RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-24/2010.

ACTORA: TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA.

SECRETARIOS: ANDRÉS CARLOS VÁZQUEZ MURILLO Y ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA.

México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil diez.

VISTOS los autos del expediente al rubro citado, para resolver el recurso de apelación promovido por Televisión Azteca, S.A. de C.V., contra la resolución CG49/2010, de veinticuatro de febrero de dos mil diez, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el expediente SCG/PE/CG/019/2010, formado con motivo del procedimiento especial sancionador instaurado en contra de la actora, concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en Zacatecas.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado por la actora en su demanda y de las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes:

1. Aprobación del catálogo de estaciones. El veintiséis de octubre de dos mil nueve, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG552/2009 mediante el cual aprobó el Catálogo de Estaciones de Radio y Canales de Televisión que participarán en la cobertura de los procedimientos electorales locales con jornada electoral en dos mil diez.

2. Aprobación y notificación de las pautas. El veintiséis de noviembre de dos mil nueve, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo ACRT/072/2009 por le cual se aprueban el modelo de pauta y las pautas específicas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos durante el período de precampañas del proceso electoral ordinario 2010 del Estado de Zacatecas. El treinta siguiente la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo JGE107/2009, correspondiente los mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales federal y locales, durante los períodos de precampaña e intercampaña del proceso citado.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos integró ambas pautas de transmisión en un solo documento, que notificó el treinta de noviembre a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en Zacatecas, mediante oficio DEPPP/STCRT/12778/2009.

3. Procedimiento Especial Sancionador. El dieciséis de febrero de dos mil diez, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General, las probables irregularidades cometidas por Televisión Azteca, S.A. de C.V., por la omisión de transmitir mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, en el procedimiento electoral del Estado de Zacatecas.

El diecisiete siguiente, el Secretario del Consejo General inició el procedimiento especial sancionador contra Televisión Azteca, S.A. de C.V., determinó emplazarla al mismo y citarla para comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el veintidós de febrero, a la cual la actora compareció por escrito.

II Resolución impugnada. El veinticuatro siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió el citado procedimiento especial sancionador, en el sentido de tener por acreditada la omisión imputada a la televisora, consistente en la falta de transmisión de dos mil doscientos veinte promocionales, repartidos de la siguiente forma:

Por tanto, le impuso las siguientes multas:

1.      Por el canal XHKC-TV canal 12, en el Estado de Zacatecas, una sanción consistente en una multa de ciento cuarenta mil novecientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,096,114.00 (Ocho millones noventa y seis mil ciento catorce pesos 00/100 M.N.).

2.      Por el canal XHIV-TV canal 5, en el Estado de Zacatecas, una sanción consistente en una multa de ciento treinta y nueve mil novecientos sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,042,101.6 (Ocho millones cuarenta y dos mil ciento un pesos 6/100 M.N.).

3.      Por el canal XHLVZ-TV canal 10, en el Estado de Zacatecas, una sanción consistente en una multa de ciento treinta y nueve mil quinientos ochenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,020,266.8 (Ocho millones veinte mil doscientos sesenta y seis pesos 8/100 M.N.)

Asimismo, le ordenó reponer los promocionales de autoridades electorales y partidos políticos conforme a las pautas aprobadas.

Dicha resolución fue notificada a la actora el primero de marzo de dos mil diez.

III. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior determinación, el cinco de marzo, Televisión Azteca, S.A. de C.V., por conducto de su representante, interpuso recurso de apelación. El escrito impugnativo se presentó ante el Instituto Federal Electoral, el cual lo tramitó y en su oportunidad lo remitió a esta Sala Superior.

IV. Recepción y Turno. Mediante acuerdo de la Magistrada Presidenta de doce de marzo de dos mil diez, se tuvo por recibido el recurso, se ordenó integrar el expediente y lo turnó su ponencia, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad se dictó el acuerdo por el cual se admitió a trámite el recurso de apelación, así como las pruebas ofrecidas por la actora, consistentes en la copia certificada de la demanda y auto de admisión promovido en contra de la aprobación de las pautas de transmisión, así como la resolución CG98/210, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el Procedimiento Especial Sancionador SCG/PE/CG025/2010. Una vez sustanciado por sus fases legales, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, base VI, y 99 párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso g), y fracción V, y 189, fracción I, inciso c), y fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4, 42, y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación por virtud del cual se controvierte la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral dentro de un procedimiento especial sancionador en la cual se sancionó a una persona moral.

SEGUNDO. Procedibilidad del recurso de apelación. Se cumplen los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 9° párrafo 1, 42, y 45 párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en conformidad con lo siguiente:

a) Forma. Se cumple los requisitos formales previstos en el artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque el escrito de impugnación se presentó ante la autoridad responsable y contiene: el señalamiento del nombre del recurrente, el del domicilio para recibir notificaciones, la identificación de la resolución impugnada y de la autoridad responsable, la mención de los hechos, los agravios que el recurrente dice le causa la resolución recurrida, el asentamiento del nombre y la firma autógrafa del impugnante, e indica la calidad que ostenta el promovente.

En cuanto a la presentación del recurso, de la constancia respectiva se deduce, que el escrito se presentó a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, órgano encargado de recibir los medios impugnativos contra actos o resoluciones del Consejo General del propio instituto, en conformidad con los artículos 120 apartado 1, inciso f) y 125 apartado 1, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Oportunidad. El recurso de apelación debe considerarse interpuesto en tiempo. Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la ley de medios citada, el plazo para interponer un medio impugnativo es de cuatro días, contados a partir del siguiente al en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado o de aquel en que se haga la notificación respectiva.

En la especie, la resolución CG49/2010 impugnada se notificó el primero de marzo de dos mil diez; entonces, el plazo de cuatro días de que disponía el inconforme para interponer la apelación transcurrió del dos al cinco de marzo, el último día del plazo se presentó la demanda, por lo que recurso se interpuso oportunamente.

c) Legitimación. El presente recurso de apelación fue interpuesto por Televisión Azteca, S.A. de C.V., sancionada en la determinación apelada. Por ello, está legitimada para interponer el presente medio de impugnación, con base en lo previsto por el artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Interés jurídico. Se satisface este requisito porque el impugnante hace valer el recurso de apelación con la finalidad de combatir la resolución emitida por la autoridad administrativa electoral federal, en la cual se le impusieron diversas multas que afectan su esfera jurídica; además, la presente vía es la idónea y útil para reparar los pretendidos agravios, en caso de determinarse la ilegalidad de la decisión mencionada. Elementos que, precisamente en su relación justifican la existencia del interés jurídico de la inconforme.

e) Personería. El medio de impugnación fue promovido por representante con personería suficiente para hacerlo, toda vez que el promovente José Luis Zambrano Porras tiene la calidad de representante legal de la mencionada agrupación, carácter que le reconoce expresamente la autoridad responsable.

Consecuentemente, en términos del artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se le reconoce la personería con la cual promueve.

f) Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad porque el recurso de apelación es interpuesto en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la cual no está prevista en la ley, la procedencia de un diverso medio de defensa por virtud del cual se pueda revocar, anular o modificar.

TERCERO. Resolución impugnada. La resolución impugnada en la parte conducente, es del tenor siguiente:

QUINTO.- Que una vez sentado lo anterior corresponde conocer del fondo del presente asunto, el cual se constriñe a determinar si Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, incurrió en alguna transgresión a la normatividad electoral, derivado de que, sin causa justificada, dejó de transmitir en el horario de 6:00 a 24:00 horas, los mensajes pautados para la autoridad electoral y los partidos políticos, en el actual proceso electoral local en el estado de Zacatecas, dentro del período de precampañas, particularmente durante el día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, conforme a las pautas aprobadas por este Instituto, lo que en la especie podría contravenir lo dispuesto en los artículos 74, párrafo 3 y 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Una vez que se ha fijado la litis, este órgano resolutor estima conveniente precisar que la presente determinación habrá de constreñirse a establecer la existencia de las presuntas irregularidades dentro de los períodos mencionados, y de ser procedente, el establecimiento de la sanción correspondiente, quedando vigente la facultad de revisión y verificación de esta autoridad electoral para ejercerla en los períodos no comprendidos en las vistas materia del presente procedimiento, así como en su caso, desprender la comisión de otra irregularidad diversa a la que fue denunciada mediante las denuncias en cuestión.

EXISTENCIA DE LOS HECHOS

Ahora bien, por cuestión de método, y para la mejor comprensión del presente asunto, esta autoridad electoral federal estima pertinente verificar la existencia de los hechos materia de las denuncias formuladas por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, relativa a la presunta conducta omisa por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionario de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, para lo cual resulta necesario valorar el acervo probatorio que obra en el presente sumario, toda vez que a partir de esa determinación, este órgano resolutor se encontrará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento respecto de su legalidad o ilegalidad.

En tal virtud, resulta atinente precisar que con el objeto de acreditar sus afirmaciones y dar sustento a sus denuncias, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, aportó un listado de los incumplimientos de promocionales detectados en las transmisiones de Televisión Azteca, S.A. de C.V. correspondientes al período comprendido del día veintidós de enero al primero de agosto de dos mil diez, acompañando al efecto el soporte técnico que da sustento a dichas afirmaciones,

En este tenor, corresponde a este órgano resolutor valorar las pruebas aportadas por esta autoridad electoral y las aportadas por Televisión Azteca S.A. de C.V., a efecto de determinar la existencia o no de la irregularidad que se atribuye a la concesionaria denunciada.

PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL

DOCUMENTALES PÚBLICAS

         Copia certificada del acuse de recibo del oficio SE/713/2009, signado por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en el cual solicita a la Lic. Irma Pía González Luna, Subsecretaria de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, informe si las emisoras concesionadas a Televisión Azteca, S.A. de C.V. retransmiten sin alteraciones las señales de los canales de televisión XHIMT-TV Canal 7 y XHDF-TV Canal 13.

         Copia certificada del oficio DG/3708/09, de fecha veintisiete de marzo del dos mil nueve, signado por el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, en el que da respuesta al oficio SE/713/2009, y se acredita la capacidad para emitir señales independientes por parte de los canales concesionados a Televisión Azteca, S.A. de C.V.

         Copia certificada del oficio DEPPP/STCRT/12778/2009, mediante el cual se notificó las pautas de transmisión de los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales a Televisión Azteca, S.A. de C.V. para el Estado de Zacatecas para el período de precampañas locales.

         Copia certificada del Acta de Notificación y oficio STCRT/0816/2010, de fecha diez de febrero de dos mil diez, mediante los cuales se le solicita al representante legal de Televisión Azteca rinda un informe en el que señale si se realizaron o no las transmisiones de las pautas ordenadas por este Instituto.

         Copia certificada del oficio DEPPP/STCRT/950/2010 mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos convocó a Televisión Azteca, S.A. de C.V. para hacer uso de su derecho de petición.

         Documental pública consistente en el listado de incumplimientos detectados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en ejercicio de sus funciones, correspondientes a las transmisiones de Televisión Azteca, S.A. de C.V. concesionaria de XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en el estado de Zacatecas, que en resumen arrojó un incumplimiento de dos mil doscientos veinte promocionales correspondientes a los partidos políticos y mensajes de las autoridades electorales, que debieron ser transmitidos durante el período comprendido entre el veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, que en síntesis se reproducen el siguiente cuadro

Al respecto, la autoridad de conocimiento estima que los elementos probatorios antes enlistados tienen el carácter de documentos públicos cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en ellos se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral) legítimamente facultada para realizar la verificación de pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, en ejercicio de sus funciones, a través del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM), por lo que en el presente caos se cuenta con testigos de grabación para ser consultados, con lo que se acreditan las omisiones detectadas por dicha autoridad, es decir, que no se cumplieron con las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a), y 359, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 34, párrafo 1, inciso a); 35, párrafo 1, incisos a) y b); 38, párrafo 1, y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

De las documentales antes referidas se obtiene lo siguiente:

         Que el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, requirió a la Subsecretaria de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que le informara si las emisoras concesionadas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., en el interior de la república, retransmiten sin alteraciones las señales de los canales de televisión XHIMT-TV canal 7 y XHDF-TV canal 13.

         Que las emisoras al ser concesionarios que cuentan con sus propios títulos de concesión, tienen obligaciones de divulgación gubernamental individuales frente al estado, así como libertad programática.

         Que los monitoreos que realiza la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación son de carácter intinerante y muestral a efecto de verificar el cumplimiento de las transmisiones de los materiales del Ejecutivo Federal.

         Que respecto a las transmisiones de los canales XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en el estado de Zacatecas, de los monitoreos muestrales que realiza la citada Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobernación, sí existe difusión de bloques informativos y cortes publicitarios de carácter local.

         Que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, notificó a la persona moral Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en el estado de Zacatecas, las pautas correspondientes a las emisoras aludidas.

         Que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, requirió a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en el estado de Zacatecas, a efecto de que rindiera un informe en el que especificara si había realizado las transmisiones que en el mismo se detallaban o, que en su caso, manifestara las razones que justificaran el no haberlo hecho conforme a las pautas de transmisión que le fueron previamente notificadas.

         Que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto convocó a la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V. a efecto de sostener conversaciones respecto a los supuestos problemas técnicos para ejecutar las pautas de RTC y del Instituto Federal Electoral.

         Que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto otorgó una prórroga a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en el estado de Zacatecas, para que diera cumplimiento al oficio SCRT/0816/2010.

         Que se detectaron diversas omisiones de la persona moral Televisión Azteca, S.A. de C.V., XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5 en el estado de Zacatecas, de transmitir algunos de los promocionales ordenados por el Instituto Federal Electoral durante el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez.

PRUEBAS TÉCNICAS

         Treinta y cinco discos compactos que contienen testigos de grabación de la verificación ordenada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, por el período comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez.

De esa forma, debe decirse que el resultado de la verificación realizada a las transmisiones de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, y los testigos de grabación obtenidos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, fueron realizados atendiendo las especificaciones técnicas y de calidad exigida por el Instituto Federal Electoral, con lo que se acredita el incumplimiento en que incurrió la denunciada.

En tal virtud, se acredita que Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, incumplió con su obligación de transmitir en el horario de 6:00 a 24:00 horas conforme a la pauta aprobada por este Instituto, los mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales federal y locales, durante el período de precampañas, particularmente los días del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez que se lleva a cabo en el estado de Zacatecas en el proceso electoral local 2010.

Al respecto, debe decirse que el monitoreo de medios de comunicación es el conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios y programas objeto del monitoreo.

En cuanto procedimientos técnicos que permiten medir la cantidad y calidad de los mensajes publicados en medios de comunicación, los monitoreos han sido introducidos en el ámbito electoral como una herramienta para auxiliar y coadyuvar en las funciones al control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos (y actualmente también de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión), encomendadas a las autoridades electorales.

Dicha metodología permite a esta autoridad contar con elementos suficientes y adecuados para determinar clara y contundentemente, las frecuencias de difusión de los promocionales y los lugares en los cuales fueron vistos en territorio nacional, por lo que a los monitoreos se les otorga valor probatorio pleno para tener por acreditado el incumplimiento de las transmisiones de la pauta ordenada por esta autoridad conforme a lo indicado en la vista de referencia.

Para mayor claridad de lo anteriormente expresado, resulta conveniente transcribir la parte medular del criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-179/2005 y su acumulado SUP-JRC-180/2005.

“El monitoreo de medios de comunicación es el conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, etcétera, objeto del monitoreo.

En cuanto procedimientos técnicos que permiten medir la cantidad y calidad de los mensajes publicados en medios de comunicación, los monitoreos han sido introducidos en el ámbito electoral como una herramienta para auxiliar y coadyuvar en las funciones al control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales.

En conformidad con el artículo 11, undécimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México tiene a su cargo, entre otras actividades, las relativas a la fiscalización del financiamiento público y gastos de los partidos políticos.

En el ejercicio de esta actividad el Consejo General del citado instituto se apoya de las comisiones de Fiscalización y de Radiodifusión y Propaganda.

En términos de lo establecido en los artículos 61 y 62 del código electoral local, la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México es el órgano técnico electoral encargado de la revisión de los informes sobre el origen y aplicación de los recursos, que rindan los partidos políticos; para lo cual, cuenta con las atribuciones siguientes: 1) Elaborar lineamientos técnicos (que serán aprobados por el Consejo General) sobre cómo presentar los informes y cómo llevar el registro de los ingresos y egresos, así como la documentación comprobatoria; 2) Previo acuerdo del Consejo General, realizar auditorías (entre ellas de los fondos, fideicomisos y sus rendimientos financieros que tengan los partidos políticos); 3) Revisar y emitir dictámenes respecto de las auditorías practicadas por los partidos políticos, y 4) Las demás que establezca el propio código electoral o las que establezca el Consejo General.

Por su parte, la Comisión de Radiodifusión y Propaganda del multicitado instituto tiene a su cargo, entre otras funciones, acorde con lo dispuesto por los artículos 66 y 162 del código referido, la realización de: 1) monitoreos cuantitativos y cualitativos de medios de comunicación electrónicos e impresos durante el período de campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido políticos y 2) monitoreos de la propaganda de partidos políticos colocados en bardas, anuncios espectaculares, postes, unidades de servicio público, y todo tipo de equipamiento utilizado para difundir mensajes, los cuales en la práctica son conocidos comúnmente como medios alternos.

Estos monitoreos, acorde con lo establecido en el numeral 162 citado tienen como finalidades: a) garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; b) medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y c) apoyar la fiscalización de los partidos para prevenir que se rebasen los topes de campaña. […]

Acorde con lo dispuesto en los artículos 335, 336, y 337, párrafo primero, fracción II del Código Electoral del Estado de México, los monitoreos referidos sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.”

En este contexto, debe decirse que los monitoreos de mérito constituyen una documental pública, en términos de lo previsto en los artículos 358, párrafos 1 y 3, inciso a), y 359, párrafo 2 del código federal electoral, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignados.

DOCUMENTALES PRIVADAS

         Copia certificada del escrito de fecha veinticinco de septiembre de dos mil ocho, signado por el Lic. Francisco Xavier Hinojosa Linage, representante legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V., en el que manifiesta la forma de operación de las concesiones otorgadas a su representada, en la que se acredita que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene capacidad de bloquear las señales que recibe vía satélite y emitir nuevas señales a su vez en los canales que le han sido concesionados.

         Copia certificada del escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho, signado por el Lic. José Guadalupe Botello Meza, representante legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V., en el que manifiesta ser concesionaria de 178 canales de televisión, con la que se acredita el número de concesiones y el distintivo correspondiente a cada una de ellas, que opera Televisión Azteca, S.A. de C.V. y entre las que se encuentran las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas.

         Copia certificada del escrito de fecha once de febrero de dos mil diez, presentado por Félix Vidal Mena Tamayo, quien se ostenta como apoderado legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V., en el cual solicita se le otorgue una prórroga para contestar el oficio STCRT/0816/2010.

         Copia certificada del escrito de fecha doce de febrero de dos mil diez, presentado por Félix Vidal Mena Tamayo, quien se ostenta como apoderado legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V., en el cual rinde el informe requerido mediante el oficio STCRT/0816/2010.

         Copia certificada del escrito de fecha doce de febrero presentado por el representante legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V. en el que solicita ciertas precisiones acerca de la plática con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y el formato a seguir de dicha reunión.

Al respecto, las certificaciones en cuestión tienen el carácter de documentos públicos cuyo valor probatorio es pleno respecto de la existencia de los escritos en cuestión, debiendo precisar que en atención a que sólo dan fe de su contenido, su alcance sólo permite desprender a esta autoridad que Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, se limitó a referir genéricamente que Televisión Azteca solo puede bloquear ciertos horarios, en determinados canales o estaciones en donde se cuenta con la infraestructura técnica y humana y que eso constituye una excepción a su régimen de operación, que es concesionaria de ciento setenta y ocho canales de televisión distribuidos en todo el país, sin embargo, no aportó algún dato o elemento de convicción tendente a demostrar que cumplió con los promocionales de los partidos políticos y de las autoridades conforme a la pauta que le fue debidamente notificada por esta autoridad, o bien que justificara su incumplimiento.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, párrafo 1, inciso a); 35, párrafo 1, incisos a) y b), y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

De las documentales mencionadas se obtiene lo siguiente:

         Que Televisión Azteca, S.A. de C.V. señaló que su forma de operación era a través de un sistema de red nacional y que tiene la capacidad de bloquear las señales que recibe vía satélite y transmitir una señal diferenciada a la originada únicamente en los canales concesionados donde cuenta con la infraestructura técnica y humana para lograrlo.

         Que dicha empresa refiere que se encuentra imposibilitada material, técnica y jurídicamente para transmitir las pautas que le envía ese Instituto para las estaciones repetidoras que se ubican en entidades federativas con procesos electorales locales, debido a la estructura de funcionamiento de sus redes nacionales.

         Que Televisión Azteca, S.A. de C.V. es concesionaria de 178 canales de televisión distribuidos a lo largo del país, que conforman dos redes nacionales de televisión con cobertura en el territorio nacional, cuya programación se genera en los estudios ubicados en el Distrito Federal, señal que contiene las redes de los canales de televisión denominadas “Azteca 7” y “Azteca 13” que es distribuida vía satélite a todas las repetidoras ubicadas en la República Mexicana.

         Que genera en exclusiva la programación de las redes nacionales “Azteca 7” y “Azteca 13” y Canal 2 de Chihuahua, por lo que no transmite programación de otras emisoras o de otros concesionarios.

         Que dicha empresa televisiva solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral una prórroga para dar contestación al requerimiento de información realizado por dicha autoridad mediante oficio STCRT/0816/2010.

         Que mediante escrito de fecha doce de febrero del año en curso, el Representante Legal de la personal moral referida, desahogó el requerimiento de información formulado por esta autoridad señalado lo siguiente:

         Que la forma de operación de las estaciones concesionadas a Televisión Azteca, S.A. de C.V. es en forma de redes nacionales. con excepción del canal 2 de Chihuahua, forma de operación que tiene más de veinticinco años, por lo que sus instalaciones, equipo, ubicación y características técnicas se han ido conformando poco a poco a través de los años, haciendo inversiones millonarias con planificación anual para la adquisición de inmuebles, equipo de software y contratación de personal especializado.

         Que Televisión Azteca, S.A. de C.V. es una empresa concesionaria de las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, las cuales se enlazan en dos redes nacionales televisivas que detentan las concesiones respectivas.

         Que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene un total de 178 canales de televisión otorgados en concesión por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

         Que del análisis del cumplimiento de las pautas aprobadas por este Instituto, debe tomarse en cuenta que se trata de redes nacionales de canales y no de canales individualmente considerados.

         Que la estructura programática de las redes 7 y 13 es elaborada, para toda la República Mexicana, en el lugar donde se origina la señal, esto es, en el Distrito Federal, es la misma que se recibe vía satélite y se transmite en todo el territorio nacional a través de las estaciones repetidoras que conforman las dos redes de canales en todo el país, en los términos autorizados en los respectivos títulos de concesión y de acuerdo a las características técnicas registradas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

         Que cada una de las dos redes nacionales referidas, cuenta con transmisores independientes (de acuerdo a la frecuencia concesionada) para cada estación de televisión, pero repiten la misma señal con origen en el Distrito Federal.

         Que Televisión Azteca, S.A. de C.V., no explota la concesión de los canales o estaciones repetidoras para generar señales independientes, pues las mismas únicamente son utilizadas como medio para hacer llegar una señal nacional a todo el país.

         Que atento a su infraestructura operativa a través de sus redes de canales, se cumple con la obligación respecto al uso de cada uno de los canales de televisión que tiene asignados, y al de prestar un servicio de televisión abierta, sin tener obligación legal alguna para modificar su forma de operación de acuerdo a los títulos de concesión.

         Que la concesionaria referida puede bloquear ciertos horarios y en determinados canales o estaciones repetidoras, sólo en donde cuenta con la infraestructura técnica y humana para lograrlo, pero siempre sincronizadas desde el centro del país con el propósito de optimizar la explotación de las redes concesionadas.

         Que este Instituto establece pautas de transmisión con mensajes diferenciados para sus emisoras locales o estaciones repetidoras de cada uno de los estados en que se están llevando a cabo procesos electorales (48 minutos diarios), sin embargo dicha concesionaria cumple con su obligación de transmitir el tiempo de Estado en sus Redes de Canales concesionados, toda vez que otorga los 48 minutos a nivel nacional a través de la transmisión de los mismos en todas las entidades federativas, estén o no en proceso electoral.

         Que la forma de pautar de esta institución a nivel local representa un exceso del total del tiempo que corresponde al Estado.

         Que Televisión Azteca está imposibilitada material, técnica y jurídicamente para transmitir las pautas que le envía este Instituto para las estaciones repetidoras que se ubican en entidades federativas con procesos electorales locales, debido a la estructura de funcionamiento de sus Redes Nacionales.

         Que las pautas que se enviaron para las estaciones de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, todas son similares ente sí, pero diferentes a las de las estaciones XHIMT-TV Canal 7 y XHDF-TV Canal 13 del Distrito Federal.

         Que esta autoridad necesariamente debe tomar en cuenta la forma en que Televisión Azteca, S.A. de C.V. opera, esto es, mediante dos redes de canales repetidores de televisión cuya señal de origen son las estaciones XHIMT-TV Canal 7 y XHDF-TV Canal 13 del Distrito Federal.

         Que no se estaba solicitando un cambio de pauta, sino que se recordaba a la autoridad que al operar la concesionaria las redes nacionales de canales de televisión XHIMT-TV canal 7 y XHDF-TV canal 13, las repetidoras de éstas deben tener las mismas pautas que su señal de origen.

         Que las resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aludidas en el escrito de mérito revelaban que las reformas electorales no modificaron en forma alguna las condiciones de los títulos de concesión otorgados a la denunciada, que dicha operación se continúa haciendo en forma de redes nacionales como en la fecha en que se registraron las características técnicas de las estaciones, pues sus concesiones, documentos técnicos y programáticos, así como su infraestructura están diseñadas para operar de esta forma.

         Que son diversas las limitaciones que tiene en cuanto a la capacidad e infraestructura técnica para realizar los bloqueos de las señales que se emiten en las estaciones repetidoras que opera.

         Que la infraestructura, programación y continuidad programática de la empresa denunciada están diseñadas para su tipo de operación (red nacional), conforme a los títulos de concesión y a los registros técnicos de cada estación ante la COFETEL.

         Que los bloqueos son una excepción a la forma de operación en red de los canales de televisión, no una regla. Pues es un derecho que les otorga el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y que tal aseveración encuentra sustento en una resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

         Que para poder bloquear los promocionales de RTC y del Instituto Federal Electoral (nacionales) para transmitir promocionales de partidos políticos y autoridades electorales se tendrían que tener entre otras circunstancias que la estación repetidora cuente con sistema de bloqueo.

         Que en las entidades federativas con diferentes horarios al del centro no se puede cumplir con las pautas del Instituto, ya que hay entidades con horarios desfasados con el horario del centro en una y dos horas, por lo que los promocionales transmitidos en la franja horaria de 6:00 a 7:00 horas tiempo del centro, corresponde a las franjas horarias de 5:00 a 6:00 horas del tiempo de la Montaña y de 4:00 a 5:00 horas del tiempo del Pacífico.

         Que el orden jurídico establece por naturaleza propia, disposiciones de carácter general sin prever aspectos concretos relacionados con situaciones particulares, es decir, ante situaciones que se encuentren al margen de lo que acontece comúnmente debe darse a la norma la interpretación que corresponda acorde a la situación de que se trate.

         Que lo ordinario es que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión tengan la concesión por cada canal de televisión y que dicha estación sea operada sin estar encadenada a otra estación; el caso de Televisión Azteca, S.A. de C.V. es diferente (constituye una excepción), ya que la concesión de los canales que opera le fue otorgada para conformar redes de canales, es decir, la concesión de los canales no se encuentra otorgada en forma independiente. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones debe considerarse sólo respecto de las dos redes de canales: 7 y 13. Lo anterior con apoyo en la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro: “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.”

         Que la denunciada expresa diversos argumentos con base en los cuales pretende acreditar que las emisoras que tiene concesionadas, específicamente las identificadas con los distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, se encuentran imposibilitadas técnicamente para transmitir los promocionales que la autoridad electoral, a través de las pautas previamente notificadas, le ha ordenado transmitir, dado que las pautas elaboradas por este Instituto no son compatibles con su forma de operación. Razón por la cual no tiene obligación de difundir los promocionales aludidos.

         Que en diversas ocasiones con motivo de la transmisión de eventos especiales dio aviso a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral de que los cortes en estas transmisiones serían escasos, en virtud de la naturaleza de los programas a transmitir. Asimismo, arguyó que con el fin de no afectar la transmisión de los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales propuso horarios de transmisión en compensación a los horarios que no sería posible transmitir por la continuidad del evento, y dado que respecto a esos avisos este Instituto no objetó ni descalificó el modo de operación que en forma de Redes Nacionales de Canales hace la denunciada, ni mucho menos notificó una pauta para cada una de sus 179 estaciones concesionadas debe entenderse que esta institución concedió sus peticiones.

