Tribunal responsable analizara la referida copia certificada de la constancia de mayoría otorgada a los concejales electos al Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá para el trienio previo (dos mil once – dos mil trece), así como el aludido escrito de tercero interesado, con el objeto de demostrar que Casimiro Nicolás Ortiz fungió como regidor de obras, ningún perjuicio le irrogó a la promovente la circunstancia de que en la resolución controvertida se hubiese omitido hacer referencia a la citada constancia o a las manifestaciones del escrito de tercero interesado, en virtud de que en la sentencia controvertida se tuvo por acreditado que dicho ciudadano ejerció el referido cargo de Regidor de Obras en el Ayuntamiento y periodo precisados, por ello, ningún perjuicio le causa a la demandante que no se haya hecho referencia a la constancia de mayoría y escrito de tercero interesado que invoca.

De ahí que se tenga como infundado el agravio consistente en la falta de valoración de pruebas.

Tampoco le asiste la razón a la actora, respecto al argumento de que, al haber fungido Casimiro Nicolás Ortiz como Regidor de Obras del gobierno municipal durante el trienio previo, no se le debió permitir participar como candidato, y que al validarse la elección de dicho ciudadano como Presidente Municipal se trastoca el principio de no reelección, así como la supremacía constitucional, entre otros principios, tal como se explica más adelante.

Previo al análisis del disenso en cuestión se estima relevante hacer las siguientes precisiones de hecho.

El treinta de marzo de dos mil trece, se celebró la Asamblea General Comunitaria de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco Oaxaca, para realizar la elección y nombramiento de las autoridades municipales para el trienio dos mil catorce – dos mil dieciséis.

En esta asamblea participaron quinientos ochenta habitantes del Municipio, entre los cuales se encontraba la hoy actora Hortencia Hernández Vásquez. 22

22 Tal como se observa a foja 249 del cuaderno accesorio 2 del expediente, en donde se aprecia el nombre y firma de Hortencia Hernández Vásquez, en el lugar número 273 de la "LISTA DE CIUDADANOS (AS) DE LA POBLACIÓN PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONVOCADA A LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2013, EN LA CANCHA MUNICIPAL

En el punto número seis del orden del día el Contralor Social dio lectura a los requisitos que deberían cumplir los aspirantes a los cargos de Presidente Municipal y el Regidor de Hacienda, así como los demás regidores. En el acta se hace constar que "después de haber escuchado el contenido del documento se sometió a consideración de los asambleístas, quedando aprobado su contenido."

En el desahogo del punto número siete, relativo al "Nombramiento de los ciudadanos que integrarán la autoridad municipal y fungirán para el trienio 2014-2016" se estableció que respecto a la forma de votación del Presidente Municipal, se optó por un mecanismo de opción múltiple, a partir del cual, se obtendría el nombre de tres ciudadanos que participarían en una terna.

La terna de referencia quedó integrada por los ciudadanos y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

PRESIDENTE MUNICIPAL

NÚMERO DE VOTOS

Casimiro Nicolás Ortiz

275

José Luis Hernández Cruz

230

Norma Velasco Fabián

37

Del contenido del acta se advierte que ninguno de los asistentes expresó alguna observación u objeción respecto a los ciudadanos electos en la oportunidad que se otorgó para ello, tal como se aprecia de la siguiente transcripción:

"Una vez integrado (sic) los ciudadanos que fungirán en el trienio 2014-2016. La mesa de los debates pregunta a los asambleístas si hay alguna intervención, o se procede a la presentación de los ciudadanos electos."

Por lo que no habiendo ninguna intervención se procede a la presentación de los ciudadanos." 23

23 Foja 233 del cuaderno accesorio 2.

Una vez señaladas tales premisas fácticas, es conveniente hacer referencia al marco normativo aplicable. Así, los artículos 1º, 2º, 35 y 115 de la Constitución General de la República, en lo que interesa, establecen:

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

(…)

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

(…)

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

(…)

Artículo 35.- Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

(…)

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

(…)

Del artículo 1 antes transcrito, es preciso destacar el principio según el cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Dicho principio constituye un parámetro obligatorio de carácter interpretativo, ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, constituye una norma que obliga a los operadores jurídicos a interpretar las normas aplicables conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas, bajo el principio pro homine o pro persona.

De ello, se sigue que al aplicar el principio para resolver sobre una situación jurídica concreta, en donde se encuentre en juego la afectación o el ejercicio de un derecho humano, todas las autoridades del Estado, y con mayor razón las jurisdiccionales, deben adoptar como pauta de actuación el respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales.

Aunque tal directriz no presupone resolver en forma favorable a las pretensiones del interesado, sí obliga a la autoridad a analizar, objetiva y cuidadosamente las circunstancias que concurren en cada caso particular, ponderar dichas circunstancias y, en función de esto, estudiar las alternativas de solución que privilegien el ejercicio de los derechos fundamentales en juego.

