RECURSOS DE APELACIÓN.

EXPEDIENTES: SUP-RAP-496/2012 Y SUP-RAP-510/2012, ACUMULADOS.

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LUIS OMAR AGUSTIN CAMARENA GONZÁLEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIO: CARLOS VARGAS BACA

México, Distrito Federal, a diecinueve de diciembre de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos de los recursos de apelación SUP-RAP-496/2012 y SUP-RAP-510/2012, interpuestos por Rogelio Carbajal Tejada, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y Luis Omar Agustín Camarena González, en su carácter de Director de Imagen Gubernamental de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, respectivamente, impugnando la resolución de dicha autoridad electoral administrativa federal, "RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT; EL SECRETARIO DE TURISMO; EL SECRETARIO DE SALUD; EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DIRECTOR GENERAL DE IMAGEN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT; DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DE TELEVIMEX S.A. DE C.V., CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHTEN-TV CANAL 13; DE OPERADORA MEGACABLE, S.A. DE C.V., CANAL 101 DE TEPIC, NAYARIT; Y EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAYARIT, PERMISIONARIO DE LA EMISORA XHTPG-TV CANAL 10, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT; POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/PAN/JD02/173/PEF/250/2012 Y SU ACUMULADO SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/264/2012", identificado con la clave CG699/2012, aprobada el veinticuatro de octubre de dos mil doce, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración hecha por los actores, de lo afirmado por la autoridad responsable en el informe circunstanciado, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

a) Primera denuncia. El dieciséis de mayo de dos mil doce, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el escrito signado por el Lic. Juan de Jesús Fuentes Vizcarra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante la 02 Junta Distrital Ejecutiva de ese Instituto en el Estado de Nayarit, mediante el cual hizo del conocimiento de esa autoridad hechos presuntamente contraventores de la normativa comicial federal, atribuibles al C. Roberto Sandoval Castañeda en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, y de quien resultara responsable.

b) Acuerdo del Secretario Ejecutivo. El dieciséis de mayo de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó un acuerdo en el que, entre otros aspectos, tuvo por recibida la queja, tramitar el asunto como un procedimiento especial sancionador, así como realizar diversos requerimientos y diligencias, para integrar debidamente el expediente de mérito.

c) Medidas cautelares. El veinticinco de mayo de dos mil doce, la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió adoptar medidas cautelares, respecto de tres espectaculares que contenían propaganda gubernamental del Estado de Nayarit, no así respecto de otros siete espectaculares, además de la presunta difusión de propaganda gubernamental por parte del Gobierno del estado de Nayarit en radio y televisión.

d) Segunda denuncia. El veinticinco de mayo de dos mil doce, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el escrito signado por el Lic. Rogelio Carbajal Tejada, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual hizo del conocimiento de esa autoridad hechos presuntamente contraventores de la normativa comicial federal, atribuibles al C. Roberto Sandoval Castañeda en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, y de quien resultara responsable.

e) Acuerdo del Secretario Ejecutivo El veintiséis de mayo de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó un acuerdo en el que, entre otros aspectos, tuvo por recibida la queja antes precisada, tramitar el asunto como un procedimiento especial sancionador, así como realizar diversos requerimientos y diligencias, para integrar debidamente el correspondiente expediente.

f) Acumulación. El diecinueve de julio del año en curso, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó un acuerdo en el que, entre otros aspectos, y toda vez que los hechos denunciados en ambos casos guardan estrecha relación, determinó acumular las constancias que integraron el segundo de los expedientes, al primero de los que se formaron, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 15 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

g) Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de octubre de dos mil doce, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

II. Resolución impugnada. El veinticuatro de octubre de dos mil doce, se aprobó la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT; EL SECRETARIO DE TURISMO; EL SECRETARIO DE SALUD; EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DIRECTOR GENERAL DE IMAGEN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT; DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DE TELEVIMEX S.A. DE C.V., CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHTEN-TV CANAL 13; DE OPERADORA MEGACABLE, S.A. DE C.V., CANAL 101 DE TEPIC, NAYARIT; Y EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAYARIT, PERMISIONARIO DE LA EMISORA XHTPG-TV CANAL 10, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT; POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/PAN/JD02/173/PEF/250/2012 Y SU ACUMULADO SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/264/2012, identificada con la clave CG699/2012, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

PRIMERO. Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra del C. Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, en términos del Considerando DÉCIMO del presente fallo.

SEGUNDO. Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra de los Secretarios de Turismo y Salud del Gobierno del estado de Nayarit, en términos del Considerando UNDÉCIMO del presente fallo.

TERCERO. Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra del C. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obra Pública en el estado de Nayarit, en términos del Considerando DUODÉCIMO del presente fallo.

CUARTO. Se declara fundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra del Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental de la de la Secretaria de Obra Pública en el estado de Nayarit, en términos del Considerando DUODÉCIMO del presente fallo.

QUINTO. Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra del Ing. Gerardo Siller Cárdenas, Secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado de Nayarit, en términos del Considerando DUODÉCIMO del presente fallo.

SEXTO. Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra de las concesionarias Televimex S.A. de C.V., Concesionaria de la emisora XHTEN-TV Canal 13, y de Operadora Megacable, S.A. de C.V., Canal 101 de Tepic, Nayarit, así como al Director General del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, permisionario de la emisora XHTPG-TV Canal 10, del Gobierno del estado de Nayarit, en términos del Considerando DECIMOTERCERO del presente fallo.

SÉPTIMO. Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador

instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional en términos del Considerando DECIMOCUARTO del presente fallo.

OCTAVO. Se ordena al Secretario Ejecutivo dar vista con copia certificada de la presente Resolución y del expediente de mérito, al titular de la Secretaría de la Contraloría General del estado de Nayarit, a efecto de que en el ámbito de su competencia, determine lo que corresponda respecto a la responsabilidad del Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental de la de la Secretaria de Obras Públicas, en términos de lo dispuesto en el Considerando DECIMOQUINTO de la presente Resolución.

NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada.

DÉCIMO. Notifíquese a las partes en términos de ley.

UNDÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

III. Primer recurso de apelación. El treinta de octubre de dos mil doce, Rogelio Carbajal Tejada, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentó recurso de apelación en contra de la resolución antes precisada.

IV. Recepción del expediente. El siete de noviembre de dos mil doce, se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Superior el ocurso de demanda, el informe circunstanciado y demás documentación relacionada con el medio de impugnación referido.

V. Turno a la ponencia. El siete de noviembre de dos mil doce, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de este Tribunal Electoral, ordenó registrar, formar y turnar el expediente SUP-RAP-496/2012, a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para el efecto de proponer al Pleno de esta Sala Superior el proyecto de resolución que en derecho corresponda.

El proveído se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-9182/12 signado por el Secretario General de Acuerdos.

VI. Admisión del primer recurso de apelación. El quince de noviembre del año en curso, la Magistrada Electoral admitió el recurso de apelación presentado por el Partido Acción Nacional.

VII. Segundo recurso de apelación. El veinte de noviembre del año en curso, el C. Luis Omar Agustín Camarena González, ostentándose con el carácter de Director de Imagen Gubernamental de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, presentó recurso de apelación en contra del mismo acuerdo CG699/2012, en cuanto a haber considerado fundado el procedimiento especial sancionador en su contra.

VIII. Recepción del segundo expediente. El veintiséis de noviembre de dos mil doce, se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Superior el escrito de demanda, el informe circunstanciado y demás documentación relacionada con el segundo medio de impugnación antes mencionado.

IX. Turno a la ponencia. El veintiséis de noviembre de dos mil doce, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó registrar, formar y turnar el expediente SUP-RAP-510/2012, a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para el efecto de proponer al Pleno de esta Sala Superior el proyecto de resolución que en derecho corresponda.

El proveído se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-9331/12 signado por el Subsecretario General de Acuerdos.

X. Admisión del segundo recurso de apelación. El veintinueve de noviembre del año en curso, la Magistrada Electoral admitió el recurso de apelación presentado por el C. Luis Omar Agustín Camarena González, en su carácter de Director de Imagen Gubernamental de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit.

XI. Cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción en los expedientes precisados en el rubro, con lo cual los asuntos quedaron en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción V, y 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los artículos 4, 42 y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de recursos de apelación interpuestos, tanto por un partido político nacional, como por un ciudadano por su propio derecho, a fin de impugnar la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictada en un procedimiento especial sancionador, que tuvo su origen en las denuncias presentadas por el instituto político ahora actor, y en el que se determinó, entre otros aspectos, declararlo fundado solamente respecto del ciudadano que promueve el otro recurso de apelación, por hechos que se consideraron constitutivos de infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que esta Sala Superior es competente para resolver estos medio de impugnación.

SEGUNDO. Acumulación. El análisis de los escritos presentados por los recurrentes permite advertir que en ambos casos se impugna la resolución CG699/2012, emitida el veinticuatro de octubre de dos mil doce, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en los autos del expediente identificado con la clave SCG/PE/PAN/JD02/173/PEF/250/2012 y su acumulado SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/264/2012, respecto del procedimiento especial sancionador incoado con motivo de las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional, en contra del C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador constitucional del Estado de Nayarit; el Secretario de Turismo; el Secretario de Salud; el Secretario de Obras Públicas y el Director General de Imagen Gubernamental de la Secretaría de Obras Públicas, todos del Gobierno del Estado de Nayarit; del Partido Revolucionario Institucional; de Televimex S.A. de C.V., concesionaria de la emisora XHTEN-TV Canal 13; de Operadora Megacable, S.A. de C.V., Canal 101 de Tepic, Nayarit; y el Director General del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, permisionario de la emisora XHTPG-TV Canal 10, del Gobierno del Estado de Nayarit; por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

En ese sentido, se evidencia la conexidad en la causa, dado que existe identidad de autoridad responsable, así como del acto reclamado; por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente entre sí, de manera expedita y completa, los recursos objeto de esta ejecutoria, de conformidad con lo prescrito en los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 86 y 87 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, se decreta la acumulación del recurso de apelación SUP-RAP-510/2012, al diverso SUP-RAP-496/2012, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

Por lo anterior, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado.

TERCERO. Requisitos de Procedencia. Por ser su examen preferente de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se analizará en principio si los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a); 40, párrafo 1, inciso a), y 45, párrafo 1, inciso a), de la citada ley, así como si en el caso bajo estudio se actualiza alguna de las causas de improcedencia contempladas en los artículos 10 y 11 del ordenamiento en cita, pues de ser así, deberá decretarse el desechamiento de plano de la demanda, al existir un obstáculo que impide la válida constitución del proceso y, con ello, imposibilite el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada.

Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre de los recurrentes, sus domicilios para oír y recibir notificaciones. Igualmente, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones, los agravios que causa el acuerdo combatido y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa de los recurrentes.

Oportunidad. Las demandas se presentaron oportunamente. En el caso del Partido Acción Nacional, presentó el recurso el treinta de octubre del año en curso, por lo que resulta evidente que su interposición se encuentra dentro del plazo legal de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el veintiocho y veintinueve de octubre fueron inhábiles, al ser sábado y domingo, respectivamente, por lo que en consecuencia, no se toman en cuenta para el efecto del cómputo de los cuatro días previstos en la citada disposición normativa.

Por lo que se refiere al ciudadano recurrente, no obstante que la resolución impugnada se emitió el veinticuatro de octubre de dos mil doce, al actor le fue notificada el trece de noviembre de de dos mil doce, y este interpuso el recurso de apelación el quince de noviembre del presente año, por lo que es claro que también se presentó en el plazo legal antes precisado.

Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran satisfechos en términos de lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracciones I y II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, uno de los recursos es promovido por un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral. Asimismo, fue presentado por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, personería que es reconocida por la autoridad responsable al rendir el respectivo informe circunstanciado, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el requisito en examen.

Por lo que hace al interés jurídico, esta Sala Superior ha considerado que consiste en la relación que se presenta entre la situación jurídica irregular que se denuncia y la providencia que se pide para remediarla, mediante la aplicación del Derecho, así como en la utilidad de esa medida, para subsanar la referida irregularidad.

En el caso concreto, el interés jurídico del partido político apelante se surte, en tanto que fue quien dio inicio al procedimiento administrativo sancionador que derivó en la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral; que ahora impugna con la interposición del recurso de apelación, con la pretensión de que este órgano jurisdiccional revoque esa determinación.

Respecto del segundo de los recursos de apelación, el mismo fue interpuesto por un ciudadano en forma individual y por su propio derecho, en contra de la resolución en que se determinó declarar fundado el procedimiento especial sancionador, respecto del ciudadano ahora recurrente, en su carácter de servidor público, por la presunta comisión de actos violatorios de normas en materia de propaganda político electoral, por lo que se colman los extremos de legitimación y personería previstos en el artículo 45, párrafo 1, inciso b), numeral II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Definitividad. Los presentes recursos de apelación cumplen con el requisito de definitividad, en virtud de que los recurrentes impugnan una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, la cual no puede ser controvertida a través de otro juicio o recurso.

En consecuencia, toda vez que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia, lo conducente es analizar el fondo de la controversia planteada por los apelantes.

CUARTO. Síntesis de agravios.

SUP-RAP-496/2012.

Del análisis de la demanda presentada por el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se advierten los siguientes agravios.

1. En la determinación de la no responsabilidad del Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda, en cuanto a la difusión y publicación de campaña en materia de salud (propaganda gubernamental), se omitió valorar y razonar y por consiguiente interpretar los cuerpos normativos en la materia, así como los criterios emitidos por los tribunales electorales competentes.

En este sentido, sostiene que se omite una correcta interpretación del artículo 41, fracción I, de la Constitución, pues no existe un cumplimiento estricto a los principios básicos en la materia, en razón de que no se permitió una elección libre y auténtica.

Lo anterior, toda vez que, desde su perspectiva, de una forma sistemática y reiterada, el Gobierno del Estado a través del ejecutivo del estado y el titular de la Secretaría de Salud del Estado, de la Secretaría de Turismo y los medios y empresa contratadas, tuvieron a bien desplegar espectaculares y spot de radio y televisión una campaña de promoción turística en el Estado de Nayarit, que trascienden al resultado de las elecciones, vulnerando por ende los principios rectores del sufragio que debe ser universal, directo, libre y secreto.

Por otra parte, señala la falta de observancia de la responsable del Acuerdo CG-75/2012, emitido por el Instituto Federal Electoral, pues desde su perspectiva hay una errónea interpretación de la responsable, que encuadra las conductas denunciadas en las excepciones de las campañas gubernamentales en los procesos electorales.

En este sentido el recurrente sostiene que la responsable avala al Gobierno del Estado de Nayarit y a la Secretaría de Salud local, en la promoción y difusión en materia de salud, aun cuando no está comprendida dentro del catálogo de excepciones del acuerdo en estudio, porque si bien es cierto, dicho acuerdo está dirigido a prevenir accidentes, así como las medidas para prevenirlos, así como los programas de educación y orientación a la población y algunas otras excepciones, pero nunca con los slogan que maneja el gobierno del Estado como lo son: "Por un Nayarit Unido y Saludable… Actívate, come frutas y verduras,… comparte…, toma más agua…", además de que en los espectaculares se estampó el logotipo del gobierno.

Señala el recurrente que le causa agravio el hecho de que la responsable haya determinado que el gobernador del estado y el secretario de turismo pueden realizar difusión y propaganda gubernamental en materia de turismo en tiempo de veda, pues no está dentro de las excepciones que el acuerdo CG75/2012 prevé.

Lo anterior, en razón de que el acuerdo no prevé la organización de viajes turísticos y la promoción de los mismos en tiempos de veda, máxime cuando se tuvo todo un periodo del año para realizarlo, siendo curioso que en plena veda electoral, el gobierno del estado bajo una campaña sistemática y reiterada oferta viajes a destinos turísticos con baja afluencia ciudadana, pero con mucha difusión del gobierno para atacar al electorado con estas estrategias y promocionando con el logotipo del gobierno.

El partido político recurrente señala que causa agravio el hecho de que la responsable haya determinado la existencia de los hechos, sin embargo, en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos denunciados, los exime de una responsabilidad por estar en los supuestos de excepción, pues desde su perspectiva la responsabilidad existe, y por ello se les debe imponer una sanción ejemplar.

Aunado a lo anterior, el impetrante alega que la inclusión de símbolos del gobierno del estado se encuentra plenamente acreditada, por lo que se vulneran las disposiciones constitucionales, al ser una erogación de recursos a favor del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, así como la participación del gobernador del estado y sus funcionarios denunciados, sin que la responsable haya valorado correctamente las disposiciones constitucionales y normativas que para tal caso aplican.

2. El partido político recurrente sostiene que le causa agravio el que la responsable haya determinado declarar infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.

Lo anterior en razón de que, al decir del apelante, la responsable al realizar la valorización sobre la participación del Gobernador del Estado de Nayarit, en la difusión de la propaganda gubernamental denunciada y contenida en espectaculares, spot televisivos y de radio, sólo se limita a analizar la relativa a los spot televisivos y de radio y no entra al estudio respecto de la participación del citado funcionario, en la contenida en los espectaculares.

De tal forma, al decir del apelante, se dejó de realizar el análisis lógico-jurídico respecto de la participación del Gobernador del Estado de Nayarit, en la propaganda gubernamental plasmada en espectaculares, en los cuales se aprecia con toda claridad el slogan, símbolos, frases, logotipos y obras que está llevando a cabo la administración pública estatal, encabezada por dicho funcionario.

Lo anterior, desde su perspectiva, trae como consecuencia una violación a los principios de equidad e imparcialidad de las autoridades y cualquier ente público, durante los procesos electorales.