         Que, sustentándose en el caso de RADIOUNAM, indica que debido a que su concesión trae consigo una forma de operación excepcional requiere que se le emitan criterios especiales para que las pautas que se le notifican sean compatibles, así como que se le debe conceder derecho de audiencia para exponer de forma extensiva sus argumentos.

         Que conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción III de la Constitución Federal, en el sentido que a nivel estatal, las constituciones y las leyes electorales deben garantizar que los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, en los términos previstos por la Carta Magna, genera un conflicto de normas entre la propia Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que la aplicación directa del precitado artículo constitucional podría conculcar otro derecho de igual rango normativo, como lo es el derecho de explotación de las concesiones, por lo que la autoridad debe realizar una interpretación armónica de ambos preceptos, a efecto de que con la aplicación del primero no se vea menoscabado el derecho de explotación que tiene la empresa respecto de las concesiones en cuestión, mismo que es de igual jerarquía normativa que la prerrogativa contemplada en el artículo 41 constitucional citado.

         Que en virtud de que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y el mismo Instituto Federal Electoral utilizan el tiempo de Estado y el Tiempo fiscal en las redes nacionales de Televisión 7 y 13, el Estado Mexicano ya está recibiendo las contribuciones derivadas de estos conceptos, por lo que cobrar nuevamente las contribuciones aludidas genera una doble contribución en perjuicio de su representada generando con ello además de una situación ilegal una confiscación de bienes sin que se tenga facultad para ello y sin que exista razón para hacerlo porque el contribuyente ya ha pagado sus obligaciones oportunamente.

         Agregándose a dicho documento los anexos que a continuación se enumeran:

         Cabe señalar que del análisis al oficio de contestación antes referido se advierte que el Representante Legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V. únicamente se limitó a referir diversos argumentos con base en los cuales pretende acreditar que las emisoras que tiene concesionadas, específicamente las identificadas con los distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas se encuentran imposibilitadas técnicamente para transmitir los promocionales que la autoridad electoral, le ha ordenado transmitir, razón por la cual no tiene obligación de difundir los promocionales aludidos, dado que las pautas elaboradas por este Instituto no son compatibles con su forma de operación; sin embargo, no aportó algún dato o elemento de convicción tendente a demostrar que cumplió con la transmisión de los promocionales de los partidos políticos y de las autoridades conforme a las pautas que fueron debidamente notificadas por esta autoridad correspondientes a sus emisoras en el estado de Zacateca, o bien que justificara su incumplimiento.

PRUEBAS APORTADAS POR TELEVISIÓN AZTECA, S.A DE C.V.

         El representante legal de Televisión Azteca S.A. de C.V. solicitó que se agregara a los autos del presente expediente las constancias que aportó en los autos del procedimiento identificado con la clave SCG/PE/CG/225/2009 y sus acumulados SCG/PE/CG/236/2009 y SCG/PE/PRD/CG/248/2009, en específico, el instrumento notarial número cuarenta y ocho mil doscientos ochenta, pasado ante la fe del Notario Público Lic. Carlos Antonio Morales Montes de Oca, titular de la Notaria 227 del Distrito Federal, a efecto de acreditar la personería con que se ostenta.

De conformidad con el contenido del acervo probatorio antes reseñado, adminiculado con las manifestaciones vertidas en sus diversos escritos por las partes, consistentes en la vista formulada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto y los diversos escritos de fechas veinticinco de septiembre, cinco de noviembre de dos mil ocho; once y doce de febrero de dos mil diez, a través de los cuales el denunciado dio contestación a los requerimientos formulados por dicha dirección ejecutiva, así como a las que fueron producidas durante la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día veintidós de febrero del presente año, se obtienen, en lo que interesa a la litis del presente asunto, las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

1.- Se encuentra acreditado que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral notificó y remitió a Televisión Azteca, S.A. de C.V. concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, el contenido de las pautas para la transmisión de los promocionales correspondientes a los partidos políticos y mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales federal y locales, durante los períodos de precampañas e intercampañas que se llevaron a cabo en el estado de Zacatecas en el proceso electoral local 2010.

2.- De igual forma, se encuentra acreditado que en el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, Televisión Azteca, S.A. de CV., concesionaria de la emisora con distintivo XHKC-TV canal 12, no transmitió los siguientes promocionales pautados:

         Dos del PRI

         Uno del PVEM

         Uno NA

         Setecientos cuarenta de AUTORIDAD ELECTORAL

3.- Así también se acreditó que en el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, no transmitió los siguientes promocionales pautados:

         Dos del PRI

         Uno del PAN

         Uno de CONVERGENCIA

         Dos del PT

         Uno NA

         Setecientos treinta y dos de AUTORIDAD ELECTORAL

4.- En esta tesitura, se acreditó que en el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHLVZ-TV canal 10, en el estado de Zacatecas, no transmitió los siguientes promocionales pautados:

         Tres del PRI

         Uno de CONVERGENCIA

         Cuatro del PT

         Setecientos veintinueve de AUTORIDAD ELECTORAL

De manera sintética, se reproduce un cuadro que contiene un resumen de los incumplimientos en que incurrió Televisión Azteca, S.A de C.V. durante el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez.

Lo anterior acorde a lo consignado en las relaciones de los incumplimientos detectados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, los cuales se encuentran concatenados con los testigos de grabación aportados, mismos a los que se les ha concedido valor probatorio pleno, en virtud de ser documentales públicas emitidas por la autoridad competente para realizar la verificación de pautas de transmisión de los promocionales correspondientes a los partidos políticos y mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales federal y locales, durante los períodos de precampañas que actualmente se llevan a cabo en el estado de Zacatecas en el proceso electoral local 2010.

Asimismo, resulta atinente precisar que aun cuando Televisión Azteca S.A. de C.V. refiere que las pruebas técnicas a portadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos carecen de valor probatorio, toda vez que no especifican los elementos técnicos que se emplearon para su elaboración por lo que se le deja en estado de indefensión, esta autoridad estima que no le asiste la razón, toda vez que, tanto los testigos de grabación, como el monitoreo fueron realizados por el Instituto Federal Electoral a través de la Dirección en cuestión, atendiendo a los mecanismos y las técnicas especificas y de calidad, así como en la maquinaria y equipo exigidos por la ley.

Se hace énfasis en que el monitoreo en sí, consiste en cruzar la pauta elaborada previamente por esta autoridad electoral con la transmisión efectivamente realizada -por las diversas estaciones televisoras y radiodifusoras- y registrada con la tecnología referida en el párrafo que antecede, y cuya actividad es realizada directamente por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en ejercicio de las facultades que le impone la ley de la materia.

Además, los referidos testigos de grabación representan sólo una parte de la prueba documental pública de la que se inconforma en esta vía el representante de la denunciada, pues esos testigos de grabación se complementan con la relación del monitoreo efectuado por la referida Dirección Ejecutiva.

Por otra parte, el artículo 76, párrafos 6 y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

“Artículo 76.

(…)

6. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requieran para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión.

7. El Instituto dispondrá, en forma directa de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio y televisión.

(…)”

De la trascripción que se ha hecho de los párrafos 6 y 7 del artículo 76 del citado ordenamiento legal, se advierte que esta autoridad electoral administrativa cuenta con los elementos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales necesarios para ejercer sus facultades y atribuciones en la materia que nos ocupa, en el caso concreto para el monitoreo de los mensajes trasmitidos por las distintas radiodifusoras y televisoras con cobertura en las entidades federativas que conformar el territorio nacional.

En este sentido, como ha quedado determinado en los párrafos que preceden, es la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la que está facultada para realizar a través de su Sistema de Verificación los testigos de grabación que se desprendan de dicho monitoreo.

Una vez que se ha acreditado que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es la autoridad electoral federal facultada para llevar a cabo todo lo referente al monitoreo y además, cuenta con todos los elementos necesarios para realizar tal actividad, es patente, que lo alegado por el representante de la denunciada, en el sentido de que tales monitoreos carecen de valor probatorio resulta infundado.

Lo anterior es así ya que si las pruebas técnicas consistentes en los testigos de grabación del monitoreo, provienen de una autoridad facultada para realizarlos y que además cuentan con todos los elementos para ello, es posible concluir que los mismos tienen valor probatorio pleno, respecto de los hechos que en ellos se consignan, porque las mismas tienen el carácter de documento público, en virtud de haberse obtenido por parte de una autoridad legítimamente facultada para realizar la verificación de pautas de transmisión con motivo del proceso electoral que tuvo verificativo en el estado de Zacatecas, en ejercicio de sus atribuciones.

Por lo que hace al argumento del representante de la denunciada, respecto a que no se identifica a la persona que realiza los monitoreos, y por tanto, se desconoce si está facultada o no para realizar tal actividad, debe decirse que como se ha referido en múltiples ocasiones, el órgano encargado del monitoreo de la pauta de la transmisión de los promocionales de los partidos políticos, las autoridades electorales locales y federales y demás autoridades, es la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en ese sentido, debe entenderse que su actuación necesariamente se manifiesta a través de diversas personas físicas, por lo tanto, el hecho de quién realiza la actividad concreta de monitoreo de promocionales es intrascendente pues la facultad, por ley, está otorgada a la Dirección Ejecutiva mencionada.

En adición a lo anterior, conviene señalar que el monitoreo que se practicó para constatar las transmisiones ordenadas a Televisión Azteca, S.A de C.V. concesionaria de las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, cumple con los requisitos para ser considerado como una herramienta técnica que auxilia a esta autoridad electoral a verificar si los concesionarios de radio y televisión han cumplido con las pautas aprobadas.

En consecuencia, esta autoridad considera que las pruebas técnicas aludidas, adminiculadas con todos los demás elementos probatorios que obran en el expediente, hacen prueba plena respecto de los hechos que en ellos se consignan, por lo que los argumentos esgrimidos por la parte denunciada en el actual procedimiento, respecto del punto a que nos venimos refiriendo devienen infundados.

Ahora bien, los elementos de prueba aludidos acreditan que Televisión Azteca, S.A de C.V., omitió transmitir dos mil doscientos veinte mensajes de autoridades electorales y partidos políticos en las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, durante el período del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez.

Asimismo, cabe resaltar que esta autoridad no advierte que obren en autos elemento alguno a través del cual la denunciada desvirtúe su contenido, sino lo cierto es que tales omisiones que le fueron imputadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del Instituto Federal Electoral, fueron aceptadas por la denunciada, pues aduce diversos argumentos por los cuales no estaba obligada a transmitirlos, de modo que como este punto no lo controvierte, estos hechos no requieren de prueba alguna, en términos del artículo 15, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según la cual, entre otros, no son objetos de prueba los hechos que hayan sido reconocidos por las partes.

De lo anterior, se advierte el reconocimiento implícito de la televisora acerca de las irregularidades, lo cual coincide con lo imputado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

En este sentido, al tener la certeza, por las propias manifestaciones de la televisora, de que efectivamente la empresa incumplió con la obligación que se le imputan, por tanto, los argumentos hechos valer por la denunciada con el objeto de eximirse de responsabilidad resultan infundados.

En efecto, del análisis integral al contenido del monitoreo realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, se desprende que Televisión Azteca, S.A. de C.V. concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, dejó de transmitir, en el horario de 6:00 a 24:00 horas, dos mil doscientos veinte mensajes correspondientes a los partidos políticos y mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales federal y locales, durante el período de precampaña que se llevó a cabo en el estado de Zacatecas en el actual proceso electoral local 2010, particularmente en el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez.

Finalmente, debe decirse que el lapso en el que fueron omitidas las transmisiones de los promocionales de las campañas institucionales de las autoridades electorales federal y locales, y que fueron aprobadas por la autoridad correspondiente, fue del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, rango comprendido dentro del período de precampañas que se llevan a cabo en el estado de Zacatecas en el proceso electoral local 2010.

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

Que una vez sentado lo anterior corresponde conocer del fondo del presente asunto, el cual se constriñe a determinar si Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, incurrió en alguna transgresión a la normatividad electoral, derivado de que, sin causa justificada, dejó de transmitir en el horario de 6:00 a 24:00 horas, los mensajes pautados para la autoridad electoral y los partidos políticos, en el actual proceso electoral local en el estado de Zacatecas, dentro del período de precampañas, particularmente durante el día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, conforme a las pautas aprobadas por este Instituto, lo que en la especie podría contravenir lo dispuesto en los artículos 74, párrafo 3 y 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Que previo al estudio de fondo del asunto que nos ocupa, esta autoridad considera necesario dar contestación a los argumentos esgrimidos por el representante legal de la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V., al comparecer al presente procedimiento, las cuales tienen por objeto acreditar que la denunciada no está obligada a transmitir los promocionales pautados por el Instituto Federal Electoral en sus frecuencias XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, específicamente durante el período de precampañas, los cuales se sintetizan a continuación:

I.                   QUE EL ACUERDO CG552/2009, A TRAVÉS DEL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ORDENA LA PUBLICACIÓN EN DISTINTOS MEDIOS DE LOS CATÁLOGOS DE ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LA COBERTURA DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL DURANTE EL AÑO 2010, NO FUE NOTIFICADO A TELEVISIÓN AZTECA S.A. DE C.V., NI PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y QUE DICHA OMISIÓN TIENE COMO CONSECUENCIA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE DIVERSOS PROMOCIONALES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS, POR PARTE DE LA TELEVISORA ANTES REFERIDA, SE ENCUENTRA VICIADO DE ORIGEN Y NO PUEDA PRODUCIR EFECTO LEGAL ALGUNO.

Tales manifestaciones a consideración de esta autoridad, deben desestimarse tomando en cuenta lo siguiente:

En principio, resulta oportuno precisar que obran en los archivos de este Instituto constancia de que el acuerdo CG552/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobado en sesión ordinaria de fecha treinta de octubre del dos mil nueve, fue publicado en dos de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, así como en Diario Oficial del estado de Zacatecas, de conformidad con lo ordenado en su punto primero.

Al respecto, es un hecho público y notorio que se invoca en términos de lo dispuesto en el numeral 358, párrafo 1 del código electoral federal que dando debido cumplimiento a lo ordenado en el punto primero del acuerdo en cita, se publicó el día tres de diciembre del año próximo pasado en los diarios “Excélsior” y “El Universal”, los catálogos de estaciones de radio y canales de televisión, que participarán en la cobertura de los procesos electorales locales con jornada comicial durante el año dos mil diez.

Dichas publicaciones, se insertan para mejor proveer:

Asimismo, es de referir que atendiendo a lo ordenado por los puntos primero y tercero del acuerdo CG552/2009, el once de noviembre del dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial del estado de Zacatecas, el instrumento de referencia con el fin de publicitar los catálogos de estaciones de radio y canales de televisión, que participarán en la cobertura del proceso electoral local en la entidad federativa en cita.

A efecto de evidenciar lo anterior, se inserta la portada del periódico oficial del estado de Zacatecas, en el cual se indica la publicación del catálogo de estaciones de radio y televisión de referencia:

En ese orden de ideas, es de referir que es un hecho conocido por esta autoridad que en cumplimiento a lo ordenado por el punto cuarto del Acuerdo identificado como CG552/2009 el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de los procesos electorales locales con jornada comicial durante el año 2010, fue publicado en la página de Internet del Instituto Federal Electoral, a efecto de ser conocido y consultado por la ciudadanía en general.

En esa línea argumentativa, es de referir que los periódicos oficiales de los estados son de carácter permanente e interés público y tienen como objeto hacer del conocimiento general lo que en ellos se publica, a fin de que sean aplicados y observados debidamente las leyes, reglamentos, acuerdos o cualquier otro instrumento que sea de interés público y observancia general.

Por otra parte, es de señalarse que la denunciada en el presente procedimiento reconoce que el acuerdo CG552/2009 le fue hecho de su conocimiento de forma personal el día dos de febrero del presente año, por lo que en el caso también se cumplió con lo ordenado en el punto quinto del multicitado instrumento.

Con base en todo lo antes expuesto, debe considerarse que el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN EN DISTINTOS MEDIOS DE LOS CATÁLOGOS DE ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LA COBERTURA DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL DURANTE EL AÑO 2010”, tuvo la publicidad necesaria, con el objeto de que fuera conocido no sólo por los concesionarios de radio y televisión sino también por la ciudadanía en general.

A mayor abundamiento, esta autoridad considera que debe resaltarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación previstos en ella, deberán presentarse dentro de los cuatro días a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución que quiera impugnarse.

Bajo este contexto, y tomando en consideración que con fecha treinta de noviembre de dos mil nueve, a través del oficio DEPPP/STCRT/12778/2009, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notificó las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, es que está autoridad considera que la hoy denunciada estuvo en aptitud de conocer tanto el contenido del acuerdo CG552/2009, así como de la pauta respectiva; por ende, fue en ese momento que la misma debió haber promovido el recurso respectivo a efecto de inconformarse.

En razón de lo anterior, es en ese momento –el de la notificación de las pautas- en el que la concesionaria denunciada estuvo en posibilidad de impugnar tal situación ante la autoridad competente, hecho que en el caso no se encuentra acreditado.

Bajo esta tesitura, el hecho de que la denunciada no agotará el recurso correspondiente una vez que le fue notificada la pauta, respectiva, conduce a estimar que precluyó el plazo para inconformarse de la determinación emitida por la autoridad electoral, pues es menester contar con la vigencia de la titularidad del derecho que se estimaba conculcado, y ejercerlo con oportunidad, para con ello estar en posibilidad jurídica de reparar oportuna y adecuadamente las violaciones que se hayan cometido en el acto o resolución combatido.

Lo anterior, guarda relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-133/2009, el cual establece:

“No obstante, con independencia de que en el apartado siguiente se demostrará que no le asiste la razón a la televisora recurrente en tal sentido, el deber o la obligación que hasta ahora cuestiona, no le fue impuesto por el Consejo General en la resolución impugnada ni deriva de la misma, sino que se concretizó cuando el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral aprobó y le notificó en definitiva cada una de las pautas, en las que se incluyen los promocionales de los partidos políticos relativos los procesos electorales de Campeche, Nuevo León, San Luís Potosí y Sonora, el diecinueve de marzo a la primera, el nueve de marzo la segunda y tercera, y desde el trece de marzo la última.

Esto, porque en ese momento se especificó con todo detalle las obligaciones de la televisora de difundir sendas pautas para cada una de las frecuencias locales, lo cual incluso ha sido identificado por este Tribunal como el acto definitivo que culmina con el proceso complejo de asignación y distribución de tiempos de radio y televisión, susceptible por tanto de ser impugnado en forma destacada, sin que exista constancia en autos de que la televisora recurrente hubiera impugnado dicha situación, con lo cual aceptó y dejó firme tal determinación.

En suma, sólo la resolución última o final en el proceso de asignación y distribución del tiempo de radio y televisión a que tienen derecho los partidos, emitida por el Comité cumplirá con el principio de definitividad y será susceptible de impugnación, no así la que el recurrente cuestiona.

Además, el sentido de esta ejecutoria garantiza de mejor manera la definitividad de las etapas del proceso electoral y, con ello, el debido desarrollo del mismo, porque el criterio es tendente a garantizar el acceso efectivo y oportuno de los contendientes a sus prerrogativas, porque contribuye a la rapidez con que pueden definirse plena e integralmente todos los aspectos en torno a la misma.

Lo anterior, porque reduce las impugnaciones a un momento final, en lugar de dificultar y alagar el procedimiento para la definición del derecho de acceso a la radio y televisión con múltiples inconformidades en contra de cada etapa, con la consecuente afectación para las precampañas y campañas, que sólo extraordinariamente en el caso de las primeras pueden modificarse.

Asimismo, el sentido de esta determinación se sostiene, porque permitir la procedencia indiscriminada de recursos, contra cualquier acto o resolución, sobre todo, los emitidos dentro de un procedimiento sin que sean de imposible reparación, violaría el postulado constitucional de impartición de justicia pronta, acogido por el artículo 17 de la Constitución, que rige en todos los procedimientos incluidos los que se tramitan ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral.”

Amén de lo expuesto, es de resaltarse que la misma denunciada reconoce que le fue hecho de conocimiento el acuerdo identificado con la clave CG552/2009, el día dos de febrero del presente año; no obstante ello, es un hecho conocido para esta autoridad que no se inconformó del contenido del mismo, por lo que a la fecha el plazo legal para presentar el medio de impugnación respectivo, ha corrido en exceso, por lo que el mismo ha quedado firme y por ende, su contenido tiene fuerza vinculante respecto de los sujetos que en él se precisan.

Por lo anterior, es que esta autoridad estima que el multicitado instrumento debe entenderse como un acto consentido por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., por lo que es conforme a derecho declarar improcedentes las manifestaciones de dicha persona moral, toda vez que ella aceptó y dejó firme tal determinación.

II.                QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS ESTABA OBLIGADA A LLEVAR A CABO LAS CONSULTAS NECESARIAS CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DE ESTE INSTITUTO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE IMPIDAN LA TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES ELECTORALES, TAL Y COMO LO PREVÉ EL ACUERDO DE CONSEJO GENERAL NÚMERO CG552/2009; SIN EMBARGO DICHA DIRECCIÓN SE ABSTUVO DE HACERLO.

Respecto del presente punto de disenso, esta autoridad considera que la argumentación de la empresa denunciada es inoperante, toda vez que el origen de la misma careció de la debida causa de pedir, esto es, la empresa televisiva señala que el doce de febrero del dos mil diez, presentó un ocurso ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, donde expone las razones que la dificultan a dar debido cumplimiento a las pautas relativas al proceso electoral local del estado de Zacatecas, en razón de que no son compatibles con su forma de operación.

Al respecto, y con la finalidad de precisar si Televisión Azteca, S.A. de C.V. se encontraba en la posición de exponer las razones por las cuales no podía dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad electoral, es menester señalar lo que establece el acuerdo del Consejo General número CG552/2009:

“25. Que ante situaciones en las que se presenten elementos de carácter técnico que impidan la transmisión de los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales conforme a las pautas que se aprobarán por los órganos competentes del Instituto, los concesionarios y permisionarios listados en los catálogos que a través del presente Acuerdo se difunden deberán hacerlo del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual llevará a cabo las consultas necesarias con los integrantes del Comité de Radio y Televisión para resolver lo conducente en términos de información o ajustes que procedan. Lo mismo procederá en caso de que la autoridad competente otorgue nuevas concesiones o permisos o transfiera, modifique o extinga las obligaciones contenidas en los títulos de concesión o permisos existentes.”

De lo anteriormente transcrito, se advierte que las emisoras que no puedan transmitir los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales, conforme a las pautas debidamente notificadas por el Instituto Federal Electoral, a causa de elementos de carácter técnico, deberán de dar aviso a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que esta a su vez lleve las consultas necesarias con los integrantes del Comité de Radio y Televisión y se resuelva lo conducente en términos de información o ajustes que procedan.

Sin embargo, si bien es cierto que de las constancias que integran el expediente del presente procedimiento sancionador, se desprende la presentación del escrito de Televisión Azteca S.A. de C.V. ante la autoridad electoral, del mismo se advierte que se limitó a realizar de forma general una serie de argumentos con los cuáles pretendía acreditar ante la autoridad competente, las supuestas razones técnicas que le impedían cumplir con la transmisión de las pautas que le fueron debidamente notificadas, afirmando que se le obliga a realizar bloqueos y con ello modificar la forma de operación que se encuentra prevista en los títulos de concesión, obligándola a asumir los costos de operación; sin embargo, del documento en cita, no se advierte que el mismo se realice en términos de lo previsto en el acuerdo CG552/2009.

De igual forma, es preciso dejar establecido que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, no se encontraba obligada a llevar las supuestas consultas realizadas por la hoy denunciada, a los integrante del Comité de Radio y Televisión, en virtud de que de su simple lectura se advierte que únicamente constituyen consideraciones por las que según su dicho no pueden transmitir las pautas aprobadas por esta autoridad, máxime que tampoco se alude ni de forma indiciaria que el documento respectivo, se hubiese elaborado de conformidad con el acuerdo CG552/2009, de ahí que se actualice el principio jurídico que “nadie está obligado a lo imposible”.

Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.A. J/7, emitida por los Tribunales de Circuito, Novena Época, materia administrativa, Semanario Judicial de la Federación, tomo XXI, Abril de 2005, página 1137, cuyo texto y rubro son los siguientes:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL.

Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 338/2001. Hilados de Lana, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amanda R. García González. Secretaria: Fernanda María Adela Talavera Díaz.

Amparo directo 20/2002. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna.

Amparo directo 271/2002. Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital. 7 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Roberto Genchi Recinos.

Amparo directo 181/2003. Constructora y Arrendadora Paquime, S.A. de C.V. 5 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna.

Amparo directo 137/2003. Oficentro Zanella, S.A. de C.V. 12 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 267, tesis 250, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE."

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1190, se publica nuevamente con las modificaciones que el propio tribunal ordena.”

Es por ello, que se considera que la empresa omitió expresar con claridad la causa de pedir, máxime que no debe olvidarse que dicho escrito se presentó a efecto de dar cumplimiento a la solicitud de información realizada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en términos del Reglamento de Radio y Televisión de este Instituto, con el fin de que la hoy denunciada manifestara las razones por las cuales había incumplido con la transmisión de los promocionales que se le indicaron o en su caso, que aportara los elementos idóneos que dejaran sin efecto las supuestas omisiones, es decir, los argumentos que hoy hace valer la denunciada se realizaron en el cumplimiento de un procedimiento diverso al referido en el acuerdo CG552/2009, motivo por el cual la Dirección Ejecutiva de referencia no se encontraba obligada a exponerlos ante los integrantes del Comité de Radio y Televisión.

Por otra parte, es de referir que la hoy denunciada no puede argumentar en el presente procedimiento que no se atendió el derecho de petición que se encuentra consagrado en el numeral 8° de la Carta Magna, toda vez que el día 15 de febrero de la presente anualidad, se llevó a cabo en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos una reunión en la cual se le permitió exponer las razones por las que según su dicho no puede dar debido cumplimiento a las pautas ordenadas por este Instituto; sin embargo, en el caso, tales argumentaciones no resultan suficientes para que esta autoridad exima a Televisión Azteca S.A. de C.V. de su obligación de transmitir los promocionales de los partidos políticos y/o autoridades electorales en términos de lo previsto en el artículo 41 constitucional.

Las anteriores, argumentaciones encuentran sustento en la tesis relevante identificada con el número XXIII/2009, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es al tenor de lo siguiente “RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CARECE DE ATRIBUCIONES PARA EXIMIR A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE SU OBLIGACIÓN DE TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.”

Con base en lo antes expuesto, esta autoridad estima que no le asiste la razón a la hoy denunciada, cuando afirma que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se encontraba obligada a realizar las consultas necesarias con los integrantes del Comité de Radio y Televisión respecto de las supuestas problemáticas de carácter técnico que en su caso pudiera tener Televisión Azteca S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, toda vez que las mismas no fueron planteadas al tenor del procedimiento previsto en el multicitado acuerdo del Consejo General.

En consecuencia, es de insistirse en el argumento de que esta autoridad no puede considerar que Televisión Azteca, S.A. de C.V. se encuentra imposibilitada materialmente para cumplir con el pautado que le fue debidamente notificado, máxime que como se precisó en el apartado que antecede el dieciocho de diciembre del año próximo pasado, le fue debidamente notificada la pauta correspondiente al estado de Zacatecas, sin que se haya inconformado al respecto.

III.             QUE EXISTEN DIVERSAS RAZONES QUE DIFICULTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS RELATIVAS AL PROCESO ELECTORAL LOCAL DE ZACATECAS, QUE SON MATERIA DE ESTE PROCEDIMIETO, EN RAZÓN DE QUE NO SON COMPATIBLES CON SU FORMA DE OPERACIÓN.

Este alegato resulta inoperante, porque de su simple lectura, se advierte que la concesionaria denunciada, en realidad, impugna la pauta aprobada por el Comité de Radio y Televisión, sin que a través de tal argumento sea posible justificar su incumplimiento.

Esto es, la televisora se queja del pautado que ordenó la transmisión de los promocionales que debían ser difundidos dentro del proceso comicial local en el estado de Zacatecas; sin embargo, como se precisó en apartados que anteceden la hoy denunciada no se inconformó en contra de dicho acto, por lo que el mismo tiene el carácter de definitivo y por ende, vinculante.

Asimismo, es de resaltar que de las constancias que obran en autos se advierte que la hoy denunciada con el objeto de eximirse de su obligación de cumplir las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral, hace valer como una cuestión extraordinaria que sólo en algunas de las emisoras de la que es concesionaria puede realizar bloqueos con el objeto de difundir la pauta en los términos que se le ordena, lo cual lejos de evidenciar que tienen problemas técnicos para cumplir con la obligación prevista en el artículo 41 constitucional, evidencia, que cuenta con los elementos necesarios para difundir los promocionales respectivos.

La anterior afirmación encuentra sustento en el contenido de la prueba aportada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como anexo número 14 al oficio identificado con la clave STCRT/0953/2010, pues en ella se realizó una grabación de diversas emisoras con el fin de evidenciar que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene capacidad de bloqueo, lo cual le permite transmitir las pautas diferenciadas que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral le asignan en el cumplimiento de sus respectivos fines.