Por su parte, en el artículo 2°, apartado A, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y autonomía, entre otras cosas para definir sus propias formas de vida, sus instituciones, sociales, políticas, económicas y culturales. En particular, se reconoce a las comunidades indígenas la potestad de elegir a sus autoridades o representantes en el ejercicio de sus formas de gobierno interno, y también a sus representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.

Este reconocimiento tiene su correlato en la normativa internacional sobre el tema, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, según el cual los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar acciones para promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones (artículo 2), así como se expresa la necesidad de que dichos pueblos tengan el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, y que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deben tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario (artículo 8, apartados 1 y 2). Asimismo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se reconoce el derecho de tales pueblos a la libre determinación, así como a la autonomía y al autogobierno (artículos 3 y 4).

Igualmente, en la Constitución Política del Estado de Oaxaca se hace tal reconocimiento en los siguientes términos:

Artículo 16… El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente… el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos… así como jurisdicción a las autoridades comunitarias…

En el mismo sentido se encuentra lo dispuesto en los artículos 131 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales; 8° de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, y 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

La importancia de dicha normativa secundaria es capital, porque se trata de normas en las cuales se potencia el derecho a la libre determinación (autonomía) de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Oaxaca, para la elección de sus autoridades o representantes en el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Así se garantiza la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir a sus autoridades o representantes.

En la normativa secundaria de dicha entidad federativa, de conformidad con la Constitución federal y los tratados internacionales, se prescribe que por normas de derecho consuetudinario se debe entender a las disposiciones de la Constitución estatal relativas a la elección de los ayuntamientos en municipios que se rigen por usos y costumbres, así como las comprendidas en las prácticas de cada uno de dichos municipios.

Además, se prevé que el procedimiento para la renovación de los ayuntamientos en municipios que siguen el derecho indígena se sujeta a las disposiciones del Libro Cuarto del Código de Instituciones Políticas y procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y que el procedimiento electoral consuetudinario es el conjunto de actos realizados por las autoridades electorales competentes y por los ciudadanos de una comunidad, para proponer públicamente a los concejales municipales y para elegirlos, basados en la normativa consuetudinaria del municipio.

Esto implica que el núcleo básico del derecho indígena para la elección de las autoridades y los representantes en el ejercicio de las formas propias de gobierno interno está conformado por las normas que la propia comunidad o el pueblo indígena libremente y, en consecuencia, en forma autónoma determina.

Ahora bien, los límites a la libre determinación y autonomía, en la materia de elección de autoridades y representantes indígenas son los que se establecen por la propia Constitución federal (artículos 2°, aparatado A, fracciones III y VIII) y los tratados internacionales (artículos 8°, párrafos 1 y 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 46, párrafo 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas). No se pueden vulnerar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, los derechos fundamentales, las garantías individuales, ni el pacto federal ni la soberanía de los Estados, así como, en general, la preceptiva Constitucional.

Lo anterior no implica que, al definir sus propias instituciones y formas de gobierno, las comunidades indígenas necesariamente deban homologarlas a aquellas previstas en el propio texto constitucional y las demás disposiciones del derecho escrito, tal como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, cuyas consideraciones prevén que el derecho a la organización política propia implica la capacidad de determinar sus propias instituciones, que no necesariamente tienen que corresponder con el resto de las instituciones del Estado.

En efecto, los pueblos indígenas tienen un margen de autodeterminación, cuyo propósito fundamental es preservar los rasgos que los identifican. Tales características se proyectan, entre otros aspectos de su vida interna, en sus sistemas electivos.

Es bajo esta lógica y teniendo en cuenta las condiciones sociales, geográficas, políticas, históricas y económicas, de cada pueblo indígena que deben concebirse las disposiciones, instituciones y procedimientos que integran sus sistemas normativos electorales.

En la especie, de las constancias de autos se advierte que el sistema electoral propio del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, considera, entre otras, las siguientes directrices:

a) La Asamblea General Comunitaria es el espacio de participación y decisión de la comunidad, considerada como la máxima autoridad. De ahí que sea el órgano encargado de elegir a las autoridades comunitarias.

b) La autoridad municipal determina la fecha en que se realizará la Asamblea General Electiva y se encarga de convocar a ésta.

c) La forma o medio que acostumbran para convocar o avisar que se va a llevar a cabo dicha asamblea es por medio de altavoz e invitaciones.

d) La conducción de la elección la asume la Mesa de Debates que se elige entre los ciudadanos presentes.

e) Para el desempeño de los principales cargos en Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, se toma en cuenta que los ciudadanos sean honestos, serios y responsables; ser ciudadanos que no tengan antecedentes penales; haber cumplido, por lo menos con un cargo "dentro de la autoridad municipal", para el caso de Presidente Municipal y haber cumplido por lo menos, "con un cargo menor dentro del Ayuntamiento", en el caso del Regidor de Hacienda" y tener un mínimo de treinta y cinco años. 24

24 Según las bases dadas a conocer por el Contralor Social Municipal, de acuerdo con del acta de Asamblea General de treinta de marzo de dos mil trece.

f) Los requisitos para ocupar el cargo se dan a conocer en la Asamblea General Comunitaria.

g) En la Asamblea participan con derecho a voz y voto los hombres y mujeres mayores de dieciséis años.

h) Las personas que no nacieron en la comunidad, pero con residencia permanente en la comunidad están obligadas a prestar servicios y pueden ocupar cargos municipales.

i) El sistema de votación es determinado por la mesa de debates y se manifiesta levantando la mano.

j) Dentro de las razones por las cuales a una persona no se le dan cargos, se consideran el incumplimiento o la irresponsabilidad.