3. Al decir del recurrente, causa agravio la resolución que se combate, en la parte que se realiza el análisis lógico-jurídico sobre las conductas del Secretario de Obras Públicas y Secretario de Administración y Finanzas y del Director de Imagen Gubernamental de la Secretaría de Obras Públicas, todos del Gobierno del Estado de Nayarit, respecto de la propaganda denunciada en el procedimiento primigenio, donde se señala que está debidamente acreditada la difusión de propaganda gubernamental.

Sin embargo, al momento de atribuir la comisión de dicha infracción al funcionario público o funcionarios públicos estatales respectivos, determina de manera errónea que el Secretario de Obras Públicas del Estado no se le puede atribuir dicha violación, en razón, de que dicho servidor público giró instrucción pertinentes a los servidores públicos subalternos de su Secretaría para que dieran cabal cumplimiento con la normatividad electoral.

El partido político recurrente sostiene que la responsable atribuye la conducta violatoria a un área adscrita a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit, denominada Dirección General de Imagen Gubernamental, la cual no existe, de acuerdo con lo manifestado por el propio Ing. Omar Agustín Camarena González, supuesto Director General de Imagen Gubernamental, en su escrito de fecha cinco de octubre del año en curso. Lo anterior, en razón de que dicha Dirección surgirá en la administración estatal, con la reforma que harán al marco normativo de dicha secretaría, el cual todavía está en proyecto, por lo tanto, en opinión del actor, resulta ilógico determinar que dicho servidor público haya contravenido la normatividad electoral federal, pues no consta su existencia en la normativa estatal vigente.

El partido político recurrente sostiene que, atendiendo a la normativa vigente en el Estado, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo denominado Gobernador Constitucional del Estado, quien tiene facultades y obligaciones que señala la Constitución federal, la Constitución local y las demás disposiciones jurídicas vigentes.

Asimismo, el recurrente sostiene que el Gobernador del Estado debe expedir el reglamento interior de cada dependencia, en el que se determinan las unidades administrativas de las mismas, así como sus atribuciones y funciones; que los Titulares de las dependencias serán los responsables de los asuntos atribuidos a su despacho, de ejercer las funciones de su competencia conforme a la normatividad correspondiente; que los titulares de las dependencias y entidades que manejen presupuesto otorgado en su totalidad o en parte por el Estado, para el desarrollo de sus funciones, serán responsables del manejo y aplicación de dicho presupuesto.

En este sentido, el impetrante sostiene que no puede sustentarse la falta de responsabilidad de los servidores públicos denunciados sobre el desvío de recursos públicos por la difusión y colocación de propaganda gubernamental en periodo prohibido por la Carta Magna y el Código Comicial, únicamente con el argumento de que se giraron oficios por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, en los cuales se establecieron las medidas a adoptar por parte de la administración pública estatal, para el blindaje del Proceso Electoral y de los memorándums que giró la Directora de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas de Nayarit.

4. El partido político apelante sostiene que le causa agravio el hecho de que el Consejo General haya declarado infundada la demanda por lo que respecta a las personas morales Televimex S.A. de C.V., Concesionaria de la emisora XHTEN-TV Canal 13, y de Operadora Megacable, S.A. de C.V., Canal 101 de Tepic, Nayarit, así como al Director General del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, permisionario de la emisora XHTPG-TV Canal 10, del Gobierno del Estado de Nayarit, Concesionarios XHNF, S.A. de C.V., y XEPIC-AM, S.A. de C.V.

Lo anterior, en razón de que, desde su perspectiva, el Consejo General viola las disposiciones de la Constitución, además de contradecir lo establecido en el Acuerdo CG75/2012, en el cual se establecen las excepciones a lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que respecta a la propaganda en radio y televisión durante el proceso electoral, puesto que si bien es cierto, dicho acuerdo contempla excepciones, también prevé expresamente restricciones a dichas excepciones, pues las mismas no podrán contener nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni contengan logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, y de las fotografías que se observan en la resolución que se impugna, puede verse claramente el logotipo de la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit.

5. El partido político recurrente sostiene que le causa agravio el que se deje sin sanción al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que dicho instituto político tiene el carácter de garante de sus actos, así como el de sus candidatos, militantes y agremiados, por lo tanto, la conducta infractora que despliegue uno de estos, deberá acreditársele también al partido que representa o simpatiza.

Lo anterior, en razón de que la responsabilidad de los denunciados se encuentra plenamente acreditada, por lo que restaría la sanción que se imponga a los señalados, sin la necesidad de que existan más procedimientos administrativos que deslinde esta responsabilidad.

SUP-RAP-510/2012.

Por su parte, el Luis Omar Agustín Camarena Gonzalez, en su escrito de demanda señala que, se violentan los principios de legalidad y certeza derivado a que la presunta irregularidad señalada por la autoridad responsable, no es acreditada de todo el material que obra en el expediente, situación por la cual, no es factible considerar que exista alguna consideración objetiva que permita determinar la responsabilidad que se le atribuye.

Lo anterior en razón de que, de la normativa aplicable, no se desprende, al decir del ciudadano recurrente, que sea responsable de la colocación, tampoco del retiro de las mantas que supuestamente se aducen en la resolución.

Asimismo, el recurrente sostiene la autoridad responsable, erróneamente pretende acreditarle una conducta ilícita, con una fundamentación y motivación indebida, toda vez que, no hay congruencia entre el fundamento legal invocado y la motivación señalada por la ahora responsable.

El recurrente sostiene que la responsable erróneamente concluye que la conducta le es atribuible, en su carácter de Director General de Imagen Gubernamental, sin tener fundamento sobre el cual derive en quien suscribe la responsabilidad por la colocación o retiro de la supuesta propaganda denunciada.

El impetrante alega que la responsable realiza un análisis subjetivo de la normativa que invoca para erróneamente acreditar una responsabilidad inexistente en su contra.

Además, el recurrente argumenta que la responsable no señala de modo preciso, por qué es el responsable de que la propaganda señalada en la resolución, se siguiera difundiéndose, pues la colocación y retiro de publicidad no corre a su cargo, sino únicamente el proyecto de su elaboración.

QUINTO. Consideraciones previas.

Esta Sala Superior estima necesario realizar algunas precisiones, respecto del procedimiento sancionador especial cuya resolución se impugna en los presentes recursos de apelación.

En primer término, la litis que se fijó por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la resolución ahora impugnada, fue en los siguientes términos:

SÉPTIMO. LITIS. Que una vez sentado lo anterior corresponde a esta autoridad fijar la litis en el presente procedimiento, la cual se constriñe en determinar:

A. Si el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, violentó las disposiciones contenidas en los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f) y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; lo cual además podría contravenir lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental en espacios espectaculares, radio y televisión identificados con los folios RV00800-12, RV00797-12 y RV00801-12, denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial", en periodo prohibido, con los cuales a consideración de los quejosos, se violan los principios de equidad e imparcialidad que rigen la contienda electoral.

B. Si el Secretario de Turismo en el estado de Nayarit, violentó la prohibición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f), y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.", derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental en espacios espectaculares, radio y televisión identificados con los folios RV00800-12, RV00797-12 y RV00801-12, denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial", en periodo prohibido, con los cuales a consideración de los quejosos, se violan los principios de equidad e imparcialidad que rigen la contienda electoral.

C. Si el Secretario de Salud en el estado de Nayarit, violentó la prohibición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f), y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.", derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental en espacios espectaculares relativos a Servicios de Salud, difusión en la que presuntamente se utilizaron de recursos públicos, lo cual al decir de los quejosos violenta el principio de imparcialidad y con ello la equidad en la contienda comicial, hechos que fueron referidos en el punto de Segundo del presente proveído.

D. Si los CC. Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo Secretario de Obra Pública en el estado de Nayarit; Ing. Gerardo Siller Cárdenas, Secretario de Administración y Finanzas e Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, ambos de la citada Secretaría de Obras Públicas en el estado de Nayarit, violentaron la prohibición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f), y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consecuencia lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.", derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental relacionada con obra pública, en tres espacios publicitarios, difusión en la que presuntamente se utilizaron de recursos públicos, lo cual al decir de los quejosos violenta el principio de imparcialidad y con ello la equidad en la contienda comicial.

E. Si los Representantes Legales de Televimex, S.A. de C.V., Concesionaria de la emisora XHTEN-TV Canal 13; de Operadora Megacable, S.A. de C.V., Canal 101 de Tepic, Nayarit, así como al Director General del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, permisionario de la emisora XHTPG-TV Canal 10, del Gobierno del estado de Nayarit; Concesionarios XHNF S.A. de C.V., y XEPIC-AM, S.A. de C.V., por la presunta violación a lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2, y 350, incisos b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la presunta contratación y difusión de propaganda gubernamental en radio y televisión, así como la difusión de recorridos turísticos denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial", en periodo prohibido, con lo que a juicio de los quejosos vulnera la normativa electoral.

F. Si el Partido Revolucionario Institucional, violentó la prohibición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 en relación con los numerales 38, párrafo 1, incisos a) y u) y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivada de la omisión a su deber de cuidado respecto de las conductas irregulares atribuidas al C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, descritas en el inciso A del presente apartado.

En cuanto a la existencia de los hechos, consistentes en la presunta realización de propaganda gubernamental en periodo no permitido y consecuentemente la infracción a los principios de equidad e imparcialidad, la autoridad responsable procedió a valorar las pruebas que obran en el expediente del procedimiento especial sancionador, y que además tenían relación con la litis fijada por el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, arribando a las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES.

En efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3; 359, párrafos 1, 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 33, párrafo 1, incisos a), b) y c); 34, párrafo 1; 35, párrafo 1; 36, párrafo 1; 41, párrafo 1; 44, párrafos 1, 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, esta autoridad al valorar las pruebas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia, la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, arriba a las siguientes conclusiones:

● Que a través del Instrumento Notarial número 28,898, emitido por el Lic. José Daniel Saucedo Berecochea, Notario Público número uno en la ciudad de Tepic, Nayarit, se describe la localización de diez espectaculares.

● Que se advierte que siete de los citados espectaculares contienen propaganda relativa a salud y turismo en el estado de Nayarit.

● Que tres de los espectaculares contienen indicaciones de construcciones de obra pública referentes a "Boulevard Aguamilpa".

● Que se difundieron en radio y televisión promocionales alusivos a las zonas turísticas de Nayarit, tales como "Lagunas Encantadas", "Nayarit Colonial", "Riviera Nayarit" y "Puerto San Blas".

● Que uno de los promocionales denunciados transmitido en radio se refiere a la zona turística Puerto de San Blas, en la Riviera Nayarit y señalan la fecha del citado recorrido turístico, el lugar y hora de partida.

● Que en el citado promocional en radio se indica que se visitará el Cocodrilario, el Cerro de la Contaduría, la Ex Aduana y dar un paseo en lancha a la Playa Paraje del Rey.

● Que en ninguno de los promocionales en radio y televisión denunciados, se contienen datos de promoción personal del Gobernador Constitucional del estado de Nayarit.

● Que en la llamada telefónica aportada como prueba, se advierte que una mujer solicita información relativa a un viaje turístico.

● Que la respuesta del promotor a esa llamada únicamente versa sobre el costo y recorrido de viaje.

● Que como resultado del monitoreo realizado por la Dirección Ejecutiva del Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, se detectaron un total de 12 impactos de la transmisión de los promocionales alusivos al Gobierno del estado de Nayarit, denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial"; los cuales fueron transmitidos el día 22 de mayo de 2012.

● Que la Dirección Ejecutiva der Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, detectó durante el periodo del 22 al 24 de mayo del presente año a partir de las 18:00 horas, al 24 del mismo mes y año, un total de 43 impactos de los promocionales denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial".

● Que como resultado del monitoreo realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, se detectaron un total de 86 impactos del promocional alusivo al "Puerto de San Blas" y "Lagunas Encantadas" del estado de Nayarit, transmitidos por las estaciones de radio identificadas con las frecuencias 95.3 FM; 97.7 FM y 98.5 FM, en el estado de Nayarit, durante el periodo del 17 al 20 de mayo del año en curso.

● Que los promocionales aludidos forman parte de las excepciones a las prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no incluyen nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni contienen logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencia al gobierno federal, apegándose a las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, específicamente a la publicidad informativa sobre la promoción turística del Estado conforme a lo señalado en el Acuerdo CG75/2012 aprobado por el Consejo General de ese H. Instituto en Sesión Extraordinaria del 8 de febrero de 2012.

● Que el día veinticuatro de agosto de dos mil doce, los Licenciados Ernesto Jesús Gama Lozano, y Lorna Beatriz Ferrer Rodríguez, Consejero Presidente y Secretaria del 02 Consejo Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Nayarit, realizaron una inspección ocular a los vehículos asignados a la Secretaría de Turismo del estado de Nayarit a efecto de constatar sobre la presunta existencia de propaganda política en los vehículos de autotransporte de dicha Secretaría, sin constatar dicha situación.

● Que la Secretaría de Salud en el estado de Nayarit, contrató la colocación de espectaculares a partir del 27 veintisiete de febrero al 27 veintisiete de junio de dos mil doce.

● Que los espectaculares alusivos a la Secretaría de Salud del estado de Nayarit, se instalaron a consecuencia de la existencia del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública del Programa Nacional de Nueva Cultura en Salud 2011, celebrado en los Servicios de Salud de Nayarit y la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección de Políticas Intersectoriales en Salud.

● Que la Secretaría de Obras Públicas del estado de Nayarit, por su parte, tiene entre otras funciones, la ejecución de obra pública, por lo que a manera informativa, durante la ejecución de los trabajos correspondientes, se debe colocar un anuncio alusivo a la obra que se realiza y la dependencia ejecutora.

● Que la avenida Aguamilpa se encontraba en remodelación, con la obra denominada "REHABILITACIÓN (Sic) CON CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA AGUAMILPA, TRAMO AVENIDA TECNOLÓGICO-VÍAS F.F.C.C. del km. 0+000 AL KM.0+760", con plazo de ejecución del 30 de enero de 2012 al 27 de junio de 2012.

● Que con motivo de la obra antes referida, se colocaron anuncios con el fin de orientar y guiar a la sociedad en general respecto de las rutas de traslado alternativas que debían tomarse.

● Que las funciones de la Dirección General de Imagen Gubernamental se encuentran en el artículo 44 del Proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, por lo que su marco normativo está en proyecto de reforma al Reglamento Interior del Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado.

Las anteriores conclusiones encuentran su fundamento en la valoración conjunta que realizó este órgano resolutor a los elementos probatorios que obran en el presente expediente, por lo que atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, resulta válido colegir que los hechos denunciados son ciertos en cuanto a su existencia.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359, párrafos 1, 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, …

Posteriormente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la resolución ahora impugnada, procedió a realizar algunas consideraciones en torno a los hechos denunciados, señalando que, una vez fijada la litis en el procedimiento y previo al estudio de fondo, convenía tener presente el marco constitucional y normativo que debe observarse respecto de actos que tengan injerencia con las limitaciones a que está constreñida la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

De tal forma, la autoridad señala como responsable, procedió a reproducir el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como las Normas Reglamentarias sobre Propaganda Gubernamental que refiere el Artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los Procesos Electorales Locales de 2011 y el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, en lo que consideró aplicable al asunto que estaba resolviendo.

A partir de la correspondiente normativa, el Consejo General del Instituto Federal Electoral precisó las siguientes consideraciones:

● Que la propaganda gubernamental, por lo que hace a la temporalidad, no puede difundirse en el entorno de un Proceso Electoral Federal o local, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la Jornada Electoral, por lo que deberá suspenderse su difusión en los medios de comunicación social.

● Que dicha prohibición se refiere a la propaganda gubernamental tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

● Que las únicas excepciones a la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo en que transcurra el Proceso Electoral es que la misma se refiera a servicios educativos, de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como las dispuestas expresamente por el Consejo General de este Instituto en sus normas reglamentarias.

● Que se considera propaganda institucional la que es emitida por los poderes públicos, órganos de gobierno en los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se lleve a cabo fuera del periodo de campañas.

● Que la propaganda institucional debe tener un fin informativo, educativo o de orientación social.

● Que sólo se limite a identificar el nombre de la institución de que se trata sin elementos personales o que su contenido sea político-electoral.

● Que en Internet podrán permanecer los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor.

● Que los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

● Que constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134, de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia electoral.

● Que la imagen positiva de los servidores públicos es un acervo susceptible de ser capitalizado por los partidos políticos y los candidatos en las contiendas electorales, siempre que no se utilicen recursos públicos para ese propósito.

● Que será responsabilidad de los servidores públicos salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

● Que todo servidor público tendrá como obligación utilizar los recursos que le hayan asignado, exclusivamente para los fines a que están afectos.

● Que son conductas contrarias al principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, administración o provisión de recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven la promoción personalizada de funcionarios públicos.

● Que son conductas contrarias al principio de imparcialidad, emplear los medios de comunicación social oficiales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato.

● Que son conductas contrarias al principio de imparcialidad, cualquier conducta análoga que a través de la utilización de recursos públicos vulnere la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos, a juicios de la autoridad electoral.

● Que la propaganda gubernamental, por lo que hace a la temporalidad, no puede difundirse en el entorno de un Proceso Electoral Federal o local, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la Jornada Electoral, por lo que deberá suspenderse su difusión en los medios de comunicación social.

● Que las únicas excepciones a la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo en que transcurra el Proceso Electoral es que la misma se refiera a servicios educativos, de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como las dispuestas expresamente por el Consejo General de este Instituto en sus normas reglamentarias.

● La reforma constitucional y legal en materia electoral implementada en 2007-2008, se encaminó el control de la propaganda política, electoral y gubernamental abierta y generalizada difundida en radio y televisión;

● Durante las campañas electorales, los portales de los entes públicos podrán permanecer en Internet, siempre que revistan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor.

Evidenciado lo anterior, se advierte que por cuanto hace a los sujetos que pueden incurrir en violación al citado artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, constitucional, de conformidad con los dispositivos legales indicados en párrafos precedentes, son:

a) Los poderes federales y estatales;

b) Los municipios;

c) Los órganos de gobierno del Distrito Federal;

d) Las delegaciones del Distrito Federal; y

e) Cualquier otro ente público.