A guisa de ejemplo, en dicha grabación se observa una comparación entre la señal difundida por la concesión identificada como XHIMT-TV, canal 7 en el Distrito Federal, el día 31 de enero de 2010, en el horario de las 11:00:00 a las 11:59:59 y las señales de las concesiones identificadas como XHTEM-TV canal 12 (+) y XHTHP-TV canal 7, con lo que se evidencia que las manifestaciones realizadas por la multicitada concesionaria no son atendibles.

En este sentido, del citado análisis de las transmisiones de las emisoras antes citadas, se demuestra de manera plena que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene capacidad plena para cumplir con las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral.

A mayor abundamiento, es de insistirse que el argumento que en este apartado se contesta debe estimarse inoperante ya que la forma en la que esta autoridad electoral pauta la difusión de los promocionales no puede servir de base para justificar su incumplimiento, ya que éstas se elaboran precisamente en atención a las circunstancias y necesidades concretas e, incluso, porque aun cuando se hubiera cambiado su forma de elaboración, ello no constituye una razón válida para justificar el incumplimiento de la televisora hoy denunciada, porque ésta debe atender a lo que le ordena la autoridad y, en todo caso, si está en desacuerdo con lo instruido por la autoridad competente, cuenta con la oportunidad de hacer valer el medio de impugnación que en el caso resulte aplicable en términos de lo previsto en la ley adjetiva de la materia; por lo que si en el caso no hizo uso de dicho derecho, el acto base del presente procedimiento ha quedado firme (pauta).

IV.             QUE LA DENUNCIADA EXPRESA DIVERSOS ARGUMENTOS CON BASE EN LOS CUALES DA CONTESTACIÓN A LAS IMPUTACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DE LA VISTA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, MEDIANTE LAS CUALES PRETENDE ACREDITAR MEDULARMENTE QUE LAS EMISORAS QUE TIENE CONCESIONADAS, SE ENCUENTRAN IMPOSIBILITADAS TÉCNICAMENTE PARA TRANSMITIR LOS PROMOCIONALES QUE LA AUTORIDAD ELECTORAL, A TRAVÉS DE LAS PAUTAS PREVIAMENTE NOTIFICADAS, LE HA ORDENADO TRANSMITIR; RAZÓN POR LA CUAL NO TIENE OBLIGACIÓN DE DIFUNDIR LOS PROMOCIONALES ALUDIDOS.

En primer lugar, esboza una serie de antecedentes relativos al origen de su concesión para argumentar que tiene una forma de operación de red nacional y que no cuenta con canales independientes, lo que implica la falta de infraestructura técnica y humana para transmitir las pautas notificas a sus concesionadas situadas en todo el territorio nacional.

Bajo esta situación específica, la denunciada arguye que la forma de transmitir una señal distinta a la generada por sus redes nacionales 13 y 7 es a través de un sistema de bloqueo, sin embargo dicho sistema no se encuentra operando en la totalidad de sus canales concesionados, pues para realizar esta operación es necesario un equipo y una infraestructura técnica especial; asimismo, alega que en los canales que tienen las condiciones necesarias del sistema de bloque únicamente pueden bloquear en espacios de 80 segundos por hora, razones por la cuales no tienen posibilidad técnica de transmitir la pauta nacional que este Instituto y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía les ordena a la vez que transmiten la pauta que para el estado de Zacatecas les fue asignada, por lo que hay una duplicación y exceso en el tiempo otorgado para el Estado.

Bajo esta situación específica, la denunciada expresa que con base en su título de concesión, no tiene obligación legal alguna de cambiar su forma de operación ni de bloquear su señal para estar en posibilidad de cumplir con las pautas de transmisión que le asigna esta institución. Además, indica que la única autoridad competente para solicitarle que cambie su forma de operación es la COFETEL y que dicho organismo ha establecido que no es una obligación inherente de su título de concesión el realizar bloqueos.

Asimismo, especifica que le genera incertidumbre jurídica el hecho de que la normatividad electoral no prevé la forma en cómo debe transmitir los promocionales ordenados por esta institución, atendiendo a su forma de operación en sistema de red nacional, así como que las pautas elaboradas por el Instituto Federal Electoral no son acordes con su forma de operar, las cuales a su parecer resultan ilegales.

De lo anterior, esta autoridad colige que Televisión Azteca defiende un punto de derecho que medularmente se centra en que dado su sistema de operación, en un sistema de red nacional, se encuentra imposibilitada técnicamente para transmitir las pautas emitidas por el Instituto Federal Electoral en sus canales que operan en las distintas entidades federativas del país, (entre ellas XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas). Asimismo se advierte que, como consecuencia de la forma en que opera la televisora, ésta esgrime diversas situaciones específicas que se desprenden de este primer hecho.

Sin embargo, lo argumentado por la denunciada deviene inoperante en virtud de lo siguiente:

En principio debe decirse que Televisión Azteca S.A. de C.V. opera la concesión de los canales de televisión XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, entre otros, y con tal calidad tiene la obligación de observar el orden jurídico mexicano vigente, como parte de las obligaciones que tiene previstas específicamente en su título de concesión, por tanto existe una obligación eminente de que dicha persona moral cumpla con las obligaciones que le señala la normativa constitucional y legal en materia electoral, como parte integrante del sistema jurídico positivo.

Asimismo, como parte de sus obligaciones como concesionaria, la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V., dado el caso de que los preceptos legales y las disposiciones administrativas a las que debe sujetar su conducta y su concesión fueran derogados, modificados o adicionados, ésta quedará sujeta a la nueva legislación y demás disposiciones administrativas a partir de su entrada en vigor.

Del mismo modo, las cláusulas que rigen la concesión de la denunciada prevén que dicha persona moral tiene obligaciones individuales por cada canal o frecuencia que opera y que debe dejar a disposición de la autoridad electoral el tiempo que marca la Constitución en relación con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Bajo este contexto, podemos concluir que Televisión Azteca, S.A. de C.V. está obligada a transmitir en cada una de las estaciones de televisión citadas, los promocionales de las pautas que le fueron notificadas, para cubrir el período de precampañas que se desarrolla en el proceso electoral local del estado de Zacatecas. Lo anterior, en virtud de lo siguiente:

En primer lugar, es evidente que la televisora tiene el deber de transmitir, en cada una de las estaciones de televisión locales que opera, la pauta correspondiente que aprueba la autoridad electoral y de ello se sigue interrumpir cualquier programación para difundir los promocionales electorales especificados en dicha pauta.

En segundo lugar, es evidente que la televisora tiene el deber de transmitir, exclusivamente, los promocionales que le ordena la autoridad electoral, sin que deba difundir, de motuo proprio, spots electorales diversos, porque la ley dispone que las concesionarias sólo deben difundir los que la ley autoriza.

Lo anterior, según se advierte implícitamente de los incisos b) y c) apartado 1 del artículo 350 del código electoral federal, ya que en el primero, se prohíbe la transmisión de cualquier propaganda ordenada por cualquier entidad distinta a la autoridad electoral, sea pagada o gratuita, pues en tal supuesto la televisora estaría transmitiendo promocionales no ordenados por la autoridad electoral, y el segundo, ordena que la propaganda se difunda conforme a la pauta, de modo que si la pauta notificada a la concesionaria para ser transmitida en esa estación no es transmitida y, en su lugar se difunde una diversa, podría infringirse está última prohibición; incluso de dicho ordenamiento legal se desprenden las posibles responsabilidades administrativas en las que se incurriría.

Bajo esta tesitura, debe aclarase que la denunciada parte de la premisa incorrecta de que, para transmitir la propaganda electoral en las estaciones que opera en el estado de Zacatecas, necesariamente, tiene que bloquear la programación que produce en los canales, situación que le provoca una imposibilidad técnica para difundir los promocionales.

No obstante, tal posición es incorrecta, porque ello deriva únicamente de la forma en la que la televisora explota los canales en cuestión, pero ello no ocurriría si se tratara de una señal original de la propia estación, de modo que, el hecho de que la televisora tenga que bloquear la señal que afirma recibe de los canales 7 XHIMT-TV o 13 XHDF-TV, para transmitir la pauta vinculada con el proceso local, a cuya transmisión está obligada, es una cuestión meramente contingente.

En atención a ello, tampoco tiene razón la televisora cuando sostiene que bloquear la señal que retransmiten las estaciones locales que opera, para difundir los promocionales de la pauta correspondiente es una facultad y no una obligación, pues, como se ha insistido, la televisora sí tiene la obligación de transmitir la pauta que en específico le ordena la autoridad electoral y, por tanto, está obligada a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho deber, incluida la de bloquear la señal que retransmite si es necesario, pues sólo de esta forma cumplirá con las obligaciones constitucionales y legales en cada una de estas estaciones.

Igualmente, es infundado lo que afirma la televisora de que no existe precepto legal que obligue a las televisoras que operan canales en las entidades federativas y que funcionan como red nacional, para bloquear la programación original a efecto de transmitir, en determinadas estaciones ubicadas en una entidad federativa.

Lo anterior, porque del estudio realizado en el apartado precedente, de las disposiciones constitucionales y legales vinculadas con el tema en relación con lo dispuesto por los títulos de refrendo de concesión allegados por la propia denunciada, se advierte que la televisora tiene obligaciones particulares o individuales de transmitir en cada estación la pauta que le notifique la autoridad electoral, y para ello debe realizar cualquier acto necesario a efecto de cumplir con tal exigencia, incluido, en su caso bloquear una señal original que retransmite, al igual que podría ser suspender determinada programación, etcétera, además, como se indicó, porque tiene prohibido difundir promocionales en forma distinta a las pautas que le notifica la autoridad electoral.

En efecto, la normatividad electoral federal exige a los concesionarios de radio y televisión que transmitan los mensajes de precampaña de los partidos políticos de acuerdo a la pauta que apruebe el Instituto Federal Electoral, a propuesta de la autoridad electoral local competente.

Al respecto conviene reproducir los artículos 64, 65 y 66 del código federal electoral, mismos que en la parte conducente señalan lo siguiente:

“(…)

Artículo 64

1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el Instituto se utilizarán desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva.

Artículo 65

1. Para su asignación entre los partidos políticos, durante el período de precampañas locales, del tiempo a que se refiere el artículo anterior, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la entidad de que se trate, doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos el tiempo a que se refiere el párrafo anterior aplicando, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 56 de este Código, conforme a los procedimientos que determine la legislación local aplicable.

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

Artículo 66

1. Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere el artículo 64 anterior, el Instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos, a través de las correspondientes autoridades electorales competentes, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad electoral podrá cubrir la misma del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante quedará a disposición del Instituto para sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los permisionarios.

2. Son aplicables en las entidades federativas y procesos electorales locales a que se refiere el párrafo anterior, las normas establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 62, en el artículo 63, y las demás contenidas en este Código que resulten aplicables.

(…)”

Efectivamente, como se desprende de los artículos antes transcritos existe la facultad expresa del Instituto Federal Electoral, a efecto de que determine las pautas que deberán ser transmitidas por los concesionarios radiofónicos y televisivos durante el desarrollo de los procesos electorales locales cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, concesionarios que a su vez tienen la obligación expresa de transmitir dicho material conforme a las pautas que le asigne la autoridad federal electoral, sin que sea posible desprender de dichos mandatos algún régimen de excepción que permita una transmisión distinta.

En ese orden de ideas, es de referir que las pautas se elaboran considerando criterios subjetivos y técnicos. Es decir, a quién van dirigidas y de qué manera se distribuyen los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales en ellas.

El criterio subjetivo atiende a las emisoras que se encuentran obligadas a transmitir los promocionales de los partidos políticos establecidos en las pautas. Como se mencionó con anterioridad, Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene concesiones que se encuentran obligadas a transmitir los promocionales de las autoridades electorales y los partidos políticos que contienden en la elección local en el estado de Zacatecas en virtud del área de cobertura de dichos canales de televisión.

Al respecto, es importante señalar que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones legales señaladas en el artículo 62, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, elaboró el catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión que participarán en los procesos electorales locales a celebrarse en el año 2010. Dicho catálogo fue elaborado con la ayuda de las autoridades de la materia.

Es así que el área de cobertura de un canal de televisión, como los concesionados a Televisión Azteca, S.A. de C.V., viene dispuesta desde el momento mismo en que es otorgada una concesión. En este sentido, el artículo 21 de la Ley Federal de Radio y Televisión señala que:

“Las concesiones y permisos tendrán, cuando menos, lo siguiente:

(…)

IX. Área de cobertura

(…)”

De esta manera, esta autoridad electoral encontró que la cobertura de los canales de televisión concesionados a Televisión Azteca, S.A. de C.V. no era una cobertura nacional, sino por el contrario, una cobertura que atiende a criterios geográficos mucho más limitados. Esta situación fue plasmada en los acuerdos identificados con las claves ACRT/067/2009 y CG552/2009.

En el mismo sentido, el artículo 62, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio es toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista. En ese sentido, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, así como el Consejo General del citado Instituto, reconocieron que si bien un porcentaje importante del tiempo que transmiten las concesiones de Televisión Azteca, S.A. de C.V. es igual a lo transmitido por sus canales XHIMT-TV canal 7 y XHDF-TV canal 13, también es cierto que varias de sus concesiones transmiten contenido de carácter local.

Es así, que la señal de los canales XHIMT-TV canal 7 y XHDF-TV canal 13 no es ni escuchada ni vista en todo momento en todos sus canales concesionados, máxime que en autos se encuentra probado que el representante legal de la hoy denunciada manifestó que en ciertas emisoras “bloquea” la señal generando una señal diferenciada de la originada en la Ciudad de México

De esta manera, las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión, entre las que se encuentran las correspondientes a XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, no median error en el criterio subjetivo en virtud de que los destinatarios de dichas pautas fueron aquellos señalados en los acuerdos antes referidos.

Por su parte, el criterio técnico atiende de manera puntual a las fórmulas de distribución de los mensajes dentro de las pautas. Es decir, atiende entre otras cosas al número de partidos que contenderán en la elección respectiva para distribuir el porcentaje igualitario (30%), al porcentaje de la última elección de diputados ya sean locales o federales para distribuir el tiempo restante (70%), a los minutos a distribuir entre los partidos dependiendo de la etapa del proceso electoral en que se encuentre, etc.

Es así que las pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos aprobadas en los acuerdos identificados con las claves ACRT/073/2009 y JGE111/2009 cumplen con todas las formalidades técnicas y requisitos legales y reglamentarios según se desprende de los artículos 41, Base III, Apartado A, incisos a) a f) y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64; 65; 68; 76, párrafo 1, inciso a); y 97, párrafos 3 a 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 16; 17; 26; 27 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

En este sentido, las pautas que el Instituto Federal Electoral, en el ámbito de su competencia, ha aprobado para los diversos canales que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene concesionados en el estado de Zacatecas, cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, por lo que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene la obligación constitucional y legal de acatarlas.

En este sentido, los argumentos expuestos por Televisión Azteca S.A de C.V. en el sentido de que no existe obligación de transmitir las pautas que ordene la autoridad electoral carece de asidero legal, pues como se ha expuesto existe vigente un mandato legal de orden público que expresamente la constriñe a cumplir con la transmisión de los tiempos que le ordena este Instituto Federal Electoral.

Además, como la propia televisora reconoce en el presente procedimiento, la situación que hace valer como extraordinaria para tratar de eximirse de responsabilidad por su incumplimiento, en realidad no era cuestión insuperable, tan es así, que en el curso del procedimiento sancionador acepta que sí puede realizar los bloqueos de la señal nacional, lo cual, incluso, es corroborado por la propia autoridad electoral a través del monitoreo realizado durante el día 31 de enero de 2010, en el cual se comprueba que dicha concesionaria difundió conforme a la pauta notificada la mayor parte de los promocionales de los partidos políticos en cada uno de los canales locales correspondientes.

La anterior afirmación encuentra sustento en el contenido de la prueba aportada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como anexo número 14 al oficio identificado con la clave STCRT/0955/2010, pues en ella se realizó una grabación de diversas emisoras con el fin de evidenciar que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene capacidad de bloqueo, lo cual le permite transmitir las pautas diferenciadas que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral le asignan en el cumplimiento de sus respectivos fines.

A guisa de ejemplo, en dicha grabación se observa una comparación entre la señal difundida por la concesión identificada como XHIMT-TV, canal 7 en el Distrito Federal, el día 31 de enero de 2010, en el horario de las 11:00:00 a las 11:59:59 y las señales de las concesiones identificadas como XHTEM-TV canal 12 (+) y XHTHP-TV canal 7, con lo que se evidencia que las manifestaciones realizadas por la multicitada concesionaria no son atendibles.

En este sentido, del citado análisis de las transmisiones de las emisoras antes citadas, se demuestra de manera plena que Televisión Azteca, S.A. de C.V. tiene capacidad plena para cumplir con las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral, tal y como se demuestra a continuación:

Con base en lo esgrimido con anterioridad, se concluye que los argumentos hechos valer por la persona moral Televisión Azteca, S.A. de C.V. en el presente procedimiento especial sancionador no la exime del cumplimiento de su obligación de transmitir los promocionales de las autoridades electoral y de los partidos políticos ordenados por este Instituto.

Asimismo, resulta oportuno precisar que las aseveraciones esgrimidas en este punto resultan congruentes con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su resolución de fecha doce de junio de dos mil nueve al resolver el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-133/2009.

V.                 QUE LAS PRUEBAS TÉCNICAS CONSISTENTES EN LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL MONITOREO ORDENADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO CARECEN DE VALOR PROBATORIO.

Al respecto el representante legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V., argumenta que las pruebas técnicas consistentes en los testigos de grabación del monitoreo ordenado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano público autónomo carecen de valor probatorio, porque:

         La oferente no identifica el lugar en que los discos fueron grabados, ni elementos técnicos que se utilizaron para su elaboración;

         No se especifica si para la recepción de la señal se utilizó algún tipo de antena o si se tomó de alguna grabación u otra fuente, qué canales fueron sintonizados, en qué lugar se encontraba instalado el aparato receptor y la antena receptora, siendo que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene su domicilio en la ciudad de México, sin embargo, se pretende con la supuesta “prueba técnica” demostrar hechos que ocurrieron simultáneamente en Zacatecas;

         No se identifica a la persona que supuestamente realizó los monitoreos “ordenados”, cuándo, dónde y cómo se realizaron, ni con qué facultades se efectuaron, en qué ley están establecidos, qué dispositivos técnicos se utilizaron para captar las señales de televisión y demás requisitos legales que todo acto administrativo debe observar.

         Además de que no procede concederle valor probatorio alguno, es evidente que se deja a su representada en estado de indefensión al no poder controvertir los hechos que se pretenden probar con dichas pruebas técnicas, máxime que su contenido es insuficiente para identificar las circunstancias relacionadas con los hechos que se imputan a Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Al respecto, debe decirse a la televisora denunciada, que tanto los testigos de grabación, como el monitoreo fueron realizados por el Instituto Federal Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, atendiendo a los mecanismos y las técnicas especificas y de calidad, así como en la maquinaria y equipo exigidos por la ley.

En tal virtud, toda vez que las pruebas técnicas consistentes en los testigos de grabación del monitoreo, provienen de una autoridad facultada para realizarlos y que además cuentan con todos los elementos para ello, es posible concluir que los mismos tienen valor probatorio pleno, respecto de los hechos que en ellos se consignan, porque las mismas tienen el carácter de documento público, en virtud de haberse obtenido por parte de una autoridad legítimamente facultada para realizar la verificación de pautas de transmisión con motivo del inicio de las precampañas del Proceso Local Electoral de dos mil diez, en el estado de Zacatecas, en ejercicio de sus atribuciones.

Por lo que hace al argumento del representante de la denunciada, respecto a que no se identifica a la persona que realiza los monitoreos, y por tanto, se desconoce si está facultada o no para realizar tal actividad, debe decirse que como se ha referido en múltiples ocasiones, el órgano encargado del monitoreo de la pauta de la transmisión de los promocionales de los partidos políticos, las autoridades electorales locales y federales y demás autoridades, es la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en ese sentido, debe entenderse que su actuación necesariamente se manifiesta a través de diversas personas físicas, por lo tanto, el hecho de quién realiza la actividad concreta de monitoreo de promocionales es intrascendente pues la facultad, por ley, está otorgada a la Dirección Ejecutiva mencionada.

En adición a lo anterior, conviene señalar que el monitoreo que se practicó para constatar las transmisiones ordenadas a Televisión Azteca, S.A de C.V. concesionaria de las emisoras con distintivo XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, cumple con los requisitos para ser considerado como una herramienta técnica que auxilia a esta autoridad electoral a verificar si los concesionarios de radio y televisión han cumplido con las pautas aprobadas.

En consecuencia, esta autoridad considera que las pruebas técnicas aludidas, adminiculadas con todos los demás elementos probatorios que obran en el expediente, hacen prueba plena respecto de los hechos que en ellos se consignan, por lo que los argumentos esgrimidos por la parte denunciada en el actual procedimiento, respecto del punto a que nos venimos refiriendo devienen infundados.

Las anteriores consideraciones, encuentran sustento en la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número XXXIX/2009 y cuyo rubro es “RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA ELABORAR "TESTIGOS DE GRABACIÓN" A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PAUTAS DE TRANSMISIÓN DE MENSAJES EN MATERIA ELECTORAL.”, misma que fue referida en apartados que anteceden.

Asimismo, cabe resaltar que esta autoridad no advierte que obren en autos elemento alguno a través del cual la denunciada desvirtúe su contenido, sino lo cierto es que tales omisiones que le fueron imputadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del Instituto Federal Electoral, fueron aceptadas por la denunciada, pues aduce diversos argumentos por la cuales no estaba obligada a transmitirlos, de modo que como este punto no lo controvierte, estos hechos no requieren de prueba alguna, en términos del artículo 15, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según la cual, entre otros, no son objetos de prueba los hechos que hayan sido reconocidos por las partes.

ASIMISMO, LA HOY DENUNCIADA HIZO VALER DIVERSOS ARGUMENTOS AL MOMENTO DE DAR CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, MISMOS QUE SE CONTESTAN EN LOS SIGUIENTES APARTADOS.

I.              QUE DESDE DOS MIL OCHO, SU REPRESENTADA HA EXPRESADO A LA AUTORIDAD ELECTORAL LA IMPOSIBILIDAD TÉCNICA PARA TRANSMITIR LOS SPOTS PAUTADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y QUE HA PRESENTADO VARIOS ESCRITOS EN LOS QUE INFORMA QUE DICHA PAUTA NO CORRESPONDE A SU FORMA DE TRANSMISIÓN SIN QUE SE HAYA DADO RESPUESTA A SU PETICIÓN, LO QUE VULNERA SU GARANTÍA DE AUDIENCIA.

Ahora bien, respecto al agravio referido por Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionario de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, referente a que la autoridad de conocimiento vulneró su garantía de audiencia, en virtud de no haber dado respuesta a diversos escritos en los que manifestó su imposibilidad técnica para transmitir los spots pautados por la autoridad electoral, informando además que dicha pauta no corresponde a su forma de transmisión, la autoridad de conocimiento estima que no le asiste la razón a la televisora denunciada, en virtud de que la falta de contestación a las peticiones antes referidas no tiene el efecto de producir, con relación al procedimiento citado al rubro, la vulneración a su garantía de audiencia a la que alude la denunciada.

En efecto, aun cuando es cierto que algunas de las peticiones que realizó en torno a su capacidad de transmisión de los promocionales materia del actual procedimiento, en las estaciones que opera en el interior de la República Mexicana no fueron contestadas, tenía conocimiento pleno de la forma en la que debía actuar, en virtud de que a la consabida televisora le fue plenamente notificada la pauta de transmisión de los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos que tenía obligación de transmitir a través de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas.

Lo anterior guarda consistencia con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-133/2009, mismo que en la parte que interesa señala lo siguiente:

“(…)

QUINTO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad se analizan conforme con el orden expuesto.

I. Estudio de agravios preliminares o formales.

QUINTO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad se analizan conforme con el orden expuesto.

I. Estudio de agravios preliminares o formales.

El actor sostiene que el contenido del oficio SCG/764/2009 por el que se emplazó a Televisión Azteca, S.A. de C.V., al procedimiento sancionador en el que se emitió el fallo aquí reclamado "revela la violación en que incurrió el IFE al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los principios de certeza y legalidad que, conforme al artículo 41 de la propia constitución, rigen el actuar de dicho instituto", porque al no responder a su petición de que la transmisión de las pautas se hiciera conforme a la forma en que lo hace (a través de redes nacionales), le provocó incertidumbre y lo dejó en estado de indefensión.

No le asiste razón al quejoso.

Lo anterior porque la falta de contestación que señala no tiene el efecto de producir, con relación al procedimiento, la incertidumbre e indefensión que indica.

En efecto, no existen elementos que permitan asumir que esa referida conculcación al derecho del actor hubiera tenido el alcance de generar la incertidumbre e indefensión que le atribuye el actor, porque, aun cuando es cierto que algunas de las peticiones que realizó en torno a capacidad de transmisión de los promocionales electorales, en las estaciones que opera en las entidades federativas citadas, no fueron contestadas, tenía conocimiento pleno de la forma en la que debía actuar, y una cuestión distinta es que estuviera en desacuerdo con la misma.

La supuesta incertidumbre deriva, según el recurrente, de que sin la contestación a su petición ‘no existe un dispositivo legal que permita a Televisión Azteca, S.A. de C.V. saber de manera previa y cierta cómo debe cumplir sus obligaciones legales’, específicamente en lo que se refiere al manejo y regulación de las redes.

No obstante, en realidad, la televisora fue informada con detalle de su deber cuando le notificaron el pautado correspondiente a cada uno de los canales que opera en las entidades federativas en cuestión, en donde se citan los preceptos que se estimaron aplicables.

Además, el actor parte de la premisa de que la certidumbre o certeza de su deber de transmisión tenía que derivar de la contestación que le dieran a los escritos en los que mostró su desacuerdo con el mismo, sin embargo, como se indicó, derivó de la ley y la norma particularizada se actualizó con los actos que realizó la autoridad, también en forma previa a la resolución reclamada, como se explicará al ocuparse de las violaciones sustanciales.

Por ende, es claro que, de existir la violación que refiere a su derecho de petición, ésta no le generó la incertidumbre que afirma.

Lo anterior, en la inteligencia de que lo expuesto no implica que las televisoras, concesionarias o permisionarias, y demás sujetos, con algún deber vinculado con el tema de acceso a la radio y televisión en materia electoral, queden sin la posibilidad jurídica o que carezca de trascendencia conforme a derecho, de hacer valer su desacuerdo con las determinaciones que la autoridad electoral dispone, porque la considerado en esta ejecutora rige, exclusivamente, los hechos del caso, y situación podría ser distinta en otro supuesto, en el que, por ejemplo, se actualice un caso fortuito o de fuerza mayor.

Esto es, la televisora, al igual que cualquier otro sujeto legitimado, en todo caso, tiene el derecho, pero también el deber de impugnar los actos que le produzcan un perjuicio real y directo en su esfera jurídica, a través de la vía formal e idónea para tal efecto, porque de otra manera, tendrá que hacer frente a las consecuencias jurídicas de su omisión.

Por otra parte, el actor afirma que la resolución reclamada presenta un vicio formal que incumple con la obligación de motivar adecuadamente la resolución, pues no es exhaustiva. Para ello, anterior en su demanda dedica un apartado ex profeso en el que identifica los puntos que, en su concepto, dejaron de ser contestados por la responsable dentro de la resolución reclamada, los cuales identifica con los números del 1 al 9, e incluye diversos subapartados dentro de tal listado.

No obstante lo extenso y detallado de tales señalamientos, todos los puntos referidos en la demanda convergen en que la responsable dejó de tomar en cuenta y responder: a) la forma de transmisión en red nacional, b) los canales locales sólo constituyen repetidoras de la señal originada en el Distrito Federal, c) las repetidoras no cuentan con programación independiente, y d) así como que dejó de valorarse el oficio en que la COFETEL y la falta de valor probatorio del oficio DG/3708/09 expedido por el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, ambos en el sentido de acreditar la forma de transmisión de Televisión Azteca (en red nacional).

Es infundada la falta de exhaustividad imputada, porque los planteamientos identificados aparecen atendidos en diversos apartados del fallo impugnado.

(…)

Como se advierte en la resolución reclamada se mencionó la forma de transmisión en red, a la naturaleza de repetidoras y a la capacidad de bloqueo, también se refirieron las pruebas que cita y que guardan relación con el tipo de transmisión en red, lo que evidencia lo infundado de la falta de exhaustividad.

(…)”

En el presente asunto, la obligación que se le cuestiona a la empresa denunciada, consistente en el incumplimiento a la transmisión de los spots ordenados por la autoridad electoral, se concretiza cuando el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral aprueba y le notifica en definitiva cada una de las pautas en las que se incluyen los promocionales, tanto de los partidos políticos como de las autoridades electorales relativos a los procesos electorales a celebrarse en la entidad federativa de mérito.

En efecto, en ese momento se especifican con todo detalle las obligaciones de la televisora de difundir sendas pautas para cada una de las frecuencias locales.