Un aspecto que no es exclusivo del sistema electivo adoptado por el Municipio de Santa Catarina Ticuá, Oaxaca, pero que condiciona la elección de autoridades municipales es el sistema de cargos y servicios. De acuerdo con dicho sistema:

a) Todos los varones mayores de dieciséis años tienen la obligación de prestar servicios y pueden desempeñar cargos comunitarios o municipales.

b) La edad para iniciar los servicios es de dieciséis años, siempre y cuando las personas que se encuentren en el supuesto no estudien. La edad máxima de servicios es de setenta años.

c) Las mujeres de esta comunidad tienen la obligación de prestar servicios y pueden desempeñar los cargos comunitarios o municipales.

d) Las personas que no nacieron en la comunidad, pero que viven ahí están obligadas a prestar servicios y pueden ocupar cargos municipales.

e) Las personas mayores que ya cumplieron con todos los servicios se les llama "Reconocidos", pero no tienen funciones específicas.

Conforme a lo expuesto, y en palabras del propio "Plan Municipal de Desarrollo 2010, Santa Catarina, Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca", "la vida política en la comunidad del municipio está organizada a través del sistema de cargos. Este sistema dicta que todos los hombres, desde la juventud, hasta la vejez, tienen la obligación de prestar un servicio periódico gratuito a su pueblo ocupando puestos dentro de la organización municipal". 25

25 Página 21.

Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en autos, en particular del documento suscrito por Librado Velasco Hernández, en su carácter de Alcalde Único Constitucional, 26 en el que informa que previo a ser Alcalde ha ocupado el cargo de Presidente Municipal; el testimonio de Francisco Ortiz Nicolás, 27 quien refiere que, previo al periodo en que él ocupó el cargo de Presidente Municipal (mil novecientos sesenta y seis – mil novecientos sesenta y ocho), fungió como Síndico Municipal.

26 Visible a foja 446 del cuaderno accesorio 2 del expediente.

27 Visible a foja 447 del cuaderno accesorio 2 del sumario.

La adminiculación de los documentos precedentes con las bases dadas a conocer por el Contralor Social durante la Asamblea General Comunitaria de treinta de marzo de dos mil trece, entre las cuales se establecen los requisitos para el cargo de Presidente Municipal, Regidor de Hacienda y demás regidores, permiten a este órgano jurisdiccional afirmar que el sistema de cargos es el eje de la vida política del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Oaxaca; éste legitima y valida la pertenencia de los individuos dentro de la comunidad, establece derechos y obligaciones en el marco de los compromisos asumidos por la colectividad e instaura valores de pertenencia e identidad.

El tránsito de un individuo por la jerarquía de cargos es, antes que nada un proceso de aprendizaje en el que se depuran capacidades; y en ese sentido, presenta la ventaja de tender hacia una mayor eficacia en la gestión política y administrativa. 28

28 Véase el artículo de Cipriano Flores Cruz, "El sistema electoral por usos y costumbres: el caso de los municipios indígenas del estado de Oaxaca" en Democracia y representación en el umbral del siglo XXI, Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, IIJ-UNAM , Tomo I, página 243.

En consecuencia, los requisitos de elegibilidad se determinan en función de los valores sociales propios del tránsito por el sistema de cargos. Lo que da peso a la designación son valores sociales, tales como haber cumplido con cargos menores, tener disposición para el servicio, ser responsable o comprometido, ser disciplinado ante la comunidad y ante la autoridad. 29

29 Ídem, página 244.

Respecto a los cargos de la administración municipal, de acuerdo con las constancias del expediente, es válido sustentar, en coincidencia con el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, que en el Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, se encuentra vigente un "sistema de cargos", el cual consiste en el desempeño de un oficio, trabajo o función, por lo general, no remunerado, que se asigna a los integrantes de la comunidad. De esta forma, el cargo que cada miembro de la comunidad desarrolla depende del grado de ascenso que va adquiriendo de acuerdo con la norma comunitaria, por lo que al ascender en la jerarquía comunitaria, la persona obtiene influencia social y política.

Así las cosas, los ascensos en la jerarquía comunitaria son otorgados por el colectivo en función del desempeño en el oficio previamente determinado a una persona, a quien por el hecho de ser aprobado por la comunidad, se le distingue y reconoce con respeto, de ahí que, la obtención de los encargos comunitarios, depende, entre otros aspectos, de la capacidad personal y familiar.