En ese orden de ideas, la prohibición dada para los poderes y servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, los del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, consiste en el impedimento para emitir cualquier tipo de propaganda gubernamental que pueda afectar el principio de equidad en la contienda entre partidos políticos, sin que en ninguna de dichas disposiciones prohibitivas se exija, para conformar la falta, un contenido o forma específica de la propaganda que se prohíbe.

De esta suerte, se transgrede la prohibición referida si se difunde propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación social (que no se encuentre comprendida dentro de las excepciones que establece la ley) dentro del periodo prohibido (que según la interpretación legal que ha formulado la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comprende la fase de campañas, periodo de reflexión y la jornada electiva) trastocando con ello los valores jurídicos tutelados en la normativa: la equidad y la imparcialidad en las contiendas electivas.

En este contexto, resulta válido afirmar que con independencia del contenido de la propaganda gubernamental que se difunda en medios de comunicación social durante los periodos restringidos y salvo las excepciones expresas que señalan la Constitución y la ley, cualquier propaganda debe ser considerada como contraventora del orden constitucional y legal, en materia electoral, máxime si tiene como objetivo resaltar los logros del Gobierno o publicitar las obras ejecutadas en beneficio de la colectividad.

Esto es así, porque la reforma electoral se fincó en la necesidad de fijar un nuevo marco normativo con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y de equidad rectores de los procesos comiciales, al adicionar el dispositivo 41 constitucional, estableciendo como norma de rango constitucional la imparcialidad de los tres órdenes de gobierno respecto de la competencia electoral.

En efecto, la reforma en comento incorporó el deber de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales, periodo de reflexión y hasta la conclusión de la Jornada Electoral, a fin de desterrar añejas prácticas que servían de publicidad como la prohibida, con el objetivo de promocionar o perjudicar a un partido político o candidato y para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral.

Es decir, estimó como lesivo de la democracia:

a) Que el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos; y

b) Que la propaganda gubernamental sea utilizada con fines distintos a los de tipo institucional, de seguridad, salud, educativos y de protección civil.

De esa manera, se incorporó la tutela de un bien jurídico esencial de nuestro sistema democrático: la necesidad de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía con relación a quienes carecen de esa calidad.

Sobre el particular, cabe señalar que tanto el Poder Reformador de la Constitución como el legislador federal advirtieron la necesidad de excluir del límite temporal en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, aquellos casos que, en virtud de su naturaleza, protegen bienes sociales en los que no puede postergarse el derecho de la ciudadanía a recibir con oportunidad la información concerniente, como sucede tratándose de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

La lectura integral de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, que fueron transcritos en párrafos anteriores, permite llegar a este órgano jurisdiccional a la definición sobre la normativa aplicable en materia de propaganda gubernamental o institucional, cuando se difunda durante un periodo específico de los procesos electorales federales:

i) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la

conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental.

ii) Dicha prohibición se refiere a la propaganda gubernamental que ordenen difundir los poderes federales y estatales, los municipios, los órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y, en general, cualquier otro ente público.

iii) Las únicas excepciones a la difusión de propaganda gubernamental, durante el periodo del Proceso Electoral antes mencionado, consisten en que la propaganda se refiera a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

iv) Se considera propaganda institucional la que es emitida por los poderes públicos, órganos en los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se difunda fuera del periodo de campañas federales y hasta que concluya la Jornada Electoral.

v) La propaganda institucional debe tener un fin informativo, educativo o de orientación social, y su contenido debe limitarse a identificar el nombre de la institución u órgano que la ordene transmitir, sin incluir frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral.

De lo trasunto, se advierten los supuestos constitucionales, legales y reglamentarios que proscriben y excepcionan la difusión de propaganda gubernamental por parte de los tres niveles de gobierno de la república, a partir del inicio de las campañas electorales (federales o locales), en aras de preservar el principio de equidad que debe prevalecer en todo momento en una justa comicial. Dicha disposición normativa se cita únicamente con el objeto de analizar si la propaganda gubernamental denunciada en el presente asunto corresponde a alguno de los supuestos de excepción por los cuales las entidades gubernamentales de los tres niveles de gobierno están facultadas para difundir propaganda institucional que no afecte la equidad en la contienda.

Una vez precisado lo anterior, tomando en cuenta las conclusiones a las que arribó esta autoridad en el apartado de EXISTENCIA DE LOS HECHOS, y que la propaganda gubernamental denunciada se ubico en diverso espectaculares colocados en diferentes puntos del estado de Nayarit, que contienen propaganda relativa a salud y turismo; así como la difusión de promocionales en radio y televisión alusivos a las zonas turísticas de Nayarit, tales como "Lagunas Encantadas", "Nayarit Colonial", "Riviera Nayarit" y "Puerto San Blas", y espectaculares que contienen indicaciones de construcciones de obra pública referentes a "Boulevard Aguamilpa".

Este método para ordenar y sistematizar los motivos de inconformidad hechos valer por la parte denunciante en el expediente al rubro citado obedece a la necesidad de determinar si la propaganda gubernamental constatada se ajustan o no a los supuestos de excepción previstos en el segundo párrafo in fine del apartado c), base tercera del artículo 41 constitucional, en relación con lo establecido por los artículos 2, párrafo 2, y 347 párrafo 1, inciso b), del código comicial federal, o determinar si la difusión de la propaganda de marras se ajusta o no a la normatividad aplicable.

Precisado lo anterior, por razón de método, se reitera que esta autoridad se avocará a estudiar los motivos de inconformidad hechos valer por la parte denunciante de la forma en que ha quedado establecido con anterioridad, siguiendo el mismo orden, ya que ello no causa afectación jurídica al quejoso, pues no resulta trascendental la forma como los mismos se analicen por parte de la autoridad, sino que todos sean estudiados por ésta.

Ahora bien, es conveniente hacer énfasis en la hipótesis normativa que contempla la violación de las reglas de difusión de propaganda gubernamental por parte de las autoridades, y en este sentido el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece:

‘Artículo 347’. (Se transcribe).

De la misma forma, es importante tener presente el dispositivo que establece a los sujetos de responsabilidad que contempla la legislación en cita.

‘Artículo 341’. (Se transcribe).

Ahora bien, los valores en los cuales se sustenta la democracia, son la celebración de elecciones libres, pacíficas y periódicas; la autenticidad y efectividad del sufragio, y la protección jurídica del ejercicio de los derechos políticos a través de los medios de impugnación que prevé la normatividad electoral, así como la salvaguarda del propio ejercicio del voto contra prácticas que constituyan por su naturaleza inducción, presión, compra o coacción del mismo. Dichos valores se encuentran plasmados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Junto con dichos valores, la Norma Suprema señala los principios rectores del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, a cargo del Instituto Federal Electoral.

En este sentido, de la lectura del artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte claramente que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, será responsabilidad de los sujetos a dicha ley, ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ella, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Atento a lo dispuesto por el artículo 8, fracción III de la ley mencionada en el considerando anterior, todo servidor público tendrá como obligación la de utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.

Sobre estas premisas, es posible estimar que esta autoridad tiene en todo tiempo la facultad de analizar, determinar y en su caso sancionar, la actualización de conductas que impliquen la difusión de propaganda gubernamental durante el periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral, puesto que de lo contrario existiría la posibilidad de que los gobiernos provenientes de una determinada filiación partidista influyan con su propaganda favoreciendo al partido político del cual provienen, dejando a los demás institutos políticos en condiciones de desventaja y, por ende, afectando la equidad en la competencia electoral.

No es óbice a lo anterior, señalar que el día siete de octubre de dos mil once, dio inicio el Proceso Electoral Federal, situación que deja de manifiesto que esta autoridad se encuentra compelida a vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia dentro de dicho proceso, así como velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el desarrollo del mismo, por lo que resulta inconcuso que si en el presente asunto se encuentran denunciados hechos que podrían constituir la difusión de propaganda del Gobierno del estado de Nayarit, resulta indispensable que esta autoridad, en pleno ejercicio de las facultades que le son conferidas, asuma la competencia para conocer de ellos y, en su caso, imponga las sanciones que en derecho procedan, con la finalidad de evitar alguna vulneración a la normatividad electoral.

Finalmente, lo expuesto en párrafos precedentes resulta relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que el estudio y análisis que a continuación realizará esta autoridad electoral, respecto a la propaganda objeto del presente procedimiento, tendrá como finalidad determinar si la misma se ajusta o no a las normas y principios que han sido expresados con anterioridad en este apartado.

Una vez precisadas las consideraciones que la autoridad señalada como responsable, realizó previamente al análisis de las conductas denunciadas y la responsabilidad de los sujetos señalados, procede realizar el estudio de los agravios expresados por los recurrentes.

SEXTO. Estudio de fondo.

De los agravios expuestos por el Partido Acción Nacional, en el escrito que da lugar al primero de los recursos de apelación, se puede advertir que, la impugnación de la determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de los hechos denunciados, se puede abordar, considerando dos grandes apartados.

En primer término, lo relativo a las campañas de propaganda en materia turística, respecto de algunos sitios turísticos del Estado de Nayarit, así como mensajes relacionados con la salud de los habitantes de esa entidad federativa, respecto de los cuales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral estimó que eran infundada la denuncia, pues quedaban comprendidos dentro de los supuestos de excepción, respecto de propaganda gubernamental, durante los procesos electorales.

En segundo plano, se puede ubicar lo relativo a la difusión de tres espectaculares, con propaganda que hace alusión a logros de gobierno y obra pública, y respecto de los cuales la autoridad responsable determinó que sí constituían una infracción, y que la responsabilidad debía atribuirse al denominado Director General de Imagen Gubernamental, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit.

En cuanto al primero de los temas, cabe advertir que el denunciante se refirió específicamente a la probable responsabilidad, tanto del Gobernador del Estado, como de los respectivos Secretarios de Salud y de Turismo del Gobierno del Estado de Nayarit, al considerar que los mensajes y promocionales denunciados, implicaban una violación a la prohibición de realizar campañas gubernamentales, durante la realización de procesos electorales, concretamente en esa entidad federativa.

En los agravios expresados por el Partido Acción Nacional, dicho instituto político cuestiona que la responsable haya inobservado lo establecido en su Acuerdo CG75/2012, denominado ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, Base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la Federal y los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en los municipios de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlán, en el Estado de Hidalgo y el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán, en especial lo dispuesto en los considerandos 27 a 34, donde se abordan los supuestos de excepción relativos a los servicios de salud, así como los puntos 17 a 26, de la propia parte considerativa, referentes a las excepciones respecto a servicios educativos.

Esto, porque desde su perspectiva, no se atendió a que dicha propaganda no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni hacer referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, ni contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, o a sus campañas institucionales, además de que dicha propaganda debe de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía

Al respecto, esta Sala Superior advierte, de las consideraciones que sustentan la resolución ahora impugnada, que en los mensajes cuestionados, efectivamente se puede apreciar un logotipo que consiste en un recuadro, con flechas en sus ángulos exteriores, con la imagen de un venado en su interior, y del lado derecho la palabra Nayarit, y debajo de la misma la expresión Paraíso del pacífico.

Sin embargo, la resolución del Consejo General de Instituto Federal Electoral no se ocupa de dicho logotipo. Es decir, no se establece si el mismo corresponde o no al gobierno del Estado, a alguna de sus dependencias, o bien, se trata de una imagen que no se puede vincular con alguna campaña institucional.

Lo anterior se puede advertir claramente de las consideraciones expresadas por la responsable, en la parte relativa al estudio de los hechos relacionados con tal propaganda, y que para mayor claridad se reproduce a continuación.

DÉCIMO. Que en este contexto, resulta procedente el análisis de las presuntas transgresiones atribuibles al C. Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, contenidas en los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f) y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; lo cual además podría contravenir lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental en espacios espectaculares, radio y televisión identificados con los folios RV00800-12, RV00797-12 y RV00801-12, denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial", en periodo prohibido, con los cuales a consideración del quejoso, se violan los principios de equidad e imparcialidad que rigen la contienda electoral.

Sentado lo anterior, en primer término, corresponde a esta autoridad electoral federal dilucidar respecto de la difusión de la propaganda denunciada, con la finalidad de determinar si su contenido infringió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f) y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sobre este particular, conviene señalar que el presente estudio tiene como objeto dilucidar si la difusión de la presunta propaganda gubernamental denunciada, obedeció a alguna instrucción realizada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, relativa a difundir propaganda gubernamental en un periodo restringido por la normatividad electoral federal (etapa de campañas en procesos electorales federales), con independencia de que en apartados posteriores se analice el contenido de la propaganda denunciada a fin de determinar si, en su caso, su difusión podría implicar alguna responsabilidad a su cargo y una infracción a la normatividad electoral.

En este contexto, como se asentó en el capítulo denominado "EXISTENCIA DE LOS HECHOS", esta autoridad tuvo por acreditada la difusión de siete espectaculares que contenían propaganda relativa a salud y turismo; tres espectaculares que contenían indicaciones de construcciones de obra pública referentes a "Boulevard Aguamilpa", y la difusión de promocionales en radio y televisión alusivos a las zonas turísticas de Nayarit, tales como "Lagunas Encantadas", "Nayarit Colonial", "Riviera Nayarit" y "Puerto San Blas", hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral federal.

Lo anterior es así, pues como se ha venido evidenciando a lo largo de la presente determinación, los bienes o valores jurídicos protegidos con la prohibición de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, son la imparcialidad y la equidad, los que se erigen como pilares de los regímenes democráticos, los cuales a través de la reforma constitucional se buscaron salvaguardar.

De esa manera, debemos precisar que se incorporó la tutela de un bien jurídico esencial de nuestro sistema democrático: la necesidad de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía con relación a quienes carecen de esa calidad.

Así, los preceptos legales invocados establecen como infracción por parte de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo de campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Por tanto, la intelección de la norma contenida en el enunciado jurídico debe ser en el sentido de que, para su actualización, deben surtirse los siguientes supuestos:

1. Sujetos activos: autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público.

2. Conducta: difusión en los medios de comunicación social de propaganda gubernamental en tiempo no permitido.

3. Tiempo: comprende las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Los elementos que anteceden colman de manera satisfactoria la descripción legal del ilícito, siendo menester para acreditar la infracción que se demuestre que la conducta consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido es realizada por alguno de los sujetos activos enunciados.

Lo anterior es así, porque el tipo de la infracción establece de manera clara en quién recae la comisión de la conducta, esto es, autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, de ahí que se disponga a éstos como los sujetos activos.

El siguiente elemento describe la conducta y sus cualidades o características. Conforme a éstas, deben tenerse presentes dos elementos: "propaganda gubernamental" y "difusión durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial".

Así, cabe destacar que atendiendo a las características del material denunciado, esta autoridad deberá analizar su contenido para determinar si el mismo cumple con los elementos necesarios para ser catalogado como propaganda gubernamental.

En principio, debemos partir del hecho de que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevén dentro de sus disposiciones una definición expresa de lo que debe entenderse como propaganda gubernamental.

Asimismo, no pasa inadvertido para esta autoridad que el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos define en su artículo 3 la propaganda institucional del modo siguiente:

‘Artículo 3’. (Se transcribe).

Sin embargo, tomando en consideración que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad máxima en esta materia y que al mismo compete la interpretación de la normativa constitucional y legal en materia electoral, se establece como una definición orientadora respecto a la propaganda gubernamental la prevista a través de las sentencias emitidas en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-169/2009, SUP-RAP-236/2009, SUP-RAP-271/2009, SUP-RAP-282/2009, SUP-RAP-71/2010, en las cuales se estableció lo siguiente:

‘Se considera propaganda institucional la que es emitida por los poderes públicos, órganos de gobierno en los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se difunda fuera del periodo de campañas federales y hasta que concluya la Jornada Electoral.

(…) constituye propaganda gubernamental, en tanto tiene esta connotación la proveniente de los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficio y compromisos cumplidos, salvo los casos de excepción expresamente previstos en la propia normatividad, como son los educativos, de salud y las necesarias para la protección civil’.

Ahora bien, aun cuando fue acreditada la difusión de los materiales del presente procedimiento, esta autoridad advierte que los mismos no son constitutivos de una infracción en materia electoral, atribuible al C. Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, en atención a las siguientes consideraciones:

El artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 347, primer párrafo, incisos b) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen como conducta ilegal la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral, lo que lleva necesariamente a esta autoridad a requerir dos condiciones para acreditar la infracción, que dichos promocionales puedan ser calificados como propaganda gubernamental y que los mismos sean difundidos en la temporalidad indicada.

En este sentido, en primer lugar la autoridad de conocimiento estima conveniente, señalar que como resultado de la indagatoria ordenada por esta autoridad sustanciadora, se acreditó la difusión en radio y televisión de los siguientes promocionales, los cuales son del tenor siguiente:

● Del promocional en radio:

‘Vive el deleite del tesoro del pacífico mexicano con un viaje al histórico puerto de San Blas, Riviera Nayarit, partimos este domingo a las 9 de la mañana del parque Metropolitano, para salir a la aventura y visitar el Cocodrilario, el Cerro de la Contaduría, la Ex Aduana y dar un paseo en lancha a la Playa Paraje del Rey, diviértete con diferentes actividades recreativas y come deliciosos mariscos en la playa infórmate en el 01 800 52 30 160, invita Secretaria de Turismo’.

● De los promocionales en televisión: "Lagunas Encantadas" "Nayarit Colonial" y "Riviera Nayarit" cuyo contenido es el siguiente:

‘Hoy en Nayarit soplan nuevos vientos, son vientos de fuerza, vientos de esperanza, vientos de bienestar, y el suave viento se mueve al compas del agua y se dirige al centro del territorio donde el agua abundante tiene cita con el cráter y juntos deciden convertirse en lagunas, en lagunas encantadas’.

