JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-249/2017 Y SUP-JDC-250/2017, ACUMULADOS

ACTORES: RAÚL VILLEGAS ALARCÓN Y BENJAMÍN COLÍN MARTÍNEZ

RESPONSABLE: COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIO: RODOLFO ARCE CORRAL

Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Sentencia que revoca, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo INE/CVOPL/001/2017 de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, que excluyó a los actores del proceso de designación de Consejeros Electorales Locales. Lo anterior, porque se considera que el requisito consistente en "no ser o no haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad" no tiene un objetivo legítimo y, por tanto, resulta inconstitucional.

GLOSARIO

Acuerdo impugnado:

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el listado con los nombres de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales, así como las sedes para la aplicación del examen de conocimientos, en el marco del proceso de selección y designación de las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas

Constitución:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Consejo General:

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

INE:

Instituto Nacional Electoral

Ley Electoral:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley de Medios:

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

OPLES

Organismos Públicos Locales Electorales

1. ANTECEDENTES

1.1. Convocatoria. Mediante el acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete1, el Consejo General aprobó las convocatorias para la designación de los Consejeros Electorales que habrán de integrar los diversos Organismos Públicos Locales Electorales, entre estos, el de la Ciudad de México.

1 Acuerdo INE/CG56/2017. "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las convocatorias para la designación de las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas".

1.2. Inscripción. El nueve y quince de marzo de dos mil diecisiete, los actores presentaron ante el INE su solicitud para participar en el proceso de selección correspondiente al OPLE de la Ciudad de México.

1.3. Acuerdo impugnado. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante el acuerdo INE/CVOPL/001/2017, la Comisión de Vinculación con los OPLES del INE aprobó el listado de las personas que cumplieron los requisitos legales para continuar en el concurso en cita.

Dicho Acuerdo contiene dos anexos, el primero con una lista de las personas admitidas, y el segundo, con aquellos ciudadanos que incumplieron alguna exigencia.

1.4. Juicios ciudadanos. Para cuestionar la determinación anterior, Raúl Villegas Alarcón y Benjamín Colín Martínez promovieron los medios de impugnación que ahora se resuelven, pues ambos aparecen en el listado de los ciudadanos que incumplieron con alguna exigencia.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos para cuestionar actos vinculados con la integración de un OPLE.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Federal; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 2, y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como en la jurisprudencia 3/2009, de rubro: "CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS".2

2 Publicada en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 13 a 15. Ésta y todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas en el sitio de internet: http://portal.te.gob.mx/

3. PROCEDENCIA

Los medios de impugnación satisfacen los requisitos formales y de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1 y 79 de la citada ley de medios, tal y como se expone a continuación:

3.1. Forma. Los juicios se promovieron por escrito; en ellos se hace constar el nombre y firma autógrafa de los actores; en ambos escritos se identifica el acto impugnado y la autoridad emisora; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones; se exponen los agravios, los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas. Los escritos de demanda fueron presentados ante la autoridad responsable.3

3 Como lo exige el artículo 9, párrafo 1, de la ley procesal de la materia.

3.2. Oportunidad. Los medios de impugnación se promovieron dentro del plazo legal de cuatro días, ya que la determinación cuestionada se emitió el cuatro de abril del presente año, y las demandas se presentaron el siete y ocho de abril siguiente, respectivamente.

3.3. Legitimación. Los actores están legitimados por tratarse de ciudadanos que acude por sí mismos, de manera individual, haciendo valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales.

3.4. Interés jurídico. Los actores cuentan con él, toda vez que impugnan el acuerdo por el que se les excluyó de participar en el proceso de designación de consejeros electorales locales, determinación que, desde su óptica, se basa en una norma inconstitucional.

3.5. Definitividad. Se satisface este requisito, pues el acuerdo impugnado no puede ser controvertido por algún otro medio de defensa.

4. acumulación

Del análisis de los escritos de demanda, que motivaron la integración de los expedientes al rubro identificados, se advierte que los recurrentes controvierten el mismo acto, esto es, el acuerdo INE/CVOPL/001/2017, de cuatro de abril de dos mil diecisiete emitido por la Comisión de Vinculación con los OPLES del INE.