Por ende, resulta claro que el nombramiento de concejales municipales no solamente representa una de las principales funciones a desempeñar dentro del sistema de cargos y servicios, sino que constituye uno de los cargos de mayor rango en escalafón comunitario.

Incluso, si se observa desde la perspectiva de las condiciones sociales en que se ejerce el servicio público en el municipio de referencia, es válido concluir que su sistema electoral privilegia el desempeño previo de cargos dentro de la propia administración municipal, respecto a la elección de concejales. De esta forma, de acuerdo con los usos y costumbres que rigen la vida interna del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, para poder ocupar un cargo de relevancia, uno de los requisitos es haber desempeñado previamente otro cargo de menor jerarquía.

En relación con lo anterior, conviene precisar que la percepción del ejercicio de los cargos públicos en Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, se encuentra sustentada en una vocación y deber de servicio hacia la comunidad y no en el pago de una remuneración o el simple ejercicio del poder.

Sin embargo, es oportuno destacar que de acuerdo con el citado "Plan de Desarrollo Municipal 2010" y la documentación que obra en el expediente, 30 se demuestra que uno de los problemas del Municipio en cuestión consiste en la dificultad para integrar los cargos del Ayuntamiento, así como la inexperiencia para desarrollar las funciones del gobierno municipal. Al respecto, el citado documento oficial señala textualmente:

30 Actas de Asambleas Generales Comunitarias de veintiséis de mayo y de veinte de octubre de dos mil trece y oficio MSCT/290/2013, suscrito por la Presidenta Municipal. En tal documentación se hace referencia a que en una primera ocasión los ciudadanos electos para desempeñarse como Síndico Propietario y Síndico Suplente, Regidora de Educación, Regidor de Cultura y Recreación, presentaron una carta en donde se hace saber que por el momento no les era posible aceptar el cargo conferido, en tanto que en una segunda ocasión, declinaron el cargo los Regidores de Salud y de Ecología, el Presidente Municipal Suplente, Regidor de Obras Suplente, Regidor de Agua Suplente, así como el Contralor Social.

"Ninguno de los regidores tiene experiencia de ocupar un cargo público así como tampoco fueron capacitados para ocupar dicho puesto tampoco tienen empleo o otra actividad remunerada que les permita sostener a su familia.

(…)

Los 15 miembros que conforman el ayuntamiento y que realizan su servicio no tienen capacidad de administrar. Ninguno de los regidores tiene experiencia de ocupar un cargo público así como tampoco fueron capacitados para ocupar dicho puesto. La mala administración municipal afecta a todo el municipio 579 habitantes desde el primer momento en tomar posesión de su cargo." 31

31 Páginas 54 y 59.

Bajo estas consideraciones, el hecho de que un ciudadano desempeñe el cargo de regidor, Regidor de Hacienda o Síndico no constituye un impedimento para que en la elección inmediata de concejales participe para el cargo de Presidente Municipal. Por tal motivo, si la persona postulada resultara electa en tales condiciones ello sería acorde con el orden jurídico interno de la comunidad de Santa Catarina Ticuá y no puede ser concebido como un acto de reelección.

Tal conclusión tiene sustento en la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo 2, 2º, 4 y 5 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como los artículos 3, 4, 5, 35 y 40 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que reconocen el derecho de los miembros de los pueblos indígenas a la libre determinación para elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; su derecho a la conservación de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas y sociales; el deber de los Estados de respetar y salvaguardar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos, así como el derecho de estas comunidades a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias y que en éstos se consideren debidamente sus tradiciones, costumbres, sus sistemas jurídicos y las normas internacionales de derechos humanos, interpretando tales disposiciones de manera favorable a sus derechos humanos.

En este contexto, el cabal cumplimiento de la normativa apuntada exige que en la resolución de un conflicto relacionado con los sistemas normativos indígenas, que requiera definir la juridicidad de una práctica o conducta, no basta con realizar el contraste de ésta con la legislación o el derecho escrito, porque, como se ha dicho, no toda institución o práctica indígena tiene su referente en las demás instituciones del Estado. El correcto análisis de la conducta o práctica problemática requiere, en este orden, a) verificar su conformidad con el sistema consuetudinario indígena, b) analizar el contexto social de la comunidad en la que se despliega tal conducta y c) en su caso, la implementación de un juicio de proporcionalidad o razonabilidad, dado que sólo de esta forma se colmará el derecho de las comunidades a que en la solución de sus conflictos jurídicos se consideren debidamente sus tradiciones o costumbres.