Desplegándose entre otras las siguientes imágenes:

Promocional del gobierno del estado de Nayarit donde se aprecia el Nayarit Colonial y en el cual se escucha una voz masculina que señala lo siguiente:

‘Hoy en Nayarit soplan nuevos vientos, vientos de esperanza, vientos de bienestar inquieto el viento se mueve y baja entonces de la montaña y refresca las tejas y los adobes de encantadores y risueños pueblos que conforman el Nayarit Colonial’.

Desplegándose entre otras las siguientes imágenes:

Promocional del gobierno del estado de Nayarit donde observa la Rivera Nayarit y en el cual se escucha una voz masculina que señala lo siguiente:

‘El viento se dirige a la costa donde es perfumado por el lujo, la comodidad y el placer y se encuentra entonces con un exquisito tesoro, el tesoro del pacifico mexicano……La Riviera Nayarit’.

Desplegándose entre otras las siguientes imágenes:

En segundo lugar respecto de la propaganda difundida a través de espectaculares esta autoridad tuvo por acreditado que de los diez espectaculares denunciados, siete se encuentran dentro de las excepciones a las prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO , TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN." Resultando oportuno señalar que respecto de los tres restantes serán materia de estudio en el Considerando DUODÉCIMO de la presente Resolución.

Dado que del contenido de los siete espectaculares que nos ocupan, y que han sido descritos en el capítulo de valoración de pruebas, los cuales se tienen por reproducidos en el presente apartado; para una mejor compresión se agruparán dicha propaganda en dos rubros la relativa a cuestiones de salud y la alusiva a cuestiones de turismo.

1. Así tenemos que de los espectaculares denunciados solo tres abordan temas de salud:

DOMICILIO

OBSERVACIONES

Calzada del Ejercito Nacional transitado de Sur a Norte en la esquina de la Avenida Primavera, del Fraccionamiento Residencial La Loma.

Se advierte una leyenda que señala "Por un Nayarit Unido y Saludable…Actívate, come frutas y verduras, … comparte …, toma más agua…"

Avenida México de Sur a Norte a un costado del cementerio denominado Jardines de la Cruz, casi esquina con la calle Papayos de la colonia El Paraíso.

Se advierte una leyenda que señala "Por un Nayarit Unido y Saludable…Actívate, come frutas y verduras, … comparte …, toma más agua…"

De la carretera mencionada en el punto anterior pero en sentido contrario de Sur a Norte frente al comercio denominado OXXO marcado con el número 60 del fraccionamiento Bonaterra Hábitat.

Se advierte una leyenda que señala "Por un Nayarit Unido y Saludable…Actívate, come frutas y verduras, … comparte …, toma más agua…"

Del contenido de dichos espectaculares podemos observar que se relacionan con la invitación a tener una mejor salud dado que contienen la siguiente leyenda: "Por un Nayarit Unido y Saludable…Actívate, come frutas y verduras, … comparte …, toma más agua…", advirtiéndose que su contenido no es de carácter electoral, y en ningún momento está dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, teniendo como único fin invitar a la población nayarita a elegir tener una mejor salud; en este sentido, no se incluye alusión alguna con la que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral, esto es, que este dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Que dicha propaganda se encuentra dentro de las excepciones a la difusión de propaganda durante el tiempo en que transcurra el Proceso Electoral dado que se refiere a servicios de salud, al contener un fin informativo, educativo o de orientación social, dado que se trata de propaganda desplegada con el objeto de obtener una mejor salud comiendo de forma sana y su contenido se limita a identificar el logo de la institución que la ordeno, sin incluir frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral.

De igual forma para mayor sustento a lo anteriormente argumentado, la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, establece como obligaciones la orientación y vigilancia en materia de nutrición, así como promover el establecimiento de un sistema estatal de información básica en materia de salud y promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de la salud, conforme a las siguientes disposiciones:

"LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

‘ARTÍCULO 1º. LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PUBLICO E INTERÉS SOCIAL Y TIENE POR OBJETO LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y ESTABLECER LAS BASES Y MODALIDADES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PROPORCIONADOS POR EL ESTADO Y LA CONCURRENCIA DE ESTE Y SUS MUNICIPIOS EN MATERIA DE SALUBRIDAD LOCAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 4o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ES DE APLICACIÓN EN EL ESTADO DE NAYARIT.

(…)’.

‘ARTICULO 3º. SON AUTORIDADES SANITARIAS ESTATALES:

I. EL GOBERNADOR DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE SALUD;

II. LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT; Y

III. LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA.

(…)’.

‘ARTICUL0 4º. CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT:

A) EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL;

(…)

V. LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, TÉCNICAS Y AUXILIARES PARA LA SALUD;

VI. LA PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD;

(…)

X. LA ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE NUTRICIÓN;

(…)’.

‘ARTICULO 7º. LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD ESTARÁ A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, CORRESPONDIÉNDOLE LO SIGUIENTE:

(…)

XI. PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE SALUD;

(…)

XIV. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL ESTADO

EN EL CUIDADO DE LA SALUD;

(…)’.

Situación que sustenta aún más la difusión de dichos espectaculares, ya que su contenido está regulado por la citada ley que además es de orden público e interés social de esa entidad, lo cual conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para su acceso. Asimismo, el artículo 73, fracción XVI de la Norma Fundamental establece que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

Ahora bien, el concepto de servicios de salud debe entenderse como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad colectiva de interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, medios y recursos que son indispensables para su prestación adecuada.

Asimismo, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo alguno se reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control de los servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social; la adopción de las medidas que sean indispensables para la debida prestación de los servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes a la conservación de la salud.

2. Espectaculares alusivos a temas o cuestiones de turismo:

DOMICILIO

OBSERVACIONES

Avenida México Sur esquina con calle Abasolo de la Zona Centro.

"Nayarit Colonial", "… México Tradicional"

Avenida México Norte esquina con calle las Torres, en la Colonia Sindicalistas.

"Nayarit Colonial", "… México Tradicional"

A las afueras de Tepic por la carretera de Tepic, Nayarit a Guadalajara, Jalisco de Norte a Sur, llegando al comercio denominado OXXO marcado con el número 60 del fraccionamiento Bonaterra Hábitat.

"Lagunas Encantadas", "Donde la Historia se rodea de Naturaleza"

Libramiento carretero de Sur a Norte entre las calles de Echevarría y Celestino Sostenes de la colonia San Cayetano, afuera del comercio denominado OXXO marcado con el número 535.

Imagen de una playa con la leyenda Punta Miata WWW.VISITA NAYARIT.COM, "RIVIERA NAYARIT", "TESORO DEL PACIFICO MEXICANO"

Espectaculares que serán estudiados en conjunto con los promocionales difundidos en radio y televisión denunciados, los cuales señalan destinos turísticos en el estado de Nayarit, así tenemos que del análisis al material probatorio que obra en el presente expediente, se advierte que los mismos se relacionan con sitios turísticos del estado de Nayarit dado que contienen las siguientes leyendas: "Nayarit Colonial, la magia del México Tradicional, Nayarit Tesoro del Pacifico"; "Riviera Nayarit, Tesoro del Pacifico Mexicano"; "Lagunas encantadas donde la historia se rodea de naturaleza, Nayarit Tesoro del Pacifico", advirtiéndose que su contenido no es de carácter electoral, y en ningún momento está dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, teniendo como único fin invitar a la población nayarita a conocer lugares turísticos del estado; en este sentido, no se incluye alusión alguna con la que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral, esto es, que esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Ahora bien por lo que respecta a los promocionales difundíos en radio y televisión (anteriormente transcritos), se advierte que a través de las frases empleadas en los ya citados spots, se informa a la ciudadanía las zonas turísticas de esa entidad y los recorridos que se llevan a cabo en los mismos lugares. Por lo anterior, esta autoridad electoral federal colige que se trata de propaganda desplegada con el objeto de dar promoción a las zonas turísticas que se llevan a cabo en el estado de Nayarit, hecho que se encuentra debidamente regulado.

En consecuencia y conforme a lo establecido por el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN OLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN," dentro de las excepciones a la difusión de propaganda durante el tiempo en que transcurra el Proceso Electoral, se encuentra el supuesto relativo a servicios educativos, estimando que el criterio que orientará la educación será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; y conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Turismo, la Secretaría de Turismo será auxiliada en materia de promoción turística, nacional e internacional, por la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México. La promoción de centros turísticos del país que emite el Consejo de Promoción Turística de México tiene carácter informativo y de orientación sobre los diversos destinos turísticos de México, por lo que se considera que la promoción nacional del país y de sus centros turísticos constituye una campaña de naturaleza educativa, que tiene sustento a partir del concepto integral que en torno a la educación proporciona el artículo 3° de la Constitución. Lo anterior, toda vez que la Norma Fundamental concibe la educación como una forma integral del ser humano, misma que no reduce a la educación que se recibe por medio de la actividad docente y que amplía su espectro del conocimiento social y cultural del pueblo, al aprovechamiento de los recursos y al acrecentamiento de nuestra cultura, siendo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Federal, los aspectos culturales comprenden el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, atendiendo a la diversidad en todas sus manifestaciones y expresiones; es decir, el conjunto de conocimientos sobre los distintos lugares, formas de vida y costumbres, entre otros. En consecuencia, resulta evidente que la promoción nacional de México, en relación con lugares del país y sus destinos turísticos, se inserta en el concepto de educación, al permitir a la población conocer la existencia de diversos sitios de interés, por su belleza geográfica, importancia histórica, cultural y costumbres.

Lo anterior también encuentra sustento en lo dispuesto por la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, la cual tiene por objeto regular la organización, fomento y desarrollo de la actividad turística en la entidad, la cual dispone en lo que interesa lo siguiente:

LEY DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT

CAPÍTULO I.

Disposiciones Generales.

‘ARTÍCULO 1°. La presente ley es de orden público y de interés social, teniendo como objetivo primordial regular la organización, fomento y desarrollo de la actividad turística en el estado, con la intervención y coordinación que corresponda a las instituciones públicas estatales, municipales y federales, las organizaciones sociales del ramo y los particulares’.

‘ARTICULO 2°. La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia del ramo. Para ese efecto, se atenderá la competencia y coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como de otras entidades federativas que en su caso se requiera, considerando a los sectores privado y social de la población.

Cuando en la presente ley se mencione a "La Secretaría" se entenderá que se trata de la de la dependencia del ramo’.

‘ARTICULO 3°. Esta Ley tiene como objeto general los siguientes:

I. Aprovechar racionalmente los atractivos y recursos turísticos del estado, conservando y reservando, el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la armonía social en beneficio de la población.

II. Lograr que la actividad turística contribuya al desarrollo del resto de las actividades económicas así como a la atención de las necesidades sociales y culturales de sus centros, áreas de influencia y en general del estado.

Planificar y programar el desarrollo turístico de la entidad en el marco del sistema estatal de planeación.

IV. Establecer la coordinación con las entidades federativas y los municipios para la aplicación y cumplimiento de esta ley.

V. Orientar y auxiliar a los turistas nacionales y extranjeros.

VI. Optimizar la calidad de los servicios turísticos.

VII. Fomentar la inversión en esta materia, de capitales locales, y extranjeros en base a nuestro marco jurídico.

VIII. Estimular y apoyar a las empresas y prestadores de servicios turísticos que amplié y mejoren la calidad de sus servicios y que generen mayores empleos, así como a quienes realicen nuevas inversiones que impulsen al turismo.

IX. Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social en el cumplimiento de esta ley.

X. Establecer las medidas pertinentes para lograr que el gobierno del estado y los ayuntamientos cuenten con mayores recursos para impulsar el desarrollo turístico.

XI. Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo del sector turismo.

XII. Elaborar los planes y programas de uso del suelo, ordenamiento urbano y territorial, y los demás que sean necesarios para el desarrollo Turístico, por los niveles de gobierno a que corresponda.

XIII. Determinar y definir zonas y áreas sobre todo en las playas costeras, para el turismo social, popular y el gran turismo.

XIV. Promover el turismo en general propugnando por la preservación de la riqueza turística, por la generación de empleo, por lograr una mayor captación de divisas y derrama económica, para el beneficio de la población en su conjunto, así como de las empresas y prestadores de servicios turísticos y por una mayor captación de recursos por parte del sector gobierno para el mejor cumplimiento de sus fines.

XV (….)’.

Estas disposiciones legales, dan sustento al hecho de que los promocionales turísticos denunciados, no vulneren la normatividad electoral, ya que su contenido está regulado por la citada ley de orden público e interés social de esa entidad, por lo que puede realizarse por el Gobierno del estado de Nayarit como promoción de cultura, turismo y economía en dicha entidad federativa.

Lo anterior deviene relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud que del análisis integral a la propaganda materia del presente procedimiento, esta autoridad electoral federal colige que la misma reviste el carácter informativo y su contenido tiene como objeto primordial dar a conocer a la ciudadanía las zonas turísticas en esa entidad, así como los recorridos que se organizan para que la población tuviera la oportunidad de asistir a los mismos.

Por consiguiente, los planteamientos formulados por el quejoso parten de una premisa inexacta, ya que el principio de equidad y el principio de actuación imparcial de las autoridades y cualquier ente público, durante los procesos electorales, particularmente en la fase de campaña electoral y hasta la celebración de la Jornada Electoral, tiene sustento constitucional, al hacerse una interpretación sistemática y funcional de la normatividad electoral; sin embargo en el caso que nos ocupa no es posible calificar los materiales denunciados como propaganda ilegal.

En este tenor, es de referir que los materiales de inconformidad en el presente procedimiento no constituyen propaganda ilegal, en tanto si bien pudo provenir de los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, su contenido está debidamente regulado y permitido por las leyes de la entidad, por lo que la difusión de los mismos, no tiene contenido de carácter electoral, y en ningún momento está dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, teniendo como único fin informar a la población y su contenido se limita a describir los destinos turísticos del estado de Nayarit, y no se incluye alusión alguna con la que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral, esto es, que no está dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En el caso que nos ocupa, el Partido Acción Nacional denunció que el C. Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de Gobernador del estado de Nayarit, transgredió el principio de imparcialidad al haber utilizado recursos públicos para la difusión de los materiales y publicaciones materia del presente procedimiento.

No obstante lo anterior, contrario a lo sostenido por el quejoso, este órgano resolutor ha razonado que los espectaculares y los promocionales en radio relativo a "Puerto San Blas" y en televisión los denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial", tuvieron como único objetivo publicitar, la promoción de una mejor salud para los nayaritas y la promoción de las zonas turísticas de esa entidad, en consecuencia, si la administración pública estatal correspondiente hubiera ejercido recursos públicos para su difusión, los mismos se encuentran permitidos.

Así mismo, es menester señalar que la finalidad por la cual el Legislador Federal estableció la proscripción prevista en el artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución General (y retomada también en el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), fue evitar que una vez iniciadas las campañas electorales federales se publicitaran acciones de gobierno u obras públicas, con el propósito de evitar que ello pudiera incidir en el ánimo del electorado.

Sin embargo, es de destacar que tal circunstancia en modo alguno impide que los poderes públicos continúen realizando las acciones que les son propias en beneficio de los gobernados, puesto que, como ya se señaló, la prohibición busca evitar que se publiciten las mismas para evitar una influencia en los comicios electorales, más no detener el actuar de los órganos gubernamentales de los tres niveles de la república.

Ahora bien, cabe reiterar que la difusión de los promocionales y espectaculares denunciados que invitan a la ciudadanía a cuidar su salud o a visitar las zonas turísticas de Nayarit, no constituyen propaganda ilegal, toda vez que los mismos tienen fines de interés para todos los ciudadanos de esa entidad, y no tienen tintes electorales o hacen alusión a logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte del Gobernador Constitucional en el estado de Nayarit; en este sentido no puede ser considerada propaganda ilegal, difundida con recursos públicos.

Finalmente, debe señalarse que aun cuando el partido quejoso refiere que el mandatario nayarita utilizó recursos públicos de su administración a su cargo para incidir en la equidad que debe prevalecer en la justa comicial federal, lo cierto es que se carece de elemento alguno en autos evidenciando esa circunstancia, pues se insiste en el hecho de que los materiales denunciados no constituyen propaganda ilegal.

En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, en su calidad de Gobernador Constitucional del estado de Nayarit, por la presunta violación a los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f) y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; lo cual además podría contravenir lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS CONSEJO GENERAL DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

UNDÉCIMO. Que este contexto, resulta procedente el análisis de las presuntas transgresiones atribuibles a los Secretarios de Turismo y de Salud del gobierno del estado de Nayarit, por la presunta violación al artículo 41 , Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f), y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, además lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y

XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN", derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental en espacios espectaculares, radio y televisión identificados con los folios RV00800-12, RV00797-12 y RV00801-12, denominados "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial", en periodo prohibido, con los cuales a consideración del quejoso, se violan los principios de equidad e imparcialidad que rigen la contienda electoral.

Sobre este particular, conviene señalar que el presente apartado se procederá dilucidar si la difusión de la presunta propaganda gubernamental denunciada, obedeció a alguna instrucción realizada por los Secretarios de Turismo y Salud del Gobierno del estado de Nayarit, relativa a difundir propaganda gubernamental en espectaculares, promocionales en radio y televisión, en un periodo restringido por la normatividad electoral federal (etapa de campañas en procesos electorales federales), con independencia de que en apartados posteriores se analice el contenido de la propaganda denunciada a fin de determinar si, en su caso, su difusión podría implicar alguna responsabilidad a su cargo y una infracción a la normatividad electoral.