En ese contexto, existe identidad en el acto impugnado y en la autoridad responsable por lo que hay conexidad en la causa; por tanto, a fin de resolver los juicios ciudadanos, en forma conjunta, congruente y completa, conforme a lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios, y 79 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, lo conducente es decretar la acumulación del juicio ciudadano SUP-JDC-250/2017 al diverso juicio SUP-JDC-249/2017, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

En consecuencia, se debe agregar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del juicio acumulado.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Planteamiento del caso

Raúl Villegas Alarcón y Benjamín Colín Martínez son ciudadanos que buscan ser consejeros electorales en el OPLE de la Ciudad de México. Para tal efecto, presentaron ante el INE su solicitud de registro para participar en el proceso de selección correspondiente.

Posteriormente, la Comisión de Vinculación con los OPLES del INE emitió el acuerdo por el que determinó, entre otras cosas, que los actores no cumplieron con todos los requisitos establecidos en el artículo 100 de la Ley Electoral, en particular el relativo a no ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad.4

4 Es un hecho no controvertido que los actores forman parte del servicio profesional electoral nacional pues en autos está acreditado que ambos se desempeñan como vocales distritales en la Ciudad de México.

Inconformes con la decisión del órgano electoral, los actores acuden a este Tribunal haciendo valer los argumentos que enseguida se sintetizan.

* El requisito relativo a no ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad 5 es inconstitucional, pues:

5 Contenido en el artículo 100, párrafo 2, inciso K) de la Ley Electoral; 9 del Reglamento del INE para la Designación y Sanción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPLES; y en la Base Tercera, numeral 11, de la convocatoria respectiva.

Dicho requerimiento no tiene sustento constitucional. Es violatorio del principio de igualdad, trasgrede el derecho político de desempeñar un cargo público.

La autoridad debió realizar una interpretación del requisito favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia de sus derechos.

El requisito que se exige vulnera el artículo 35, fracción IV de la Constitución pues se trata de una restricción injustificada al ejercicio de sus derechos de integrar los órganos electorales.

* La decisión de la autoridad fue incorrecta ya que ellos no actualizan el supuesto del requisito que se les aplicó porque el último proceso que se llevó a cabo en la Ciudad de México no reúne las características que definen un proceso electoral pues no se renovaron los poderes ejecutivo o legislativo, sino únicamente se eligieron los diputados que redactarían la Constitución de la Ciudad de México lo que obedece a un proceso electivo de naturaleza distinta a los procesos electorales a que se refiere el artículo 100, párrafo 2, inciso k) de la Ley Electoral.

Como puede advertirse el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el requisito impugnado vulnera el derecho de los actores a integrar las autoridades electorales y una vez definida tal controversia deberá determinarse, en su caso, si el proceso de elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México reúne las características del proceso electoral a que se refiere el artículo 100, párrafo 2, inciso k) de la ley Electoral.

5.2. El derecho de integrar los OPLES es fundamental y sólo puede ser restringido para alcanzar un objetivo legítimo sustentado constitucionalmente

El artículo 35, fracción II de la Constitución establece el derecho de acceso a los cargos públicos como derechos fundamentales de todo individuo.

La prerrogativa del ciudadano a ser nombrado para cualquier empleo o comisión que no sea de elección popular, es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, en cuanto a que será en la ley en donde se establezcan las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio por parte de los ciudadanos.

Por tanto, las limitaciones que al efecto establezca el legislador ordinario deben cumplir determinadas características a fin de respetar y salvaguardar ese derecho, de tal forma que dichas limitaciones deben ajustarse a las bases previstas en la propia Constitución, respetando cabalmente su contenido esencial, armonizándolo con otros derechos fundamentales de igual jerarquía y salvaguardando los principios, fines y valores constitucionales involucrados.

Los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y sin restricciones indebidas a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.6

6 Artículo 25.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 [sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social], y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país."

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que Todos los ciudadanos deben gozar de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.7

Artículo 23.

7 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24.