De lo antes narrado, es que se puede arribar a la conclusión de que el hecho de que no se le hayan contestado sus argumentos, donde manifestaba su imposibilidad técnica para transmitir las pautas, no implica necesariamente que se esté vulnerando su garantía de audiencia, máxime que no se advierte la existencia de que se haya ocasionado algún perjuicio real y directo en su esfera jurídica.

A mayor abundamiento, resulta pertinente dejar asentado que la empresa televisiva de mérito al momento en que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, le requirió que justificara las omisiones que fueron detectadas en la difusión de la pauta que le fue debidamente notificada, dicha empresa solicitó y le fue concedida una prórroga a efecto de que pudiera dar debida contestación al requerimiento formulado por dicha autoridad; de ahí, que se pueda advertir que siempre que algún órgano de esta autoridad electoral realizó alguna solicitud de información, se hizo de su conocimiento el contenido de la misma otorgándole los plazos suficientes para que la pudiera desahogar.

Concatenado a lo anterior, debe decirse que obra en autos el acuse de recibido del oficio número DEPPP/STCRT/0838/2010, por medio del cual el Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión, cita al representante legal de Televisión Azteca a efecto de que exponga con mayor abundancia los problemas técnicos con los que cuenta al momento de ejecutar las pautas de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y de este Instituto.

De igual forma, cabe señalar que no se viola su garantía de audiencia porque dicho derecho está debidamente garantizado por esta autoridad electoral, al momento en que fue debidamente emplazada al presente procedimiento especial sancionador, y en el hecho de que la empresa televisiva haya ejercido su garantía de dar contestación al momento de acudir a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día 22 de febrero del presente año.

Así las cosas, cabe señalar que la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa establece lo siguiente:

“Artículo 14.-

(...)

Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido antes los tribunales previamente establecidos, en la que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho...”

Como se desprende del precepto citado, la garantía de audiencia que la autoridad debe satisfacer en cualquier acto de molestia y fundamentalmente en un proceso jurisdiccional tiene los siguientes elementos, tal y como lo señala el maestro Ignacio Burgoa en su libro “Las Garantías Individuales”, (Editorial Porrúa, México 1992, pág. 524) que se transcribe para su mejor comprensión:

“Como se puede advertir, la garantía de audiencia está contenida en una fórmula compleja e integrada por cuatro garantías especificas de seguridad jurídica, a las cuales posteriormente nos referimos, y que son: a). La de que en contra de la persona, a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un juicio; b). Que tal juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos; c). Que en el mismo se observan las formalidades esenciales del procedimiento y d). Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio”.

Asimismo, conviene citar la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la garantía de audiencia, cuyo texto es el siguiente:

“No. Registro: 200,234

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Común

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

II, Diciembre de 1995

Tesis: P./J. 47/95

Página: 133

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.”

Como se observa, del criterio jurisprudencial antes transcrito, emitido por la máxima autoridad jurisdiccional del país, se exigen como requisitos para que se entienda colmada la garantía de audiencia:

1)     La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2)     La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

3)     La oportunidad de alegar; y

4)     El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

La autoridad electoral cumplió cabalmente con estos requisitos indispensables, toda vez que se le concedió la oportunidad de defenderse en juicio, tan es así que estuvo en la posibilidad de hacer valer las excepciones y defensas que consideró pertinentes.

La segunda de estas formalidades esenciales, consistió en que tuvo la oportunidad de aportar los elementos probatorios que consideró pertinentes, lo que en la especie aconteció, ya que se recibió un ocurso que fue debidamente agregado al momento de celebrar la audiencia citada.

Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que esta autoridad cumplió con lo dispuesto en el artículo 14 de la Carta Magna, ya que le fue otorgada la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, de ahí que devengan infundadas las argumentaciones que hace valer la empresa denunciada con relación a la supuesta violación a la garantía de audiencia.

A mayor abundamiento, es de referir que los argumentos esgrimidos por la denunciada también resultan inatendibles, toda vez que pretende que el silencio de la autoridad electoral debe entenderse como la actualización de la afirmativa ficta; figura que no encuentra fundamento legal alguno en la materia que nos ocupa.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que a continuación se transcribe y la declaró formalmente obligatoria:

“AFIRMATIVA Y NEGATIVA FICTA. POR SU NATURALEZA DEBEN ESTAR PREVISTAS EN LA LEY. Dentro del derecho administrativo electoral existe la figura jurídica de la afirmativa o negativa ficta, de acuerdo con la cual, ante el silencio o inactividad de la autoridad frente a la petición de un particular, debe tenerse por resuelta positiva o negativamente, según sea el caso. Tanto la doctrina como la jurisprudencia en la materia, se orientan a establecer que para la actualización de la mencionada figura jurídica debe estar prevista en la ley aplicable, aunque no se identifique expresamente con ese nombre. De esta manera, cuando de la interpretación no sea posible establecer la referida figura jurídica, no debe entenderse que la falta de respuesta a la petición genera una resolución afirmativa o negativa ficta.”

Con base en lo expuesto, se considera que no existe justificación legal alguna para que Televisión Azteca, S.A. de C.V. haya dejado de cumplir con sus obligaciones que en materia electoral le han sido impuestas por mandato constitucional, máxime que como se evidenció con antelación la afirmativa ficta que invoca la persona moral en comento no es aplicable al caso en concreto, por el contrario, existen elementos que nos permiten concluir que las obligaciones que tienen los concesionarios y permisionarios relacionadas con el acceso a radio y televisión en materia electoral no se suspenden ante una consulta.

En consecuencia, este órgano del Instituto encuentra convicción de que la ausencia de respuesta por parte del Instituto Federal Electoral ante los planteamientos expresados por Televisión Azteca, S.A. de C.V. no le generaron ningún elemento para modificar su obligación de transmitir las pautas correspondientes a XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, más aún si dicha modificación resulta contraria a lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

Por otra parte, es de referir que es un hecho conocido por esta autoridad que se invoca en términos de lo previsto en el numeral 358, párrafo 1, del código electoral federal que Televisión Azteca, S.A. de C.V. solicitó por escrito y de manera pacífica a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos un espacio para “exponer con mayor abundancia los problemas técnicos que se tienen al momento de ejecutar las pautas de RTC y este Instituto” y que la misma fue atendida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el día 15 de febrero del año en curso y se otorgó a los representantes de la citada persona moral el espacio solicitado.

Es importante señalar que el desahogo de la citada reunión se realizó atendiendo el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que de ninguna manera dicha plática excusa del cumplimiento de la obligación de transmitir los promocionales ordenados por el Instituto Federal Electoral en estricto respeto al texto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, máxime si se toma en cuenta la tesis relevante identificada con el número XXIII/2009, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que señala lo siguiente:

“RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CARECE DE ATRIBUCIONES PARA EXIMIR A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE SU OBLIGACIÓN DE TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, párrafo 1, inciso a), 49, párrafo 1 y 55, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, 5, 13, 21-A, 59 y 79 de la Ley Federal de Radio y Televisión; así como 1, 15, 16 y 17 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, se colige la obligación dirigida a todos los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y canales de televisión, de transmitir los mensajes de las autoridades electorales y los partidos políticos. En ese sentido, es factible sostener que si bien el Instituto Federal Electoral está en aptitud de establecer, vía facultad reglamentaria, las modalidades de transmisión a ponderar, lo cierto es que se encuentra imposibilitado jurídicamente para regular criterios para dejar de difundir tales mensajes.”

Con base en lo expuesto se desvirtúan los argumentos de Televisión Azteca, S.A. de C.V., que fueron expuestos en el presente apartado.

II.                TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V., AFIRMA SUSTENTÁNDOSE EN EL CASO DE RADIOUNAM (SUP-RAP-54/2009), QUE DEBIDO A QUE SU CONCESIÓN TRAE CONSIGO UNA FORMA DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL REQUIERE QUE SE LE EMITAN CRITERIOS ESPECIALES PARA QUE LAS PAUTAS QUE SE LE NOTIFICAN SEAN COMPATIBLES, ASÍ COMO QUE SE LE DEBE CONCEDER DERECHO DE AUDIENCIA PARA EXPONER DE FORMA EXTENSIVA SUS ARGUMENTOS.

Tal situación deviene infundada, por los siguientes razonamientos de hecho y derecho.

La empresa denunciada, afirma que con motivo de su manera de operar es que esta autoridad la tiene que considerar como una forma excepcional y por lo tanto establecerle criterios especiales de pautas, tal y como sucedió con Radio UNAM; sin embargo, tal argumento no es jurídicamente aceptable, ya que pasa por alto que la Universidad Nacional Autónoma de México, es una entidad pública dotada de plena capacidad jurídica y que tiene como fin impartir la educación superior y organizar la investigación científica para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Para el logro de estos fines, la máxima casa de estudios de México desarrolla diversas actividades, entre las que se encuentra la difusión de la educación y cultura, a través de los medios electrónicos, como lo son la televisión y la radio.

De esta forma, el uso de los medios masivos de comunicación constituye sin duda uno de los elementos que permiten que los conocimientos, técnicas y valores sean trasmitidos a toda la sociedad contribuyendo a su formación y desarrollo.

En este tenor, resulta atinente precisar que la Universidad Nacional Autónoma de México es permisionaria de las estaciones XEUN-AM 860 Khz y XEUN-FM 96.1 Mhz, radiodifusoras cuya naturaleza, a diferencia de las concesionarias (TV Azteca, S.A. de C.V.), realizan un aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico con fines educativos y culturales.

Al respecto, conviene reproducir el contenido del artículo 5 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, en el que se define qué se entiende por permisionario y concesionario, mismo que en la parte conducente establece lo siguiente:

"Artículo 5

Del glosario

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá:

(…)

c) Por lo que hace a la terminología:

(…)

IV. Concesionario: Persona física o moral titular, bajo la modalidad de concesión, de derechos de uso, aprovechamiento y explotación con fines comerciales sobre el espectro radioeléctrico;

(…)

XII. Permisionario: Persona física o moral titular, bajo la modalidad de permisos, de derechos de uso, aprovechamiento y explotación sobre el espectro radioeléctrico, con fines oficiales, culturales, de experimentación y/o educativos;

(…)"

Como se observa, la finalidad de las permisionarias consiste en aprovechar el espacio radioeléctrico con el objeto de difundir en su programación contenidos de índole oficial, cultural, de experimentación y/o educativa, a diferencia de las concesionarias, cuyo objeto principal es eminentemente comercial o mercantil.

Bajo estas premisas, es válido arribar a la conclusión de que el objeto esencial de las radiodifusoras pertenecientes a la institución educativa en cuestión, radica en la difusión de actividades relacionadas con la cultura en todas sus manifestaciones, la ciencia y educación, con la finalidad de extender con la mayor amplitud posible los beneficios del conocimiento a toda la sociedad.

Y es por ello, que dicha permisionaria se ubica en las hipótesis normativas contenidas en el artículo 56, párrafo I, inciso a), fracciones II y III del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

"Artículo 56

De los criterios especiales para la transmisión o reposición de programas y mensajes de los partido políticos

1. El comité podrá establecer criterios especiales para la transmisión de los promocionales y programas de los partidos políticos en los siguientes casos:

a) Por tipo de estación de radio o canal de televisión:

(…)

II. Estaciones o canales permisionarias cuya programación no incluya cortes en cualquier modalidad, y

III Estaciones o canales que transmiten programas hablados, musicales o programas de contenido diverso sin cortes comerciales;

(…)"

Como se observa, el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral establece que el Comité de Radio y Televisión de este Instituto podrá establecer criterios especiales para las permisionarias tomando en consideración la naturaleza de la programación que transmiten.

En este sentido, conviene señalar que en fecha nueve de marzo del año próximo pasado, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 56, párrafo I, inciso a), fracciones II y III del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, aprobó el "ACUERDO DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS CRITERIOS ESPECIALES PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL."

Al respecto, conviene reproducir el contenido del acuerdo en cuestión, en el que se definen los criterios especiales para la transmisión de los promocionales y programas de los partidos políticos, mismos que en la parte conducente establece lo siguiente:

“(…)

A c u e r d o

PRIMERO.- El presente Acuerdo establece los criterios especiales para la transmisión en radio y televisión de los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales durante el proceso federal electoral 2008-2009, en los casos siguientes:

I. Por tipo de estación de radio o canal de televisión.

II. Por tipo de programa especial.

SEGUNDO.- Serán aplicables criterios especiales a los siguientes tipos de estación de radio o canal de televisión:

1. Emisoras con una programación menor a 18 horas

I. Para que sea aplicable este criterio, las emisoras deben operar menos de 18 horas de transmisión dentro del horario comprendido entre las 6.00 y las 24.00 horas.

II. Estas emisoras deberán informar a la autoridad electoral que actualizan el supuesto para efectos de la verificación de transmisiones, y para que la autoridad electoral le remita una pauta ajustada, en aplicación del artículo 55, párrafo 2 del código. Independientemente del número de horas de transmisión de la emisora, la autoridad electoral atenderá a lo dispuesto por el artículo 41 constitucional, Apartado A, inciso c), conforme al cual durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el 85% del tiempo total disponible por concepto de tiempo del Estado.

III. Mientras la autoridad no haya notificado la pauta ajustada, deberán transmitir los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales conforme a la pauta original en los horarios en los que la emisora opere, de tal forma que no se altere el orden de los pautados ni se modifiquen las horas en que están pautados los mensajes.

2. Estaciones o canales permisionarias cuya programación no incluya cortes en cualquier modalidad

I. Se aplica a permisionarios cuya programación no incluya cortes en cualquier modalidad.

II. Cuando una permisionaria se ubique en el supuesto, comunicará dicha circunstancia a la autoridad electoral y remitirá elementos que acrediten la imposibilidad técnica de incluir cortes de estación.

III. En caso de que se acredite esta imposibilidad técnica, la emisora no estará obligada a transmitir los mensajes de partidos políticos y de autoridades electorales.

3. Estaciones o canales que tengan como programación permanente programas hablados, musicales o programas de contenido diverso sin cortes comerciales, y cuya carta programática se distinga por su carácter oficial, cultural, educativo o de orientación social.

I. Se aplica a permisionarios y concesionarios cuya programación permanente tenga contenido de orden cultural, educativo y de orientación, y que se caracterice por contener transmisiones de eventos o programas diversos con una duración mayor a una hora.

II. Para la aplicación de este régimen, las emisoras deberán contar con autorización de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos previa solicitud, en la que detallen la estructura de su programación, así como las horas en las cuales incluirán los cortes para la transmisión de los promocionales de los partidos políticos con una distribución lo más uniforme posible a lo largo de cada día. Para lo anterior, se tomará en consideración la opinión de los integrantes del Comité de Radio y Televisión y de la Junta General Ejecutiva, así como de la autoridad competente para determinar la naturaleza de las emisoras.

III. Las emisoras que actualicen el supuesto podrán transmitir sus programas ininterrumpidamente siempre y cuando transmitan los 48 minutos por concepto de tiempos de Estado dentro del horario comprendido entre las 6:00 y las 24:00, respetando el orden de la pauta e incluyendo cortes de estación como los que utilizan para la difusión de eventos, para la promoción de su propia programación o para la identificación de la señal.

En todo caso, conservarán la misma calidad de transmisión que la utilizada en su programación normal para los mensajes de carácter electoral.

TERCERO.- Serán aplicables criterios especiales en los siguientes tipos de programa especial:

1. Las coberturas informativas especiales señaladas en el artículo 60 de la Ley Federal de Radio y Televisión

I. Este criterio se aplica a concesionarios y permisionarios cuya señal haya sido interrumpida para la transmisión de (i) boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público o la difusión de medidas para prever o remediar calamidades públicas, o de (ii) mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro.

II. Si el boletín o aviso tiene una duración mayor a una hora, los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales que no hayan sido transmitidos durante estas transmisiones especiales no tendrán que reemplazarse en atención a que se trata de situaciones de emergencia en las que pudiera afectarse la seguridad nacional, el orden público o la salud pública, lo cual justifica la interrupción de la transmisión de los mensajes electorales.

III. Si el boletín o aviso tiene una duración menor a una hora, las emisoras deberán transmitir los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales respetando el orden de la pauta e incluyendo cortes de estación como los que utilizan para la difusión de eventos, para la promoción de su propia programación o para la identificación de la señal.

IV. En todo caso, la emisora deberá informar dicha circunstancia a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, detallando la duración de la cobertura y su contenido. La autoridad que haya emitido el boletín o aviso deberá confirmar esta información.

2. La hora nacional en radio

I. Los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales que no sean transmitidos conforme a la pauta durante la hora nacional, serán difundidos conforme a lo siguiente: la mitad de los promocionales se transmitirá en la hora previa al programa, y la otra mitad en la hora posterior a la emisión, respetando el orden de la pauta e incluyendo cortes de estación como los que utilizan para la difusión de eventos, para la promoción de su propia programación o para la identificación de la señal.

3. Los conciertos, eventos especiales, eventos deportivos y los oficios religiosos

I. Se aplica a programas especiales que transmiten conciertos, eventos especiales, eventos deportivos, oficios religiosos y otros que tengan por objeto eventos de duración ininterrumpida y variable.

II. Las emisoras deberán enviar un escrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos al menos 72 horas previas a la transmisión del programa especial, en el que señalen las características del programa, su duración y el detalle de la transmisión de los promocionales que no puedan ser difundidos conforme a la pauta, especificando los cortes y los horarios en que insertarán los mensajes, conforme a lo siguiente.

III. Los promocionales de los partidos políticos que conforme a la pauta deban ser transmitidos durante el programa de que se trate serán distribuidos de manera proporcional en los siguientes lapsos temporales durante el mismo día:

a. La mitad de los promocionales se transmitirá dentro de los cortes incluidos en la hora previa al programa, y la otra mitad en los cortes que se inserten en la hora posterior a la emisión.

b. En los cortes comerciales que se incluyan durante la transmisión del programa se dará preferencia a los promocionales de los partidos políticos y se pautará al menos un minuto por cada hora que dure la transmisión del programa.

c. Si no fuera suficiente, la transmisión de los promocionales restantes deberá ser reemplazada ese mismo día adicionando un minuto de transmisión por cada hora durante el horario comprendido entre las 12 y las 18 horas, en el entendido de que durante esa franja horaria habitualmente se transmitirían 2 minutos por cada hora.

IV. En todo caso, se respetará el orden de la pauta.

V. En los casos en que el concierto, evento especial, evento deportivo u oficio religioso tenga una duración mayor a dos horas, sin cortes de cualquier especie, la transmisión se llevará a cabo conforme a lo anterior, pero se procurará la proporcionalidad entre la transmisión y la duración del evento. Así, por ejemplo, si el evento tiene una duración de 4 horas, la mitad de los promocionales omitidos será transmitida en las 2 horas previas al evento deportivo, y la otra mitad en las 2 horas posteriores al programa.

VI. En caso de que no proceda la aplicación de este criterio, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notificará dicha circunstancia a la emisora, fundando y motivando tal determinación.

(…)”

Como se observa, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral estableció los criterios especiales para la transmisión o reposición de programas y mensajes de los partidos políticos y de la propia autoridad, cuando se trata de concesionarias o permisionarias que tienen características especiales, dentro de las cuáles no se encuentra la empresa quejosa, ya que se consideró que sus características no son suficientes para ubicarla dentro del régimen de excepción establecido en la ley, por lo que los argumentos hechos valer por la empresa Televisa, no pueden ser tomados en consideración por esta autoridad para concederle justificación en la conducta omisiva en que incurrió.

En efecto, los argumentos vertidos por Televisión Azteca S.A. de C.V. relativos a que en atención a que opera una red de canales que le impiden bloquear la señal que dirige a sus emisoras en las distintas entidades federativas, y en consecuencia, dar cumplimiento a las pautas que se asignan para dichos canales durante los procesos electorales locales carece de sustento, toda vez que no existe alguna disposición legal que la exima de cumplir con las transmisiones correspondientes a los mensajes de las autoridades electorales y partidos políticos durante los procesos locales electorales; por el contrario, se encuentran vigentes disposiciones legales y constitucionales que la constriñen a cumplir con la obligación de transmitir los materiales que este instituto le encomiende.

Asimismo, resulta atiente precisar que aun cuando dicha televisora refiere que su forma de operación es excepcional por lo que requiere que se emitan criterios especiales para que las pautas que se le notifican sean compatibles, esta autoridad estima dicha aseveración resulta inatendible, toda vez que tiene la obligación de observar el orden jurídico mexicano vigente, como parte de las obligaciones que tiene previstas específicamente en su título de concesión, por tanto existe una obligación eminente de que dicha persona moral cumpla con las obligaciones que le señala la normativa constitucional y legal en materia electoral, entre ellas la relativa a que por cada canal o frecuencia que opera, debe dejar a disposición de la autoridad electoral el tiempo que marca la Constitución en relación con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para cumplir con los fines que le han sido encomendados a los partidos políticos y a las propias autoridades electorales.

Las anteriores consideraciones guardan relación la tesis relevante identificada con el número XXIII/2009 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro reza RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CARECE DE ATRIBUCIONES PARA EXIMIR A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE SU OBLIGACIÓN DE TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, misma que fue referida en apartados que anteceden.

De esta manera resulta claro que el Instituto Federal Electoral se encuentra jurídicamente imposibilitado de emitir un criterio mediante el cual se exima a Televisión Azteca, S.A. de C.V. de transmitir los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales a que Constitucional y legalmente se encuentra obligada.

III.             QUE EN DIVERSAS OCASIONES CON MOTIVO DE LA TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DIO AVISO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DE QUE LOS CORTES EN ESTAS TRANSMISIONES SERÍAN ESCASOS DADA LA NATURALEZA DE LOS PROGRAMAS A TRANSMITIR. ASIMISMO, ARGUYÓ QUE CON EL FIN DE NO AFECTAR LA TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES ELECTORALES PROPUSO HORARIOS DE TRANSMISIÓN EN COMPENSACIÓN A LOS HORARIOS QUE NO SERÍA POSIBLE TRANSMITIR POR LA CONTINUIDAD DEL EVENTO, Y DADO QUE RESPECTO A ESOS AVISOS ESTE INSTITUTO NO OBJETÓ NI DESCALIFICÓ EL MODO DE OPERACIÓN QUE EN FORMA DE REDES NACIONALES DE CANALES HACE LA DENUNCIADA, NI MUCHO MENOS NOTIFICÓ UNA PAUTA PARA CADA UNA DE SUS 179 ESTACIONES CONCESIONADAS DEBE ENTENDERSE QUE ESTA INSTITUCIÓN CONCEDIÓ SUS PETICIONES.

Lo expuesto por la denunciada resulta infundado por lo siguiente:

Con base en este argumento, Televisión Azteca, S.A. de C.V. desea acreditar que en virtud del silencio de la autoridad electoral deben entenderse como concedidas sus peticiones. Sin embargo, la figura de la afirmativa ficta no resulta aplicable de la forma y en el caso en que pretende hacerla valer la denunciada, pues en materia electoral para que se esté en posibilidad de actualizar la mencionada figura jurídica, ésta debe estar prevista expresamente en la ley aplicable, aunque no se identifique literalmente con ese nombre.

Por tanto, en el presente caso, la falta de pronunciamiento por parte de este Instituto respecto a los puntos aludidos de ninguna forma genera una resolución afirmativa a sus pretensiones.

Lo anterior, resulta congruente con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la jurisprudencia cuyo rubro reza: AFIRMATIVA Y NEGATIVA FICTA. POR SU NATURALEZA DEBEN ESTAR PREVISTAS EN LA LEY.

En efecto, la afirmativa ficta que invoca la persona moral referida no es aplicable al caso en concreto, por el contrario, existen elementos que nos permiten concluir que las obligaciones que tienen los concesionarios y permisionarios relacionadas con el acceso a radio y televisión en materia electoral no se suspenden ante una simple consulta a la autoridad.

Asimismo, con independencia de lo argumentado con anterioridad, cabe precisar que la forma en que por alguna ocasión especial Televisión Azteca, S.A. de C.V., haya transmitido los promocionales de los partidos políticos y las autoridades, situación que respondió a razones específicas y reguladas en las normas reglamentarias electorales en materia de radio y televisión, evidentemente, no puede servir de base para justificar su incumplimiento en el caso que nos ocupa, porque ésta debe atender a lo que le ordena la autoridad y, en todo caso, si está en desacuerdo impugnarlo oportunamente.

Con base en lo anterior, se colige que el argumento referido resulta infundado para justificar la omisión que se le imputa a Televisión Azteca, S.A. de C.V., en el presente procedimiento especial sancionador.

IV.             QUE CONFORME A LO DISPUESTO EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN EL SENTIDO QUE A NIVEL ESTATAL, LAS CONSTITUCIONES Y LAS LEYES ELECTORALES DEBEN GARANTIZAR QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCEDAN A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, GENERA UN CONFLICTO DE NORMAS ENTRE LA PROPIA CONSTITUCIÓN Y LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, YA QUE LA APLICACIÓN DIRECTA DEL PRECITADO ARTÍCULO CONSTITUCIONAL PODRÍA CONCULCAR OTRO DERECHO DE IGUAL RANGO NORMATIVO, COMO LO ES EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE LAS CONCESIONES, POR LO QUE LA AUTORIDAD DEBE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE AMBOS PRECEPTOS, A EFECTO DE QUE CON LA APLICACIÓN DEL PRIMERO NO SE VEA MENOSCABADO EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN QUE TIENE LA EMPRESA RESPECTO DE LAS CONCESIONES EN CUESTIÓN, MISMO QUE ES DE IGUAL JERARQUÍA NORMATIVA QUE LA PRERROGATIVA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL CITADO.

Son inatendibles las manifestaciones antes señaladas, toda vez que esta autoridad se encuentra impedida constitucionalmente para hacer pronunciamiento alguno, respecto de la no conformidad de leyes en relación con la propia Constitución General de la República, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer la interpretación de los alcances del numeral 133 de la Constitución Federal, en lo que respecta al denominado "control difuso", se ha pronunciado en el sentido de que sólo el Poder Judicial Federal, puede calificar la constitucionalidad de las leyes.

Esto es, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala textualmente:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

En términos generales este numeral establece expresamente la supremacía constitucional y un orden jerárquico de los ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Además, en su parte final consigna la obligación para los Jueces de los estados, de respetar la Constitución Federal, leyes federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes locales.

No pocas discusiones doctrinales y judiciales ha suscitado la disposición de que se viene hablando en derredor de dos cuestiones básicas; una, el conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa una misma materia, y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la Constitución por parte de las autoridades fuera del procedimiento constitucional previsto por los artículos 103 y 107 constitucionales.

En cuanto al criterio actual esta Suprema Corte de Justicia ha resuelto numerosos precedentes en los que ha sostenido, que sólo al Poder Judicial de la Federación compete establecer la inconstitucionalidad de los actos de autoridad; sirven de apoyo a este criterio, las tesis cuyos rubros y textos son las siguientes:

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.-Esta Suprema Corte tiene facultad de resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, siempre que exista petición o instancia de parte, que se siga el procedimiento establecido por la ley, o sea, el juicio de amparo, y se oiga la defensa de la autoridad responsable, y que, actuando en ese procedimiento y no en otro diverso, se pronuncie sentencia que se ocupe tan sólo del caso concreto y singular al cual se refiere la queja, limitándose a proteger y amparar al agraviado, pero sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que motivare aquélla. Incumbe también a la Suprema Corte de Justicia, la defensa de la Constitución en otro caso previsto por el artículo 105 de la propia Carta Magna. Conforme a esa norma, ‘corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten... entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos...’. Tal controversia tampoco se abre de oficio; precisa para su planteamiento la demanda del poder que se sienta ofendido o atacado, para que se justifique la intervención de la Suprema Corte de Justicia, por medio de un procedimiento que, entretanto no se lo fije la ley, es el de un juicio ordinario, donde se oye a la parte demandada. Por tanto, en este caso, la facultad de conocimiento está subordinada también a la existencia de una instancia de parte interesada, y el fallo debe producirse dentro del procedimiento antes citado y no fuera de él. El artículo 133 de la Constitución, es conformativo del régimen federal y evita el predominio de las leyes locales sobre la Constitución, estableciendo con firmeza, la supremacía de la misma Carta Fundamental; pero no es fuente de competencia de la cual resulte la facultad de los tribunales federales y, por tanto, de la Suprema Corte, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Obliga a los Jueces de los Estados a proceder siempre conforme a la Constitución, obligación que, por lo demás, no es tan sólo de estos funcionarios, sino de todas las autoridades, cuyos actos tienen la presunción de constitucionalidad, que cede únicamente ante la eficacia decisiva de un fallo judicial federal que la excluye. Este fallo no puede producirse sino mediante la controversia que prevé el artículo 103 constitucional, esto es, mediante el juicio de amparo, satisfaciéndose las condiciones antes mencionadas. Existe también la fracción XII del artículo 107 constitucional, que obliga a los alcaides y carceleros a obrar conforme a la Constitución, poniendo en libertad a los reos, si no reciben oportunamente el auto de prisión preventiva; pero este caso se estima como de excepción, aun dentro del mismo artículo 107, que establece las bases del juicio constitucional de garantías o de amparo." (Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXXXIX, página 775, Quinta Época).

"CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.-No existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que imponga a la autoridad judicial común, por aplicación literal del artículo 133 constitucional, la obligación de calificar la constitucionalidad de las leyes que norman el contenido de sus resoluciones; si bien es cierto que ocasionalmente ha llegado a sustentarse tal tesis, la mayoría de los precedentes se orientan en el sentido de considerar que sólo el Poder Judicial de la Federación puede calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio constitucional de amparo." (Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXXV, Cuarta Parte, Sexta Época, página 37).

"CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.-Conforme a la Constitución Federal, no todo órgano judicial es competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino solamente el Poder Judicial Federal, a través del juicio de amparo, donde la definición de inconstitucionalidad emitido por la autoridad federal se rodea de una serie de requisitos que tratan de impedir una desorbitada actividad del órgano judicial en relación con los demás poderes; aun en el caso del artículo 133 constitucional en relación con el 128, que impone a los Jueces de los Estados la obligación de preferir a la Ley Suprema cuando la ley de su Estado la contraría, el precepto se ha entendido en relación con el sistema según el cual es únicamente el Poder Federal el que puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad. Esto es así, porque nuestro derecho público admite implícitamente que, conforme al principio de la división de poderes, el órgano judicial está impedido de intervenir en la calificación de inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, a menos que a ese órgano se le otorgue una competencia expresa para ese efecto, como ocurre en la Constitución Federal cuando dota al Poder Judicial de la Federación de la facultad de examinar la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad." (Semanario Judicial de la Federación, Volumen 42, Cuarta Parte, Séptima Época, página 17).

Es decir, el criterio predominante de la Suprema Corte de Justicia, considera que el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de control constitucional para los Jueces del orden común, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta para ese efecto, que se traduce en un juicio específico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución de competencias de las autoridades estatales.

A mayor abundamiento, debe aclararse que esta es una autoridad administrativa que ni siquiera se encuentra contemplada por el citado precepto constitucional, por lo que menos aún puede pronunciarse respecto de la conformidad de normas legales con la Constitución, de ahí que devenga inatendible dicho argumento de defensa formulado por la citada empresa televisiva.

V.                 QUE EN VIRTUD DE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y EL MISMO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL UTILIZAN EL TIEMPO DE ESTADO Y EL TIEMPO FISCAL EN LAS REDES NACIONALES DE TELEVISIÓN 7 Y 13 EL ESTADO MEXICANO YA ESTÁ RECIBIENDO LAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE ESTOS CONCEPTOS, POR LO QUE COBRAR NUEVAMENTE LAS CONTRIBUCIONES ALUDIDAS GENERA UNA DOBLE CONTRIBUCIÓN EN PERJUICIO DE SU REPRESENTADA GENERANDO CON ELLO ADEMÁS DE UNA SITUACIÓN ILEGAL UNA CONFISCACIÓN DE BIENES SIN QUE SE TENGA FACULTAD PARA ELLO Y SIN QUE EXISTA RAZÓN PARA HACERLO PORQUE EL CONTRIBUYENTE YA HA PAGADO SUS OBLIGACIONES OPORTUNAMENTE.

Como se advierte, la televisora en comento arguye que la transmisión de las pautas que le son notificadas por esta institución, le genera conflictos y a su vez implica el doble cobro de una contribución y una confiscación de bienes.

Sobre este punto, debe decirse que esta no es la vía y forma idónea para determinar si la difusión de los pautados elaborados por esta autoridad administrativa electoral federal, en cumplimiento a un mandato constitucional y legal, implica el doble cobro de una contribución, la confiscación de los bienes de Televisión Azteca, S.A. de C.V., o la contravención de las disposiciones previstas en la Ley Fundamental.

Lo anterior es así, porque según se aprecia del marco constitucional y legal aplicable, escapa a la esfera de competencia de esta autoridad administrativa electoral federal, el cobro de alguna contribución, confiscar los bienes de Televisión Azteca, S.A. de C.V., o bien, determinar si una conducta determinada es o no inconstitucional, pues como se advierte de los artículos 41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 105, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este ente público autónomo carece de dicha potestad en sus fines y atribuciones, como se advierte a continuación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 41.

[…]

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

[…]

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

(…)”

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 104

1. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

Artículo 105

1. Son fines del Instituto:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c) Integrar el Registro Federal de Electores;

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

(…)”

Por otra parte, debe puntualizarse que la obligación impuesta a Televisión Azteca, S.A. de C.V., de transmitir los pautados elaborados y notificados por esta institución, deviene de un mandato constitucional y legal, y que este Instituto Federal Electoral se encuentra obligado a ejecutar tales actividades (pautar y notificar), en estricto apego al principio de legalidad, el cual, además, es rector de la función que constitucionalmente le ha sido asignada.

Finalmente, debe señalarse que las disposiciones en materia electoral federal, son de orden público y de observancia general (artículo 1º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), razón por la cual no cabe interpretación alguna en su cumplimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, los argumentos relativos al doble cobro de una contribución, la confiscación de bienes, o bien, la supuesta inconstitucionalidad aludida por Televisión Azteca, S.A. de C.V., resultan inatendibles.

ESTUDIO RESPECTO A LA POSIBLE INFRACCIÓN A LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 350, PÁRRAFO 1, INICISO C) DEL CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL POR PARTE DE TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V.

SEXTO. Que una vez que han sido desvirtuadas las excepciones y defensas hechas valer por Televisión Azteca S.A. de C.V., a efecto de justificar el incumplimiento a su obligación de transmitir los promocionales a favor de los partidos políticos y autoridades electorales federal y locales durante el proceso comicial que se está llevando a cabo en el estado de Zacatecas, conviene señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 350, párrafo primero, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el incumplimiento sin causa justificada, por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y de las autoridades electorales conforme a las pautas aprobadas por este organismo público autónomo, constituye una infracción a la normatividad electoral federal.

Al respecto, conviene reproducir el contenido del dispositivo legal en cuestión, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

“Artículo 350

1. Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

…

c) El incumplimiento, sin causa justificada de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto.

(…)”

Como se observa, del análisis integral al contenido del artículo en cuestión se desprende que constituye una infracción a la normatividad electoral federal, el incumplimiento, por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por este Instituto.

En este sentido, resulta atinente precisar que el contenido del artículo en cuestión establece dos elementos para la actualización de una infracción a la normatividad electoral federal por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, que deben concurrir para la actualización de alguna infracción a la normatividad electoral federal, a saber:

a) Que se actualice, de manera enunciativa, mas no limitativa, alguno de los siguientes supuestos:

. La existencia de alguna omisión en la transmisión de los mensajes y/o programas de partidos políticos de autoridades electorales conforme a las pautas establecidas por este Instituto.

. La transmisión de mensajes y/o programas de partidos políticos y autoridades electorales fuera del orden establecido por este organismo público autónomo.

. La difusión de mensajes y/o programas de partidos políticos y autoridades electorales que no corresponda a la pauta aprobada.

. La transmisión de mensajes y/o programas de partidos políticos y autoridades electorales adicionales a la pauta aprobada por esta autoridad.

b) Que no exista una causa que justifique las conductas antes señaladas.

Lo anterior deviene relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que, como se ha expuesto en el capítulo denominado EXISTENCIA DE LOS HECHOS, del análisis integral a las pruebas aportadas por las partes, este órgano resolutor obtuvo elementos de convicción suficientes que permitieron tener por acreditada que Televisión Azteca, S.A de C.V., dejó de transmitir, en el horario de 6:00 a 24:00 horas, sin causa justificada, dentro del período comprendido del veintidós al primero de febrero de dos mil diez, diecinueve (19) promocionales correspondientes a los partidos políticos y dos mil doscientos un (2201) mensajes correspondientes a la autoridad electoral, lo que arroja un total de dos mil doscientos veinte (2220) promocionales omitidos.

Al respecto, cabe precisar que obra en el presente sumario el acuse de recibo del oficio número DEPPP/STCRT/12778/2009, de fecha 30 de noviembre de 2009, suscrito por el Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión, que obra en autos, mediante el cual se notificó a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, las pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, correspondientes al proceso electoral local en la citada entidad federativa para el período de precampañas, durante el lapso del veintidós de enero al ocho de marzo de dos mil diez.

Bajo estas premisas, esta autoridad tiene plenamente acreditado que dicha concesionaria, tuvo pleno conocimiento de los pautados en los que se establecieron los días y horas para la transmisión de los citados mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales para ser difundidos en el proceso electoral local de la citada entidad federativa.

Conforme lo anterior y tras la verificación realizada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión, respecto de la señal correspondiente a los canales XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, se detectó que dichas emisoras no transmitieron conforme a la pauta que les fue notificada, los promocionales de treinta segundos de duración correspondientes a los partidos políticos y autoridades electorales, tal como se ha expuso en el capítulo denominado EXISTENCIA DE LOS HECHOS, incumplimientos que de manera sintética se relacionan en la siguiente tabla:

Ante tal situación la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos emitió los oficios STCRT/0816/2010 y STCRT/0946/2010, a través del cual se requirió información a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras referidas en el párrafo precedente, respecto de las omisiones detectadas, a lo que ésta contestó:

Respuesta a los oficios STCRT/0816/2010 y STCRT/0946/2010

(…)

Sobre el particular manifiesto a esa autoridad que mi representada ha cumplido con las transmisiones de las pautas que le han sido notificadas así como con los materiales que han sido entregados oportunamente por esa Autoridad, sin embargo, el término concedido para rendir el informe que se nos solicita se ha fijado con la finalidad de que mi representada no pueda demostrar a esa autoridad que ha procedido con las transmisiones de referencia, ya que, la notificación del oficio en comento se realizó un viernes por la tarde, justo cuando el personal de mi representada ya se ha retirado y no regresa a laborar sino hasta el próximo lunes 7 de septiembre.

Todo ello hace de manifiesto la indefensión de mi representada para cumplir con el requerimiento que contesta, no obstante que se han estado transmitiendo los materiales respectivos por mi representada, habida cuenta que:

a).- En el anexo 1 del oficio que se contesta no se especifica a qué versión se está refiriendo cada uno de los supuestos incumplimientos, situación que hace difícil cotejar con las órdenes de transmisión notificadas por esa autoridad, pues en ella únicamente se identifican partidos políticos y autoridades electorales y no a materiales o versiones.

b).- En los oficios en los cuales esa autoridad daba indicaciones de transmisión y remitía materiales a mí representada, identificaba dichos materiales con el número de versión que esa autoridad les asignaba, sin indicar el nombre de las versiones. Sin embargo, en el oficio que se contesta no se indica dato alguno.

c).- Para poder contestar el oficio de requerimiento de información, mi representada tiene que ver primero, el nombre del partido político o autoridad electoral que se dice ser ‘actor’ (sic), si dicho “actor” se refiere a la pauta notificada; luego se tiene que buscar entre todos los oficios que le fueron noticiados qué número se le asignó al material de que se trate. Posteriormente, ya identificado el material, se tiene que buscar el número que se le dio dentro del cúmulo de materiales que opera mi representada, una vez identificado constatar si se transmitió en la forma en que esa autoridad refiere en el oficio que se contesta o según su dicho no se transmitió; posteriormente, buscar si existen grabaciones para desvirtuar el dicho de esa autoridad; si se encuentran, entonces proceder a su grabación para remitírselos como prueba.

d).- Lo anterior se agrava por el hecho de que con el oficio que se contesta se notificaron otros 8 oficios más con el mismo término para su contestación, con diversos materiales que se tienen que identificar.

e).- Se otorga un plazo para cumplirse en fin de semana, cuando el personal de mi representada encargada de verificar el dicho de la autoridad, no labora y en una hora en la cual, ya se había retirado del centro de trabajo.

Independientemente de lo anterior, se hace notar a esa Autoridad la indefensión en que se encuentra mi representada, violando con ello la garantía de audiencia y de legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hacer nula su capacidad de defensa ya que, del oficio que se contesta como de sus anexos no se desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten incumplimiento alguno de mi representada a la Ley Electoral.

Además de que de la lectura de dicho oficio, no podemos derivar su naturaleza jurídica ni sus alcances, generando para mi representada un completo estado de indefensión, respeto a la respuesta que deba dar a esa autoridad.

Resulta de explorado derecho, que todo acto administrativo debe cumplir con las formalidades y requisitos que le exige la ley, siendo preciso en cuanto a su objeto y circunstancias, sin que medie error respecto a la causa o motivo y especialmente sobre el fin del acto, resultando en el caso concreto que el documento enviado es impreciso, vago y contradictorio en cuanto a su contenido.

En razón de lo antes expuesto, mi representada se encuentra imposibilitada a dar cabal respuesta, formal y materialmente a su solicitud, en los términos expuestos, sin perjuicio de señalar que se encuentra en la mejor disposición de dar atención a los requerimientos de ese Instituto que cumplan con las formalidades de ley.

Se afirma que el documento que nos ocupa no satisface el requisito de fundamentación y motivación, en virtud de que no basta que se invoquen diversos preceptos legales del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales si los supuestos de hecho que se narran en tal documento no encuadran dentro de las hipótesis normativas de dichos preceptos legales, al efecto es aplicable la jurisprudencia con el rubro, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN” visible en el Apéndice de 1975 del Semanario Judicial de la Federación, Parte III, Sección Administrativa, Séptima época, página 666, del que se desprende que, para que la autoridad cumpla la garantía que consagra el artículo 16 constitucional en cuanto a la fundamentación y motivación de sus determinaciones, “… en las mismas debe citar el precepto legal que le sirve de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca”, lo que en la especie no se satisface.

De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia con el rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL” sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Tomo III, página 493.”

Como se observa, Televisión Azteca, S.A. de C.V. se limitó a referir genéricamente que ha cumplido con las transmisiones de las pautas que le han sido notificadas, así como con los materiales que han sido entregados oportunamente por la autoridad electoral, precisando únicamente que no contó con el tiempo necesario para desahogar los requerimientos que le fueron formulados, en atención a que según su dicho, dichos pedimentos fueron notificados un viernes por la tarde, cuando su personal se retira de sus labores, lo que impidió dar contestación a dichos requerimientos, y en consecuencia, quedar en estado de indefensión.

No obstante, la autoridad de conocimiento estima que Televisión Azteca, S.A. de C.V. no aportó algún dato o elemento de convicción tendente a demostrar que cumplió con los promocionales de los partidos políticos y de las autoridades conforme a la pauta que le fue debidamente notificada por esta autoridad, o bien que justificara su incumplimiento.

En efecto, la concesionaria denunciada omitió aportar algún elemento que acreditara o justificara las omisiones en que incurrió, sino que sólo manifestó que cumplió con su obligación de transmitir los mensajes que le fueron encomendados por esta autoridad electoral.

Bajo estas premisas, es válido arribar a la conclusión que valoradas las pruebas que obran en autos, esto es, las documentales públicas y técnicas aportadas por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, frente a la simple manifestación de la televisora, generan mayor convicción a esta autoridad, los datos aportados por el referido servidor público, toda vez que constituyen elementos objetivos de prueba, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones.

Asimismo, resulta atinente precisar que, contrario a lo sostenido por Televisión Azteca, S.A. de C.V., los requerimientos que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos formuló a la televisora en cuestión, a efecto de que rindiera un informe respecto de las omisiones que fueron detectadas tras la verificación que realizó dicha Dirección se encuentran debidamente fundadas, motivadas y se ajustan a los plazos previstos por la ley.

Al respecto, conviene reproducir el artículo 58 y octavo transitorio del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, mismos que en la parte conducente señalan que:

“Artículo 58

De los incumplimientos a los pautados

(…)

3. Todo incumplimiento a los pautados ordenados por el Comité y/o la Junta deberá ser notificado al concesionario y/o permisionario inmediatamente después de detectada dicha omisión por la verificación respectiva, en términos de los párrafos siguientes.

4. Fuera de proceso electoral los supuestos incumplimientos a los pautados deberán ser notificados dentro de los 5 días siguientes a su detección al concesionario y/o permisionario para que manifieste las razones técnicas que generaron dicho incumplimiento en los siguientes tres días. La Dirección Ejecutiva valorará las razones técnicas argumentadas por los medios. En caso de que las razones técnicas a que aluda el concesionario o permisionario sean injustificadas, la Dirección Ejecutiva lo hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo para los efectos conducentes. La Secretaría Técnica estará obligada a informar en cada sesión ordinaria del Comité los resultados de las verificaciones respecto de las pautas ordenadas por dicho órgano.

5. Dentro de proceso electoral los supuestos incumplimientos a los pautados seguirán el mismo procedimiento que el párrafo anterior, pero disminuirán los plazos a 12 horas para notificar a la emisora y a 24 horas para que dé respuesta.

6. En todo caso, el concesionario y/o permisionario estará obligado a reponer toda omisión en las transmisiones con independencia de la causa que le haya dado origen, en los términos que determine el Consejo.

Artículo Octavo Transitorio

“OCTAVO.- El Instituto deberá cumplir con las obligaciones que el Reglamento le imponga, en la medida en que su infraestructura se lo permita. Esta disposición transitoria será vigente hasta en tanto el Instituto esté en posibilidad de adquirir e instalar la infraestructura necesaria para dar pleno cumplimiento a las obligaciones que el Reglamento le impone.”

Como se observa, dentro de los procesos electorales, los supuestos incumplimientos a los pautados deberán ser notificados al concesionario y/o permisionario para que manifieste las razones técnicas que generaron dicho incumplimiento, quien tendrá 24 horas para dar respuesta a dicho requerimiento.

En tal virtud, toda vez que en los requerimientos que formuló esta autoridad a la televisora denunciada, le fue otorgado el plazo previsto en la ley para desahogar dichos pedimentos, esto es 24 horas, las manifestaciones que realiza Televisión Azteca, S.A de C.V. carecen de fundamento, y en consecuencia, resultan inatendibles.

Es tales circunstancias, toda vez que del monitoreo que practicó esta autoridad, se acredita plenamente que Televisión Azteca, S.A. de C.V., no transmitió del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, 2220 (dos mil doscientos veinte) promocionales de 30 segundos de duración correspondientes a los partidos políticos y mensajes de las campañas institucionales de las autoridades electorales, lo que dio lugar a que incumpliera con la pauta que le fue notificada para ser transmitida durante el período de precampañas que se llevaron a cabo en el estado de Zacatecas en el proceso electoral local 2010, por lo que resulta válido concluir que dicha conducta es ilícita, por ende, constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 74, párrafo 3, y 350, párrafo 1, inciso c) del código federal electoral.

En efecto, del análisis integral a la información y constancias aportadas por el denunciante, esta autoridad advierte que no existe probanza alguna que desvirtúe los elementos de convicción con que esta autoridad cuenta para tener por acreditados los incumplimientos que se le imputan a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas.

En tales condiciones, esta autoridad atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, colige que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, transgredió lo dispuesto por los artículos 74, párrafo 3, y 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que, sin causa justificada, omitió transmitir, en el horario de 6:00 a 24:00 horas, los mensajes y programas de los partidos políticos y autoridad electoral, que debieron haber sido difundidos en el período comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, por lo que se declara fundado el procedimiento especial sancionador de mérito.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

SÉPTIMO.- Que una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normatividad electoral por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, se procede a imponer la sanción correspondiente.

El artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las sanciones aplicables a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión.

En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros: "ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" y "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", con números S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003 respectivamente, señala que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta; en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un instituto político el que cometió la infracción sino una persona moral cuya principal actividad es brindar servicio de televisión y de audio, las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas que en aquellos casos, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.

I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:

El tipo de infracción

En primer término, es necesario precisar que la norma transgredida por Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, es el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.

La finalidad perseguida por el legislador al establecer como infracción de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, el no difundir los mensajes y programas de la autoridad electoral, así como de los partidos políticos nacionales, es, primero, determinar con claridad la obligación de dichas personas morales de otorgar el tiempo del estado al que hace referencia el artículo 41 constitucional y, de ese modo, garantizar que tanto las autoridades electorales como los institutos políticos puedan ejercer una prerrogativa legal, la cual les permitiría en caso de las autoridades electorales a contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento de régimen de partidos políticos, integrar el Registro Federal de Electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a cualquier nivel de gobierno, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y cultura democrática; y en el caso de los partidos políticos dicha prerrogativa constitucional tiene como finalidad promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, así como contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de tales personas al ejercicio del poder público.

En esa tesitura, la hipótesis prevista en el citado artículo 350, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento legal referido, tiende a preservar el derecho tanto de las autoridades electorales como de los partidos políticos de acceder a los medios electrónicos, con el propósito de cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, aunado a que ello les permite establecer un canal de comunicación con la ciudadanía, a efecto de que quienes conforman el electorado tengan una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos, además de contar con toda la información que les permita ejercer adecuadamente sus derechos político-electorales.

En el presente asunto quedó acreditado que Televisión Azteca, S.A. de C.V., contravino lo dispuesto en la norma legal en comento, al haber omitido transmitir, sin causa justificada, dos mil doscientos veinte (2220) promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante el proceso electoral local que se lleva a cabo en el estado de Zacatecas, particularmente del período comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

Al respecto, cabe señalar que no obstante haberse acreditado la violación a lo dispuesto en distintos preceptos constitucionales y legales por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., ello no implica que estemos en presencia de una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, ya que en dichas normas el legislador pretendió tutelar, en esencia, el mismo valor o bien jurídico (el cual se define en el siguiente apartado).

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

La disposición antes trascrita, tiende a preservar el derecho de las autoridades electorales y de los partidos políticos de acceder a los medios electrónicos, con el propósito de darse a conocer entre la sociedad y cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, aunado a que ello les permite establecer un canal de comunicación con la ciudadanía, a efecto de que quienes conforman el electorado tengan una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos; además de contar con la información idónea que les permita ejercer adecuadamente sus derechos político-electorales.

Asimismo, la hipótesis normativa contenida en el artículo 350, primer párrafo, inciso c) del código federal electoral, infiere de manera directa con los fines del Instituto Federal Electoral y de otras autoridades electorales, ya que a través de los mensajes que éstas difunden en los medios de comunicación de radio y televisión se garantiza el ejercicio de las actividades que les han sido encomendadas constitucional y legalmente, relativas a la capacitación electoral, educación cívica y al padrón y lista de electores, actividades necesarias para la cultura democrática de nuestro país.

En el caso, se conculcó el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,), derivado del incumplimiento en que incurrió la persona moral Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, al omitir transmitir los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos durante el proceso electoral local en el estado de Zacatecas, particularmente, del período comprendido del período comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, sin que exista causa justificada.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a)     Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a Televisión Azteca, concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, consistió en inobservar lo establecido en los artículos 74, párrafo 3, y 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al omitir transmitir, sin causa justificada, dos mil doscientos veinte (2220) promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante el proceso electoral local en el estado de Zacatecas, particularmente en el lapso comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, época en el que se desarrollan las precampañas en la citada entidad federativa, que de manera sintética se relacionan en la siguiente tabla:

b)     Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la omisión en que incurrió Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, aconteció durante el período comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez.

Es de tomarse en consideración que las conductas irregulares atribuidas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., se cometieron dentro del proceso electoral local en el estado de Zacatecas, particularmente en el período de precampañas.

c)      Lugar. La irregularidad atribuible a Televisión Azteca, S.A. de C.V., aconteció como concesionaria de las frecuencias identificadas con las siglas XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, al omitir transmitir los promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos, sin causa justificada, emisoras cuya cobertura es local y se limita al estado de Zacatecas.

Intencionalidad

Se considera que en el caso sí existió por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las frecuencias identificadas con las siglas XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, la intención de infringir lo previsto en los artículos 74, párrafo 3, y 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que Televisión Azteca, S.A. de C.V., estuvo enterada de las pautas a las que debía sujetarse en la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, y no obstante que ya tenía pleno conocimiento del pautado correspondiente se abstuvo de transmitirlos a través de las frecuencias referidas en el párrafo que antecede, sin causa justificada.

Adicionalmente, debe decirse que en atención a la cantidad de promocionales omitidos, no hay causa alguna de justificación en la comisión de las conductas sancionadas, sino por el contrario, debe estimarse que el incumplimiento reprochado se realizó con plena conciencia, es decir, con pleno conocimiento de que lo ordenado por la autoridad electoral federal no se estaba cumpliendo a cabalidad, dado que la omisión en que incurrió implica la conducta de bloquear los promocionales de los partidos políticos y de la autoridad electoral.

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas

Se estima que la conducta infractora se cometió de manera reiterada, pues de las pruebas que obran en autos se tiene la certeza del incumplimiento en la transmisión de los promocionales correspondientes a la autoridad electoral y de los partidos políticos en el período comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, es decir, durante el desarrollo de las precampañas en el estado de Zacatecas.

Las (contexto fáctico) y los medios de ejecución

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por Televisión Azteca, S.A. de C.V. se cometió en el período de precampaña del proceso electoral local en el estado de Zacatecas, es decir, durante la contienda para determinar quiénes serán los nuevos integrantes de su Congreso Local.

En tal virtud, toda vez que la falta se presentó dentro del desarrollo de un proceso electoral local, particularmente el comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, resulta válido afirmar que la conducta es atentatoria del principio constitucional consistente en la equidad que debe imperar en toda contienda electoral, cuyo objeto principal es permitir a los partidos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que algún candidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral.

Medios de ejecución

La omisión de los mensajes materia del presente procedimiento administrativo especial sancionador, tuvo como medio de ejecución la señal televisiva de las emisoras identificadas con las siglas XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, concesionadas a Televisión Azteca, S.A. de C.V, cuya señal se circunscribe a la citada entidad federativa.

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad especial, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad infringir de forma directa los objetivos tutelados por la norma relativos al omitir la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos conforme a las pautas aprobadas por esta autoridad con lo cual se transgredió la normatividad electoral vigente y se realizó dentro de un proceso electoral local.

Reincidencia

Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudo haber incurrido la empresa Televisión Azteca, S.A de C.V.

Al respecto, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el código federal electoral incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En ese sentido, existe constancia en los archivos del Instituto Federal Electoral de que la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V. ha sido sancionada en la siguiente determinación por haber infringido lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

    Queja identificada con la clave SCG/QCG/026/2008, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del veinte de abril del año en curso, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP 105/2009, en fecha veinte de mayo de dos mil nueve.

    Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/010/2009, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del veinticuatro de marzo del año en curso, en la que se le impuso una sanción de 36,496.350 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello los artículos 75, párrafo 1, y 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP 73/2009, en fecha tres de junio de dos mil nueve.

    Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/013/2009, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del veintinueve de marzo del año en curso, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP 83/209, en fecha trece de mayo de dos mil nueve.

    Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/308/2009, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto el veintiocho de julio de dos mil nueve, en la que se le impuso una sanción consistente en una multa de cuatrocientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $21,920,000.00 (veintiún millones novecientos veinte mil pesos 00/100), al no al no incluir en la señal restringida de Sky y Cablevisión, sin causa justificada, 5734 (cinco mil setecientos treinta y cuatro) promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante el proceso electoral que se lleva a cabo en específico en el período de campaña federal, violando con ello, entre otros, el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP 247/209, en fecha veintiuno de agosto de dos mil nueve.

Sanción a imponer

Por todo lo anterior (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción), la conducta realizada por Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar), y sin que ello implique que ésta sea de tal monto que incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida y que se han precisado previamente.

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie, concesionarios o permisionarios de medios electrónicos) realice una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar grave en determinado caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisadas, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto económico involucrado en la irregularidad, de manera que tales elementos sea necesario tenerlos también en consideración, para que la individualización de la sanción sea adecuada.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, por incumplir, sin causa justificada, con su obligación de transmitir los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, que se encuentran especificadas en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

[…]

f) Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el caso de concesionarios o permisionarios de radio será de hasta cincuenta mil días de salario mínimo; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según corresponda;

III. Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes, a que se refiere este capítulo, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autoriza.

IV. En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por treinta y seis horas. En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios, la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.

V. Cuando la sanción anterior haya sido aplicada y el infractor reincida en forma sistemática en la misma conducta, el Consejo General dará aviso a la autoridad competente a fin de que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia, debiendo informar al Consejo.”

Toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad especial, y la misma infringe los objetivos buscados por el legislador al establecer un sistema electoral que permita a la autoridad electoral y a los partidos políticos, difundir entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II citada, consistente en una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que las previstas en las fracciones IV y V, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido.

Lo anterior con independencia de que, al efecto, como se acreditará en párrafos subsecuentes, le resulte aplicable, de igual manera, lo dispuesto en la fracción III del mismo artículo.

Para efectos de individualización de la sanción, es menester tomar en cuenta el número de promocionales incumplidos, los días que abarcó el incumplimiento, y que en el momento en que se realizó la conducta infractora se encontraba desarrollándose un proceso electoral.

Asimismo, para esta falta, el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del código electoral federal señala que puede ser aplicable para efectos de sanción, una multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, como la máxima sanción pecuniaria aplicable por cada pauta no transmitida.