En primer término no pasa desapercibido por esta autoridad el hecho aludido por el quejoso relativo a que un autobús de la Secretaría de Turismo, contenía propaganda política, en ese sentido, esta autoridad de las diligencias de investigación realizadas, en específico del Acta Circunstanciada CIRC47/CD02/NAY/24-08-12, acerca de la verificación ocular sobre la presunta existencia de propaganda política en los vehículos de autotransporte de la Secretaría de Turismo en el estado de Nayarit, descrita por el quejoso, no se acreditó la existencia de la misma, motivo por el cual debe considerarse que esta autoridad no puede actuar de manera axiomática o prescriptiva, es decir, no puede actuar señalando previamente "lo que no se pudo acreditar", toda vez que esta autoridad debe analizar los hechos atendiendo a su naturaleza "casuística, contextual y contingente".

Es por ello que en un primer momento, las manifestaciones o la propaganda debe ser analizada para determinar si se encuentra o no dentro del marco federal electoral y que dicha propaganda pueda considerarse atentatoria de los principios de legalidad, imparcialidad y equidad que rigen todo proceso electoral federal. Hecho que no pudo acreditarse al no quedar demostrada la existencia de la misma.

En este contexto, como se asentó en el capítulo denominado "EXISTENCIA DE LOS HECHOS", esta autoridad tuvo por acreditados los hechos materia de las denuncias, atribuibles a los Secretarios de Turismo y de Salud del Gobierno del estado de Nayarit, lo anterior es así, pues como se ha venido evidenciando a lo largo de la presente determinación, los bienes o valores jurídicos protegidos con la prohibición de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, son la imparcialidad y la equidad, los que se erigen como pilares de los regímenes democráticos, los cuales a través de la reforma constitucional se buscaron salvaguardar.

De esa manera, debemos precisar que se incorporó la tutela de un bien jurídico esencial de nuestro sistema democrático: la necesidad de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía con relación a quienes carecen de esa calidad.

Así, los preceptos legales invocados establecen como infracción por parte de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo de campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

En este sentido y conforme se estableció en el Considerando DÉCIMO de la presente Resolución, los espectaculares (alusivos a salud y turismo) y los promocionales difundidos en radio y televisión relativos a los destinos turísticos en el estado de Nayarit, su contenido no es de carácter electoral, y en ningún momento está dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, ya que tienen como fin invitar a la población nayarita a conocer lugares turísticos del estado y cuidar su salud; en este sentido, no se incluye alusión alguna con la que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral, esto es, que este dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En ese sentido como ya se estableció los materiales denunciados se encuentran dentro de las excepciones a la difusión de propaganda durante el tiempo en que transcurra el Proceso Electoral, bajo el supuesto relativo a servicios educativos y de salud, y su contenido se limita a identificar el logo de la institución que la ordeno, sin incluir frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral, así como tampoco hacen alusión a logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte del Gobernador Constitucional en el estado de Nayarit.

Por consiguiente, los planteamientos formulados por el quejoso parten de una premisa inexacta, ya que el principio de equidad y el principio de actuación imparcial de las autoridades y cualquier ente público, durante los procesos electorales, particularmente en la fase de campaña electoral y hasta la celebración de la Jornada Electoral, tiene sustento constitucional, al hacerse una interpretación sistemática y funcional de la normatividad electoral; sin embargo en el caso que nos ocupa no es posible calificar los materiales denunciados como propaganda ilegal.

En este tenor, es de referir que los materiales de inconformidad en el presente procedimiento no constituyen propaganda ilegal, en tanto si bien pudo provenir de los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, su contenido está debidamente regulado y permitido por las leyes de la entidad, por lo que la difusión de los mismos, no tiene contenido de carácter electoral, y en ningún momento está dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, teniendo como único fin informar a la población y su contenido se limita a describir los destinos turísticos del estado de Nayarit y alentar a la ciudadanía estatal a mantener una mejor salud, y no se incluye alusión alguna con la que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral, esto es, que no está dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Finalmente, debe señalarse que aun cuando el partido quejoso refiere que se utilizaron recursos públicos para incidir en la equidad que debe prevalecer en la justa comicial federal, lo cierto es que se carece de elemento alguno en autos evidenciando esa circunstancia, pues se insiste en el hecho de que los materiales denunciados no constituyen propaganda ilegal.

En este tenor, de igual forma se debe precisar que, el artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen la obligación por parte de los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

De lo anterior, se desprender que la actuación imparcial de los servidores públicos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendida en función del principio de equidad en la contienda electoral, exige que las autoridades gubernamentales se mantengan al margen del Proceso Electoral, con el objeto de que ningún partido, candidato o coalición obtenga apoyo del gobierno que pueda afectar el equilibrio entre dichas entidades políticas.

Al mandatar que la propaganda oficial que se difunda, tenga el carácter de institucional, se propende a que los poderes, órganos y cualquier ente público se conduzcan con total imparcialidad, a fin de que los recursos públicos bajo ningún motivo se conviertan en una herramienta que pueda provocar un desequilibrio entre las distintas fuerzas políticas, a partir de que éstas puedan o no contar con el apoyo gubernamental, y al proscribirse que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, se garantiza la equidad, en la medida en que se impide que el cargo público sea un factor que permita obtener una posición favorable para escalar en aspiraciones políticas.

En el caso que nos ocupa, el Partido Acción Nacional denunció la transgredió al principio de imparcialidad al haber utilizado recursos públicos para la difusión de los espectaculares y promocionales difundidos en radio y televisión, materia del presente procedimiento.

Por tanto, no se advierte vulnerabilidad al principio de equidad e imparcialidad por parte de los Secretarios de Turismo y Salud del Gobierno del estado de Nayarit.

En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de los Secretarios de Turismo y Salud del Gobierno del estado de Nayarit, por la presunta violación al artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134 párrafo séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f), y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental en espacios espectaculares, y la difusión en radio y televisión identificados de los promocionales denominados "Puerto San Blas", "Lagunas Encantadas", "Riviera Nayarit" y "Nayarit Colonial", en periodo prohibido, con los cuales a consideración del quejoso, se violan los principios de equidad e imparcialidad que rigen la contienda electoral.

No escapa a esta Sala Superior el hecho de que, en el considerando octavo de la resolución impugnada, relativo a la existencia de los hechos y valoración de pruebas, se señaló que al final de cada promocional se aprecia el logotipo de la Secretaría de Turismo del estado de Nayarit. Sin embargo, también se advierte de las constancias que obran en autos del procedimiento especial sancionador [foja 286], se encuentra un oficio del Secretario de Turismo del Estado de Nayarit, en el que el logotipo que se emplea, es diverso al que obra en los promocionales, pues consiste en el escudo del Estado, y debajo del mismo las palabras Turismo. Secretaría de Turismo Nayarit, de tal forma que no puede apreciarse a partir de que elemento el Consejo General afirma que se trata del logotipo de dicha Secretaría.

A partir de lo anterior, se hace evidente que la resolución ahora cuestionada no aborda lo relativo al empleo del logotipo de mérito, en la propaganda con mensajes turísticos, lo que constituye la base para que el partido político recurrente estime que la misma deba ser considerada propaganda que no puede ser contemplada dentro de las excepciones que prevé la normativa correspondiente.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Superior arriba a la convicción de que lo conducente es que se revoque la resolución en la parte correspondiente, a efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral analice lo relativo a la existencia del logotipo antes precisado, y en su oportunidad se pronuncie respecto del mismo, en lo que corresponda conforme a derecho, atendiendo a la normativa aplicable.

Por otra parte, la actora también refiere que la autoridad responsable, en una errónea interpretación, encuadra las excepciones de las campañas gubernamentales en los procesos electorales, las relacionadas con la promoción y difusión en materia de salud, aun cuando no está comprendida dentro del catálogo de excepciones del acuerdo en estudio, porque si bien es cierto, dicho acuerdo está dirigido a prevenir accidentes, así como las medidas para prevenirlos, así como los programas de educación y orientación a la población y algunas otras excepciones, pero nunca con los slogan que maneja el gobierno del Estado como lo son: "Por un Nayarit Unido y Saludable… Actívate, come frutas y verduras,… comparte…, toma más agua…". Además de lo anterior, el recurrente sostiene que el gobierno del estado a través del Gobernador del estado y del titular de la Secretaría de Salud autorizan estampar en los espectaculares el logotipo del gobierno.

Al respecto, esta Sala Superior estima que, si bien es cierto que de las consideraciones contenidas en el acuerdo CG75/2012, en cuanto a las campañas de educación para la salud, se relacionan con acciones de la Secretaría de Salud federal, no menos cierto es que, válidamente se puede afirmar que donde existe la misma razón es posible aplicar la misma disposición o criterio interpretativo, y por ende, se puede arribar a la misma conclusión de que también deben quedar comprendidas las campañas de salud, realizadas por la Secretaría de Salud local.

En este sentido, contrariamente a lo alegado por el partido político recurrente, no se advierte que las expresiones destacadas por el impetrante, como las empleadas en las campañas de salud, puedan vincularse necesariamente con la promoción de un candidato o partido político determinado, pues por sí mismas no llevan a la relación o entendimiento que sostiene el quejoso.

Por otra parte, tanto el Partido Acción Nacional, como el ciudadano Omar Agustín Camarena González, expresan agravios en torno a la responsabilidad determinada, respecto de la difusión de tres espectaculares con propaganda que hace alusión a logros de gobierno y obra pública, se puede advertir, en la resolución ahora cuestionada, que las características de los mismos son las siguientes:

DOMICILIO

OBSERVACIONES

Esquina de la avenida Aguamilpa y avenida Tecnológico.

 

Se observa una mampara en la cual se lee lo siguiente: NUEVO BOULEVARD AGUAMILPA, EL GOBIERNO DE LA GENTE CONSTRUYE GRANDES OBRAS, NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE.

 

Avenida Tecnológico Oriente número 4300, frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

 

Lona pegada en un puente vehicular del cual se lee lo siguiente: NUEVO BOULEVARD AGUAMILPA, NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE, TOMA VÍAS ALTERNAS, UNIDOS, EL GOBIERNO DE LA GENTE CONSTRUYE GRANDES OBRAS.

 

Avenida Tecnológico esquina con calle Industrias Nayaritas, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

 

Se observa una mampara en la cual se lee lo siguiente: NUEVO BOULEVARD AGUAMILPA, EL GOBIERNO DE LA GENTE CONSTRUYE GRANDES OBRAS, NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE.

 

En la resolución impugnada, se establece está debidamente acreditada la difusión de los tres espectaculares denunciados los cuales contienen propaganda gubernamental, mismos que para una mejor identificación se insertan a continuación:

Además, en la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se señala que de las constancias de autos se desprende que dicha propaganda fue difundida dentro del periodo del nueve al dieciocho de mayo del año en curso, con lo cual, para la responsable, se violentó la proscripción prevista en el artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución General (y retomada también en el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), que prohíbe que una vez iniciadas las campañas electorales federales se publiciten acciones de gobierno u obras públicas, con el propósito de evitar que ello pudiera incidir en el ánimo del electorado.

Al momento de determinar la responsabilidad respecto de la referida infracción, el Consejo General del Instituto Federal Electoral precisa que, del análisis lógico-jurídico a las disposiciones normativas aplicables, se advierte que la conducta contraventora de la normativa electoral federal es atribuible al Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, toda vez que en autos del presente expediente no se encuentra acreditado el argumento hecho valer por el citado servidor público respecto a que el día veintiocho de marzo se retiraron los anuncios y espectaculares en cuestión, lo anterior es así ya que de evidenció que la citada propaganda gubernamental, fue difundida en periodo de campaña electoral.

Para una mejor comprensión sobre el particular, se transcribe la parte relativa de la resolución bajo estudio:

DUODÉCIMO. Que en el presente apartado corresponde a esta autoridad determinar si los CC. Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario de Administración y Finanzas e Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, ambos de la citada Secretaría de Obras Públicas en el estado de Nayarit, violentaron la prohibición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134 párrafo séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f), y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consecuencia lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO , TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.", derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental relacionada con obra pública, en tres espacios publicitarios, difusión en la que presuntamente se utilizaron de recursos públicos, lo cual al decir del quejoso violenta el principio de imparcialidad y con ello la equidad en la contienda comicial.

Sentado lo anterior, en primer término, corresponde a esta autoridad electoral federal dilucidar respecto de la difusión de la propaganda denunciada, con la finalidad de determinar si su contenido infringió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134 párrafo séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso f), y 347, párrafo 1, incisos b), c) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido, conviene señalar que el presente estudio tiene como objeto dilucidar si la difusión de la presunta propaganda gubernamental denunciada, obedeció a alguna instrucción realizada por los CC. Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, el Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario de Administración y Finanzas y/o Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, de la citada Secretaria de Obras Públicas en el estado de Nayarit, relativa a difundir propaganda gubernamental en un periodo restringido por la normatividad electoral federal (etapa de campañas en procesos electorales federales), a fin de determinar si, en su caso, su difusión podría implicar alguna infracción a la normatividad electoral, a cargo de las citadas autoridades.

En este contexto, como se asentó en el capítulo denominado "EXISTENCIA DE LOS HECHOS", esta autoridad tuvo por acreditada la difusión de tres espectaculares con propaganda que hace alusión a logros de gobierno y obra pública, al tenor de lo siguiente:

DOMICILIO

OBSERVACIONES

Esquina de la avenida Aguamilpa y avenida Tecnológico.

Se observa una mampara en la cual se lee lo siguiente: NUEVO BOULEVARD AGUAMILPA, EL GOBIERNO DE LA GENTE CONSTRUYE GRANDES OBRAS, NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE.

Avenida Tecnológico Oriente número 4300, frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

Lona pegada en un puente vehicular del cual se lee lo siguiente: NUEVO BOULEVARD AGUAMILPA, NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE, TOMA VÍAS ALTERNAS, UNIDOS, EL GOBIERNO DE LA GENTE CONSTRUYE GRANDES OBRAS.

Avenida Tecnológico esquina con calle Industrias Nayaritas, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

Se observa una mampara en la cual se lee lo siguiente: NUEVO BOULEVARD AGUAMILPA, EL GOBIERNO DE LA GENTE CONSTRUYE GRANDES OBRAS, NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE.

Hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral federal, lo anterior es así, pues como se ha venido evidenciando a lo largo de la presente determinación, los bienes o valores jurídicos protegidos con la prohibición de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, son la imparcialidad y la equidad, los que se erigen como pilares de los regímenes democráticos, los cuales a través de la reforma constitucional se buscaron salvaguardar.

De esa manera, debemos precisar que se incorporó la tutela de un bien jurídico esencial de nuestro sistema democrático: la necesidad de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía con relación a quienes carecen de esa calidad.

Así, los preceptos legales invocados establecen como infracción por parte de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo de campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Por tanto, la intelección de la norma contenida en el enunciado jurídico debe ser en el sentido de que, para su actualización, deben surtirse los siguientes supuestos:

1. Sujetos activos: autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público.

2. Conducta: difusión en los medios de comunicación social de propaganda gubernamental en tiempo no permitido.

3. Tiempo: el comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Los elementos que anteceden colman de manera satisfactoria la descripción legal del ilícito, siendo menester para acreditar la infracción que se demuestre que la conducta consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido es realizada por alguno de los sujetos activos enunciados.

Lo anterior es así, porque el tipo de la infracción establece de manera clara en quién recae la comisión de la conducta, esto es, autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, de ahí que se disponga a éstos como los sujetos activos.

El siguiente elemento describe la conducta y sus cualidades o características. Conforme a éstas, deben tenerse presentes dos elementos: "propaganda gubernamental" y "difusión durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial".

Así, cabe destacar que atendiendo a las características del material denunciado, esta autoridad deberá analizar su contenido para determinar si el mismo cumple con los elementos necesarios para ser catalogado como propaganda gubernamental.

En principio, debemos partir del hecho de que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevén dentro de sus disposiciones una definición expresa de lo que debe entenderse como propaganda gubernamental.

Asimismo, no pasa inadvertido para esta autoridad que el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos define en su artículo 3 la propaganda institucional del modo siguiente:

‘Artículo 3’. (Se transcribe).

Sin embargo, tomando en consideración que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad máxima en esta materia y que al mismo compete la interpretación de la normativa constitucional y legal en materia electoral, se establece como una definición orientadora respecto a la propaganda gubernamental la prevista a través de las sentencias emitidas en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-169/2009, SUP-RAP-236/2009, SUP-RAP-271/2009, SUP-RAP-282/2009, SUP-RAP-71/2010, en las cuales se estableció lo siguiente:

‘Se considera propaganda institucional la que es emitida por los poderes públicos, órganos de gobierno en los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se difunda fuera del periodo de campañas federales y hasta que concluya la Jornada Electoral.

(…) constituye propaganda gubernamental, en tanto tiene esta connotación la proveniente de los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficio y compromisos cumplidos, salvo los casos de excepción expresamente previstos en la propia normatividad, como son los educativos, de salud y las necesarias para la protección civil’.

Ahora bien, está debidamente acreditada la difusión de los tres espectaculares denunciados los cuales contienen propaganda gubernamental, los cuales para mayor identificación se insertan a continuación:

Del análisis al contenido de dichos espectaculares y lonas, se aprecia el logotipo del gobierno de esa entidad y la leyenda "NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE", y "EL GOBIERNO DE LA GENTE CONSTRUYE GRANDES OBRAS", acompañándose del slogan del gobierno de Nayarit; lo que claramente contraviene lo dispuesto por el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO , TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN", emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y que en la parte que interesa establece la siguiente obligación: "No difundir logros de gobierno, obra pública e incluso información de programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía y que su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquier frase, imágenes, voces o símbolos".