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

En opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento del mencionado Pacto Internacional, cualquiera que sean las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos político-electorales "deberán basarse en criterios objetivos y razonables", toda vez que "el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos.8

8 Observación General No. 25, 57° período de sesiones (1996), párr. 4.

De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la aplicación e interpretación de la Convención Americana, ha estimado que las restricciones a los derechos político electorales deben encontrarse previstas en una ley, no ser discriminatorias, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que las torne necesarias para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo9.

9 Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, pár. 206.

Como puede apreciarse, los derechos fundamentales no son derechos absolutos, sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones, siempre que las previstas en la legislación, no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Restricciones que deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la Constitución y en los propios tratados internacionales.

Acorde con lo anterior, cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos humanos deberá basarse en calidades inherentes a la persona, así como en criterios objetivos y razonables y, por tanto, el ejercicio de tales derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos.

En esas circunstancias, las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones para el ejercicio del derecho de los ciudadanos de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país, consagrado en los citados instrumentos internacionales y en la fracción II del artículo 35 constitucional que establezcan las leyes a nivel federal, estatal y municipal deben respetar el contenido esencial de este derecho fundamental, estar razonablemente armonizadas con otros principios o derechos fundamentales de igual jerarquía, como el principio de igualdad y, para ello, tales restricciones no deben ser irracionales, desproporcionadas e injustificadas.

En esta tendencia, se ha pronunciado esta Sala Superior en el sentido de que los derechos políticos, en tanto derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, no pueden ser restringidos injustificadamente ni mucho menos suprimidos, por lo que toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica debe ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental.

La restricción de los derechos fundamentales debe cumplir las siguientes tres condiciones: a) La restricción debe ser adecuada para alcanzar el fin propuesto; b) La restricción debe ser necesaria, en cuanto a que no quepa una medida alternativa menos gravosa para el interesado, y c) La restricción debe ser proporcional en sentido estricto, en virtud de que no suponga un sacrificio excesivo del derecho o interés sobre el que se produce la intervención pública.10 El principio de proporcionalidad no debe significarse porque la satisfacción de los intereses generales o públicos se haga a costa de los derechos e intereses de los particulares, a través de la búsqueda de un punto de equilibrio o de razonabilidad.

10 Díez-Picazo, Luis María, Sistema de derechos fundamentales, 2ª ed., Madrid, coed. Thomson-Civitas, 2005, pp. 114 y ss.

Esta Sala Superior ha considerado que los derechos político-electorales fundamentales de los ciudadanos para acceder a un cargo público electoral, contenidos en distintas normas, deben ser interpretados y aplicados favoreciendo su optimización, extensión y eficacia, mientras que los casos relativos a su restricción deben limitarse a los casos expresamente previstos en la Constitución y en las leyes.11

11 Véanse por ejemplo las sentencias identificadas con las claves SUP-JDC-2630/2014, SUP-RAP-112/2015, SUP-RAP-755/2015, SUPJDC-1776-2015 y SUP-RAP-291/2016.

En consecuencia, los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados con los criterios que favorezcan más su optimización, es decir, lograr su mayor extensión y eficacia posible, mientras que la de los preceptos relativos a su restricción debe limitarse a los casos expresamente establecidos o derivados de la propia Constitución, sin facilitar su extensión o ampliación, por analogía o mayoría de razón, sobre la base de que estos valores máximos pueden ser restringidos o limitados sólo por excepción, y que las restricciones deben fijarse clara e inequívocamente.

5.3. La restricción establecida en el inciso k), del párrafo 2 del artículo 100 de la Ley Electoral no persigue un fin legítimo con sustento constitucional

Por lo que hace al control de regularidad constitucional por parte de los órganos competentes, como lo es este Tribunal Electoral, el empleo de dichos factores impone la obligación de efectuar un escrutinio estricto de la medida legislativa.12

12 De conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la SCJN, de rubro: "CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO". 10a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I; Pág. 8, número de registro: 2012589.

Para realizar el control de regularidad constitucional, la SCJN ha establecido los métodos y el orden en que deben ser empleados, a saber: i) interpretación conforme en sentido amplio; ii) interpretación conforme en sentido estricto; y iii) inaplicación de la ley.13

13 Tesis Aislada con clave P. LXIX/2011 (9a.) de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", 10a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro III, diciembre de 2011, Tomo I; Pág. 552, número de registro: 160525. De igual forma la Tesis Aislada con clave 1a. CCCLX/2013 (10a.) de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE", 10a. Época; Primera Sala; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I; Pág. 512, número de registro: 2005116. De la misma manera la Tesis Aislada con clave 1a. LXVIII/2014 (10a.) de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL", 10a. Época; Primera Sala; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, febrero de 2014, Tomo I; Pág. 639, número de registro: 2005623.