En el caso a estudio, se debe considerar que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, fue notificada a través del oficio número DEPPP/STCRT/12778/2009, el día treinta de noviembre de dos mil nueve, esto es con cincuenta y dos días de anticipación a la fecha en que estaba obligada a realizar la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, a través de las señales antes referidas, en total faltó a su obligación de transmitir dos mil doscientos veinte (2220), aun cuando recibió y conoció los materiales que debía transmitir con tiempo suficiente.

Por lo tanto, de conformidad con la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, y en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial federal vigente, cuando los concesionarios no transmitan o lo hagan no conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes y programas de los partidos políticos, se les sancionará con multa de uno a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cabe considerar que, el límite para las multas que se pueden imponer a los concesionarios o permisionarios, es de cien mil días de salario mínimo general vigente, con independencia de las razones que se hayan tenido para ello.

En tal virtud, la sanción correspondiente se debe aplicar por cada canal de televisión, aunque la concesionaria sea la misma persona, toda vez que la obligación de transmitir los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales existe respecto de cada emisora.

Al respecto, conviene reproducir el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP 247/209, en el que medularmente sostuvo:

“(…)

Como se puede advertir con toda claridad de las disposiciones antes transcritas, la obligación de los concesionarios de radio y televisión, de poner a disposición de la autoridad electoral federal determinados minutos por cada hora de transmisión, se da en razón de cada emisora y no por la persona física o moral concesionaria.

De tal forma, el hecho de que se haya impuesto la multa en función de cada uno de los canales de la televisora en los cuales se omitieron los mensajes para su retrasmisión en televisión restringida, resulta conforme a Derecho, porque la obligación existe respecto de cada emisora.

Esto es, el sistema de acceso a radio y televisión establecido por el Poder Revisor de la Constitución, se previó considerando en forma individual a las emisoras, pues cada una de ellas tiene la obligación de poner a disposición del órgano encargado de la administración de tiempos en radio y televisión, en materia electoral, un determinado tiempo de transmisión por cada hora transcurrida, dentro de un horario previsto en la Constitución General de la República, que comprende de las seis a las veinticuatro horas.

Ahora bien, en el caso concreto, como ha quedado razonado a lo largo de esta ejecutoria, la conducta infractora provocó que dos concesionarias titulares de dos sistemas de televisión restringida, respectivamente, no cumplieran con su obligación de retransmitir los mensajes contenidos en las señales que recibió de Televisión Azteca S.A. de C.V., toda vez que ilegalmente fueron bloqueadas. Consecuentemente si se modificó la señal de cada uno de los canales de televisión enviados a terceros, es dable concluir que la sanción correspondiente se debe aplicar por cada canal de televisión, aunque la concesionaria sea la misma persona, por lo que en el caso, no se violan los principios de legalidad, certeza y objetividad como lo afirma el partido político apelante.

(…)”

Como se observa, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sostenido que la imposición de una multa en función de cada uno de los canales de la televisora en los que se haya omitido la difusión de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales, resulta conforme a Derecho, porque la obligación existe respecto de cada emisora.

Asimismo, resulta atinente precisar que la determinación del monto de la sanción a imponer, se determinó tomando como criterio principal el grado de cumplimiento de la pauta por cada una de las emisoras de la que es concesionario el denunciado en cuestión, aplicando como multa el mismo porcentaje que implicaron los incumplimientos frente a la parte proporcional de la pauta que debía ser observada en el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, respecto del monto máximo (cien mil días de salario mínimo) que puede ser impuesto como sanción, así como la temporalidad en que se cometió la infracción (precampañas locales en el estado de Zacatecas), la intencionalidad, y la reincidencia del sujeto infractor.

En tal virtud, tomando en consideración que Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de la frecuencia XHKC-TV canal 12, en el estado de Zacatecas, omitió transmitir durante el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, setecientos cuarenta y cuatro (744) promocionales y mensajes de la autoridad electoral y de los partidos políticos conforme al pautado aprobado por dicha autoridad, que la conducta se realizó de manera intencional dentro de un proceso comicial local, y el daño que se generó a los partidos políticos de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del ordenamiento legal ya citado, se debe imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V una sanción consistente en una multa de setenta mil cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a la cantidad de $4,048,057.00 (Cuatro millones cuarenta y ocho mil cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) por lo que hace a las omisiones en que incurrió la frecuencia en cuestión.

Ahora bien, tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente resolución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del Código comicial electoral, lo procedente es imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V., una multa de ciento cuarenta mil novecientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,096,114.00 (Ocho millones noventa y seis mil ciento catorce pesos 00/100 M.N.), por lo que hace a las omisiones en que incurrió la frecuencia XHKC-TV canal 12, en el estado de Zacatecas.

En tal virtud, tomando en consideración que Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de la frecuencia XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, omitió transmitir durante el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, setecientos treinta y nueve (739) promocionales y mensajes de la autoridad electoral y de los partidos políticos conforme al pautado aprobado por dicha autoridad, que la conducta se realizó de manera intencional dentro de un proceso comicial local, y el daño que se generó a los partidos políticos de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del ordenamiento legal ya citado, se debe imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V una sanción consistente en una multa de sesenta y nueve mil novecientos ochenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a la cantidad de $4,021,050.8 (Cuatro millones veinte un mil cincuenta pesos 8/100 M.N.) por lo que hace a las omisiones en que incurrió la frecuencia en cuestión.

Ahora bien, tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente resolución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del Código comicial electoral, lo procedente es imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V., una multa de ciento treinta y nueve mil novecientos sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,042,101.6 (Ocho millones cuarenta y dos mil ciento un pesos 6/100 M.N.), por lo que hace a las omisiones en que incurrió la frecuencia XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas.

En tal virtud, tomando en consideración que Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de la frecuencia XHLVZ-TV canal 10, en el estado de Zacatecas, omitió transmitir durante el período comprendido del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, setecientos treinta y siete (737) promocionales y mensajes de la autoridad electoral y de los partidos políticos conforme al pautado aprobado por dicha autoridad, que la conducta se realizó de manera intencional dentro de un proceso comicial local, y el daño que se generó a los partidos políticos de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del ordenamiento legal ya citado, se debe imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V una sanción consistente en una multa de sesenta y nueve mil setecientos noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a la cantidad de $4,010,133.4 (Cuatro millones diez mil ciento treinta y tres pesos 4/100 M.N.) por lo que hace a las omisiones en que incurrió la frecuencia en cuestión.

Ahora bien, tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente resolución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del Código comicial electoral, lo procedente es imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V., una multa de ciento treinta y nueve mil quinientos ochenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,020,266.8 (Ocho millones veinte mil doscientos sesenta y seis pesos 8/100 M.N.), por lo que hace a las omisiones en que incurrió la frecuencia XHLVZ-TV canal 10, en el estado de Zacatecas.

En este sentido, la suma total de las multas impuestas a Televisión Azteca S.A. de C.V. asciende a un monto que equivale a la cantidad de $24,158,482.4 (Veinticuatro millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N).

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

Al respecto, se estima que la omisión de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, ya que durante el período comprendido del día veintidós de enero al primero de febrero de dos mil nueve, omitió transmitir dos mil doscientos veinte (2220) promocionales que habían sido aprobados en la pauta respectiva, a efecto de lograr los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados a los partidos políticos con el propósito de que sean conocidos.

La anterior consideración es acorde con el derecho que tienen los partidos políticos de usar de manera permanente los medios de comunicación social, prerrogativa que fuera de los períodos de precampaña y campañas electorales federales, los partidos políticos utilizan el tiempo que les corresponde con la transmisión de promocionales de treinta segundos cada uno, esto es así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, apartado B, inciso b) de la Constitución Federal.

En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, Televisión Azteca, S.A. de C.V. causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, por lo siguiente:

a)      Como se evidenció a lo largo de la presente determinación, la referida concesionaria conocía su obligación de transmitir a través de sus señales XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, no obstante, omitió hacerlo, violando la exigencia prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del código federal electoral.

En ese sentido, dicho comportamiento debe interpretarse como una falta de cooperación con la autoridad administrativa electoral federal, para la difusión de los programas a que tienen derecho la autoridad electoral y los partidos políticos, en términos de lo expresado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las condiciones socioeconómicas del infractor

Adicionalmente, es menester precisar que dada la cantidad que se impone como multa a la televisora aludida, en comparación al promedio de activos financieros, promedio de activos fijos y diferidos y la suma del activo que dicha compañía tiene, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Para afirmar lo anterior, esta autoridad trae a acotación el contenido del Reporte de Declaraciones Anuales que fue proporcionado por el Administrador Central de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Juana Martha Avilés González, en respuesta al oficio UFRPPP/DRNC/3089/2009, girado por el Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, (mismo que obra en los archivos de este Instituto).

Al respecto, resulta importante destacar que la información antes referida se encuentra vigente, en razón de que conforme a la normatividad fiscal federal, Televisión Azteca S.A de C.V. tiene como fecha límite para presentar su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio de dos mil nueve, a más tardar el día treinta y uno de marzo de este año, razón por la cual esta autoridad se vio obligada a tomar en consideración los datos en cuestión.

La información de que se trata tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 359, apartado 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 45, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2009, porque se trata de documentales públicas expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la Declaración Anual del Ejercicio 2008, así como pagos provisionales, presentados por Televisión Azteca, S.A. de C.V., declaración que corresponde al tipo “Normal” y que al ser la última presentada y registrada ante la autoridad precitada, constituye la declaración definitiva del ejercicio 2008, misma que valorada en su conjunto en atención a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral permiten determinar en el apartado correspondiente al Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008 contenido en la declaración de mérito, Televisión Azteca, S.A. de C.V. manifestó que la Suma del Activo es de $8,849,077,524.00 (Ocho mil ochocientos cuarenta y nueve millones setenta y siete mil quinientos veinticuatro pesos 00/100), lo que lleva a esta autoridad electoral considerar que lógicamente la capacidad económica de la persona moral de mérito no puede ser afectada con la multa que se impone ni ésta es confiscatoria o resulta desproporcionada, pues equivale al 0.273% de la suma del Activo (porcentajes expresados hasta el tercer decimal, salvo error u omisión de carácter aritmético).

Por consiguiente, la información en comento genera en esta autoridad ánimo de convicción y valor probatorio idóneo para afirmar que el monto de la sanción impuesta, en forma alguna puede calificarse como excesivo, o bien, de carácter gravoso para Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Finalmente, resulta inminente apercibir a la responsable de que en caso de no cumplir con la obligación de saldar la multa impuesta, resultará aplicable lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 355 del Código de la materia, en el sentido de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, así como de que una vez cumplida la obligación de transmitir los programas en cuestión, en caso de reincidir en la omisión, resultará aplicable lo dispuesto en los párrafos IV y, en su caso, V del inciso f) del artículo 354 del código de la materia.

REPOSICIÓN DE LOS TIEMPOS DEL ESTADO

OCTAVO.- Que el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción III del Código Federal Electoral señala que cuando los concesionarios o permisionarios de radio y televisión no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes a que se refiere este capítulo, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autoriza.

En efecto, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que incumplan su obligación de transmitir los mensajes de partidos políticos y de autoridades electorales conforme a las pautas notificadas por el Instituto, se encuentran obligados a reponer la transmisión de los promocionales omitidos, independientemente de las sanciones que adicionalmente determine el Consejo General de este Instituto.

La reposición de transmisión de los mensajes de partidos políticos y de las autoridades electorales, es una sanción cuya imposición procede cuando se actualiza el incumplimiento de una obligación de transmitir conforme a los pautados por parte de los concesionarios y/o permisionarios de radio y televisión, sin que exista una causa que justifique tal omisión.

Ahora bien, por tratarse de una sanción, la reposición de la transmisión de los promocionales y mensajes, sólo puede ordenarse previa substanciación de un procedimiento que revista las formalidades esenciales que se especifican en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Bajo este contexto, en el asunto que nos ocupa, la reposición de transmisiones como sanción, debe ser ordenado por el Consejo General en la resolución correspondiente que ponga fin al procedimiento especial sancionador instruido a partir de la denuncia de conductas violatorias, en los casos en que se acredite el incumplimiento a las pautas de transmisión, sin haber causa justificada.

Dentro de este procedimiento, se celebra una audiencia de pruebas y alegatos en las que las partes argumentan lo que a su derecho convenga y presentan los elementos probatorios que estiman pertinentes. Hecho lo anterior, la Secretaría Ejecutiva procede a elaborar un proyecto de resolución en el que determina fundada y motivadamente si en el caso concreto se configuran los ilícitos relativos al incumplimiento a los pautados objeto de la investigación, previo análisis de las circunstancias en que se cometió la irregularidad, así como a las condiciones particulares de la emisora responsable, el cual se somete a consideración de este Consejo General.

En los casos en que se determine la actualización de irregularidades, además de la imposición de las sanciones correspondientes, de resultar procedente, se ordenará a la emisora responsable la reposición de los mensajes y programas omitidos conforme a un modelo de pautado específico, y que dicha reposición deberá iniciarse dentro de los cinco días contados a partir de la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento especial sancionador.

Dicho pautado específico es elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a petición del Secretario Ejecutivo, siguiendo las reglas que para tales efectos se instruyen en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA REPROGRAMACIÓN Y LA REPOSICIÓN DE LOS PROMOCIONALES Y PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES ELECTORALES EN EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA EL AÑO 2009.

Para determinar el esquema de reposición, es fundamental que se considere la etapa en que ocurrió el incumplimiento, ya sea período ordinario, precampaña, intercampaña o campaña, en procesos electorales federales o locales, así como las circunstancias particulares del caso, el número de mensajes cuya transmisión sea omitida, la reincidencia, sistematicidad y reiteración en la comisión de la infracción, entre otras.

Bajo esta tesitura, y una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normatividad electoral por parte de Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, en la presente resolución, en relación a la omisión de transmitir un total de 2220 promocionales de autoridades electorales y partidos políticos conforme a los pautados previamente notificados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, sin existir alguna causa que justifique tal omisión, conducta que infringe la hipótesis normativa contenida en el artículo 350, primer párrafo, inciso c) del código federal electoral, y toda vez que las omisiones se efectuaran durante el período de precampañas que se desarrolla actualmente en la contienda local del estado de Zacatecas, debe ordenarse a las emisoras denunciadas la reposición de los mensajes omitidos conforme a un pautado específico.

Sobre este particular, la máxima autoridad administrativa en materia electoral emitió el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA REPROGRAMACIÓN Y LA REPOSICIÓN DE LOS PROMOCIONALES Y PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES ELECTORALES EN EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA EL AÑO 2009.

“CUARTO. (…)

En el caso de la reprogramación oficiosa fuera del procedimiento de verificación, integración y vistas, las emisoras que adviertan que no han transmitido conforme a las pautas enviarán un aviso a la autoridad en que informen dicha circunstancia, así como las causas de dicha omisión y mediante el cual remitan una propuesta de reprogramación de transmisiones que necesariamente deberá ajustarse a las siguientes reglas:

(…)

b. Se deberá respetar el orden de los promocionales previsto en las pautas cuya transmisión se repone;

c. La transmisión de los mensajes omitidos se llevará a cabo en la misma hora del día en que fueron pautados originalmente;

d. Los mensajes que se transmitirán serán los correspondientes a los materiales que estén al aire al momento de la reprogramación;

e. En todo caso, dará preferencia a la transmisión de los promocionales que conforme a las pautas correspondan en los días de la reprogramación, de modo que los mensajes cuya transmisión se reprograme deberán ser pautados después de los originales a la misma hora, en cortes distintos para evitar la acumulación de mensajes, así como para efectos de la verificación de transmisiones;

(…)

g. Invariablemente, las transmisiones de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales se efectuará en tiempos distintos a los que corresponden al Estado. En otros términos, los promocionales reprogramados tendrán que ser transmitidos en los tiempos comerciales o en los correspondientes a la programación de la emisora, según sea el caso, sin que bajo ninguna circunstancia se interrumpa la programación de la emisora;

h. La propuesta de reprogramación de promocionales también deberá adecuarse a los criterios especiales aprobados mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se emiten criterios especiales para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales identificado con la clave CG162/2009;

(…)

k. La reprogramación oficiosa fuera del procedimiento de verificación, integración y vistas, sólo podrá tener lugar en la misma etapa temporal respecto de la cual se omitió la transmisión originalmente pautada. Si el mensaje omitido se pautó para su transmisión en la etapa de precampañas, únicamente podrá ser reprogramado durante el transcurso de dicha etapa, misma situación que se observará con el período de campañas y el período fuera precampañas y campañas.

l. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la omisión de transmitir por circunstancias técnicas inevitables se produzca en la última semana del período de que se trate —precampañas, intercampaña, campañas, período fuera de éstas—, la reprogramación respectiva tendrá lugar en el período no electoral inmediato siguiente.

QUINTO. La reprogramación oficiosa dentro del procedimiento de integración, verificación y vistas se llevará a cabo una vez que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos detecte el posible incumplimiento de los pautados de los tiempos del Estado que corresponde administrar al Instituto.

En la reprogramación oficiosa dentro del procedimiento de integración, verificación y vistas, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos emitirá un requerimiento a la emisora presuntamente infractora para que informe si efectivamente incurrió en incumplimiento o si, por el contrario, transmitió conforme a las pautas; en este último supuesto, el emisor deberá remitir grabaciones u otras pruebas que acrediten dicho extremo o bien la existencia de razones técnicas que justifiquen el incumplimiento.

En el caso de presunta existencia de razones técnicas, junto con la respuesta al requerimiento en la cual detallen las causas de la omisión, la emisora presuntamente responsable podrá remitir una propuesta de reprogramación de transmisiones que en todo caso tendría que ajustarse a las siguientes reglas:

a.              Las transmisiones se deberán llevar a cabo en el mismo día de la semana en que el mensaje fue pautado originalmente, inmediato siguiente a la presentación de la respuesta al requerimiento que emita la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ante probables incumplimientos a los pautados. Al respecto, se debe considerar que las respuestas de las emisoras presuntamente infractoras deben ser presentadas dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de los supuestos incumplimientos a las pautas de transmisión, de conformidad con el artículo 58, párrafo 5 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral;

b.              Aplicarán las mismas reglas previstas en los incisos b, c, d, e, f, g, h, k y l del punto de acuerdo Cuarto del presente instrumento.

c.              Sólo en caso de que la autoridad determinara que la propuesta de reprogramación de transmisiones no fuera procedente, por no apegarse a las reglas anteriores o por cualquier causa que justifique la negativa a la propuesta, se notificará una pauta especial en la que se reprogramen los mensajes cuya transmisión sea omitida y se informarán las razones de la negativa;

d.              Para lo anterior, la autoridad valorará las siguientes variables: (i) etapa del proceso electoral federal en que se verificara el incumplimiento; y (ii) circunstancias particulares del caso, esto es, número de mensajes cuya transmisión fuera omitida; tipo de campaña, es decir, federal o local; reincidencia, sistematicidad y reiteración en la comisión de la infracción, entre otras.

2                Reposición de transmisiones como sanción en las resoluciones que pongan fin a los procedimientos especializados que se instauren a partir de vistas o quejas.

SEXTO. Será reposición de transmisiones como sanción en las resoluciones que pongan fin a los procedimientos especializados que se instauren a partir de vistas o quejas aquella que apruebe el Consejo General en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo 354 del Código.

La reposición de transmisiones como sanción en las resoluciones que pongan fin a los procedimientos especializados que se instauren a partir de vistas o quejas se ordenará una vez que el Consejo General haya resuelto en un procedimiento especial sancionador ordenar a la emisora responsable la reposición de los mensajes omitidos conforme a un pautado específico, y el cual en todo caso tendrá que ajustarse a las siguientes reglas:

a.              La reposición de las transmisiones se llevaría a cabo dentro de los 5 días contados a partir de la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento especializado.

b.              Además, aplicarían las mismas reglas previstas en los incisos b, c, d, e, g y h del punto de acuerdo Cuarto anterior.

c.              En caso de que las resoluciones del Consejo General en las que se ordene la reposición de mensajes omitidos en las precampañas o campañas electorales se aprueben con posterioridad a dichos períodos, o bien si así se determina en la propia resolución, el Comité de Radio y Televisión propondrá al Consejo General el modelo de pauta para la reposición de dichos mensajes fuera de estos períodos.”

Ahora bien, una vez desahogado el presente procedimiento especial sancionador en todas sus etapas, se acreditó que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, omitió transmitir, sin causa justificada, dos mil doscientos veinte (2220) promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, correspondientes a los pautados que le fueron oportunamente notificados.

Al respecto, se considera de gran importancia precisar que la omisión imputada a la televisora referida se efectuó del veintidós de enero al primero de febrero de dos mil diez, período comprendido dentro de la etapa de precampañas electorales que se desarrolla actualmente en el proceso electoral local del estado de Zacatecas, distribuidos de la siguiente manera:

En efecto, resulta imprescindible en el presente asunto señalar que las precampañas electorales en el estado de Zacatecas no han concluido al momento de la emisión de esta resolución y en virtud de que las condiciones de temporalidad son propicias para la reposición de los promocionales omitidos se debe ordenar a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, reponer los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos no transmitidos.

Bajo esta premisas, se ordena a Televisión Azteca, S.A de C.V., reponer los tiempos del estado, conforme a la pauta específica que se adjunta a la presente resolución como ANEXO 1.

Al respecto, se informa que la reposición de los promocionales se realizará en las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, tomando en consideración lo siguiente:

         De la emisora con distintivo XHKC-TV canal 12, setecientos cuarenta y cuatro (744) promocionales, de los cuales setecientos cuarenta (740) son para las autoridades electorales, dos (2) para el Partido Revolucionario Institucional, uno (1) para el Partido Verde Ecologista de México y uno (1) para el Partido Nueva Alianza.

         De la emisora con distintivo XHIV-TV canal 5, setecientos treinta y nueve (739) promocionales, de los cuales setecientos cuarenta (732) son para las autoridades electorales, dos (2) para el Partido Revolucionario Institucional, uno (1) para el Partido Acción Nacional, uno (1) para Convergencia, dos (2) para el Partido del Trabajo y uno (1) para el Partido Nueva Alianza.

         De la emisora con distintivo XHLVZ-TV canal 10, setecientos treinta y siete (737) promocionales, de los cuales setecientos veintinueve (729) son para las autoridades electorales, tres (3) para el Partido Revolucionario Institucional, uno (1) para Convergencia y cuatro (4) para el Partido del Trabajo.

Asimismo, debe decirse que la pauta específica conforme a la cual Televisión Azteca, S.A. de C.V., debe reponer los dos mil doscientos veinte (2220) promocionales ha sido elaborada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en ejercicio de sus funciones y tomando en consideración las normas reglamentarias que para tales efectos fueron emitidas por este Consejo General a través del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA REPROGRAMACIÓN Y LA REPOSICIÓN DE LOS PROMOCIONALES Y PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES ELECTORALES EN EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA EL AÑO 2009.

En relación a la reposición a la pauta, es de referir el contenido del oficio identificado con la clave DEPPP/0285/2010, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este instituto, que en el último párrafo del oficio antes citado, precisa lo siguiente:

“Dichas pautas fueron elaboradas para ser repuestas en el período de precampaña electoral. En virtud de que la referida etapa del proceso electoral local concluye el 8 de marzo de 2010, fue posible reponer en este período la totalidad de los promocionales omitidos. Se reponen así 6 de los 11 días con incumplimiento y los 5 días restantes deberán ser repuestos en el período ordinario, es decir, después de la jornada electoral local.”

NOVENO.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1, y 370, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, en términos de lo dispuesto en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se impone a la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHKC-TV canal 12, en el estado de Zacatecas, una sanción consistente en una multa de ciento cuarenta mil novecientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,096,114.00 (Ocho millones noventa y seis mil ciento catorce pesos 00/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando SÉPTIMO de este fallo.

TERCERO. Se impone a la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, una sanción consistente en una multa de ciento treinta y nueve mil novecientos sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,042,101.6 (Ocho millones cuarenta y dos mil ciento un pesos 6/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando SÉPTIMO de este fallo.

CUARTO. Se impone a la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHLVZ-TV canal 10, en el estado de Zacatecas, una sanción consistente en una multa de ciento treinta y nueve mil quinientos ochenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $8,020,266.8 (Ocho millones veinte mil doscientos sesenta y seis pesos 8/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando SÉPTIMO de este fallo.

QUINTO. En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de las multas antes referidas deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral (sita en Periférico Sur 4124, primer piso, Colonia Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01090, en esta ciudad capital), dentro del plazo de quince días siguientes a la legal notificación de la presente determinación; lo anterior se específica así, toda vez que en términos del último párrafo del artículo 41 de la Carta Magna, así como lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales en la presente materia, no producirá efectos suspensivos sobre la Resolución o el acto impugnado.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada.

SÉPTIMO. En caso de que Televisión Azteca, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes TAZ920907P21 y domicilio ubicado en Periférico Sur 4121, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 08700, Delegación Tlalpan, México D.F. y cuyos representantes legales según consta en autos son los CC. Francisco Javier Hinojosa Linage, José Guadalupe Botello Meza y José Luis Zambrano Porras, incumpla con los resolutivos identificados como SEGUNDO, TERCERO y CUARTO del presente fallo, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo previsto en el Convenio para el control y cobro de créditos fiscales determinados por el Instituto Federal Electoral, derivados de multas impuestas por infracciones relativas a los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

OCTAVO. Se ordena a la persona moral Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12, XHLVZ-TV canal 10 y XHIV-TV canal 5, en el estado de Zacatecas, reponer los promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, de conformidad con lo establecido en el considerando OCTAVO de la presente Resolución.

NOVENO. Notifíquese en términos de ley.

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

CUARTO. Agravios. Los agravios expresados por el actor, son del tenor siguiente:

PRIMERO. La RESOLUCIÓN RECURRIDA viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 62, 64, 76 y relativos del COFIPE; en relación con lo previsto en el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, en virtud de los siguientes razonamientos:

En el escrito por el que Televisión Azteca compareció a la audiencia que tuvo verificativo el veintidós de febrero del año en curso, argumentó que el acuerdo CG552/2009, a través del cual el CONSEJO ordena la publicación en distintos medios de los catálogos de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de los Procesos Electorales Locales con jornada comicial durante el año 2010, entre los que se comprendía a Zacatecas, no fue notificado a Televisión Azteca, ni publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo cual tiene como consecuencia que el procedimiento en el que se atribuye la omisión de la transmisión de diversos promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos, por parte de la televisora antes referida, se encuentre viciado de origen y no pueda producir efecto legal alguno.

Los argumentos antes relatados se desestiman en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por las siguientes razones:

– Se precisa que el acuerdo CG552/2009 del CONSEJO fue publicado en dos de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, así como en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo ordenado en sus puntos primero y tercero.

– Se asevera que es un hecho conocido por el CONSEJO, que en cumplimiento a lo ordenado por el punto cuarto del Acuerdo identificado como CG552/2009 el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de los procesos electorales locales con jornada comicial durante el año 2010, fue publicado en la página de Internet del Instituto Federal Electoral, a efecto de ser conocido y consultado por la ciudadanía en general.

–              Se sostiene que los periódicos oficiales de los estados son de carácter permanente e interés público y tienen como objeto hacer del conocimiento general lo que en ellos se publica, a fin de que sean aplicados y observados debidamente las leyes, reglamentos, acuerdos o cualquier otro instrumento que sea de interés público y observancia general.

– Por otra parte, se asevera que Televisión Azteca reconoce que el acuerdo CG552/2009 le fue hecho de su conocimiento de forma personal el día dos de febrero del presente año, por lo que en el caso también se cumplió con lo ordenado en el punto quinto del multicitado instrumento.

– Derivado de lo anterior, se señala que el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN EN DISTINTOS MEDIOS DE LOS CATÁLOGOS DE ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LA COBERTURA DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL DURANTE EL AÑO 2010”, tuvo la publicidad necesaria, con el objeto de que fuera conocido no sólo por los concesionarios de radio y televisión sino también por la ciudadanía en general.

– Expuesto lo anterior, se señala que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación previstos en ella, deberán presentarse dentro de los cuatro días a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución que quiera impugnarse.

– Bajo el anterior contexto, y tomando en consideración que con fecha siete de diciembre de dos mil nueve, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notificó las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales a Televisión Azteca concesionaria de las emisoras con distintivos XHKC-TV canal 12(+), XHIV-TV canal 5 (+) y XHLVZ- TV canal 10 (+), todos en el estado de Zacatecas, es que el CONSEJO considera que Televisión Azteca estuvo en aptitud de conocer tanto el contenido del acuerdo CG552/2009, así como de la pauta respectiva; por ende, fue en ese momento que la misma debió haber promovido el recurso respectivo a efecto de inconformarse.

En relación con lo anterior, se asevera que al practicarse la notificación de las pautas, Televisión Azteca estuvo en posibilidad de impugnar tal situación ante la autoridad competente, hecho que en el caso no se encuentra acreditado.

– Derivado de lo anterior, se estima que por el hecho de que Televisión Azteca no agotara el recurso correspondiente una vez que le fue notificada la pauta, respectiva, conduce a estimar que precluyó el plazo para inconformarse de la determinación emitida por la autoridad electoral.