Bajo estas premisas, la elección de Casimiro Nicolás Ortiz, como Presidente Municipal de Santa Catarina Ticuá, a pesar de haber fungido como Regidor de Obras en el periodo de gobierno previo a su elección, es acorde con el contenido del artículo 2º constitucional y por ende, no puede considerarse como un hecho contrario a las disposiciones de la Constitución particular del Estado de Oaxaca, o a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, en particular el artículo 33, porque la Constitución General de la República constituye el fundamento de validez de todo el orden jurídico nacional. 32

32 Artículo 2.- La ley es igual para todos. La Constitución General de la República y esta Constitución son la Ley Suprema del Estado.

Las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorgan expresamente a la Federación, se entienden reservadas para el Estado.

El Poder Público y sus Representantes sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer, lo que la Ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la Ley no les prohíbe y deben hacer, lo que la Ley les ordena.

No pasa inadvertido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en la jurisprudencia 12/2000, de rubro "NO REELECCIÓN, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS" 33 que la prohibición de reelección para el período inmediato de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por votación directa, no sólo se encuentra la de ocupar el mismo cargo, es decir, de presidente municipal, síndico, o regidor, sino también la de ocupar cualquier otro de tales cargos, ya sea que se pretenda que el regidor propietario ocupe el puesto de síndico, el síndico el de presidente municipal, el presidente municipal el de regidor, etcétera, con el objeto de renovar totalmente los ayuntamientos y evitar que el mismo electorado vote dos o más veces consecutivas por una misma persona, para integrar un mismo órgano colegiado.

33 Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, jurisprudencia, volumen I, páginas 455 a 458.

Sin embargo, es importante puntualizar que la limitación que establece dicha jurisprudencia, dirigida a quien ha ocupado un cargo de elección popular en un ayuntamiento para que pueda postularse en el periodo inmediato siguiente, debe ser vista a la luz de las disposiciones constitucionales en materia indígena y en el contexto del nuevo paradigma de interpretación constitucional sustentado en los derechos humanos. Lo contario implicaría restringir de forma dogmática los derechos fundamentales de votar y ser votado, lo cual, en todo caso, debe atender a un estudio particular y acorde al fin del legislador, esto es, al propósito normativo regulado.

Al respecto, conviene señalar que la citada jurisprudencia fue aprobada en sesión pública del doce de septiembre de dos mil y los precedentes que le dieron origen se emitieron el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho, (SUP-JRC-33/1998); el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (SUP-JRC-267/1998), así como el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve (SUP-JRC-115/1999); es decir, antes de la reforma al artículo 1° constitucional, de diez de junio de dos mil once; razón por la cual, se justifica que su aplicación se dé, armónicamente, con las exigencias sobre protección de los derechos humanos previstas en el vigente artículo 1° constitucional.

Incluso, la aplicación de tal jurisprudencia debe ser armonizada con otros criterios de la Sala Superior, de la misma jerarquía, como la jurisprudencia 29/2002 de rubro "DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA", 34 misma que es acorde con la reforma constitucional citada, y en la que se sostiene que interpretar en forma restrictiva los derechos fundamentales político-electorales, consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos suprimidos, además de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, sino que, por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental.

34 Véase Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, México, TEPJF, 2012, vol. 1, p. 301 y 302.

No menos importante, es que los precedentes que sustentan la citada jurisprudencia 12/2000 fueron emitidos en juicios de revisión constitucional promovidos en un contexto de elecciones bajo el sistema de partidos políticos, y no de una elección que se rige por usos y costumbres o por sistemas normativos internos al amparo del derecho que les asiste a las comunidades indígenas de definir sus propios sistemas electivos de sus autoridades, reconocido en el artículo 2º de la propia Constitución General de la República y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 35 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 36

35 Artículo 8°.

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

36 Artículo 1°.

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 3°.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4°.

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5°.

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

De igual forma, se estima que la razón esencial que sustenta el criterio jurisprudencial, a saber, la posibilidad de que una persona o un conjunto de ellas se perpetúe en el poder mediante su enquistamiento durante períodos sucesivos, que pueda generar cacicazgos, crear el riesgo de abuso del poder con beneficios para intereses particulares y en detrimento de los de la colectividad o impedir la participación de ciudadanos dentro de una real alternancia en el poder, o bien, la posibilidad de que un pequeño grupo de personas permanezca más de un período en un ayuntamiento, mediante la rotación periódica de los puestos indicados, en manera alguna se actualiza en el caso que se resuelve.

Contrariamente a los argumentos previos, la elección de Casimiro Nicolás Ortiz, es el resultado de un auténtico ejercicio democrático, conforme a los sistemas normativos internos que rigen la elección municipal de Santa Catarina Ticuá, Oaxaca, expresado a través de la voluntad mayoritaria de la comunidad, no sólo en una ocasión sino en diversas asambleas, como se expone enseguida:

1) El treinta de marzo de dos mil trece, se celebró en la cancha municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca la Asamblea General Comunitaria para el nombramiento de la autoridad municipal que fungiría en el trienio dos mi catorce-dos mil dieciséis, con la asistencia de quinientos ochenta ciudadanos (580). En dicha Asamblea se eligió a Casimiro Nicolás Ortiz con el voto de doscientos setenta y cinco ciudadanos.