Una vez detallado el contenido de los promocionales y las imágenes materia de inconformidad, esta autoridad electoral federal colige que se trata de propaganda gubernamental, la cual fue ubicada dentro del periodo del nueve al dieciocho de mayo del año en curso, lo cual se acredita con las documentales públicas que obran en el presente instrumental consistentes en: Testimonio Notarial número 28,898, emitido por el Lic. José Daniel Saucedo Berecochea, Notario Público número uno en la ciudad de Tepic, Nayarit, emitido el día nueve de mayo de dos mil doce y el Acta circunstanciada número CIRC12/JD02/NAY/18-05-12, realizada por el Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Nayarit de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce. Advirtiéndose un periodo de permanencia del 9 al 18 de mayo del año en curso, periodo prohibido para la difusión de propaganda gubernamental.

Asimismo cabe señalar que el C. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, aportó los siguientes medios probatorios:

El oficio SOP/DGN/DJ/2076/2012, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, en los siguientes términos:

‘(…)

Se considera oportuno mencionar a usted que la Secretaría a mi cargo tiene como funciones la ejecución de obra pública y de manera informativa durante la ejecución de los trabajos se coloca un anuncio alusivo a la obra que se realiza y la dependencia ejecutora, así mismo como en el caso que nos ocupa dado que la avenida Aguamilpa era objeto de remodelación con motivo de la obra denominada "RAHABILITACIÓN (Sic) CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA AGUAMILPA, TRAMO AQVENIDA TECNOLÓGICO-VIAS F.F.C.C. del km. 0+000 AL KM.0+760", con plazo de ejecución del 30 de enero de 2012 al 27 de junio de 2012, por lo que era necesario colocar anuncios con el fin de orientar y guiar a la sociedad en general respecto de las rutas de traslado alternativas por lo que se solicitaron al inicio de los trabajos, diversos espectaculares para tal fin, mismos que contaban con un trazo de las rutas alternativas mencionadas, sin embargo el procedimiento para la adquisición y colocación de las mismas NO DERIVA DE UN CONTRATO CELEBRADO O FORMALIZADO POR LA SECRETARÍA A MI CARGO, sino que el procedimiento a seguir es la solicitud al proveedor de los anuncios necesarios y posteriormente el proveedor presenta su factura a la Secretaría de Administración y Finanzas para el cobro de sus trabajos.

Sin embargo es preciso mencionar a usted que posteriormente al inicio de los trabajos, como es del conocimiento público iniciaron las campañas electorales y como consecuencia de las mismas inicio el término de veda electoral, tal y como se podrá corroborar del acuerdo CG 75/12 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que prohíbe la propaganda gubernamental, por lo que el Gobierno del Estado de Nayarit inicio las acciones correspondientes al cumplimiento del Código Federal Electoral y del acuerdo antes mencionado y tal y como consta en los documentos que anexo al presente con fecha 12 de marzo de 2012, se giraron las instrucciones correspondientes al interior de la Secretaría a mi cargo para que se observaran los ordenamientos antes mencionados y tal y como lo informó el área ejecutora correspondiente, por lo que con fecha 28 de marzo de 2012, se retiraron los anuncios que refiere en su escrito de cuenta.

En efecto del análisis de los anuncios se podrá apreciar que, no están dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, puesto que los mismos solo tienen el carácter de Institucional y con fines meramente informativos y no incluyen en modo alguno nombres, imágenes voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de servido público alguno puesto que como se dijo con antelación sólo contenían la información para guiar a los ciudadanos en general respecto de las vialidades o rutas alternativas puesto que la Avenida Aguamilpa como es conocido constituye no sólo una importante avenida sino el único acceso para la zona habitacional de la cantera de esta ciudad que constituye una de las zonas con mayor afluencia de habitantes.

(…)’.

Al citado oficio se acompañaron las siguientes documentales públicas:

1. Copia certificada del Contrato de Obra Pública a Base de Precisos Unitarios y Tiempo determinado conforme a la Ley de Obra Pública del estado de Nayarit número DGIUV-LP-IE-2011-047, celebrado por el C. Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, en su carácter de Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit y la empresa "Integradora de Obras de Nayarit, S.A. de C.V.".

2. Copia Certificada del acuse de recibo del oficio número SCG/SC/UDA/034/2012, signado por el Lic. Roy Rubio Salazar, Secretario de la Contraloría General, mediante el cual remite al Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, la Circular número SCG/001/2011 de la Secretaría de la Contraloría General de esa entidad, con la que se establecen medidas que deberán adoptar todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para el blindaje del Proceso Electoral ordinario local 2011.

3. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0306/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite al Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

4. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0305/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite a la Lic. Ayhesa Enriqueta Torres López, Coordinadora General Administrativa de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

5. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0306/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite al Lic. Luis Carlos Cervantes Martínez, Director General de Construcción y Mantenimiento de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

6. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0306/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite al Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre, Director General de Infraestructura Urbana y Vial de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

7. Copia Certificada del acuse de recibo de la Circular DGN/DJ/006/2012, signada por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual informa a los Coordinadores Generales, Director y Jefes de Departamento de la Secretaría de Obras Públicas que derivado del contenido del acuerdo CG75/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se encuentra prohibida la entrada de vehículos oficiales y/o particulares que cuenten con propaganda política durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales del 30 de marzo al 01 de julio del año en curso.

8. Copia Certificada del Memorandum DGI/35/2012, signado por el Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental de la Secretaría de Obras Públicas en el estado de Nayarit, mediante el cual da respuesta al memorándum DGN/DJ/948/2012 emitido por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la citada Secretaría.

Del análisis a las citadas documentales, se desprenden que la Secretaría de Obras Públicas tiene entre otras funciones, la ejecución de obra pública, por lo que a manera informativa, durante la ejecución de los trabajos correspondientes, se debe colocar un anuncio alusivo a la obra que se realiza y la dependencia ejecutora, y dado que la avenida Aguamilpa se encontraba en remodelación, con la obra denominada "RAHABILITACIÓN (sic) CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA AGUAMILPA, TRAMO AVENIDA TECNOLÓGICO-VIAS F.F.C.C. del km. 0+000 AL KM.0+760", fue necesario colocar anuncios con el fin de orientar y guiar a la sociedad en general respecto de las rutas de traslado alternativas que debían tomarse.

Que fue posteriormente al inicio de la construcción de la obra, que dieron inició las campañas electorales y como consecuencia de las mismas el término de veda electoral, y que por ello el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, giró las instrucciones correspondientes e inicio las acciones encaminadas a dar cumplimiento al acuerdo CG75/2012, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y a lo dispuesto por el Código Federal Electoral.

Del análisis y valoración al material probatorio referido anteriormente, se desprende que el C. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, notificó al personal adscrito a la Secretaría que representa, la obligación de atender lo dispuesto en el acuerdo CG75/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Sin embargo de las constancias de autos se desprende que dicha propaganda fue difundida dentro del periodo del nueve al dieciocho de mayo del año en curso, la cual, violentando con ello la proscripción prevista en el artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución General (y retomada también en el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), que prohíbe que una vez iniciadas las campañas electorales federales se publiciten acciones de gobierno u obras públicas, con el propósito de evitar que ello pudiera incidir en el ánimo del electorado.

Sin embargo, es de destacar que no obstante que los espectaculares denunciados si difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido, esta violación no es atribuible al Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, toda vez que quedo demostrado que el citado servidor público giró las instrucciones atinentes a los servidores públicos adscritos a esa secretaria, con la finalidad de dar cumplimiento a la norma electoral aplicable en el Proceso Electoral, en consecuencia con las instrucciones realizadas, encaminó su conducta a salvaguardar el principio de equidad en la contienda electoral, que exige que las autoridades gubernamentales se mantengan al margen del Proceso Electoral, con el objeto de que ningún partido, candidato o coalición obtenga apoyo del gobierno que pueda afectar el equilibrio entre dichas entidades políticas.

Por lo anterior procede dilucidar si los servidores públicos que intervinieron en la citada transgresión, lo anterior en virtud de que como quedo evidenciado la difusión de la propaganda en periodo prohibido derivo de una omisión a la instrucción girada por el C. Lic. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, consistente en retirar la propaganda gubernamental de conformidad con el acuerdo CG75/2012, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en consecuencia, lo procedente es determinar que servidor público (adscrito a esa Secretaría de Obras), le correspondía dar cumplimiento a dicha instrucción.

Así resulta necesario señalar que la Ley de Obras Públicas del Estado de Nayarit, regula las acciones de planeación programación, presupuestación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública que realicen los entes públicos en el Estado de Nayarit, y señala que corresponde al Gobernador Constitucional la aplicación de la misma, a través de la Secretaría de Obras Públicas como a continuación se advierte:

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT.

‘ARTICULO 1º. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública que realicen los entes públicos en el Estado de Nayarit.

Para los efectos de eta ley, quedan comprendidos como entes públicos los poderes del estado, los municipios, los tribunales administrativos, así como las entidades de carácter estatal o municipal. Esta ley será aplicable a los órganos del estado constitucionalmente autónomos, así como a los poderes legislativo y judicial, siempre y cuando no se contrapongan a las leyes que los rigen.

Los entes públicos se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar cualquier tipo de contrato que evada lo previsto en este ordenamiento.

Para la aplicación de esta ley por los entes públicos distintos al poder ejecutivo, las atribuciones y obligaciones que ésta le otorga, serán aplicables de acuerdo a su estructura orgánica a las dependencias y entidades de cada uno de los entes públicos que realicen funciones análogas’.

‘ARTICULO 4º. El Ejecutivo del Estado aplicará la presente ley por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, sin perjuicio de la intervención de otras dependencias y entidades de carácter estatal conforme a ésta y otras disposiciones legales.

Los ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y en lo conducente a la Ley Municipal del Estado de Nayarit. En el ámbito municipal corresponderá a las secretarías o direcciones de obra pública municipales la aplicación de esta ley, salvo lo que expresamente establezcan los Reglamentos municipales’.

Asimismo en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se advierten las atribuciones de la citada Secretaría:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

‘Artículo 31. Para el estudio, planeación, análisis, programación, ejecución, control, evaluación y despacho de los asuntos que corresponden a la Administración Pública Centralizada, el Poder Ejecutivo estatal contará con las siguientes dependencias:

I. Secretaría General de Gobierno;

II. Secretaría de Finanzas;

III. Secretaría de Planeación;

IV. Secretaría de Obras Públicas;

(…)’.

‘Artículo 35. A la Secretaría de Obras Públicas le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Formular, regular, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, obras públicas, vivienda, protección al ambiente y prestación de servicios públicos;

II. Coordinarse con los Ayuntamientos del estado en la ejecución de los planes de desarrollo urbano y asesorarlos en materia de construcción y conservación de obras y organización, administración y prestación de servicios públicos;

III. Formular y dar a conocer al Gobernador del Estado el programa anual de obras y servicios públicos y establecer y vigilar las estrategias y acciones necesarias para su debido cumplimiento;

IV. Definir y proponer las obras y servicios que deban llevarse a cabo, a partir del Plan Estatal de Desarrollo, de las demandas formuladas al Gobernador del Estado en las comunidades por grupos de población;

V. Realizar y supervisar, directamente o a través de terceros, la construcción de obra pública que emprenda el Gobierno del Estado, por sí o en coordinación con la Federación, con los ayuntamientos o con los particulares, conforme a las leyes y Reglamentos de la materia;

VI. Establecer normas y Lineamientos generales en materia de obra pública;

VII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública, asentamientos humanos, desarrollo urbano y protección al ambiente, a que deben sujetarse los sectores público, social y privado;

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la conservación de zonas arqueológicas, sitios históricos de interés cultural y zonas típicas o de belleza natural, así como en la ejecución de obras públicas y en los Programas de Desarrollo Urbano y Ecología;

IX. Expedir las bases a que deban sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre conforme a la normatividad vigente;

X. Participar conforme a la normatividad en los asuntos de expropiación, ocupación temporal, limitación de dominio y por concepto de derecho de vías de jurisdicción estatal;

XI. Convenir con los Ayuntamientos y la Federación, la elaboración y ejecución de los programas de uso de suelo urbano y de reservas territoriales;

XII. Dictar y vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sobre usos y destino del suelo para obras públicas;

XIII. Elaborar programas y proyectos integrales de carácter regional, subregional o parcial en materia de Desarrollo Urbano, concertando y coordinando su realización con las autoridades federales, o municipales que pudieran tener competencia en dichos proyectos;

XIV. Establecer en los programas integrales de desarrollo urbano, estrategias de desarrollo de infraestructura urbana y todas aquellas que resulten necesarias para su ejecución;

XV. Coordinar, promover y ejecutar los programas de regularización de l a tenencia de la tierra;

XVI. Promover en coordinación con los Ayuntamientos del estado, el equilibrio del desarrollo urbano con una adecuada planeación de los asentamientos humanos;

XVII. Formular y operar a través del organismo correspondiente los planes y programas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento;

XVIII. Reconstruir y conservar el patrimonio histórico y cultural del estado en términos de la legislación vigente;

XIX. Formular y ejecutar los programas y proyectos en materia de comunicaciones y transportes en el ámbito de su competencia;

XX. Establecer las normas técnicas y aprobar los estudios de factibilidad de vialidades a fin de que se cumplan las disposiciones legales relativas a desarrollo urbano, obra pública y protección al ambiente;

XXI. Construir, administrar, operar, ampliar y conservar en su caso, directamente o mediante concesión a particulares las carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación de jurisdicción estatal, tanto libres como de cuota;

XXII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería del transporte y al señalamiento de la vialidad del estado en coordinación con otras autoridades;

XXIII. Ejecutar y promover acciones para el mejoramiento de la infraestructura urbana que utiliza el transporte público en la entidad en coordinación con las demás autoridades competentes;

XXIV. Proteger la infraestructura urbana en la ejecución y supervisión de los proyectos de obra pública de su competencia;

XXV. Elaborar, revisar, ejecutar y vigilar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano;

XXVI. Normar los criterios de vivienda en el estado a través de los programas de desarrollo urbano, de ordenamiento ambiental y demás disposiciones legales aplicables, con el objeto de respetar la vocación natural del suelo y buscar su integración al entorno ecológico;

XXVII. Formular y desarrollar, en coordinación con las autoridades educativas de la Entidad y con los sectores social y privado, los programas de promoción y educación que fortalezcan la cultura de protección al ambiente entre los habitantes del estado;

XXVIII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecología y protección al ambiente atribuidas al Ejecutivo Estatal;

XXIX. Formular en términos de ley en coordinación con los Ayuntamientos del estado, los proyectos de declaratorias sobre el destino de sus provisiones y reservas territoriales;

XXX. Declarar, administrar, controlar y vigilar las áreas naturales protegidas, reservas ecológicas y parques naturales estatales;

XXXI. Formular, conducir, normar, regular y ejecutar la política de protección al ambiente en el estado, con la participación de los municipios, en congruencia con los programas de la Federación;

XXXII. Establecer medidas y criterios para la prevención y control de residuos y emisiones generadas por fuentes contaminantes;

XXXIII. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes;

XXXIV. Aplicar y ejecutar los programas y la normatividad para el manejo y disposición final de residuos industriales, desechos tóxicos y aguas residuales;

XXXV. Emitir dictámenes técnicos para cuantificar el daño causado al ambiente;

XXXVI. Promover la participación de la sociedad en la formulación, aplicación y vigencia de la política ambiental y concertar acciones e inversiones con los diversos sectores, para la protección, conservación y restauración de los ecosistemas del estado;

XXXVII. Normar y regular en el ámbito de su competencia, las acciones para el aprovechamiento racional de los recursos naturales del estado así como para restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente;

XXXVIII. Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con la vivienda, obra pública, desarrollo urbano y protección al ambiente;

XXXIX. Vigilar el uso, reparación, mantenimiento y control de la maquinaria y equipo a su cargo;

XL. Coordinar el funcionamiento del Comité de Obra Pública Estatal, en los términos de la ley reglamentaria;

XLI. Otorgar las autorizaciones que por ley le correspondan, así como declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación;

XLII. Contratar y en su caso concesionar los servicios que las diversas leyes le atribuyan; y

XLIII. Las demás que le atribuyan las leyes, Reglamentos, convenios y las que le confiera el Gobernador del Estado’.

Ahora bien el REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, dispone lo siguiente:

‘Artículo 1º. El presente ordenamiento tiene por objeto determinar las atribuciones de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Obras Públicas y establecer las bases para su mejor funcionamiento’.

‘Artículo 4º. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría contará con los siguientes servidores públicos y unidades administrativas:

I.- Secretario;

I.1.Secretaria Particular

I.2.Unidad de Informática

II. Subsecretario;

II.1. Coordinación General Administrativa;

II.2. Departamento de Recursos Humanos

II.3. Departamento de Recursos Materiales

II.4. Departamento de Recursos Financieros

III. Dirección General de Construcción y Mantenimiento;

III.1 Departamento de Supervisión de Obras

III.2 Departamento de Eventos Especiales

III.3 Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos

III.4. Unidad de proyectos y Control de Calidad de Edificación

III.5. Departamento de Proyectos

III.6. Departamento de Ingeniería y Control de Calidad de Edificación

IV.- Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial;

IV.1.Departamento de Conservación y Construcción de Carretera

IV.2.Departamento de maquinaria y equipo

IV.3.Departamento de Supervisión

IV.4.Departamento de Proy. y Control de Calidad Infraestructura Urbana y Vial

V.- Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano;

V.1.Departamento de Planeación

V.2.Departamento de Desarrollo Urbano

V.3. Departamento de Control Presupuestal

VI.- Dirección General de Normatividad

VI.1. Departamento Jurídico

VI.2. Departamento de Concursos y Precios Unitarios

VI.3. Departamento de Control Interno

VII.- Coordinación General del Plan Carretero.

El Secretario para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con el número de asesores, unidades de apoyo técnico y administrativas que las necesidades del servicio lo requieran, se contemplen en el Manual General de Organización y se encuentren autorizadas en el presupuesto de egresos’.