En el caso, la restricción impugnada corresponde a una limitación categórica al derecho de integrar los consejos generales de los OPLES por pertenecer o haber pertenecido al servicio profesional electoral nacional durante el último proceso que se celebre en la entidad. Así, por las particularidades del caso concreto, no es posible la realización de una interpretación que favorezca a los actores en el ejercicio del derecho que aducen tener a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

De igual forma, en el caso, no se advierte la existencia de interpretaciones jurídicamente válidas, de manera que esta autoridad pueda optar por alguna que haga que el precepto impugnado resulte acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.

Por tanto, en el caso concreto deberá realizarse el estudio de control de regularidad constitucional sobre la base de que la conclusión resultará en la determinación de la inaplicación de la norma, o bien, en la declaración de constitucionalidad del concepto reclamado.

Para llevar a cabo dicho análisis, esta Sala Superior ha utilizado como herramienta el test de proporcionalidad. Conforme a esta metodología, para que la restricción sea proporcional debe satisfacer los siguientes parámetros: a) tener un fin legítimo sustentado constitucionalmente; b) la medida debe ser idónea; c) necesaria, y d) proporcional en sentido estricto.

En el caso concreto, para esta Sala Superior les asiste la razón a los actores pues la exigencia para ser consejero de un OPLE consistente en no ser o no haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad, es una restricción del derecho a integrar las autoridades electorales que no persigue una finalidad legitima, útil, objetiva o razonable y no encuentra sustento constitucional.

La restricción impugnada no se encuentra prevista en la Constitución sino en una Ley Secundaria, en ese sentido, para que la misma sea permitida debe tener una justificación constitucional, es decir, el objetivo de la restricción debe estar legitimado.

En el caso concreto, el objetivo de la restricción no está explícito en el texto legislativo ni en la exposición de motivos de la Ley Electoral lo que dificulta conocer cuál es oficialmente el objetivo de la restricción ya que no es posible hacer un análisis sobre la necesidad y adecuación de la restricción, a su vez, no se puede determinar si la restricción es proporcional al objetivo buscado puesto que éste se desconoce.

No obstante, esta autoridad jurisdiccional estima que las restricciones legítimas deben obedecer a los objetivos constitucionalmente establecidos, en ese sentido, en la Ley Electoral las restricciones al derecho de integrar los órganos electorales corresponden a razones constitucionales como lo son, la independencia y profesionalización del OPLE.

En ese sentido es que esta Sala Superior ha considerado como válidas aquellas restricciones que abonan a que los OPLES gocen de independencia y a que sus integrantes cuenten con las capacidades, habilidades y características suficientes para garantizar la profesionalización del órgano.

Sin embargo, en el caso del requisito establecido en el inciso k), párrafo 2, del artículo 100 de la Ley Electoral, no se advierte que éste persiga un fin constitucionalmente establecido, por el contario puede pensarse que resulta contrario a los principios constitucionales.

Esta Sala Superior considera que el restringir a los miembros del servicio profesional electoral nacional para integrar los OPLES no abona al principio de independencia y profesionalización de las autoridades, pues para pertenecer a este cuerpo de funcionarios electorales es necesario acreditar una serie de requisitos, exámenes y entrevistas que garantizan, en principio, que sus integrantes son personas capaces de cumplir los principios que deben regir la función electoral, como son, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De esta manera, esta restricción no busca o persigue como fin la independencia o profesionalización del OPLE, ya que el cuerpo de servidores profesionalizados en materia electoral son fuente de personas que, en principio, podría pensarse que son aptas para garantizar la independencia y profesionalismo en el desarrollo de sus funciones, esto porque para ingresar al servicio afrontan previamente un escrutinio de sus aptitudes y cualidades y su desempeño se encuentra constantemente en verificación y evaluación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 41 constitucional la designación de los consejeros de los OPLES, está a cargo del Consejo General del INE un órgano garante de los principios de imparcialidad e independencia, en ese sentido, la designación no está a cargo de órganos políticos u otros órganos de decisión cuya pertenencia al servicio profesional electoral nacional pudiera resultar en una ventaja indebida.