En esta asamblea se dieron a conocer los requisitos que deberían cumplir los candidatos a Presidente Municipal y se sometieron a la aprobación de la Asamblea General Comunitaria, incluso, una vez electos los nuevos integrantes del gobierno municipal, se dio la oportunidad de que los asistentes hicieran las observaciones que consideraran, previamente a los nombramientos de los electos, sin que ninguno de los asistentes manifestara oposición a la elección de Casimiro Nicolás Ortiz.

2) El veintiséis de mayo del año inmediato anterior, en el corredor del portal municipal, se realizó la Asamblea General Comunitaria para la ratificación y el nombramiento de Concejales, con la asistencia de trescientos treinta y cinco electores. En dicha Asamblea se ratificó, entre otros, a Casimiro Nicolás Ortiz, como Presidente Municipal electo, por la mayoría de los ciudadanos asistentes (trescientos votos).

3) El veinte de octubre del dos mil trece se llevó a cabo la Asamblea General Comunitaria para la ratificación y el nombramiento de la autoridad municipal que fungiría en el trienio dos mil catorce – dos mil dieciséis, con la asistencia de cuatrocientos diez ciudadanos (410). En esta reunión se ratificó la elección de Casimiro Nicolás Ortiz como Presidente Municipal propietario, al tiempo que se eligieron a diversos ciudadanos para cargos que en ese momento se encontraban vacantes por la no aceptación del cargo.

4) El diez de noviembre de dos mil trece se reunieron los miembros del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Oaxaca, los agentes municipales de las localidades de Paz y Unión, El Chamizal, San Isidro y Fortín de Juárez, así como el comisariado de bienes comunales y los integrantes de la mesa de los debates, se acordó pedir "a los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que se respete nuestros usos y costumbres, por ello pedimos que se respete la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Catarina Ticuá, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca; conforme a las tres Asambleas Generales de fechas" 37 antes descritas.

37 Foja 421 del cuaderno accesorio 2.

5) El primero de diciembre de dos mil trece, tuvo verificativo en el corredor del Palacio Municipal de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, una Asamblea General Comunitaria con la participación de autoridades del Ayuntamiento, de las Agencias Municipales, del Comisariado de Bienes Comunales y la asistencia de doscientos cincuenta y seis ciudadanos (256) en la que los participantes acordaron solicitar al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se calificara y se declarara la validez de su elección de Concejales al Ayuntamiento para el periodo dos mil catorce-dos mil dieciséis, por lo que nuevamente ratificaron la integración del Cabildo, en la que se encuentra la elección de Casimiro Nicolás Ortiz como Presidente Municipal.

En esta tesitura, como ha quedado evidenciado, los ciudadanos de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, eligieron a Casimiro Nicolás Ortiz como su Presidente Municipal, conforme a los métodos que integran su sistema normativo electoral y, en distintas ocasiones, han reiterado su voluntad de que dicho ciudadano ocupe el cargo de Presidente Municipal, considerando, entre otras cosas, que él "ha trabajado y no ha lucrado con la comunidad", por lo que la ciudadanía le dio su confianza. 38

38 Foja 328 del cuaderno accesorio 2.

Asimismo, en las dos últimas asambleas han solicitado al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el respeto al resultado de sus elecciones por considerar que estas se realizaron conforme a sus usos y costumbres electorales.

Es de resaltar que la propuesta del ciudadano Casimiro Nicolás Ortiz no fue la única, ni fue impuesta a los asambleístas. Por el contrario, fueron los propios ciudadanos presentes en la asamblea comunitaria del treinta de marzo de dos mil trece, quienes, con el conocimiento de los requisitos a cubrir para aspirar al cargo de presidente municipal y los antecedentes en la gestión municipal del citado ciudadano, decidieron su participación en una terna, en la que dicho ciudadano compitió con otras dos opciones, representadas por José Luis Hernández Cruz y Norma Velasco Fabián.

Además debe considerarse que Casimiro Nicolás Ortiz no fue elegido nuevamente para el cargo de regidor, sino para el cargo de mayor jerarquía en el Municipio, es decir, el cargo de Presidente Municipal, lo cual es acorde con los requisitos considerados en la Asamblea General Comunitaria de treinta de marzo de dos mil trece, a saber, que para ser elegido como Presidente Municipal se debía "haber cumplido, por lo menos, con un cargo dentro de la autoridad municipal". 39

39 Véase foja 425 del cuaderno accesorio 2 del sumario.

En este orden, las actas levantadas en cada una de las asambleas reflejan con claridad que la elección de Casimiro Nicolás Ortiz como Presidente Municipal de Santa Catarina Ticuá, deriva de la auténtica voluntad ciudadana y no de la imposición de dicho ciudadano en el gobierno municipal. De ahí que no haya lugar a interpretarse como una manifestación antidemocrática la participación y elección de Casimiro Nicolás Ortiz como Presidente Municipal.