‘Artículo 5º. Los servidores públicos y las unidades administrativas, ejercerán las atribuciones que les confiere este Reglamento, las normas legales aplicables y, de acuerdo a las políticas y Lineamientos que fije el Secretario y conducirán sus actividades con base en las Políticas públicas, Objetivos estratégicos, Estrategias de transformación y Líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, así como en las directrices y programas establecidos por el Ejecutivo del Estado’.

Aunado a lo anterior, quedó evidenciado que el Lic. Gianni Raúl Ramírez

Ocampo, Secretario de Obras Públicas de esa entidad, giró las instrucciones correspondientes a efecto de que se informara a todas las áreas adscritas a esa Secretaría (incluyendo al Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental), sobre la obligación de atender la prohibición contenida en el Acuerdo del Consejo General de este Instituto Federal Electoral CG75/2012, como se advierte en el contenido del oficio SOP/DGN/DJ/2076/2012, en los siguientes términos:

‘(…)

Se considera oportuno mencionar a usted que la Secretaría a mi cargo tiene como funciones la ejecución de obra pública y de manera informativa durante la ejecución de los trabajos se coloca un anuncio alusivo a la obra que se realiza y la dependencia ejecutora, así mismo como en el caso que nos ocupa dado que la avenida Aguamilpa era objeto de remodelación con motivo de la obra denominada "RAHABILITACIÓN (Sic) CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA AGUAMILPA, TRAMO AQVENIDA TECNOLÓGICO-VIAS F.F.C.C. del km. 0+000 AL KM.0+760", con plazo de ejecución del 30 de enero de 2012 al 27 de junio de 2012, por lo que era necesario colocar anuncios con el fin de orientar y guiar a la sociedad en general respecto de las rutas de traslado alternativas por lo que se solicitaron al inicio de los trabajos, diversos espectaculares para tal fin, mismos que contaban con un trazo de las rutas alternativas mencionadas, sin embargo el procedimiento para la adquisición y colocación de las mismas NO DERIVA DE UN CONTRATO CELEBRADO O FORMALIZADO POR LA SECRETARÍA A MI CARGO, sino que el procedimiento a seguir es la solicitud al proveedor de los anuncios necesarios y posteriormente el proveedor presenta su factura a la Secretaría de Administración y Finanzas para el cobro de sus trabajos.

Sin embargo es preciso mencionar a usted que posteriormente al inicio de los trabajos, como es del conocimiento público iniciaron las campañas electorales y como consecuencia de las mismas inicio el término de veda electoral, tal y como se podrá corroborar del acuerdo CG 75/12 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que prohíbe la propaganda gubernamental, por lo que el Gobierno del Estado de Nayarit inicio las acciones correspondientes al cumplimiento del Código Federal Electoral y del acuerdo antes mencionado y tal y como consta en los documentos que anexo al presente con fecha 12 de marzo de 2012, se giraron las instrucciones correspondientes al interior de la Secretaría a mi cargo para que se observaran los ordenamientos antes mencionados y tal y como lo informó el área ejecutora correspondiente, por lo que con fecha 28 de marzo de 2012, se retirarn los anuncios que refiere en su escrito de cuenta.

(…)’.

Al citado oficio se acompañaron, entre otros, las siguientes documentales públicas que fueron valoradas en el apartado correspondiente de la presente Resolución a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio:

1. Copia Certificada del acuse de recibo del oficio número SCG/SC/UDA/034/2012, signado por el Lic. Roy Rubio Salazar, Secretario de la Contraloría General, mediante el cual remite al Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas en el estado de Nayarit, la Circular número SCG/001/2011 de la Secretaría de la Contraloría General de esa entidad, con la que se establecen medidas que deberán adoptar todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para el blindaje del Proceso Electoral ordinario local 2011".

2. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0306/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite al Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

3. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0305/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite a la Lic. Ayhesa Enriqueta Torres López, Coordinadora General Administrativa de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

4. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0306/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite al Lic. Luis Carlos Cervantes Martínez, Director General de Construcción y Mantenimiento de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

5. Copia Certificada del acuse de recibo del Memorandum DGN/DCI/0306/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite al Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre, Director General de Infraestructura Urbana y Vial de la citada Secretaría, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto.

6. Copia Certificada del acuse de recibo de la Circular DGN/DJ/006/2012, signada por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual informa a los Coordinadores Generales, Director y Jefes de Departamento de la Secretaría de Obras Públicas que derivado del contenido del acuerdo CG75/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se encuentra prohibida la entrada de vehículos oficiales y/o particulares que cuenten con propaganda política durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales del 30 de marzo al 01 de julio del año en curso.

Asimismo, el Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, mediante escrito de fecha cinco de octubre del año en curso manifestó lo siguiente:

‘(…)

En cuanto al informe señalado con el inciso a) respecto, si ordenó la elaboración y/o colocación de los espectaculares y lonas que contenían la presunta propaganda gubernamental. Manifiesto a usted que LA DIRECCIÓN A MI CARGO NO ORDENÓ LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPECTACULARES, sin embargo sí estuvo encargada del diseño de los mismos así como de los espectaculares de las vías alternas, puesto que solo se hacen labores de diseño.

En cuanto al informe señalado con el inciso b) respecto, período que permanecieron publicados los mismos. Manifiesto a usted que en el caso de la obra denominada "RAHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA AGUAMILPA, TRAMO AVENIDA TECNOLÓGICO-VIAS F.F.C.C. DEL KM. 0+000 AL KM0+760"(SIC), inició su ejecución el día 30 de enero de 2012, fecha en que se colocaron los respectivos anuncios y en virtud a que con fecha 12 de marzo de 2012, se giraron las instrucciones correspondientes al interior de la Secretaría a mi cargo para que se observaran los ordenamientos antes mencionados, con fecha 28 de marzo de 2012, se retiraron los mismos y en su lugar se colocaron los anuncios o espectaculares de los croquis de las rutas alternativas que podían utilizar los usuarios.

En cuanto al informe señalado con el inciso c) respecto a, precisar los contratos o actos jurídicos celebrados para formalizas la elaboración y colocación de los espectaculares con nombre y domicilio de las partes, fecha de elaboración y monto de la contraprestación, Manifiesto a usted que NO DERIVA DE UN CONTRATO CELEBRADO O FORMALIZADO POR LA SECRETARÍA A MI CARGO, sino que el procedimiento a seguir es la solicitud al proveedor de los anuncios necesarios y posteriormente el proveedor presenta su factura a la Secretaría de Administración y Finanzas para el cobro de sus trabajos.

En cuanto al informe señalado con el inciso d) respecto al informe de quien ordeno la colocación de los espectaculares. Manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que ignoro quién ordenó la colocación de los espectaculares, sin embargo es preciso mencionar que al ser aditamentos a la obra a realizar posiblemente la instrucción derive del área ejecutora correspondiente.

En cuanto al informe señalado con el inciso f), respecto las funciones de la Dirección a mi cargo y el marco normativo en que se encuentran. Manifiesto a usted que las funciones de la Dirección a mi cargo son las siguientes:

Proyecto de Reglamento interior de la Secretaría de Obras Públicas

‘Artículo 44. Corresponde a la Dirección General de Imagen Gubernamental regular la imagen institucional del gobierno del estado y las dependencias así como los proyectos de imagen urbana procedentes de estos organismos.

Sus funciones serán:

XIX. Elaborar e implementar manuales de identidad que establezcan Lineamientos para la aplicación de imagen de gobierno del estado en materia de imagen institucional.

XX. Definir los criterios de diseño, uso y aplicación de imagen gráfica de gobierno del estado.

XXI. Crear, diseñar y supervisar la aplicación correcta de la señalización de identidad institucional en los edificios de las diferentes dependencias.

XXII. Vigilar que las dependencias cumplan con la normativa aplicada en cuestión de imagen institucional en sus oficinas y centros de trabajo.

XXIII. Vigilar y normar el uso de la identidad grafica de las aplicaciones y utilitarios de oficina de gobierno del estado.

XXIV. Diseñar y/o aprobar los productos sociales en cuya imagen se proyecte el gobierno del estado.

XXV. Colaborar y supervisar los programas de mejoramiento de imagen urbana ejecutados por el gobierno del estado.

XXVI. Definir criterios de identidad institucional en los diversos programas de imagen urbana que ejecute el gobierno del estado.

XXVII. Colaborar en la realización de las campañas publicitarias que muestren a la población las acciones y los programas que se deriven del ejecutivo y las dependencias.

XXVIII. Llevar a cabo la programación de las campañas publicitarias que muestren a la población las acciones y los programas que se deriven del ejecutivo y las dependencias.

XXIX. Generar las herramientas mercado lógicas necesarias para evaluar el impacto de las campañas publicitarias del gobierno del estado y sus dependencias

XXX. Elaborar y/o aprobar los elementos publicitarios básicos para la difusión de las acciones y programas del gobierno del estado y de las dependencias (folletos, trípticos, gacetas, páginas electrónicas, diseños generales etc.).

XXXI. Asesor y aconsejar sobre la construcción grafica (diseños) y contenidos de los materiales promocionales y publicitarios del gobierno del estado y las dependencias.

XXXII. Crear diseñar elaborar y difundir, la aplicación de identidad grafica en proyectos específicos, campañas o eventos especiales del gobierno estatal y dependencias.

XXXIII. Crear manuales de comunicación para proyectos específicos, campañas o eventos especiales del gobierno estatal y dependencias.

XXXIV. Solicitar tramitar y administrar los recursos humanos materiales y financieros que el departamento y la dirección general requieran.

XXXV. Solicitar las asesorías y capacitaciones necesarias, cuando por la naturaleza de los asuntos que maneja la dirección general así lo requiera

XXXVI. Desarrollar las demás funciones inherentes del área de sus competencias y las que encomiende el secretario y el C. Gobernador.

Sin embargo la Dirección a mi cargo surgió en la presente administración, por lo que su marco normativo está en proyecto de reforma al Reglamento Interior del Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado’.

En este tenor resulta pertinente señalar lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, a efecto de establecer que autoridades violentaron la normativa electoral federal.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit.

‘Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de los asuntos atribuidos a sus respectivos despachos y llevarán, conforme las directrices de la organización del Poder Ejecutivo, las funciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, informática, estadística, organización, métodos, recursos humanos, materiales, financieros, archivos y contabilidad gubernamental, en términos de lo que disponga la legislación correspondiente’.

‘ARTÍCULO 28. Los titulares de las dependencias y entidades que manejen presupuesto otorgado en su totalidad o en parte por el estado, para el desarrollo de sus funciones, serán responsables del manejo y aplicación de dicho presupuesto, debiendo informar del ejercicio y situación de los mismos al Ejecutivo, con la periodicidad que éste les señale y lo que dispongan las leyes’.

‘ARTÍCULO 30. Sin detrimento de las atribuciones que correspondan a las diferentes dependencias, cada uno de sus titulares tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Acordar con el Gobernador del Estado el despacho de los asuntos encomendados a las dependencias a su cargo y los del sector que le corresponda coordinar, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les estén subordinados conforme a los Reglamentos interiores, manuales administrativos, circulares vigentes.

II. Planear, programar, organizar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas y de las entidades agrupadas sectorialmente en su Dependencia, conforme al Plan Estatal de Desarrollo;

III. Aprobar los programas anuales de la Dependencia a su cargo y de las entidades adscritas sectorialmente a ellas, para ser sometidos a consideración del Gobernador del Estado;

IV. Cumplir y hacer cumplir las políticas, acuerdos órdenes, circulares y demás disposiciones que emita el Gobernador del Estado;

V. Fijar, dirigir y controlar las políticas de la Dependencia a su cargo, así como programar, coordinar y evaluar, en los términos de la legislación aplicable, las actividades de las entidades del sector que le corresponda coordinar;

VI. Proponer el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Dependencia a su cargo y de las entidades del sector correspondiente, remitiéndolos a la Secretaría de Finanzas con la oportunidad que se le solicite,

VII. Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera, manteniéndolo informado sobre el desarrollo y ejecución de las mismas;

VIII. Documentar, compilar y mantener actualizada la información de la Dependencia a su cargo, con el objeto de integrar, por conducto de la secretaría General de Gobierno, el informe anual que el Gobernador debe rendir ante el Congreso del Estado;

IX. Imponer y aplicar sanciones en los términos de las leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales en materia de su competencia;

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y, en su caso, los documentos de las entidades que le estén sectorizadas; también podrán suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o le corresponda por suplencia.

El Gobernador podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a que se refiere esta fracción.

XI. Elaborar y proponer al titular del Poder ejecutivo, los anteproyectos de leyes, Reglamentos, acuerdos, convenios y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos de su competencia;

XII. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos;

XIII. Conocer y resolver, en el ámbito de su competencia, de los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos emanados de la Dependencia de su cargo;

XIV. Atender, verificar y dar respuesta a las recomendaciones que señalen los organismos públicos de defensa de los derechos humanos con relación a la actuación de los servidores públicos adscritos física y presupuestalmente a dicha Dependencia’.

‘ARTÍCULO 31°. Para el estudio, planeación, análisis, programación, ejecución, control, evaluación y despacho de los asuntos que corresponden a la Administración pública Centralizada, el Poder Ejecutivo Estatal, contará con las siguientes Dependencias:

I. Secretaría General de Gobierno;

II. Secretaría de Finanzas;

III. Secretaría de Planeación;

IV. Secretaría de Obras Públicas;

V. Secretaría de Educación Pública;

VI. Secretaría de la Contraloría General;

VII. Secretaría de Desarrollo Rural;

VIII. Secretaría de Desarrollo Económico;

IX. Secretaría de Salud; y

X. Procuraduría General de Justicia’.

‘ARTÍCULO 33°. A la Secretaría de Finanzas corresponde, además de las atribuciones constitucionales, las siguientes:

I. Ejecutar la política financiera, fiscal y administrativa de la Administración Pública Estatal;

II. Coordinar la planeación y aplicación de la política hacendaria, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado;

III. Implementar el sistema de contabilidad gubernamental de la administración pública estatal;

IV. Estudiar, evaluar y analizar la estructura financiera de la Administración Pública Estatal,

V. Ejecutar y vigilar el debido cumplimiento de las leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas en materia fiscal y administrativa;

VI. Formar parte de los órganos de dirección y de gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal;

VII. Formular y presentar al Gobernador del Estado, los proyectos de la Ley de Ingresos, del presupuesto de Egresos y el programa general del gasto público,

VIII. Proponer al Gobernador del Estado, en términos de Ley, el otorgamiento de estímulos fiscales, en coordinación con las dependencias a quienes corresponda el fomento de actividades productivas,

IX. Elaborar y mantener actualizado el padrón estatal de contribuyentes, así como llevar la estadística de ingresos del Estado;

X. Elaborar, integrar, controlar, verificar y mantener actualizados los registros y padrones que conforme a las disposiciones legales, convenios y sus anexos, le correspondan;

XI. Autorizar, vigilar y evaluar, de conformidad con las leyes respectivas, el ejercicio del gasto público y del presupuesto de egresos del Estado,

XII. Hacer glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno del Estado;

XIII. Elaborar conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría General la normatividad requerida para regular el ejercicio de los ingresos y egresos del estado y la implementación de los procedimientos de modernización reestructuración o simplificación administrativa, así como lo referente a la contabilidad y control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales, financieros, contratación de deudas, manejo de fondos y custodia de documentos que constituyen valores, acciones y derechos que formen parte del patrimonio de la Administración Pública Estatal;

XIV. Solventar por acuerdo del Gobernador del Estado, conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría General las observaciones que determine el Congreso del Estado a través del órgano de Fiscalización Superior del Estado;

XV. Proponer las modificaciones a los presupuestos de egresos e ingresos, así como las normas y criterios con los cuales podrán realizar transferencias dentro del presupuesto de las dependencias y entidades y, en su caso, definir y aplicar con autorización del Gobernador del Estado, las fuentes alternas de financiamiento que permitan lograr el equilibrio financiero entre los ingresos y egresos;

XVI. Cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos que l estado tenga derecho a percibir en los términos de las leyes fiscales aplicables, y convenios suscritos en materia de colaboración administrativa en materia fiscal;

XVII. Recaudar por conducto de las oficinas recaudadoras o instituciones, autorizadas para tal efecto, los ingresos a que se refiere la fracción anterior

XVIII. Coadyuvar en el fincamiento de responsabilidades a favor del estado, y hacerlas efectivas.

XIX. Autorizar, cuando proceda el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales que le corresponda de conformidad con la legislación aplicable y, en su caso, con los convenios de coordinación y colaboración celebrados;

XX. Cancelar o condonar total o parcialmente derechos, productos y aprovechamientos derivados de la aplicación de las leyes fiscales estatales;

XXI. Condonar, cuando proceda, total o parcialmente las multas impuestas por infracciones a las disposiciones fiscales, de conformidad con las leyes respectivas y convenios de coordinación y colaboración celebrados;

XXII. Notificar los créditos fiscales; determinar sus accesorios; y en su caso aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, efectuar devoluciones de cantidades pagadas indebidamente, autorizar su pago diferido o en parcialidades con garantía del interés fiscal, clausura de establecimientos e imposición de multas y cobros de la hacienda pública estatal, así como los derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal que se celebren con el Gobierno Federal.