Por lo anterior, no puede decirse que esta restricción tenga como propósito el mantener a los miembros del servicio profesional electoral nacional, ajenos a decisiones políticas pues el diseño constitucional para designar a los consejeros de OPLES recae en un organismo constitucional autónomo como lo es el INE.

Por ello, esta autoridad estima que esta restricción no persigue un fin constitucional pues, como se vio, los principios constitucionales involucrados en la designación de los consejeros de los OPLES no se verían trastocados ni siquiera puestos en peligro con la designación de miembros del servicio profesional electoral nacional, por el contrario, dichos principios constitucionales podrían verse fortalecidos.

Por otro lado, esta autoridad no es ajena a que las restricciones a los derechos fundamentales también suelen tener como objetivo legítimo, los derechos o libertades de otros, de manera que, ante la convergencia de derechos, la restricción permita el ejercicio armónico y ordenado de los derechos involucrados.

No obstante, se considera que, en el caso concreto, la restricción no tiene como objetivo el que otros puedan ejercer el derecho de manera armónica en igualdad de oportunidades. Esto es así, porque si bien, en un principio pudiera pensarse que esta restricción busca evitar condiciones de ventaja de los miembros del servicio respecto de contendientes externos, lo cierto es que tal situación es falaz pues no existe restricción para el personal de la rama administrativa del INE, que en todo caso serían los que mayor acceso tienen al cuerpo colegiado encargado de la designación de los consejeros de los OPLES.

De esta manera, si el legislador hubiera deseado que el personal del INE no tuviera ventaja por su condición de ser trabajadores del órgano encargado de la designación, habría implementado una restricción a los servidores de confianza de la rama administrativa, situación que no aconteció.

En consecuencia, para esta autoridad jurisdiccional tampoco es factible estimar que el fin legítimo de la medida restrictiva en estudio, sea el de garantizar el derecho de los aspirantes externos al servicio profesional electoral nacional, pues, además, este tipo de procesos de selección se llevan a cabo a través de filtros objetivos que generan condiciones de igualdad en cuanto a las posibilidades de ser designado, con independencia de si se es miembro del servicio profesional o no.

5.4. La restricción a los miembros del servicio profesional electoral nacional para ser consejeros de los OPLES es contraria a la finalidad de la reforma electoral

La reforma constitucional y legal de 2014 que dio origen a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que instituyó a los OPLES, tuvo como principales objetivos, de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley Electoral, los siguientes:

La reforma constitucional de 2014 pretende corregir esta problemática y recuperar las experiencias exitosas a nivel federal para minimizar dos tipos de riesgos a nivel subnacional: (1) la injerencia ilegal de los poderes públicos o de facto en el actuar y en la toma de decisiones de las autoridades locales; y (2) errores de procedimiento durante los períodos electorales, derivados de la inexperiencia, que susciten cuestionamientos y suspicacias sobre los propios resultados comiciales.

(…)

Como se ha mencionado al inicio de esta exposición de motivos, el objeto principal de la reforma política y electoral de 2014 fue la homologación de los principios democráticos en la totalidad del territorio nacional. De conformidad con lo que se ha expuesto en este apartado, la experiencia del IFE y su Servicio Profesional Electoral tiene mucho que aportar en este sentido, al fomentar la profesionalización y la autonomía de los funcionarios electorales en la escala nacional. Es decir, con la reforma constitucional y con la complementaria legislación secundaria cuya expedición aquí se propone, la intención es extender el servicio civil de carrera en la rama electoral al nivel local, en donde, al día de hoy, se ha detectado gran variación en cuanto a la eficiencia en sus resultados y a su grado de independencia del poder político.

Como puede advertirse, la intención del legislador al aprobar la nacionalización de la función electoral en 2014, fue la de replicar la experiencia federal en las entidades federativas reconociendo la valía del servicio profesional electoral y su exitosa labor en los comicios federales. En ese sentido, se pensó en la creación de un servicio profesional electoral nacional para generar condiciones de autonomía y profesionalización también en los OPLES.