Sostener lo contrario, trastocaría el sistema normativo indígena y haría nugatorio el derecho de autodeterminación y autogobierno expresado reiteradamente en las asambleas generales comunitarias antes descritas, además de menoscabar los derechos político-electorales del referido ciudadano y de quienes votaron por él, dada la unidad fundamental compuesta por el derecho a votar y ser votado.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 27/2002, de rubro "DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN" 40. que dispone que el derecho a votar y ser votado, son parte de una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante.

40 Consultable en la Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, vol. 1, p. 296.

Así las cosas cualquier restricción en uno de los citados elementos necesariamente afecta al otro en la integración del poder público, de tal forma que una restricción indebida para el del cargo afecta la legitimidad del órgano cuya conformación se sometió a la contienda electoral.

En ese sentido, cuando a una persona electa para determinado cargo se le impide el ejercicio de éste, no se afecta únicamente, el derecho a ser votado, sino que se afecta el derecho de los ciudadanos que votaron por tal opción y conformaron la voluntad popular, lo que se traduce en una contravención al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Por otra parte, conviene mencionar que el principio de no reelección en cuya contravención, la actora basa su inconformidad se modificó en su esencia por virtud de la reciente reforma, entre otros, al artículo 115 de la Constitución General de la República.

En efecto, el diez de febrero de dos mil catorce, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", hubo un cambio sustancial respecto a la integración del gobierno municipal, al incluir en el texto constitucional la previsión de que los miembros de los ayuntamientos puedan reelegirse para el periodo consecutivo.

Por virtud de dicho decreto, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, el nuevo texto del artículo 115 de la Constitución General de la República, expresa:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. ...

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

En este tenor, además de que la elección de Casimiro Nicolás Ortiz encuentra justificación en el sistema de cargos que rige en el Municipio de Santa Catarina Ticuá, Oaxaca, dicho uso y costumbre es acorde con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base en su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El mismo artículo constitucional dispone que, las Constituciones de los Estados deben establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Del precepto referido se advierte que constitucionalmente se permite la reelección, es decir, que un edil pueda nuevamente ejercer el cargo para el que fue electo, para fortalecer la relación entre el gobierno y los gobernados, así como para contribuir al aprendizaje de quienes ejercen el cargo y con ello mejorar la administración municipal.

En efecto en la iniciativa de reforma del artículo 115, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, 41 se refiere lo siguiente:

41 Gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/oct/20131017-V.html

"Es importante considerar que el poder legislativo y los poderes de los municipios no se encuentran en las mismas condiciones que el poder presidencial, el proceso de aprendizaje en las labores del encargo son de diferentes tipos y en ambos se necesitan de habilidades obtenidas en la experiencia e incentivos en condiciones completamente diferentes.

Un ejemplo de ello, es en el perfil de los diferentes candidatos a los puestos de elección popular. En el caso presidencial prevalece la figura de líder carismático y/o profesionalizado, entre otros, y en los de presidentes municipales, regidores y legisladores, predomina el liderazgo territorial y no necesariamente el liderazgo administrativo o en su caso legislativo. Sin embargo, en la cultura política, la idea de reelección es a rajatabla lo mismo en todos lo ordenes de gobierno, por la percepción que se tiene de los gobernantes o de las ambiciones políticas desmedidas.

(…)

la nueva visión del diseño de las instituciones se orienta a consolidar el trabajo entre el gobierno y los gobernados, la calidad de vida del Municipio y el perfeccionamiento de la administración. Todo ello, con la búsqueda e innovación de controles del ejercicio del poder político, el respeto a los derechos humanos y ambientales.

Al respecto, la reelección municipalista inmediata se encuentra con dos incentivos importantes, uno fincado en el interés de los gobernantes para continuar en el encargo y la posibilidad de que la ciudadanía, a través del sufragio decida en la continuación o no de las autoridades y contar con la posibilidad de aprovechar o desechar al buen o mal gobernante, respectivamente.

(…)

En ese orden de ideas, es importante dejar claro que la presente iniciativa, al proponer la reelección inmediata de autoridades municipales, no pretende agotar la problemática y soluciones que aquejan a los ayuntamientos, solamente busca incentivar el mejor desempeño de las autoridades, fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados, así como dar cauce a las demandas sociales en pro de la mejora de la administración y planeación del Ayuntamiento.

La presente iniciativa con la reelección municipal inmediata busca fortalecer a la célula madre de la división política y territorial de México que se halla en la estructura y formación del Municipio, a su organización e impacto en el ejercicio del poder político que se encuentran en la base de los pequeños territorios, en comunidades asentadas a lo largo y ancho del país, caracterizadas por la diversidad de población, formas primigenias, modernas y genuinas de desarrollo.

(…)

Para lograr avanzar en la consolidación de los ayuntamientos, es necesario dotarlos de nuevas facultades, así como diseñar nuevas formas de integración política, con pleno respeto a la diversidad, la pluriculturalidad, disminuyendo la brecha entre municipios ricos y pobres, rurales, y metropolitanos, dotarlos de instrumentos para la formación de cuadros administrativos.

En el mismo sentido, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos Primera, y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, de trece de diciembre de dos mil trece, estableció lo siguiente:

"(…)

Ante la evolución pluralista de la vida política-social de la Nación, se ha reconocido la necesidad de continuar ampliando los cauces de participación de la sociedad desde la base de la pirámide socio-política que es el Municipio. Sin embargo, más que un problema político, la vida municipal enfrenta serios problemas estructurales y multifactoriales, que no permiten en la práctica llegar al concepto constitucional del "Municipio Libre". La capacidad de captación fiscal es prácticamente nula y la planeación estratégica de su desarrollo en distintos ámbitos, es por demás limitada.

En ese orden de ideas, estas Comisiones Unidas, estimamos procedente la reelección de los miembros de los Ayuntamientos, por lo que se proponen reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(…)"

Como se ve, al igual que el sistema de cargos de los sistemas normativos internos, en la iniciativa y dictamen referido, se considera que el poder ejercer los cargos edilicios por un periodo mayor a tres años, contribuye una mejor administración municipal, por un lado, porque a mayor tiempo, mayor aprendizaje, y por otro, porque si no ejercen el cargo con honestidad y apegado a derecho, los electores tienen la posibilidad de no volver a votar por ellos.

Ahora, si bien la norma constitucional referida no es aplicable totalmente a las comunidades indígenas, en razón de que en ésta se exigen requisitos, como que los ediles para poder ser reelectos deben ser postulados por el mismo partido político, sí son aplicables las razones que justifican la permanencia por un tiempo mayor en dichos cargos.

Finalmente, tomando en consideración el nuevo modelo sancionado por el Poder Revisor de la Constitución respecto a la reelección de los ayuntamientos, no se percibe que la elección del citado ciudadano como Presidente Municipal, a pesar de que fungió como Regidor de Obras durante el periodo dos mil once – dos mil trece, se traduzca en una violación a los derechos humanos de la actora ni de alguno de los integrantes de la comunidad, toda vez que de las constancias de autos no se evidencia que dicha elección le haya impedido participar a alguien como candidato o que se le haya impedido a la población ejercer su derecho al sufragio por una opción distinta a Casimiro Nicolás Ortiz.

Incluso, en el acta de la reunión de trabajo del quince de noviembre de dos mil trece, en la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca donde comparecieron la Directora y personal de la citada dependencia; la Presidenta y Sindico del Ayuntamiento de Santa Catarina Ticuá, Casimiro Nicolás Ortiz, así como la actora, Hortencia Hernández Vásquez, consta que en dicha reunión esta última manifestó que su oposición a que el citado ciudadano ocupara el cargo de Presidente Municipal no se debía a su intención de participar como candidata, ni tampoco mencionó que se coartara su derecho a votar por una opción distinta; más bien, la esencia de su pretensión consistía en "que se respete la constitución local y la constitución federal, que se cumpla y que se haga valer la ley, la transparencia y que se hagan valer los valores". 42

42 Foja 432 del cuaderno accesorio 2 del expediente.

Conforme a lo anterior, la actora, en ninguna forma manifestó su oposición a la elección de Presidente Municipal, con el propósito de que se le restituyera en algún derecho personal y directo, sino únicamente su interés en el cumplimiento de la ley.

En tal virtud, si bien es cierto que el artículo 25 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece en la base II, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas oaxaqueñas, ni ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución local o federal y en los tratados internacionales, lo cierto es que de la elección de Casimiro Nicolás Ortiz no se desprende la violación a los derechos fundamentales de la actora ni de los habitantes de de Santa Catarina Ticuá.

Conforme a las consideraciones vertidas, las particularidades del caso, y ante lo infundado de los agravios hechos valer por Hortencia Hernández Vásquez, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto y fundado, se;

RESUELVE.

ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, el diecinueve de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el expediente JNI/05/2014, mediante la cual se confirmó el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-74/2013, que a su vez calificó como legalmente válida la Asamblea General Comunitaria del Municipio de Santa Catarina Ticuá, Tlaxiaco, Oaxaca, celebrada el uno de diciembre del dos mil trece, en la que resultó electa la planilla encabezada por Casimiro Nicolás Ortiz.

NOTIFÍQUESE, personalmente al tercero interesado en el domicilio señalado en su escrito de comparecencia; por oficio, al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca y al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
–ambos con copia certificada de la presente resolución–, y por estrados, a la actora, por así haberlo señalado en su demanda, y a los demás interesados; con fundamento en los artículos 26, párrafos 1 y 3, 27, 28, 29, párrafo 1 y 3, inciso a), y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como los numerales 102 y 103 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias del expediente primigenio, previa copia certificada que quede en autos y archívese el presente asunto como concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.