XXIII. Practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes;

XXIV. Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del estado, informando al Gobernador periódicamente sobre la situación que guardan las amortizaciones de capital y el pago de intereses;

XXV. Determinar la normatividad a seguir para la cancelación de cuentas incobrables y tramitar y resolver su cancelación en los casos que proceda;

XXVI. Elaborar y presentar al gobernador del estado, la cuenta pública de conformidad con los plazos estipulados en la Ley y mantener relaciones de coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

XXVII. Emitir el clasificador por objeto de gasto presupuestal, para la aplicación y control del gasto público en las dependencias y entidades de la Administración Pública;

XXVIII. Distribuir y entregar a los municipios de la entidad, las participaciones que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables;

XXIX. Efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados, con cargo a las partidas correspondientes;

XXX. Formular mensualmente los estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al Ejecutivo, un informe personalizado del ejercicio fiscal anterior,

XXXI. Dirigir, normar y supervisar las actividades de las oficinas recaudadoras en el Estado;

XXXII. Normar y vigilar que los empleados que manejan recursos financieros del Estado, otorguen fianza suficiente y competente para garantizar su manejo;

XXXIII. Proporcionar asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias, presupuestales y administrativas de su competencia que le sea solicitada por las dependencias y entidades de la Administración Pública, por los ayuntamientos y por los particulares, así como realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal; XXXIV. Elaborar los planes y programas que se requieran para eficientar la administración de los recursos humanos, materiales u económicos del Gobierno del Estado;

XXXV. Planear, programar, presupuestar, adquirir y suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de las dependencias, de acuerdo a os recursos asignados en el presupuesto correspondiente;

XXXVI. Normar y regular la prestación de los servicios administrativos que requieran las dependencias;

XXXVII. Coordinar, asesorar, normar y promover el desarrollo informático de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXVIII. Proveer oportunamente a las dependencias de la administración pública Centralizada los elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones;

XXXIX. Intervenir en la celebración de convenios coordinados de colaboración fiscal y sus anexos entre el estado y la federación o los municipios del estado, vigilando su cumplimiento y correcta aplicación,

XL. Ser el fideicomitente único del Gobierno del Estado, en todos los fideicomisos que al efecto se constituyan;

XLI. Ser el fideicomitante único del Gobierno del Estado, en todos los fideicomisos que al efecto se constituyan;

XLII. Previo acuerdo del Ejecutivo, contratar créditos a cargo del Gobierno del Estado, con duración que no exceda del período constitucional del Ejecutivo,

XLIII. Celebrar contratos respecto de los bienes propiedad del Gobierno del Estado

XLIV. Validar los convenios, contratos, concesiones y todo tipo de obligaciones que comprometan recursos de ejercicios presupuestales futuros del erario estatal, mediante la firma del Secretario de Finanzas, sin cuyo requisito, se considerarán nulos;

XLV. Ejercer las facultades de control, administración, cobro y demás establecidas por los ordenamientos aplicables, con relación a los seguros que contrate respecto a los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado y los que conforme a la Ley deba otorgar el mismo;

XLVI. Vigilar que las personas físicas o morales que celebren contratos con el Gobierno del Estado, garanticen debidamente el cumplimiento de las obligaciones a su cargo;

XLVII. Representar legalmente al Gobierno del Estado, en lo relativo a las relaciones laborales;

XLVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre la Administración Pública Centralizada y sus Servidores Públicos;

XLIX. En los términos de la Ley respectiva expedir las licencias a los negocios en donde se expidan, distribuyan o consuman bebidas alcohólicas; y vigilar la correcta aplicación de la normatividad aplicable;

L. Dictar y aplicar la normatividad referente a la selección, capacitación, contratación y control de los servidores públicos que laboren en la Administración pública, así como suscribir contratos para la prestación de servicios profesionales;

LI. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos de la Administración Pública de conformidad con la Ley;

LII. Atender las relaciones sindicales de la Administración Pública Centralizada;

LIII. Elaborar y mantener actualizado el escalafón de los servidores públicos de base de las dependencias así como su expediente;

LIV. Recibir, conservar y en su caso hacer efectivas las garantías que las personas físicas o morales, otorguen bajo cualquier título al Gobierno del Estado,

LV. Suscribir en términos de la legislación, las garantías que deba otorgar el Gobierno del Estado;

LVI. Llevar el registro, control y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado,

LVII. Administrar y vigilar los almacenes del Estado,

LVIII. Coordinar el funcionamiento del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, en los términos de la Ley reglamentaria,

LIX. Implementar y controlar el padrón de proveedores de todas las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado;

LX. Regularizar la situación jurídica de los bienes propiedad del Gobierno del Estado;

LXI. Autorizar la transferencia, uso, disposición de baja y destino final de los bienes muebles propiedad de la Administración Pública Estatal;

LXII. Administrar y promover la venta, fusión, extinción, transferencia, liquidación, cesión o renta de los bienes propiedad del Gobierno del Estado.

LXIII. Firmar como aval con la autorización del Gobernador y, en su caso, retener las participaciones y subsidios que le correspondan a los ayuntamientos y organismos descentralizados, cuando el ejecutivo figure como aval y éstos no cumplan en sus términos con el pago de los créditos contraídos,

LXIV. Tramitar y vigilar las concesiones, franquicias y subsidios fiscales que sean aprobados, de acuerdo con la legislación aplicable,

LXV. Supervisar que los subsidios que concede el Gobierno del Estado a los municipios, instituciones o particulares, se apliquen de acuerdo a los términos establecidos;

LXVI. Fijar las políticas, normas y Lineamientos generales en materia de catastro, de acuerdo con las leyes respectivas;

LXVII. Administrar las contribuciones que incidan sobre la propiedad inmobiliaria de conformidad con las leyes y convenios suscritos con los ayuntamientos de la entidad;

LXVIII. Registrar los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para la Administración Pública Estatal,

LXIX. Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio del Poder ejecutivo,

LXX. Establecer en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General las normas, Lineamientos y controles para la entrega y recepción de las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal los cuales deberán considerar invariablemente el levantamiento de inventarios;

LXXI. Crear previo acuerdo del Gobernador del Estado las unidades administrativas que requieran las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

LXXII. Coordinar y supervisar en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, la emisión de publicaciones oficiales, excepto el Periódico Oficial;

LXXIII. Elaborar con el concurso de las demás dependencias del Ejecutivo, los manuales administrativos de las mismas y auxiliar en la formulación de los anteproyectos de sus Reglamentos interiores;

LXXIV. Organizar y atender todo asunto correspondiente a la prestación de servicios asistenciales, deportivos, culturales, socioeconómicos, vacacionales y educativos, para los servidores públicos de la Administración Pública Estatal;

LXXV. Autorizar la realización de impresos en coordinación con las dependencias;

LXXVI. Llevar el registro y control de vehículos, así como ejercer las funciones operativas de la administración del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, consistentes en recaudación, comprobación, determinación y cobro del mismo, en los términos de los convenios celebrados con el Gobierno Federal;

LXXVII. Otorgar becas en los términos de las disposiciones vigentes; y

LXXVIII. Las demás que le atribuyan las leyes, Reglamentos, convenios y las que le confiera el Gobernador del Estado’.

Del análisis lógico-jurídico a las disposiciones normativas antes transcritas, se advierte que la conducta contraventora de la normativa electoral federal es atribuible al Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, toda vez que en autos del presente expediente no se encuentra acreditado el argumento hecho valer por el citado servidor público respecto a que el día veintiocho de marzo se retiraron los anuncios y espectaculares en cuestión, lo anterior es así ya que de evidenció que la citada propaganda gubernamental que nos ocupa, fue difundida en periodo de campaña electoral, hecho que se confirma con el Testimonio Notarial número 28,898, emitido por el Lic. José Daniel Saucedo Berecochea, Notario Público número uno en la ciudad de Tepic, Nayarit emitido el día nueve de mayo de dos mil doce y el Acta circunstanciada número CIRC12/JD02/NAY/18-05-12, realizada por el Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Nayarit de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, transgrediéndose claramente lo dispuesto en artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; 347, párrafo 1, incisos b), y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consecuencia lo establecido en el acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO , TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN", emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y que en la parte que interesa establece la siguiente obligación: "No difundir logros de gobierno, obra pública e incluso información de programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía y que su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquier frase, imágenes, voces o símbolos".

Ahora bien, es importante mencionar que todo servidor público tiene en todo momento la responsabilidad de llevar a cabo con rectitud, los principios de imparcialidad y equidad, pero sobre todo en el desarrollo de un Proceso Electoral, ya que por las características y el cargo que desempeñan pudieren efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en la contienda de las instituciones políticas del país y como consecuencia violentar los citados principios; hecho en el que incurrió el Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, al omitir atender la instrucción contenida en el Memorándum DGN/DCI/0306/2012, signado por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante el cual remite al Ing. Omar Agustín Camarena González, el oficio circular número 002 que establece la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General de este Instituto; ocasionando con lo anterior que la referida propaganda gubernamental continuara difundiéndose en periodo prohibido.

Finalmente, es menester señalar que la finalidad por la cual el Legislador Federal estableció la proscripción prevista en el artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución General (y retomada también en el artículo 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), fue evitar que una vez iniciadas las campañas electorales federales se publicitaran acciones de gobierno u obras públicas, con el propósito de evitar que ello pudiera incidir en el ánimo del electorado.

En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar fundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra del Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental de la de la Secretaria de Obras Públicas en el estado de Nayarit; por la presunta violación a los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 2, párrafo 2; y 347, párrafo 1, incisos b) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido en acuerdo identificado con la clave CG75/2012, "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN".

B) Estudio sobre el uso imparcial de recursos públicos.

Toda vez que los recursos públicos utilizados para la contratación de la propaganda gubernamental que se estimó ilegal, no derivo de un contrato celebrado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de Nayarit, sino de un procedimiento a seguir con la solicitud al proveedor de los anuncios necesarios y posteriormente el proveedor presenta su factura a la Secretaría de Administración y Finanzas para el cobro de sus trabajos.

Corresponde determinar la responsabilidad del Secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado de Nayarit, en relación a dicha conducta.

Tal y como lo señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de los asuntos atribuidos a sus respectivos despachos y llevarán, conforme las directrices de la organización del Poder Ejecutivo, las funciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, informática, estadística, organización, métodos, recursos humanos, materiales, financieros, archivos y contabilidad gubernamental, en términos de lo que disponga la legislación correspondiente, correspondiendo a la Secretaría de Finanzas, entre otros efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados, con cargo a las partidas correspondientes; así como normar y vigilar que los empleados que manejan recursos financieros del Estado, otorguen fianza suficiente y competente para garantizar su manejo; validar los convenios, contratos, concesiones y todo tipo de obligaciones que comprometan recursos de ejercicios presupuestales futuros del erario estatal, mediante la firma del Secretario de Finanzas, sin cuyo requisito, se considerarán nulos.

De lo anterior, se infiere que dentro del cumplimiento de sus actividades se encuentra la formalización de los actos relacionados con recursos correspondientes al presupuesto de los programas de gobierno, los cuales se formalizan con la entrega de las facturas correspondientes a la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Nayarit.

Resulta evidente que la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Nayarit, es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de administra recursos públicos para el cumplimiento de sus atribuciones, lo cual cobra relevancia para el caso que nos ocupa, en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de nuestra Carta Magna y el artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de propaganda institucional y político electoral de los servidores públicos, en razón de que para acreditar el uso imparcial de los recursos públicos que afecten la equidad de la competencia electoral, es requisito precisamente la utilización de dichos recursos.

De lo anterior, debe señalarse que la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Nayarit, es la encargada del manejo de los recursos públicos para efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados, con cargo a las partidas correspondientes, y todo tipo de obligaciones que comprometan recursos de ejercicios, tal y como se desprende del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, mismo que a la letra señala lo siguiente:

‘ARTÍCULO 33’. (Se transcribe).

Sin embargo, es de destacar que no obstante que los espectaculares denunciados si difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido, esta violación no es atribuible al Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario de Administración y Finanzas, toda vez que quedo demostrado se giraron diverso oficios y memorándums a saber la Circular número SCG/001/2011, de la Secretaría de la Contraloría General de esa entidad, con la que se establecen medidas que deberán adoptar todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para el blindaje del Proceso Electoral ordinario local 2011; los memorándums DGN/DJ/006/2012, DGN/DCI/0306/2012 y DGN/DCI/0305/2012, signados por la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en esa entidad, mediante los cuales se informa a los Coordinadores Generales, Director y Jefes de Departamento de la Secretaría de Obras Públicas la obligación de las Dependencias y Entidades de observar el acuerdo CG75/2012 del Consejo General.

En este sentido se observa que el Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario de Administración y Finanzas, actuó dentro de los cauces de la ley en razón de que la obra en comento inició su ejecución el día 30 de enero de 2012, fecha en que se colocaron los respectivos anuncios y en virtud a que al citado servidor público no le correspondía el retiro de los mismos, no le es imputable la inobservancia de las instrucciones realizadas para que se observaran los ordenamientos antes mencionados y se retirarán los mismos, aunado a que del contenido de los mismos no se advierte que sean de carácter electoral, y en ningún momento está dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, dado que no se incluye alusión alguna con la que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral, esto es, que este dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Por lo anterior, es de señalarse que el Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario de Administración y Finanzas, no violento el principio de imparcialidad y con ello la equidad en la contienda electoral, que exige que las autoridades gubernamentales se mantengan al margen del Proceso Electoral, con el objeto de que ningún partido, candidato o coalición obtenga apoyo del gobierno que pueda afectar el equilibrio entre dichas entidades políticas.

Finalmente, toda vez que se declaró infundado el presente procedimiento en contra del Lic. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas, respecto de la difusión de propaganda gubernamental, y de que fue declarado fundado en contra del Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, quién dejo de atender la prohibición contenida en el Acuerdo del Consejo General de este Instituto Federal Electoral CG75/2012, como se advierte en el contenido del oficio SOP/DGN/DJ/2076/2012, y si bien es cierto encuentra acreditado que se utilizaron recursos públicos para cubrir la propaganda gubernamental difundida a través de tres espectaculares, es que ésta autoridad estima que al Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario de Administración y Finanzas, no cabe imputarle responsabilidad alguna respecto a la violación de uso imparcial de recursos públicos.

En razón de lo anterior, es que ésta autoridad considera declarar infundado el presente procedimiento en contra del Lic. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas, y del Ing. Omar Agustín Camarena González, Director General de Imagen Gubernamental, ambos del estado de Nayarit, por no haber infringido el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así mismo, ésta autoridad considera declarar infundado el presente procedimiento en contra del Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado de Nayarit, por no haber infringido el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, tales razonamientos carecen de una debida fundamentación y motivación toda vez que la actuación de dicho funcionario se puede advertir que es irregular, toda vez que sus atribuciones se pretendieron sustentar en un proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit.

Esto es, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debió realizar una investigación más exhaustiva, al advertir que el referido funcionario actuaba a partir de una normativa que formalmente todavía no era vigente, al tener carácter de proyecto, por lo que debió realizar las diligencias necesarias para contar con los elementos que le permitieran advertir el sustento de la actuación de quien se ostentó, durante el procedimiento administrativo sancionador electoral, con el cargo de Director General de Imagen Gubernamental.

Es decir, debió allegarse de los elementos que le permitieran establecer cuál era la situación jurídica de quien ostentaba tal cargo, como por ejemplo, su nombramiento, si existía un acuerdo que permitiese realizar el mismo, o que alguien desempeñara tales funciones, y cuáles serían estas, pues resulta claro, a partir del contenido de la resolución que ahora se impugna, que el ciudadano Omar Agustín Camarena González, ostentándose con el carácter de Director General de Imagen Gubernamental, tuvo intervención en la propaganda cuestionada, sin embargo, para efectos de determinar, en su caso, su responsabilidad, resultaba necesario que quedara claramente dilucidado su actuar como funcionario, esto es, el sustento del mismo.

Lo anterior, a efecto de que la determinación adoptada contara con una adecuada fundamentación y motivación, al momento de determinar la responsabilidad de quienes, en su carácter de funcionarios públicos, tuvieron intervención en la propaganda que se consideró infractora de la normativa electoral.

Lo anterior, no significa que la irregularidad determinada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral deba quedar sin consecuencia alguna. Por el contrario, la autoridad responsable, una vez que cuente con los elementos necesarios para determinar el sustento de la actuación de los funcionarios involucrados, deberá proceder a determinar si dicho servidor público o cualquier otro son los responsables de no retirar oportunamente la propaganda señalada como contraventora de la normativa electoral, para proceder en términos de las disposiciones aplicables.

Por lo anterior, debe también revocarse la parte relativa de la resolución impugnada, a efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determine lo que corresponda conforme a derecho.

Por otra parte, derivado de los razonamientos antes expuestos, así como de las consecuencias establecidas en la presente ejecutoria, resulta innecesario pronunciarse respecto de los restantes agravios expuestos por el Partido Acción Nacional, toda vez que los razonamientos que los sustentan se hacen depender de la parte considerativa de la resolución que se ha determinado revocar, para el efecto de que el Consejo General dicte una nueva resolución, atendiendo a lo establecido en la presente sentencia.

Por lo antes expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación SUP-RAP-510/2012, al diverso SUP-RAP-496/2012. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado, conforme al considerando segundo de esta sentencia

SEGUNDO. Se revocan los considerandos Décimo, Undécimo y Duodécimo, de la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT; EL SECRETARIO DE TURISMO; EL SECRETARIO DE SALUD; EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DIRECTOR GENERAL DE IMAGEN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT; DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DE TELEVIMEX S.A. DE C.V., CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHTEN-TV CANAL 13; DE OPERADORA MEGACABLE, S.A. DE C.V., CANAL 101 DE TEPIC, NAYARIT; Y EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAYARIT, PERMISIONARIO DE LA EMISORA XHTPG-TV CANAL 10, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT; POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/PAN/JD02/173/PEF/250/2012 Y SU ACUMULADO SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/264/2012, identificado con la clave CG699/2012.

TERCERO. El Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá proceder a dictar una nueva resolución en la que se atiendan los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria.

CUARTO. Una vez hecho lo anterior, deberá informar a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un plazo de veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

NOTIFÍQUESE personalmente al partido político y por correo certificado al ciudadano recurrente, en los respectivos domicilios señalados para tal efecto; a la autoridad responsable en la cuenta de correo electrónico precisada en sus informes circunstanciados, y por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en los artículos 26, apartado 3, 27, 28 y 48 de la ley de medios citada.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias pertinentes a su lugar de origen y, acto seguido, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.