– Se argumenta que lo anterior, guarda relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-133/2009, el cual establece:

“No obstante, con independencia de que en el apartado siguiente se demostrará que no le asiste la razón a la televisora recurrente en tal sentido, el deber o la obligación que hasta ahora cuestiona, no le fue impuesto por el Consejo General en la resolución impugnada ni deriva de la misma, sino que se concretizó cuando el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral aprobó y le notificó en definitiva cada una de las pautas, en las que se incluyen los promocionales de los partidos políticos relativos los procesos electorales de Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, el diecinueve de marzo a la primera, el nueve de marzo la segunda y tercera, y desde el trece de marzo la última.

Esto, porque en ese momento se especificó con todo detalle las obligaciones de la televisora de difundir sendas pautas para cada una de las frecuencias locales, lo cual incluso ha sido identificado por este Tribunal como el acto definitivo que culmina con el proceso complejo de asignación y distribución de tiempos de radio y televisión, susceptible por tanto de ser impugnado en forma destacada, sin que exista constancia en autos de que la televisora recurrente hubiera impugnado dicha situación, con lo cual aceptó y dejó firme tal determinación.

En suma, sólo la resolución última o final en el proceso de asignación y distribución del tiempo de radio y televisión a que tienen derecho los partidos, emitida por el Comité cumplirá con el principio de definitividad y será susceptible de impugnación, no así la que el recurrente cuestiona.

Además, el sentido de esta ejecutoria garantiza de mejor manera la definitividad de las etapas del proceso electoral y, con ello, el debido desarrollo del mismo, porque el criterio es tendente a garantizar el acceso efectivo y oportuno de los contendientes a sus prerrogativas, porque contribuye a la rapidez con que pueden definirse plena e integralmente todos los aspectos en tomo a la misma.

Lo anterior, porque reduce las impugnaciones a un momento final, en lugar de dificultar y alagar el procedimiento para la definición del derecho de acceso a la radio y televisión con múltiples inconformidades en contra de cada etapa con la consecuente afectación para las precampañas y campañas, que sólo extraordinariamente en el caso de las primeras pueden modificarse.

Asimismo, el sentido de esta determinación se sostiene, porque permitir la procedencia indiscriminada de recursos, contra cualquier acto o resolución, sobre todo, los emitidos dentro de un procedimiento sin que sean de imposible reparación, violaría el postulado constitucional de impartición de justicia pronta, acogido por el artículo 17 de la Constitución, que rige en todos los procedimientos incluidos los que se tramitan ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral.”

- Además, se señala que Televisión Azteca reconoce que le fue hecho de conocimiento el acuerdo identificado con la clave CG552/2009, el día dos de febrero del presente año, y que no obstante ello, no se inconformó del contenido del mismo, por lo que a la fecha el plazo legal para presentar el medio de impugnación respectivo, ha corrido en exceso, por lo que el mismo ha quedado firme y por ende, su contenido tiene fuerza vinculante respecto de los sujetos que en él se precisan.

Los argumentos antes relacionados son a todas luces ilegales, por lo siguiente:

1.- En el Acuerdo CG552/2009, expresamente se ordenó notificar personalmente a los concesionarios de radio y televisión que se incluyen en el Catálogo de Cobertura a que dicho acuerdo se refiere, de tal suerte que no puede ni remotamente considerarse que la falta de notificación aludida se subsanó con la publicación en diversos periódicos de circulación nacional y en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, ni tampoco con su inserción en la página de Internet del Instituto Federal Electoral.

Lo anterior es así, en atención a que, ni los diarios de circulación nacional, ni los periódicos oficiales de los estados, ni mucho menos la página de Internet del IFE, están destinados a realizar notificaciones a individuos concretos.

La notificación personal ordenada se justifica si toma en consideración, como ya lo ha expresado Televisión Azteca:

1.1. Con base en el catálogo de cobertura, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo el COMITÉ) y la Junta General Ejecutiva del propio instituto, aprueban las pautas de transmisión correspondientes a partidos políticos y autoridades electorales relacionadas con la cobertura de las elecciones locales.

1.2. La elaboración del referido catálogo de cobertura condiciona los términos en los que se aprobarán las citadas pautas, en tanto que en el mismo se precisan las estaciones de radio y canales de televisión que realizarán la cobertura.

1.3. Dado que el catálogo de cobertura en cuestión incide en la esfera jurídica de los concesionarios de radio y televisión que se incluyen en el mismo, el mismo debe notificarse personalmente a dichos concesionarios una vez que es aprobado por el CONSEJO, a efecto de que formulen las observaciones u comentarios que estimen pertinentes respecto de su contenido y en su caso para que hagan valer los derechos o medios de defensa procedentes.

En términos de lo anterior, si el acuerdo en cuestión no fue notificado personalmente a mi parte, es evidente que tal proceder trae como consecuencia que el procedimiento relativo a la transmisión de las pautas a que se refiere el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, cuyo incumplimiento se atribuyó a mi representada en dicho procedimiento, se encuentre viciado de origen y no pueda producir efecto legal alguno, de tal suerte que al no considerarse así, se pone de manifiesto la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, al carecer de la debida fundamentación y motivación.

2. Es cierto como se expresa en la RESOLUCIÓN RECURRIDA en el sentido de que el dos de febrero de dos mil diez se notificó a Televisión Azteca el acuerdo CG552/2009, sin embargo, sobre este aspecto debe precisarse:

2.1. El incumplimiento que se atribuye a Televisión Azteca en el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, se refiere a promocionales no transmitidos en el período comprendido entre el veintidós de enero y el primero de febrero de dos mil diez.

Es decir, el acuerdo CG552/2009 se dio a conocer a Televisión Azteca con posterioridad al período en el que se actualizó el supuesto incumplimiento, de tal suerte que el contenido de dicho acuerdo, en todo caso, le paró perjuicio y fue oponible a mi representada a partir del dos de febrero de dos mil diez.

2.2. Ahora bien, si en términos del citado acuerdo se precisaron las estaciones de radio y canales de televisión que realizarían la cobertura, y el mismo se notificó y fue oponible a mi parte hasta el día dos de febrero de dos mil diez, es evidente que Televisión Azteca no incurrió en la infracción que se le atribuyó en el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, pues para ello, previamente debía notificarse que los canales de los que es concesionaria en el estado de Zacatecas estaban comprendidos en el respectivo catálogo, lo que en la especie no aconteció, lo que pone de manifestó(sic) la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

3. Tal y como lo señala el CONSEJO, el siete de diciembre de dos mil diez(sic) se notificó a Televisión Azteca las pautas para la transmisión de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales relacionadas con las emisoras de las que es titular en el Estado de Zacatecas, sin embargo, debe señalarse que al practicarse dicha notificación mi representada no estuvo en aptitud de conocer el contenido del acuerdo CG552/2009, en contraste con lo que sostiene el propio CONSEJO en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, máxime que en los oficios por los que se notificaron las pautas ni siquiera se menciona al citado acuerdo.

De esta manera, es igualmente ilegal, por falso, el argumento que esgrime el CONSEJO en el sentido de que a partir de que se notificaron las pautas mi parte debió interponer el recurso respectivo en contra del acuerdo CG552/2009, para inconformarse.

4. En cuanto al argumento que se esgrime por el CONSEJO en el sentido de que Televisión Azteca no interpuso el correspondiente recurso en contra de las pautas, una vez que éstas le fueron notificadas, y que por tanto precluyó su derecho para inconformarse, debe destacarse:

4.1. En términos de lo previsto por el artículo 76, apartado 1.-, inciso a) del COFIPE, el Comité de Radio y Televisión del IFE es el responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión, las cuales son notificadas a los concesionarios por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE (en adelante DEPP).

4.2. De conformidad con el apartado 5.- del propio artículo 76 del COFIPE, los acuerdos del Comité de Radio y Televisión del IFE solamente podrán ser impugnados por los partidos políticos ante el CONSEJO.

Es decir, como puede observarse, a los concesionarios de televisión, como lo es Televisión Azteca, les está vedado impugnar los acuerdos del Comité de Radio y Televisión del IFE, entre los que se incluyen aquellos por los que aprueban las pautas de transmisión.

4.3. Atendiendo a lo previsto por el artículo 76, apartado 5.- del COFIPE, es que Televisión Azteca promovió demanda de amparo indirecto en contra de las pautas materia del procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, actualmente en trámite ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el número de expediente 1826/2009.

4.4. Lo anterior desvirtúa la afirmación contenida en la RESOLUCIÓN RECURRIDA consistente en que Televisión Azteca no impugnó las pautas de transmisión a que se refiere el procedimiento del que emana dicha resolución, lo que pone una vez más de manifiesto su ilegalidad, al carecer de fundamentación y motivación en violación de lo previsto por los artículos 62, 64, 76 y relativos del COFIPE; en relación con lo previsto en el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado.

5. El CONSEJO afirma en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, que los argumentos que esgrime guardan relación con el criterio sostenido por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso identificado con el expediente SUP-RAP-133/2009, respecto de lo cual mi parte manifiesta:

5.1. El criterio sostenido por el Tribunal Electoral en el expediente 133/2009, se sustenta en lo resuelto en la ejecutoria dictada en el JDC 179/2008, es decir, de un juicio para la protección de los derechos político-electorales.

5.2. Es evidente que el criterio sustentado en la ejecutoria dictada en el JDC 179/2008, no toma en consideración que el artículo 176, apartado 5.- del COFIPE, como ya se dijo, impide a los concesionarios impugnar los acuerdos del Comité de Radio y Televisión, como sí lo permite a los partidos políticos.

5.3. De esta manera, aún y cuando se estimará, siguiendo el criterio contenido en el JDC 179/2008, que la obligación de transmitir los promocionales se concretizó al notificarse a mi representada las pautas respectivas, y que partir de ese momento debía impugnarse el acto, ello es indiferente y resulta inaplicable tratándose de concesionarios de televisión como mi representada, pues ésta se encuentra impedida para controvertir, mediante los recursos previstos en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los acuerdos del Comité de Radio y Televisión del IFE relacionados con el catalogo de estaciones y pautas, lo cual dio lugar a que mi representada promoviera el juicio de amparo a que se ha hecho mención.

De esta manera, es a todas luces ilegal, por carecer de fundamentación y motivación, pretender aplicar lo resuelto en el expediente SUP-RAP 133/2009 para desvirtuar el argumento a que nos hemos venido refiriendo, esto es, que el procedimiento relacionado con la transmisión de pautas en el estado de Zacatecas se encuentra viciado desde su origen al haberse omitido notificar oportunamente a Televisión Azteca el catálogo de cobertura, habida cuenta que dicho catálogo incidía, de manera relevante, en su esfera jurídica.

6. Por último, en cuanto al argumento que se hace consistir en que Televisión Azteca reconoce haber sido notificada del catálogo de cobertura a que se refiere el acuerdo CG552/2009, y que no se inconformó oportunamente del mismo, cabe destacar que lo que resulta relevante es que dicho acuerdo no se hubiere notificado previamente al período en que actualizaron los incumplimientos, sin perjuicio de lo cual el referido acuerdo si se encuentra impugnado mediante el juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

En virtud de lo expuesto este agravio debe declararse fundado y consecuentemente revocarse la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

SEGUNDO. La RESOLUCIÓN RECURRIDA viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 64, 65, 66 y relativos del COFIPE, en relación con lo previsto en el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, en virtud de los siguientes razonamientos:

Consta en autos que Televisión Azteca detalló adecuadamente la forma en la que opera los títulos de concesión que le han sido otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir:

– Los títulos de concesión que le han sido otorgados a la Televisión Azteca son para la operación de redes de canales de televisión.

– En tal virtud, Televisión Azteca opera las concesiones que le fueron conferidas mediante dos distintas redes nacionales, a saber: la “Red Nacional 7” y la “Red Nacional 13”.

Así, cada una de esas redes tiene una señal de origen que se distribuye por medios satelitales desde la Ciudad de México a cada una de las estaciones repetidoras, quienes únicamente la retransmiten en el transmisor de cada una de las bandas de frecuencia asignadas en la ubicación correspondiente.

Esta forma de operación ha sido avalada y autorizada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, organismo encargado de la regulación de las actividades de Televisión Azteca.

La infraestructura con la que cuenta Televisión Azteca, misma que también ha sido supervisada y aprobada por el organismo regulador competente, está diseñada para operar eficazmente en la forma de redes nacionales.

El espíritu de la reforma constitucional que dio origen al nuevo sistema electoral que rige al país pretendió reconocer la forma de operación de los concesionarios de televisión que, como Televisión Azteca, operan en forma de red.

Al respecto, en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados correspondiente al día once de diciembre de dos mil siete, relacionado con la discusión de la reforma constitucional que dio origen al nuevo sistema electoral de nuestro país y las nuevas atribuciones del Instituto Federal Electoral se afirmó lo siguiente:

“2. Las obligaciones constitucionales que derivan en esta reforma, tienen como propósito dejar asentado de manera clara la forma en que las estaciones de radio y televisión, permisionarias y concesionarias, deben cumplir con la transmisión de los tiempos que le ordene el Instituto Federal Electoral, para lo cual se hace necesaria (sic) tener presente que dichas estaciones de radio y televisión que operen retransmitiendo programación de una estación de radio o televisión ubicada en otra ciudad o región, deberán incluir la propaganda que entregue el Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a la estación ubicada en el lugar donde se origine la programación, lo cual contribuirá a que el Instituto lleve a cabo de una manera más eficiente la distribución de los materiales y, a su vez, el monitoreo que tenga que realizar en sus nuevas tareas otorgadas”.

Conforme a las disposiciones del COFIPE y sus respectivos reglamentos, el criterio relevante para la determinación del área de cobertura de las estaciones de radio y televisión, que afecta directamente el tipo de promocionales electorales que estarán obligados a transmitir, es el lugar en donde se origina la señal correspondiente.

En consecuencia, toda vez que la señal que emiten las estaciones de televisión que opera Televisión Azteca se origina en el Distrito Federal, derivado de su forma de operación en forma de redes, dichas estaciones no deben ser consideradas como de cobertura local sino nacional.

Por lo tanto, la RESOLUCIÓN RECURRIDA es ilegal puesto que considera a las estaciones de televisión concesionadas a Televisión Azteca como de cobertura local, desconociendo completamente su forma de operación.

No obstante, en términos de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, el CONSEJO sancionó a mi representada por el incumplimiento a las pautas que le fueron notificadas. Al respecto, debe señalarse lo siguiente:

EL CONSEJO consideró que en el caso concreto se actualizó la infracción prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra establece:

“Artículo 350

1.   Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

(…)

c) El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto; y…”.

Sin embargo, como se desprende de la simple lectura del numeral que ha sido transcrito, la conducta que se le imputa a Televisión Azteca solamente es sancionable cuando no existe ninguna causa que justifique el incumplimiento.

Así pues, contrario a lo argumentado por EL CONSEJO, en el caso sí existen causas que justifican el supuesto incumplimiento en que incurrió Televisión Azteca.

En efecto, como se ha reiterado ante el IFE, Televisión Azteca se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a las pautas de transmisión que le fueron notificadas, y, por lo tanto, no debía ser sancionada en los términos a los que se refiere la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

No obstante, a continuación me permito analizar y rebatir algunas de las consideraciones expuestas por el CONSEJO GENERAL para sustentar que Televisión Azteca sí debía dar cumplimiento a lo ordenado en las pautas de transmisión:

El CONSEJO sostiene que sí existen disposiciones legales que obligan a las concesionarias de televisión que operan en formas de redes nacionales a bloquear la programación original a efecto de transmitir en determinadas estaciones ubicadas en una entidad federativa contenidos locales.

En este sentido debe reiterarse que contrario a lo que argumenta la responsable no existe ninguna disposición legal ni reglamentaria que obligue a los concesionarios de estaciones de televisión repetidoras de señal a transmitir una pauta distinta a aquella que corresponde a la estación que transmite su señal de origen.

Por el contrario, como hemos visto, el espíritu de la reforma constitucional que dio origen al nuevo sistema electoral que rige al país pretendió justamente evitar esa situación, reconociendo la forma de operación de los concesionarios de televisión que, como Televisión Azteca, operan en forma de red. Al respecto, me remito al texto del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados correspondiente al día once de diciembre de dos mil siete, que ya ha sido transcrito.

Ahora bien, debe aclararse que los artículos 64, 65 y 66 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que invoca la responsable para justificar su argumentación únicamente establecen la obligación genérica de los concesionarios de televisión de dar cumplimiento a las pautas de transmisión que les notifiquen las autoridades electorales, pero de ninguna manera abordan la situación particular de aquellos concesionarios de televisión que operan en forma de redes nacionales.

El CONSEJO también argumenta que Televisión Azteca se encuentra obligada a transmitir las pautas que en específico le ordene la autoridad electoral y, por tanto, está obligado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho deber, incluida la de bloquear la señal que retransmite.

Primeramente debe señalarse que efectivamente Televisión Azteca, como el resto de los concesionarios, tiene la obligación de cumplir las pautas de transmisión que le notifiquen las autoridades electorales, siempre y cuando dichas pautas se ajusten al marco normativo aplicable.

Así, si las pautas de transmisión que le fueron notificadas se apartan del espíritu y texto de las disposiciones constitucionales y legales y, por ende, son inconstitucionales, es claro que Televisión Azteca no se encontraba obligada a acatarlas.

Por otra parte, contrario a lo que argumenta EL CONSEJO no existe ninguna disposición legal ni reglamentaria que obligue a la Televisión Azteca a “bloquear la señal que retransmiten sus estaciones repetidoras”, ni a modificar de forma alguna su forma de operación.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión prohíbe alterar las condiciones en las que se explotan los títulos de concesión, si no es mediante resolución de la autoridad administrativa competente (Comisión Federal de Telecomunicaciones) o de una autoridad judicial.

Así pues, es claro que si ni las disposiciones legales ni las autoridades competentes han obligado a Televisión Azteca a modificar su forma de operación, el IFE se encuentra impedido para actuar de esa manera.

Así las cosas, es importante reiterar que la circunstancia de que mi representada tenga o no la capacidad de realizar bloqueos en las transmisiones que emiten sus estaciones repetidoras, es una mera facultad que ejerce para explotar de mejor manera sus títulos de concesión, pero ello de ninguna manera implica que se encuentre obligada a actuar de esa forma.

Lo antes expuesto pone de manifiesto la, ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por violación a lo previsto por los artículos 64, 65, 66 y relativos del COFIPE, en relación con lo previsto en el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado.

En consecuencia, este agravio debe declararse fundado y consecuentemente revocarse la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

TERCERO. La RESOLUCIÓN RECURRIDA viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 76, 368 y 369 del COFIPE, 45, 64 y 69 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 6º del Reglamento de Acceso a la Radio y la Televisión en Materia Electoral, en relación con lo previsto por los artículos 16, 22 y 35 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, en virtud de los siguientes razonamientos:

1. El procedimiento especial sancionador instaurado en contra de Televisión Azteca, del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA inició como consecuencia de la denuncia (vista) que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (en adelante “DEPP”) presentó ante el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario General del Consejo General del Instituto Federal Electoral (en adelante “SECRETARIO EJECUTIVO”).

En la denuncia de mérito el DEPP ofrece entre otras pruebas, las siguientes:

- Relación de los supuestos incumplimientos detectados por la DEPP.

- Diversos discos compactos que contienen los testigos de grabación del monitoreo realizado por la DEPP en ejercicio de sus funciones.

Al emplazar a mi representada al procedimiento especial sancionador del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, se le corrió traslado con copia de los discos compactos ofrecidos como prueba por el DEPP.

2. Por su parte, en el escrito por el que Televisión Azteca, compareció a la audiencia relativa al procedimiento sancionador de referencia, se argumentó que a los discos compactos en formato DVD que se ofrecieron por el DEPP como prueba, para sustentar la denuncia que formuló en contra de mi representada, no se les debía conceder valor probatorio, por lo siguiente:

La oferente no identifica el lugar en que los discos fueron grabados, ni los elementos técnicos que se utilizaron para su elaboración;

La oferente no identifica si para la recepción de la señal se utilizó algún tipo de antena o si se tomó de alguna grabación u otra fuente, qué canales fueron sintonizados; en qué lugar se encontraba instalado el aparato receptor y la antena receptora, siendo que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene su domicilio en la ciudad de México, y, sin embargo, se pretende con las supuestas “pruebas técnicas” demostrar hechos que ocurrieron simultáneamente en Zacatecas;

No se identifica a la persona que supuestamente realizó los monitoreos “ordenados”, cuándo se realizaron, cómo, dónde, con qué facultades se efectuaron, en qué ley están establecidos, qué dispositivos técnicos se utilizaron para captar las señales de televisión, y demás requisitos legales que todo acto administrativo debe observar.

Además de que no procede concederles valor probatorio alguno, es evidente que se deja a mi representada en estado de indefensión al no poder controvertir los hechos que se pretenden probar con dichas pruebas técnicas, máxime que su contenido es insuficiente para identificar las circunstancias relacionadas con los hechos que se imputan a Televisión Azteca.

Así las cosas, el día en que se celebró la audiencia correspondiente al procedimiento sancionador en cuestión, en la que se admitieron todas las pruebas aportadas por las partes, y respecto de las pruebas técnicas consistentes en los discos compactos, los mismos se tuvieron por reproducidos y se reservó la valoración al momento de emitir la resolución.

3. Ahora bien, de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, se advierte lo siguiente:

A la relación de incumplimientos correspondientes a las transmisiones de Televisión Azteca, se le atribuye el carácter de documental pública y por tanto pleno valor probatorio, en virtud de haberse emitido “... por parte de la autoridad (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral) legítimamente facultada para realizarla verificación de la transmisión de las pautas previamente notificadas a la concesionaria denunciada...”.

A los discos compactos también se les atribuye valor probatorio pleno.

4. Los argumentos que Televisión Azteca esgrimió al comparecer a la audiencia, en relación con el valor probatorio de los testigos de grabación, se desestiman.

5. Lo antes expuesto pone de manifiesto la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por violar lo previsto por los artículos 76, 368 y 369 del COFIPE, 45, 64 y 69 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 6° del Reglamento de Acceso a la Radio y la Televisión en Materia Electoral, en relación con lo previsto por los artículos 16, 22 y 35 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado.

En efecto:

El artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que en el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, y respecto de esta última se dispone que la misma será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.

Según consta en el acta que se levantó con motivo de la audiencia de desahogo de pruebas, las probanzas consistentes en los testigos de grabación, es decir, las pruebas técnicas, ofrecidas por el DEPP, se tuvieron por reproducidas y se reservó su valoración al momento procesal oportuno, en franca violación del precepto legal antes invocado.

Lo anterior es así, pues de dicha acta no se advierte que el oferente hubiere aportado los medios para reproducir los referidos testigos de grabación, máxime que no se hace alusión alguna a tal circunstancia.

Además, suponiendo sin conceder que se hubieren aportado los medios técnicos para reproducir los testigos de grabación en comento, resulta inverosímil que se hubieren reproducido. Esto es así, si se toma en consideración que la audiencia tuvo una duración de menos de una hora, y que los promocionales de treinta segundos que supuestamente se dejaron de transmitir fueron más de 8000.

En suma, es evidente que lo asentado no corresponde con la realidad, y por tanto a la prueba en comento no se le puede atribuir valor probatorio alguno.

A la relación de incumplimientos, supuestamente sustentada en los testigos de grabación se les atribuye valor probatorio pleno, por el simple hecho de que fue elaborada por la autoridad facultada para ello, esto es, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, sin embargo, no existe ningún elemento que acredite que esa dirección fue la que elaboró la aludida relación.

En efecto, se afirma que el cruce de la pauta con los testigos de grabación, lo realizó directamente la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, sin embargo, existen elementos que hacen presumir que tal aseveración es contraria a la realidad, en tanto que los documentos en los que se relacionan los supuestos incumplimientos, no están firmados por persona alguna, y en tal virtud no se le puede atribuir su autoría a la referida Dirección y/o al personal que la integra, sin que sea óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la multicitada relación aparezca impresa en papel membretado de la referida dirección.

En ninguna de las etapas que conforman el procedimiento sancionador que se instauró en contra de mi representada (requerimiento, emplazamiento, audiencia de pruebas y alegatos y resolución), las autoridades electorales han invocado el precepto legal que prevea y valide el método utilizado para realizar los testigos de grabación y/o los monitoreos.

Sobre este particular, cabe destacar que del artículo 76, párrafos 6 y 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 6°, párrafo 1., inciso b), y párrafo 3, incisos c) y d), del Reglamento de Acceso a la Radio y la Televisión en Materia Electoral, se desprende:

Que el IFE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión.

Que el IFE dispondrá en forma directa de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las normas aplicables respecto de la propaganda que se difunda por radio y televisión.

Que es facultad del CONSEJO GENERAL, disponer el alcance y ordenar la operación e instrumentación de monitoreos para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión.

Que entre otras atribuciones, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, debe llevar a cabo, en coordinación con las Juntas, los monitoreos que ordene el CONSEJO GENERAL.

Lo previsto por los preceptos legales antes invocados, pone de manifiesto la ilegalidad de la resolución que nos ocupa, en tanto que no obra en autos constancia que acredite los siguientes extremos, previstos por la legislación electoral, vinculados con la realización de monitoreos para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión:

No se encuentra acreditado que el CONSEJO GENERAL del Instituto Federal Electoral hubiere ordenado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del referido instituto, la realización del monitoreo de las pautas de transmisión ordenadas a Televisión Azteca, a pesar de que, por disposición expresa de la ley, dichos monitoreos únicamente pueden realizarse por la citada dirección si así se le instruye expresamente por el referido Consejo.

A pesar de ello, el requerimiento que se formuló a Televisión Azteca, así como el inicio del procedimiento especial sancionador del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA y la sanción que se le impone, se sustentan, fundamentalmente, en el monitoreo a que se hace referencia en las citadas actuaciones.

Conforme al principio de legalidad, las autoridades únicamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza, de tal suerte que si en la especie nunca se le ordenó realizar monitoreo alguno, máxime que no se aportaron pruebas que así lo demostraran, trae como resultado que el monitoreo de mérito sea ineficaz para incidir en la esfera jurídica de mi representada, al haberse realizado al margen de las disposiciones legales que rigen la actuación de las autoridades electorales.

No es óbice para arribar a la conclusión apuntada, el hecho de que en términos de lo previsto por el artículo 129, párrafo 1.-, inciso g), del COFIPE, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, esté facultada para “Realizar lo necesario para que los partidos políticos ejerzan sus prerrogativas de acceso a los tiempos de radio y televisión, en los términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la República y lo dispuesto en este Código”, pues respecto de sus facultades de verificación en materia de las citadas prerrogativas existe precepto legal expreso que determina que los monitoreos deben ser ordenados por el CONSEJO GENERAL, lo que en la especie, se insiste, no aconteció.

De conformidad con los artículos 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral y 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se consideran pruebas técnicas las fotográficas, los medios de reproducción de audio y video así como todos aquellos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de las Juntas o Consejos competentes.

Respecto de las pruebas técnicas, los preceptos legales invocados además establecen que en todo caso el oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

En la especie, la denunciante aportó como prueba técnica, diversos discos en formato DVD, que supuestamente acreditan los incumplimientos en que incurrió mi representada, sin embargo, omite señalar qué pretende acreditar concretamente con los mismos así como identificar, respecto de cada uno de dichos discos compactos, las circunstancias de modo y tiempo que los mismos reproducen, y por tanto, no correspondería atribuirle valor probatorio alguno.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que a dicha prueba técnica se le otorgara algún valor probatorio, no corresponde atribuirle valor probatorio pleno, como si se tratara de documentales públicas, por cuanto a que la ley no califica a éstas como documentales públicas, como puede advertirse de lo previsto por los artículos 14, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

En la resolución que nos ocupa, se asevera que con los testigos de grabación se acredita la capacidad técnica de las emisoras de las que es titular mi representada en el estado de Zacatecas, de transmitir una señal diferenciada a la originada en el canal XHIMT-TV canal 7, sin embargo, no se esgrimen los argumentos que sustenten tal determinación, lo cual es obvio pues para acreditar ese extremo se requiere una prueba pericial, la cual no es admisible en los procedimientos sancionadores especiales.

Sin perjuicio de lo anterior, la capacidad técnica de transmitir una señal diferenciada no se acredita respecto de las emisoras a que alude la RESOLUCIÓN RECURRIDA, de tal suerte que al no haberse acreditado ese extremo no procede tener por acreditado incumplimiento alguno.

En la RESOLUCIÓN RECURRIDA se sostiene que la verificación a las transmisiones de las emisoras de las que es titular Televisión Azteca, fueron realizadas atendiendo a las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por el IFE, sin embargo, no se precisan tales especificaciones ni se invoca el precepto legal en el que se contengan, todo lo cual deja en estado de indefensión a mi parte al estar imposibilitada para controvertir dichas especificaciones y pone de manifiesto la arbitrariedad de las autoridades electorales.

En suma es evidente que ni a las pruebas técnicas (testigos de grabación) ni a los monitoreos se les puede conceder valor probatorio alguno, ya sea individualmente considerados o adminiculados, y mucho menos el que corresponde atribuir a una documental pública, lo que pone de manifiesto la ilegalidad de la resolución reclamada.