En ese contexto, resulta en un contrasentido a la reforma legal y constitucional la restricción para los miembros del servicio profesional electoral nacional el que no se les permita participar en los procesos de designación de consejeros de los OPLES, pues la reforma lo que buscaba era justamente que la experiencia y conocimiento de este cuerpo de profesionales se replicara en los OPLES, por ello es que se considera que una forma para cumplir con ese propósito es que éstos puedan participar en los procesos de selección para integrar el máximo órgano de dirección de los OPLES y desde una posición de dirección puedan aportar a la independencia, autonomía y profesionalización del OPLE.

Así, esta autoridad considera que además de que, en el caso de los OPLES, la restricción impugnada no tiene un objetivo legítimo sustentado constitucionalmente, es contraria a los postulados de la reforma electoral de dos mil catorce, por tanto, debe concederse la razón a los actores y decretarse la inaplicación al caso concreto del inciso k), párrafo 2, del artículo 100 de la Ley Electoral.

En efecto, como se vio, la restricción en estudio no cumplió con el primero de los parámetros del test aplicado pues no tiene un fin legítimo sustentado constitucionalmente por lo que la restricción resulta desproporcionada y, por ende, inconstitucional y contraria a lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos.

Por cuanto hace al elemento temporal de la restricción –durante el último proceso electoral en la entidad– esta autoridad advierte que el mismo tampoco encuentra un objetivo legítimo y constitucional pues, como se dijo, resulta evidente que el haber participado durante el último proceso electoral en la entidad en la que se desea integrar el OPLE, lejos de constituir un obstáculo para la observancia de los principios constitucionales que deben regir la función electoral, constituye un elemento que, en principio, podría considerarse como experiencia y conocimiento de las instituciones y el marco jurídico aplicable en la entidad.

En consecuencia, respecto al agravio de los actores consistente en que ellos no actualizan el supuesto del requisito que se les aplicó porque el último proceso que se llevó a cabo en la Ciudad de México no reúne las características que definen un proceso electoral, esta autoridad jurisdiccional considera que resulta innecesario el estudio de dicho agravio pues, con independencia de que ya existe pronunciamiento de este Tribunal en el sentido de que el proceso electivo de los diputados de la Asamblea Constituyente sí reúne las características de un proceso electoral14, lo cierto es que los actores ya lograron su pretensión y, en ese sentido, no podrían obtener un mejor fallo.

14 Véanse las sentencias que recayeron a los expedientes SUP-RAP-71/2016, SDF-JDC-26/2016, SER-PSL-27/2016, SER-PSC-39/2016 y ser-psc-58/2016.

6. EFECTOS

Atendiendo a las consideraciones de la presente sentencia:

1. Se declara fundada la pretensión de los actores, y, por tanto, se revoca, en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo INE/CVOPL/001/2017 de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, que excluyó a los actores del proceso de designación de Consejeros Electorales Locales.

2. Como ya se agotó la etapa de exámenes del proceso de selección y designación, se ordena a la Comisión de Vinculación con los OPLES del INE, cite con oportunidad a los actores para que a la brevedad realicen los exámenes correspondientes, en términos de lo dispuesto en la Convocatoria y demás normativa aplicable.

3. Realizados los exámenes correspondientes, la Comisión de Vinculación con los OPLES del INE deberá determinar en libertad de atribución y de conformidad con lo previsto en la Convocatoria y la normativa aplicable, si los actores acceden a las siguientes etapas del proceso de selección para lo que deberá tomar las medidas conducentes.

7. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano SUP-JDC-250/2017 al diverso SUP-JDC-249/2017, en consecuencia, deberá agregarse una copia certificada de los puntos de acuerdo de esta resolución al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se revoca el Acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación para los efectos precisados en el Apartado 6 de la presente ejecutoria.

TERCERO. Se inaplica al caso concreto, el inciso k) párrafo 2 del artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CUARTO. Se ordena informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inaplicación decretada por esta Sala Superior, para los efectos constitucionalmente previstos.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación correspondiente a la responsable.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Rúbricas.