En virtud de lo anterior, este agravio debe declararse fundado y consecuentemente revocarse la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

CUARTO. La RESOLUCIÓN RECURRIDA viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 350, 354, 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 61, del Reglamento del IFE en Materia de Quejas y Denuncias (en adelante REGLAMENTO DE QUEJAS), en relación con el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, toda vez que:

Los artículos 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 611, del REGLAMENTO DE QUEJAS establecen los requisitos que deben ser considerados por la autoridad electoral al momento de individualizar las sanciones que imponen a los particulares, en los siguientes términos:

“Artículo 355.

(...)

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a).- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b).- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c).- Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d).- Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e).- La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, y

f).- En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

6. Se considera reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal.”

“Artículo 61.

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a).- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él. Para ello, precisará la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el valor protegido y el bien jurídico tutelado; el efecto producido por la transgresión, y el peligro o riesgo causado por la infracción y la dimensión del daño.

b).- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Para ello el Instituto valorará si la falta fue sistemática y si constituyó una unidad o multiplicidad de irregularidades;

c).- Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d).- Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f).- En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

g).- El grado de intencionalidad o negligencia,

h).- Otras agravantes o atenuantes.

i).- Los precedentes resueltos por el Instituto con motivo de infracciones análogas.

2. Con independencia de las faltas observadas con motivo del presente procedimiento, si se presumiera de la comisión de faltas de fiscalización o en otras materias, tales como la penal, de responsabilidades administrativas, entre otras, el órgano dará vista o inicie la denuncia ante la instancia o autoridad competente.”

Así, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral debe tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, precisadas en los preceptos legales antes transcritos, para individualizar la sanción respectiva.

En la especie, es evidente que las determinaciones del CONSEJO, contenidas en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, vinculadas con la individualización de la sanción son a todas luces ilegales, por carecer de la debida fundamentación y motivación, en violación de lo previsto por los artículos 350, 354, 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 61, del Reglamento del IFE en Materia de Quejas y Denuncias (en adelante REGLAMENTO DE QUEJAS), en relación con el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado.

En efecto:

INTENCIONALIDAD.

En este rubro, se afirma que en la especie sí existió intencionalidad por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V. en razón de que “... estuvo enterada de las pautas a las que debía sujetarse en la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y los partidos políticos, y no obstante que tenía pleno conocimiento del pautado correspondiente se abstuvo de transmitirlos (...), sin causa justificada...”.

La anterior determinación carece de fundamentación y motivación, en razón de que, según se expuso en abundancia al formular alegatos en la audiencia respectiva, la falta de transmisión de las pautas que se notificaron a Televisión Azteca, cuyo incumplimiento se le imputó, obedeció a que dichas pautas resultan incompatibles con su forma de operación, y por tanto, no podría ni remotamente estimarse que su proceder fue intencional.

Pretender, se insiste, que mi representada transmita pautas que modifiquen su operación ordinaria, le representa una carga excesiva contraria al espíritu de las reformas constitucionales y legales que se realizaron en el año dos mil siete en materia electoral.

REITERACIÓN DE LA INFRACCIÓN O VULNERACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS NORMAS.

El CONSEJO afirma que la conducta infractora se cometió de manera reiterada, al haberse incumplido con la transmisión de promocionales en el período comprendido entre el trece de enero y el primero de febrero de dos mil diez, lo cual resulta contradictorio con lo que el propio CONSEJO asevera en el rubro denominado “La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas”.

En efecto, en dicho rubro o capítulo el CONSEJO señala que no obstante haberse acreditado la violación a lo dispuesto en diversos preceptos legales y constitucionales, no estamos en presencia de una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, ya que en dichas normas el legislador pretendió tutelar, en esencia el mismo valor o bien jurídico.

Es evidente que si a la conducta que se atribuye a mi parte no se le puede considerar como una pluralidad de infracciones, en consecuencia resulta ilegal y contradictorio que al mismo tiempo también se argumente que la conducta infractora se cometió reiteradamente, pues resulta claro que cualquiera que haya sido el número de promocionales que no se transmitieron, y que dicha falta se haya actualizado en diversos canales de televisión, a la misma se le debe considerar como una conducta única o unitaria, y no como una reiteración de la infracción, como ilegalmente se establece en la RESOLUCIÓN RECURRIDA sin la debida fundamentación y motivación.

CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN.

En este aspecto el CONSEJO asevera que la falta se presentó dentro del desarrollo de un proceso electoral local, lo cual resultó atentatorio del principio constitucional de equidad que debe imperar en toda contienda electoral, cuyo objetivo principal es permitir a los partidos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que algún candidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral.

La precisada determinación carece de sustento alguno, pues no puede afirmarse que con la conducta que se atribuye a mi representada se atentó contra la equidad que debe privar en las contiendas electorales, pues debe tomarse en consideración que de los 2220 promocionales que se dejaron de transmitir, únicamente 19 correspondieron a promocionales de partidos políticos, es decir, 0.85% por ciento del total.

Como puede observarse, los promocionales omitidos son casi en su totalidad de autoridades electorales y, en específico del IFE, por lo que no se vulnera en forma alguna la equidad ni los valores de la contienda electoral local, pues la única injerencia del IFE es en todo caso para campaña de credencialización (que no se lleva a cabo durante el proceso electoral local). La participación ciudadana y demás valores en la elección local, son competencia de la autoridad local y no del IFE. En esa medida, en la especie, no se trastocan los valores fundamentales de la contienda pues los promocionales de autoridades locales no transmitidos fueron mínimos.

En las circunstancias anotadas, es evidente que no se atentó contra la equidad en la contienda de tal suerte que al no considerarlo así, se pone de manifiesto la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por carecer de la debida fundamentación y motivación.

LA CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN.

En este rubro, el CONSEJO señala que la conducta debe calificarse con una gravedad especial, ya que la misma “. . .tuvo por finalidad infringir de forma directa los objetivos tutelados por la norma relativos al omitir la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos conforme a las pautas aprobadas por esta autoridad con la cual se transgredió la normatividad electoral vigente y se realizó dentro de un proceso electoral local. Determinación ésta que resulta igualmente ilegal, por lo siguiente:

1. Como ya se dijo, no se transmitieron los promocionales materia del procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, en virtud de que las pautas respectivas son incompatibles con la forma de operar de Televisión Azteca, debidamente acreditada en autos, circunstancia que debió considerar la autoridad electoral al calificar la gravedad de la infracción, lo que en la especie no hizo.

2. Si bien la conducta imputada a Televisión Azteca se realizó durante un proceso electoral local, debe destacarse que el proceso electoral comprende tanto a las precampañas y como a las campañas electorales.

De autos se advierte que los promocionales materia del procedimiento se dejaron de transmitir en el período correspondiente a la precampaña de un proceso electoral local.

Es decir, no se trataba de un proceso electoral federal, ni aún había iniciado la respectiva campaña electoral; aspectos éstos que no fueron considerados por el CONSEJO, lo que pone de manifiesto la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por carecer de la debida fundamentación y motivación, pues de haberse considerado dichos aspectos, con toda seguridad se hubiere llegado a la conclusión de que no puede calificarse como grave la conducta que se imputó a mi representada.

3. Otro elemento, no considerado por el CONSEJO es que, como ya se dijo, los promocionales omitidos son casi en su totalidad de autoridades electorales y, en específico del IFE, lo cual significa que no podría ni remotamente considerarse que se trastocó en forma alguna la equidad de la contienda ni se privó a los partidos políticos de sus prerrogativas, lo que pone de manifiesto, de nueva cuenta la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por carecer de la debida fundamentación y motivación.

4. A mayor abundamiento, de una correcta interpretación de los artículos 350 y 354 del COFIPE, se arriba a la conclusión de que la conducta que se le atribuye a mi representada, prevista en el inciso c), párrafo 1 del artículo 350, no es calificada por la ley como grave, por lo que la autoridad electoral se encuentra imposibilitada para hacer una calificación de este tipo.

En efecto, de acuerdo con la fracción IV del inciso f) del numeral 354 invocado, resulta que las únicas infracciones que pueden ser consideradas como graves son únicamente las relativas a la venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, así como la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral. Mientras que la conducta atribuida a la empresa de comunicación sancionada, consistente en el incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto, no se encuentra entre esas conductas, que la legislación califica de graves.

De esta manera, nos encontramos que en materia de infracciones al código electoral federal de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, el legislador secundario optó por establecer una calificación taxativa de las infracciones cometidas por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, al establecer como únicas infracciones como graves, las relativas a la transmisión de propaganda político-electoral en tiempos distintos a los señalados por el Instituto Federal Electoral, o bien la contratación de espacios para esos mismos fines por personas distintas al mencionado instituto, lo que resulta entendible en el ámbito electoral, al impedir que terceras personas pudieran intervenir en los procesos comiciales y alterar el principio de equidad que debe regir a toda elección.

Lo anterior, significa que en el momento en que se presente cualquiera de las irregularidades contenidas en los incisos a) y b) del artículo 350, la autoridad electoral, de comprobar su comisión, deberá de calificarla como grave, y dependiendo de las circunstancias del caso podrá variar la gravedad de ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, debiendo imponer la sanción prevista en la fracción IV del inciso f) del artículo 354 del código electoral federal.

Por el contrario, si se presenta la comisión de conductas previstas en los incisos c), d) y e) del artículo 350 del propio ordenamiento electoral, la autoridad electoral sólo puede calificarlas de levísima o leve, porque el legislador las excluyó de aquellas conductas que deben ser calificadas como graves.

Lo anterior, evidencia la falta de fundamentación y motivación de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, cuando califica la supuesta infracción cometida por mi representada como de gravedad mayor, pues de acuerdo con los artículos invocados, únicamente podría calificarla de levísima o leve.

REINCIDENCIA.

De la RESOLUCIÓN RECURRIDA se advierte que el CONSEJO considera a Televisión Azteca como reincidente, en razón de que obra en los archivos del IFE constancia de que ha sido sancionada por haber infringido lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del COFIPE.

Los expedientes que según el CONSEJO acreditan la reincidencia, son los siguientes:

– Procedimiento SCG/PE/CG/026/2008, en el que se impuso a Televisión Azteca una multa por la suma de $ 2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.)

– Procedimiento SCG/PE/CG/010/2009, en el que se impuso a Televisión Azteca una multa por la suma de $ 2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.).

– Procedimiento SCG/PE/CG/013/2009, en el que se impuso a Televisión Azteca una multa por la suma de $ 2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS, 00/100 M.N.).

– Procedimiento SCG/PE/CG/308/2009, en el que se impuso a Televisión Azteca una multa por la suma de $ 21'920,000.00 (VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.).

En contraste con lo que sostiene el CONSEJO en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, no puede considerarse a Televisión Azteca como reincidente, por lo siguiente:

La tesis identificada como VI/2009, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuvo, en relación con la reincidencia, lo siguiente:

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. (Se transcribe).

Como puede observarse, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son los siguientes:

El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;

La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y

Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Los requisitos antes precisados, de conformidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son los mínimos que deben presentarse para tener actualizada la reincidencia, pudiendo la autoridad electoral considerar otros elementos de manera casuística y atendiendo al caso concreto.

En la especie no se actualizan los elementos antes precisados para considerar a Televisión Azteca como reincidente, como a continuación se expone:

El período en el que se cometieron las transgresiones anteriores es diverso al período en el que se presentaron los presuntos incumplimientos que se imputaron a Televisión Azteca, en el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

En efecto, el período relacionado con el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, es el comprendido entre el veintidós de enero y el primero de febrero de dos mil diez, durante la precampaña local del Estado de Zacatecas, mientras que en los procedimientos que se señalan en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, son los siguientes:

– El Procedimiento SCG/PE/CG/026/2008, se refiere al período comprendido entre el doce de marzo y el veintinueve de mayo de dos mil ocho, fuera de proceso electoral.

- El Procedimiento SCG/PE/CG/010/2009, se refiere al período comprendido entre el treinta y uno de enero y el primero de febrero de dos mil nueve, durante el proceso electoral federal y local en el Distrito Federal y su zona conurbada para el período de precampañas.

- El Procedimiento SCG/PE/CG/013/2009, se refiere al período comprendido entre el siete y el ocho de febrero de dos mil nueve, durante el proceso electoral federal y local en el Distrito Federal y su zona conurbada para el período de precampañas.

- El Procedimiento SCG/PE/CG/308/2009, se refiere al período comprendido entre el tres de mayo y el cinco de julio de dos mil nueve, durante el proceso electoral federal y local en el Distrito Federal y su zona conurbada para el período de campañas.

La naturaleza de las contravenciones y los preceptos infringidos, son diversos en el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA a los relacionados con los procedimientos anteriores:

En el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, se argumenta la violación al artículo 350, párrafo 1, inciso c) del COFIPE, por no transmitir diversos promocionales en los canales de los que es concesionario Televisión Azteca en el estado de Zacatecas, mientras que en los procedimientos SCG/PE/CG/010/2009 y SCG/PE/CG/308/2009, se invocó la violación al artículo 75 del COFIPE, por no haberse retransmitido los promocionales pautados para las emisoras XHIMT-TV canal 7 y XHDF-TV canal 13, en los canales 107 y 113 de televisión restringida.

Además, mientras que en el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, las transmisiones de los promocionales omitidos se refieren a emisoras en el Estado de Zacatecas, las transmisiones de los procedimientos anteriores estaban relacionadas con las emisoras XHIMT-TV canal 7 y XHDF-TV canal 13, de las que también es concesionaria Televisión Azteca.

En términos de lo anterior, resulta claro que no se actualizan los requisitos o elementos para considerar a Televisión Azteca como reincidente, lo que revela la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA al determinar que mi representada es reincidente.

Derivado del hecho de que Televisión Azteca, no es reincidente, debe revocarse la RESOLUCIÓN RECURRIDA, en lo relativo al monto de la multa que se le impone, sin perjuicio de que la multa, como se demostrará con posterioridad es ilegal, por excesiva.

SANCIÓN QUE SE IMPONE.

De la RESOLUCIÓN RECURRIDA se advierte que para cuantificar el monto de la multa que se impone a Televisión Azteca, se esgrimen las siguientes consideraciones:

- Se precisa que para efectos de individualización de la sanción, es menester tomar en cuenta el número de promocionales incumplidos, los días que abarcó el incumplimiento, y que en el momento en que se realizó la conducta infractora se encontraba desarrollándose un proceso electoral.

- Se señala que la sanción correspondiente se debe aplicar por cada canal de televisión, aunque la concesionaria sea la misma persona, toda vez que la obligación de transmitir los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales existe respecto de cada emisora, en atención a que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sostenido que la imposición de una multa en función de cada uno de los canales de la televisora en los que se haya omitido la difusión de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales, resulta conforme a Derecho, porque la obligación existe respecto de cada emisora.

- Se asevera que resulta atinente precisar que el monto de la sanción a imponer, se determinó tomando como criterio principal el grado de cumplimiento de la pauta por cada una de las emisoras de la que es concesionario la denunciada en cuestión, aplicando como multa el mismo porcentaje que implicaron los incumplimientos frente a la totalidad de la pauta que debía ser observada en el período denunciado, respecto del monto máximo (cien mil días de salario mínimo) que puede ser impuesto como sanción, así como la temporalidad en que se cometió la infracción (precampañas locales en el estado de Zacatecas), la intencionalidad, y la reincidencia del sujeto infractor.

Derivado de lo anterior, el CONSEJO impone a mi representada las multas que se precisan en la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

Es evidente que lo anterior pone de manifiesto de nueva cuenta la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por carecer de la debida fundamentación y motivación, como a continuación se demuestra:

1. Como se desprende del contenido de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, el CONSEJO determinó que mi representada había cometido la infracción a la que se refiere el artículo 350, párrafo,(sic) inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, procedió imponer las sanciones económicas previstas en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II, del propio código electoral.

Sin embargo, como se demostrará a continuación las sanciones económicas impuestas a Televisión Azteca resultan a todas luces excesivas y, por ende, violatorias de lo previsto por los artículos 350, 354, 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 61, del Reglamento del IFE en Materia de Quejas y Denuncias (en adelante REGLAMENTO DE QUEJAS), en relación con el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, así como de los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa máxima que puede ser impuesta a los concesionarios de televisión dentro de un procedimiento sancionatorio es de cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, sanción que puede duplicarse en caso de reincidencia.

En este sentido, debe decirse que la intención del legislador fue limitar la potestad punitiva de las autoridades electorales, con el objeto de evitar la imposición arbitraria y excesiva de sanciones.

Así, se estableció un límite máximo (cien mil días de salario o doscientos mil en caso de reincidencia) conforme al cual pueden ser sancionadas las infracciones previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No obstante, en el caso concreto se impuso a mi representada una sanción económica que rebasa en exceso el monto máximo permitido por el legislador para la imposición de sanciones a los concesionarios de televisión.

No escapa a la intención de mi parte el hecho de que la autoridad electoral pretendió imponer una sanción a Televisión Azteca por cada una de las estaciones de televisión que fueron objeto del presunto incumplimiento. No obstante, no existe ningún precepto legal que justifique esa actuación.

Por el contrario, debe recordarse que la infracción que se le imputa a Televisión Azteca, prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se refiere a “El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto”. De esta forma, la infracción que nos ocupa se encuentra íntimamente relacionada con cada una de las pautas que le son notificadas a los concesionarios y no guarda relación con el número de estaciones en los que se comete la presunta infracción.

Así, la pauta que le fue notificada a Televisión Azteca se refiere indistintamente a las estaciones de las que es concesionaria mi representada en el estado de Zacatecas y no le fue notificada una pauta específica para cada estación.

En consecuencia, la infracción que se le imputa únicamente puede relacionarse con la pauta que le fue notificada, independientemente del número de estaciones de televisión, y únicamente debe considerarse cometida una sola infracción.

Así las cosas, la sanción máxima que podía ser impuesta a Televisión Azteca es la prevista en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II, esto es, cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Por lo tanto, al haberse impuesto a mi representada sanciones económicas por los montos precisados, es claro que dicha actuación de la autoridad responsable es excesiva y violatoria de lo dispuesto por los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo previsto por los artículos 350, 354, 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 61, del Reglamento del IFE en Materia de Quejas y Denuncias (en adelante REGLAMENTO DE QUEJAS), en relación con el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado.

2. En abundamiento de lo expuesto en el apartado 1.- anterior, en lo relativo a la determinación del CONSEJO de aplicar una sanción por cada canal de los que Televisión Azteca es concesionaria, se precisa:

La infracción que se atribuye a mi parte en el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, debe calificarse como una infracción continuada, cuyos elementos son similares a los de los delitos continuados.

Los elementos del delito continuado, son los siguientes:

Pluralidad de conductas: La esencia misma del delito continuado requiere de tal pluralidad, similar a la del concurso material, denotándose que éste es un punto de convergencia para ambos, como se advertirá más adelante. Así, no se admiten en el delito continuado ni la acción única, ni aquellos tipos de delitos que para su integración requieren precisamente de varias omisiones (no es delito continuado la negativa a comparecer a declarar insistiendo en la desobediencia, después de hacer caso omiso a los diversos apremios o apercibimientos).

Es indispensable considerar que las diversas acciones delictivas constituyen cada una separadamente un delito autónomo e independiente, sólo que se dan en una secuencia con una trayectoria desarrollada en tal forma (unidad de propósito delictivo), que en su conjunto pueden ser consideradas como si entre todas se integrara un solo delito.

Unidad de propósito delictivo: La pluralidad de conductas deben estar reunidas por la “abrazadera” de la continuidad. Esta última no sólo se refleja en un elemento material u objetivo, que consiste en la mera reiteración de conductas, sino en un elemento de carácter subjetivo: exige un conocimiento estructurado, de un trazo a modo de plan o proyecto, de un designio único, mediante el cual las acciones aparecen significando etapas de realización hacia un objetivo común. Así, existe la intención de llevar a cabo los actos futuros, hasta alcanzar la unidad.

Dicho en otras palabras, se está en presencia de una pluralidad de conductas físicamente separables en el tiempo, con las cuales el autor sólo desea la realización de un único fin delictuoso que, únicamente para mayor facilidad de su ejecución, lo realiza en diversos actos separados. Lo que procura este tipo de delito es castigar con una sola pena aquellas conductas que aun siendo plurales responden a un esquema o diseño criminoso verdaderamente único, en donde efectivamente el agente quiere cometer una sola conducta delincuencial.

Este conocimiento o querer la conducta descarta que el delito continuado pueda ser cometido en forma culposa o imprudencial. Por tanto, sólo se realiza mediante conducta dolosa.

Unidad de sujeto pasivo: La unidad de referencia es un elemento tradicional, que se traduce precisamente en la unidad de lesión jurídica. Sin embargo, la doctrina ha introducido una serie de matices, pues la unidad de sujeto pasivo no significa que este último deba ser siempre una sola persona, sino que existe dicha unidad aunque los sujetos pasivos sean varios, siempre que sean los mismos en cada una de las diversas acciones.

Violación al mismo precepto legal: Atentos a la necesidad de que la pluralidad de conductas se desarrolle en una misma trayectoria, es preciso que las conductas sean homogéneas en cuanto a los elementos típicos, es decir, las conductas sólo serán estimadas dentro del marco del delito continuado si en lo individual, disociadamente consideradas, integran la figura típica, incluyendo sus agravaciones o atenuaciones, incluso la simple puesta en peligro; de esta manera, siempre estarán referidas a los elementos de la hipótesis básica que debe ser una sola. De esta suerte resulta, como mera consecuencia natural, mas no como característica esencial, la unidad del bien jurídico lesionado, toda vez que pueden ser múltiples las figuras delictivas que atenten contra un mismo bien jurídico, pero que su mecánica sea completamente distinta y que, por ello, no integren un delito continuado.

En efecto, debe considerarse que la infracción imputada a Televisión Azteca, es una infracción continuada, aún y cuando se refiera a la omisión de transmitir promocionales en distintos canales, en razón de que la misma se constituye por hechos que están concatenados entre sí, formando una pluralidad de conductas con unidad, tanto de sujeto pasivo como de infracción a los mismos preceptos legales.

Este Tribunal ha sostenido (SUP-RAP-247/2009) en un asunto similar al que nos ocupa, que aunque la omisión de transmitir promocionales se refería a dos canales de televisión, se trataba de una conducta continuada y por tanto la omisión apuntada debía considerarse en conjunto, a efecto de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a la conducta genérica.

A pesar de lo anterior, como lo refiere el CONSEJO en la RECURRIDA, en la ejecutoria dictada en el SUP-RAP 247/2009, este Tribunal también sostuvo que la imposición de la multa en función de cada uno de los canales de la televisora en los que se haya omitido la difusión de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales, resulta ajustada a derecho, porque la obligación existe respecto de cada emisora.

Es evidente que la anterior determinación, en la que ahora se sustenta el CONSEJO para imponer una multa por cada canal de televisión, es a todas luces ilegal, al igual que la RESOLUCIÓN RECURRIDA, y por lo mismo, este Tribunal debe dejar de aplicar ese criterio y derivado de ello revocar dicha resolución, por lo siguiente:

2.1. La figura del delito continuado, cuyos rasgos se identifican con las infracciones administrativas, intenta responder a la realidad social de ciertos casos en donde aún frente a la presencia de una pluralidad de conductas físicamente separables en el tiempo, la persona sólo desea la realización de un único fin delictuoso que, sólo para mayor facilidad de su ejecución, es que resulta perpetrado en diversos actos separados en el tiempo. Lo que procura este tipo de delito es castigar con una sola pena aquellas conductas que aun siendo plurales responden a un esquema o diseño criminoso verdaderamente único, en donde efectivamente el agente quiere cometer una sola conducta delincuencial.

Si lo que se procura con la figura del delito continuado, al igual que con las infracciones administrativas continuadas, es castigar con una sola pena aquellas conductas que siendo plurales responden a una unidad, resultaría en un despropósito que a pesar de ello, se impusiera una pluralidad de sanciones.

2.2. Si la conducta o infracción materia del procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA es una infracción continuada, entonces lo que procede es imponer una sola sanción y no diversas sanciones en función de los canales de televisión en los que se omitió realizar las transmisiones de promocionales de partidos políticos, pues ello implicaría aplicar la sanción al medio comisivo de la infracción y no al sujeto infractor, lo cual carece de sustento legal alguno.

2.3. Además, no existe precepto legal alguno que autorice imponer una sanción por cada canal televisivo en el que se hubiere actualizado el incumplimiento, de tal suerte que al imponer a mi representada una multa por canal televisivo resulta ilegal, al pretender hacer una interpretación extensiva y contraria al derecho administrativo sancionador, que es de estricto derecho.

3. Según se desprende de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, el monto de la sanción se determinó tomando como criterio principal el grado de cumplimiento de la pauta por cada una de las emisoras de la que es concesionario la denunciada en cuestión, aplicando como multa el mismo porcentaje que implicaron los incumplimientos frente a la totalidad de la pauta que debía ser observada en el período denunciado, respecto del monto máximo(cien mil días de salario mínimo) que puede ser impuesto como sanción, así como la temporalidad en que se cometió la infracción (precampañas locales en el estado de Zacatecas), la intencionalidad, y la reincidencia del sujeto infractor.

Como puede observarse, el principal criterio que se aplicó para cuantificar la multa fue aplicando el porcentaje que implicaron los incumplimientos frente a la totalidad de la pauta que debía ser aplicada en el período denunciado, respecto del monto máximo de cien mil días de salario.

Es decir, si en el período investigado debían de difundirse 100 promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, y únicamente se transmitieron 30, entonces ello representa un 70% por ciento de incumplimiento, que respecto del monto máximo (cien mil días de salario mínimo) equivale a 70,000 veces de salario mínimo.

Resulta claro que el criterio adoptado en la RESOLUCIÓN RECURRIDA para cuantificar el monto desproporcionado de las multas que se impusieron a mi representada es ilegal, al carecer de la debida fundamentación y motivación en tanto que, el CONSEJO no invoca ni esgrime los argumentos que le permiten llegar a dicho criterio.

En todo caso, lo que correspondía, atendiendo a que la pauta de transmisión notificada a mi representada, cuyo incumplimiento parcial se atribuye a Televisión Azteca, constituye una unidad, era cuantificar o determinar el monto aplicando el porcentaje que los incumplimientos implicaron frente a la totalidad de la pauta y no nada más respecto del porcentaje que dichos incumplimientos representaron en el período denunciado.

En efecto, en todo caso correspondía cuantificar la multa en función del total de la pauta y no nada más del período denunciado, como lo pretende el CONSEJO, pues de lo contrario se sentaría un desafortunado precedente y los concesionarios estaríamos supeditados a la forma y períodos por los que el IFE inicie y realice sus investigaciones, y llegaríamos al absurdo de que si el IFE iniciará una investigación cuyo período abarcara únicamente un día, y se llegare a acreditar que se omitió transmitir la totalidad de los promocionales, el IFE estaría en libertad de imponer la máxima sanción equivalente a cien mil días de salario mínimo.

LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR.

El monto de las multas que se impone a mi representada se pretende justificar, entre otras razones, en el hecho de que Televisión Azteca, según la información fiscal a que se hace alusión en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, tiene activos que ascienden a la suma de $ 8,849,077,524.00 (Ocho mil ochocientos cuarenta y nueve millones setenta y siete mil quinientos veinticuatro pesos, 00/100).

Lo anterior resulta absurdo en virtud de que del hecho de que mi representada cuente con activos por dicha suma, no implica que el monto de la multa no le sea excesivamente oneroso.

En efecto, si se toma en consideración que los activos de mi representada son directamente proporcionales a la magnitud de su actividad empresarial y de los gastos que constantemente se ve obligada a realizar, y además debe considerarse que el objetivo de las multas impuestas en materia electoral está lejos de ser la de generar un impacto crítico e irreparable en las finanzas de los concesionarios de radio y televisión; atendiendo a ello se llega a la inequívoca conclusión de que el solo hecho de que la multa no ocupe una gran parte del porcentaje del total del activo de mi representada no implica que dicha multa no le afecte de manera significativa.

Además no debe soslayarse que a pesar de ser una sanción, la multa en comento no puede ni debe ascender a una suma tal que impida u obstaculice la capacidad operativa de Televisión Azteca al grado de convertirse en óbice para su capacidad de seguir prestando eficientemente el servicio que le está concesionado.

LOS PRECEDENTES RESUELTOS POR EL IFE CON MOTIVO DE INFRACCIONES ANÁLOGAS.

De la RESOLUCIÓN RECURRIDA se advierte la violación a lo previsto por el artículo 61 del REGLAMENTO DE QUEJAS, que señala que uno de los aspectos que deben considerarse al individualizar las sanciones, son los precedentes resueltos por el IFE con motivo de infracciones análogas.

En efecto, en dicha resolución no se invocan los precedentes resueltos por el IFE con motivo de infracciones análogas, lo que pone de manifiesto la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por inobservancia del artículo 61 invocado.

En virtud de lo anterior, este agravio debe declararse fundado y consecuentemente revocarse la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

QUINTO. La RESOLUCIÓN RECURRIDA viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 72, 76 y relativos del COFIPE; en relación con lo previsto en el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, en virtud de los siguientes razonamientos: