JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JDC-4984/2011, SUP-JDC-4985/2011, SUP-JDC-4987/2011 Y SUP-JDC-5001/2011, ACUMULADOS

ACTORES: JESÚS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

TERCEROS INTERESADOS: FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIOS: GENARO ESCOBAR AMBRÍZ, RICARDO HIGAREDA PINEDA Y FRANCISCO JAVIER VILLEGAS CRUZ

México, Distrito Federal, a veintiuno de septiembre de dos mil once.

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-4984/2011, SUP-JDC-4985/2011, SUP-JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011, promovidos respectivamente, por Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, María del Carmen Arvizu Borquez, Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, a fin de controvertir de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil once mediante el cual designó a los consejeros electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral de esa entidad federativa, para su renovación parcial, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que los enjuiciantes hacen en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Convocatoria. En sesión extraordinaria de siete de diciembre del dos mil diez, el Consejo Estatal Electoral de Sonora aprobó el acuerdo número veintiuno que contiene la convocatoria para la renovación parcial de sus integrantes.

2. Registro de aspirantes. De conformidad a lo previsto en la citada convocatoria, en el periodo del nueve de diciembre de dos mil diez al nueve de enero de dos mil once, los aspirantes al cargo de Consejo Electoral, entre ellos, los demandantes Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, María del Carmen Arvizu Borquez, Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, presentaron su correspondiente solicitud de registro.

3. Remisión de expedientes al Congreso del Estado. El catorce de febrero de dos mil once, mediante oficio CEE-PRESI/007/2011, la Presidenta y el Secretario del Consejo Estatal Electoral de Sonora remitieron, al Congreso local, ciento cuarenta y dos expedientes de los aspirantes al cargo de consejero electoral, que cumplieron los requisitos previstos en código electoral del Estado y en la convocatoria respectiva, incluidos los de entre ellos los demandantes.

4. Acuerdo del Pleno del Congreso local. El veintiocho de febrero de dos mil once, el Congreso del Estado de Sonora designó a los diputados integrantes de la Comisión Plural, encargada de presentar el dictamen respectivo, con la lista de ciudadanos que podían ser designados para integrar el Consejo Estatal Electoral.

5. Dictamen de la Comisión Plural. El veintiocho de junio de dos mil once, la Comisión Plural, previo estudio y análisis de los expedientes de los ciudadanos que podían ser considerados para integrar el Consejo Estatal Electoral, propuso al Pleno el dictamen correspondiente, con la lista de ciudadanos aptos para ocupar el cargo de consejeros electorales propietarios y suplente.

6. Sesión de cuatro de agosto de dos mil once.

6.1 Rechazo de propuesta. En sesión de cuatro de agosto del dos mil once, se puso a consideración del Pleno del Congreso del Estado la aprobación del dictamen con la lista de los ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de consejeros electorales, la cual fue rechazada por unanimidad de votos, de los diputados presentes en esa sesión.

6.2 Nueva propuesta. En la misma sesión, el diputado Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, integrante de la Comisión Plural, propuso al Pleno del Congreso Estatal modificar los artículos primero y segundo del proyecto de acuerdo de designación de consejeros integrado en el dictamen, en los cuales hizo la propuesta de designar como consejeros electorales propietarios a Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno y Francisco Javier Zavala Segura y como consejera electoral suplente a Olga Lucía Seldner Lizárraga.

6.3 Designación de consejeros. La propuesta mencionada en el punto anterior, fue aprobada por unanimidad de votos, de los diputados presentes, por lo cual la designación de consejeros, propietarios y suplentes, para integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora, para dos procedimientos electorales, quedó de la siguiente forma:

Consejeros electorales propietarios

* Oscar Germán Román Portela.

* Sara Blanco Moreno.

* Francisco Javier Zavala Segura.

Consejera electoral suplente

* Olga Lucía Seldner Lizárraga.

7. Publicación del acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Sonora. El cinco de agosto de dos mil once se publicó, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el acuerdo emitido por el Congreso local, por el cual designó a los consejeros propietarios y suplente, integrantes del Consejo Estatal Electoral de esa entidad federativa.

ll. Juicios para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano. Disconformes con el acuerdo emitido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, precisado en el numeral 7 (siete) del resultando que antecede, mediante ocursos presentados los días diez y once de agosto de dos mil once, ante el Congreso del Estado de Sonora, Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, María del Carmen Arvizu Borquez, Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, promovieron sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

III. Recepción de las demandas. Mediante oficios de quince y veinticinco de agosto de dos mil once, recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior los días dieciséis y veintiséis del mismo mes y año, según correspondió, el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora remitió las mencionadas demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con sus respectivos anexos, así como los correspondientes informes circunstanciados.

IV. Turno. Mediante sendos proveídos de dieciséis y veintiséis de agosto de dos mil once, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar, para cada caso, los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-4984/2011, SUP-JDC-4985/2011, SUP-JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011, con motivo de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano precisados en el resultando III que antecede.

En su oportunidad, los expedientes fueron turnados a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación. Mediante sendos acuerdos, de fechas diecisiete y veintinueve de agosto de dos mil once, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la radicación, en la Ponencia a su cargo, de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves de expediente SUP-JDC-4984/2011, SUP-JDC-4985/2011, SUP-JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011.

VI. Comparecencia. Mediante sendos ocursos, Francisco Javier Zavala Segura, Sara Blanco Moreno y Oscar Germán Román Portela, comparecieron como terceros interesados en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al rubro indicados.

VII. Admisión de demandas. Mediante sendos acuerdos de veinte de septiembre de dos mil once, el Magistrado Instructor admitió, para su correspondiente sustanciación, las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano mencionadas en el resultando cuarto (IV) que antecede, por considerar satisfechos los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación.

Asimismo, el Magistrado Instructor acordó reservar respecto a la comparecencia de Francisco Javier Zavala Segura, Sara Blanco Moreno y Oscar Germán Román Portela, como terceros interesados en los citados juicios ciudadanos, para que en actuación colegiada esta Sala Superior determinara lo que en Derecho correspondiera.

VIII. Cierre de instrucción. Por sendos acuerdos de veintiuno de septiembre de dos mil once, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, en cada uno de los juicios que se resuelven, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, con lo cual los asuntos quedaron en estado de resolución, motivo por el que ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro identificado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c), 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 2, y 83, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata de cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en los cuales los actores aducen violación a su derecho de integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 3/2009, consultable a fojas ciento setenta y nueve a ciento ochenta y una, de la "Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", tomo "Jurisprudencia", volumen 1, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e), así como 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de las impugnaciones de actos o resoluciones vinculados con la designación de los integrantes de las autoridades electorales de las entidades federativas, sea mediante juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o juicio de revisión constitucional electoral, porque como máxima autoridad jurisdiccional electoral le corresponde resolver todas las controversias en la materia, con excepción de las que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas regionales, sin que la hipótesis mencionada esté dentro de los supuestos que son del conocimiento de éstas, además de que en el ámbito electoral local debe velar por la observancia de los principios de imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad que rigen los procesos electorales.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda presentados por Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, María del Carmen Arvizu Borquez, Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, se advierte lo siguiente:

1. Resolución impugnada. En los cuatro escritos de demanda los enjuiciantes controvierten el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil once mediante el cual la Quincuagésima Novena Legislatura Congreso del Estado de Sonora designó a los consejeros electorales, propietarios y suplente, del Consejo Estatal Electoral de esa entidad federativa, para su renovación parcial.

2. Autoridad responsable. En los cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano antes precisados, los demandantes señalan como autoridad responsable a la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora.

En este contexto, es evidente que existe conexidad en la causa; por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente entre sí, de manera expedita y completa, los recursos antes identificados, de conformidad con lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional especializado, es conforme a Derecho acumular los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-4985/2011, SUP-JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011, al diverso juicio radicado en el expediente SUP-JDC-4984/2011, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior y que, en consecuencia, se registró en primer lugar en el Libro de Gobierno de esta Sala Superior.

Por lo anterior, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al expediente del juicio acumulado.

TERCERO. Pruebas en los juicios SUP-JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011. Mediante sendos proveídos de veinte de septiembre de dos mil once, el Magistrado Instructor reservó la admisión de las pruebas ofrecidas por las actoras Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, consistente en:

"IV. INFORME DE AUTORIDAD. Solicito que esa H. Máxima Autoridad Electoral requiera a la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora para que vía informe de autoridad por medio del cual establezca porqué no tomo en cuenta el principio de paridad y ALTERNANCIA DE GÉNERO al momento de hacer la designación de los Consejeros Electorales propietarios y suplentes en la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora."

Al respecto esta Sala Superior considera que no procede admitir el elemento de prueba ofrecido por las enjuiciantes, en razón de que, como se advierte de autos, la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, por conducto del Presidente de su Diputación Permanente rindió, el correspondiente informe circunstanciado en el cual aduce que el acto controvertido fue emitido conforme a Derecho, observando los principios de paridad y alternancia de género, lo cual, hace innecesario el informe que solicitan sea rendido por la autoridad responsable, al haber hecho un pronunciamiento respecto a lo solicitado por las actoras, el cual será motivo de análisis en el estudio del fondo de la litis.

CUARTO. Terceros interesados. Toda vez que, mediante sendos acuerdos de veinte de septiembre de dos mil once, dictados por el Magistrado Instructor en los juicios al rubro indicados, se reservó a la Sala Superior, para que en actuación colegiada, determinara lo que en Derecho correspondiera, respecto a la comparecencia de Francisco Javier Zavala Segura, Sara Blanco Moreno y Oscar Germán Román Portela, como terceros interesados en los citados juicios ciudadanos, de ahí que este órgano colegiado se avoca al estudio correspondiente.

Así se tiene que de la revisión de constancias de autos, se advierte que Francisco Javier Zavala Segura, Sara Blanco Moreno y Oscar Germán Román Portela presentaron, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, sendos escritos, a fin de comparecer como terceros interesados en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-4984/2011, SUP-JDC-4985/2011 y SUP-JDC-4987/2011.

Los ciudadanos mencionados en primero y segundo lugar, presentaron sus respectivos ocursos el veintidós de agosto de dos mil once, en tanto que el ciudadano mencionado en tercer lugar lo hizo el inmediato día veintiséis.

Por otra parte, el treinta de agosto del año en que se actúa, Sara Blanco Moreno presentó, ante la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, escrito a fin de comparecer como tercera interesada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-5001/2011.

Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral los terceros interesados podrán comparecer por escrito, que presenten ante la autoridad responsable, dentro del plazo de setenta y dos horas que establece el párrafo 1, inciso b), del numeral citado, esto es, en el lapso que se hace del conocimiento del público la promoción de un medio de impugnación.

Conforme a lo previsto en el anterior precepto, los ocursos presentados por Francisco Javier Zavala Segura, Sara Blanco Moreno y Oscar Germán Román Portela, a fin de comparecer como terceros interesados en los juicios precisados en el proemio de esta sentencia, se debería tener por no presentados, al no haber sido presentados ante el Congreso del Estado de Sonora, dentro del plazo de setenta y dos horas en que se hiciera del conocimiento de la público en general la promoción de los aludidos medios de impugnación.

Sin embargo, esta Sala Superior advierte que hay circunstancias especiales que impiden resolver de la forma que se precisa en el párrafo anterior.

Esto es así, ya que Francisco Javier Zavala Segura, Sara Blanco Moreno y Oscar Germán Román Portela en sus respectivos escritos aducen que tuvieron conocimiento de la promoción de los juicios al rubro identificados al consultar la lista de acuerdos de esta Sala Superior publicados en internet, pues la autoridad responsable omitió hacer la publicitación de las demandas presentados por los actores.

Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que, en cada caso, el Magistrado Instructor mediante sendos proveídos requirió a la autoridad responsable para que remitiera las constancias de publicitación de los medios de impugnación que ahora se resuelven, pues no habían sido enviadas.

En cumplimiento a lo requerido, el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, remitió diversas fotografías de los avisos de presentación de las demandas de los juicios al rubro indicados, que según fueron fijados a fuera de la Oficialía Mayor del aludido órgano legislativo.

La circunstancia anterior, motivó que el Magistrado Instructor, requiriera nuevamente a la autoridad responsable, a fin de que remitiera original o copia certificada de las constancias con las cuales acreditara que se dio la plublicidad a las demandas de los juicios en que se actúa, en su caso, cumplir el trámite previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo requerido, manifiesto que no se elaboró la constancia relativa a la hora y día en que hizo la publicidad de la demanda y tampoco la certificación sobre el transcurso del plazo legal de setenta y dos horas, previsto en el artículo 17, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de que "no fueron requeridas en esos términos en asuntos anteriores, como son los más recientes SUP-JDC-4940/2011 de Israel Villa Ballesteros y sus acumulados; así como el expediente SUP-JRC-42/2006", de ahí que a las demandas del juicios al rubro indicado se le dieron los mismos trámites que en los expedientes antes precisados.

Razón por la cual, el Magistrado Instructor requirió a la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de su Presidente de la Diputación Permanente, para que:

1. Inmediatamente después de que fuera notificado el proveído, mediante cédula fijada en los estrados de ese Honorable Congreso o en otro lugar o medio que garantice fehacientemente su publicidad, durante un plazo de setenta y dos horas, hiciera del conocimiento público que los actores presentaron demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir diversos actos y omisiones relativos al procedimiento de selección y designación de Consejeros del Consejo Estatal Electoral de Sonora. Esto con la finalidad, dentro del citado plazo, quien así lo considerara pudiera comparecer a juicio, por escrito, con el carácter de tercero interesado.

2. Exhibiera, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del precisado plazo de setenta y dos horas, las constancias siguientes:

2.1 Original o copia certificada de los documentos que acrediten la publicidad dada a la presentación de las demandas, en los estrados del mencionado Congreso local;

2.2 Relativa a la hora y día en que se hizo tal publicidad;

2.3 Certificación sobre el transcurso del plazo legal de setenta y dos horas, previsto en el citado numeral 17, párrafo 1, inciso b), y

2.4 Escrito o escritos del o los terceros interesados que hubieren comparecido o, en su caso, la certificación de no comparecencia de tercero interesado alguno.

Con motivo de lo anterior, el Presidente de la Diputación Permanente remitió, mediante sendos oficios, las constancias de las cuales se puede advertir que hizo del conocimiento del público en general, por el plazo de setenta y dos horas, la presentación de las demandas de los juicios al rubro identificados, cuyas constancias de publicitación remitió, así como los escritos de comparecencia de terceros interesados.

De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad responsable no se ajustó al procedimiento previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que omitió dar publicidad correctamente desde el momento que recibió las demandas, es por ello que con tal conducta irregularidad se privó a los terceros interesados de su intervención legal.

Se arriba a tal conclusión, ya que ante esa omisión de dar publicidad a las demandas de los juicios ciudadanos que se resuelven, es inconcuso que quienes podían comparecer como terceros interesados por tener un interés incompatible con el de los actores, no tendrían la posibilidad de conocer directa e inmediatamente, ni la certeza de que determinado acto que les beneficia ha sido impugnado y por tanto, se restringe la posibilidad de que comparezcan a juicio con esa calidad en el tiempo y forma previstos en la ley.

Pues, si se considera que de la interpretación del artículos artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo aquel que tenga un derecho incompatible con el que pretende el actor, debe ser llamado al procedimiento de que se trate, para darle oportunidad de que fije su postura frente a los hechos controvertidos e incluso sobre los presupuestos procesales y, por ende, esté en posibilidad de aportar pruebas y objetar, en su caso, las de su oponente.

Ahora bien, si los comparecientes tuvieron conocimiento de la promoción de los juicios que ahora se resuelve, por otros medios diferentes a la publicidad que está obligada a dar la autoridad responsable de la demanda, y acudieron a este órgano jurisdiccional de manera inmediata, tal proceder no se puede considerar contrario a la normativa electoral antes precisada.

Expuesto lo anterior, esta Sala Superior considera que es conforme a Derecho que Francisco Javier Zavala Segura, Oscar Germán Román Portela y Sara Moreno Blanco hayan presentado directamente ante esta Sala Superior su escrito de comparecencia como terceros interesados en los juicios al rubro precisados, toda vez que la irregularidad en que incurrió la autoridad responsable al no dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en tiempo y forma, en modo alguno debe ser en agravio de los comparecientes.

No es óbice a lo anterior, que con motivo de la publicidad dada a las demandas durante las veinte horas cero minutos del seis de septiembre de dos mil once a las veinte horas cero minutos del inmediato día nueve, por parte de la autoridad responsable, Francisco Javier Zavala Segura y Oscar German Román Portela, presentaran sendos escritos de comparecencia como terceros interesados, sin embargo, ese proceder no afecta a lo resuelto por esta Sala Superior en párrafos atrás, si se tiene en considerado lo que, esa nueva comparecencia se hizo cumplimiento lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y al existir incertidumbre respecto a la procedencia de su primera comparecencia.

QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio del fondo de la litis planteada en los juicios al rubro identificados, se deben analizar y resolver las causales de improcedencia, por ser su examen preferente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que atañe directamente a la procedibilidad de los medios de impugnación.

En este particular, cabe precisar que Francisco Javier Zavala Segura y Sara Blanco Moreno, quienes comparecen como terceros interesados en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado en los expedientes SUP-JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011 aducen que los aludidos medios de impugnación son improcedentes en razón de que los escritos de demanda fueron presentados de manera extemporánea.

Para ello, la tercera interesada aduce que el cuatro de agosto de dos mil once, el Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó el acuerdo por el cual designó a los consejeros electorales, propietarios y suplente, para integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora, el cual fue publicado, en el Boletín Oficial de esa entidad federativa, el inmediato día cinco, mientras que el escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-5001/2011, fue presentado por Nydia Eloisa Rascón Ruiz ante el Congreso local el veintidós de agosto del año en que se actúa.

Mientras que Francisco Javier Zavala Segura aduce que la demanda suscrita por Sagrario Penélope Palacios Romero, es extemporánea porque no fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso de Sonora, por lo cual no hay certeza de la fecha y hora en que se recibió.

A juicio de esta Sala Superior la causal de improcedencia aducida por los terceros interesados es infundada por las siguientes consideraciones.

El artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé que la demanda se debe presentar dentro del plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente de aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado o de que se hubiere notificado, de conformidad con la ley aplicable.

Además, de conformidad con el artículo 7, párrafo 2, de la ley en consulta, cuando la violación reclamada no se produzca durante el desarrollo de un procedimiento electoral, federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, es decir, todos los días, con excepción de los sábados, domingos y los demás días considerados inhábiles, en términos de ley, lo cual ocurre en la especie, porque en el Estado de Sonora no se lleva a cabo procedimiento electoral alguno.

En efecto, el cinco de agosto de dos mil once fue publicado, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el acuerdo por el cual se designó a los consejeros electorales integrantes del órgano de autoridad administrativo electoral local, como se advierte de la constancia que obra en el expediente del juicio al rubro identificado, documento al cual se le otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 14, párrafo 1, inciso a), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a lo previsto en el numeral 30, párrafo 2, de la citada ley adjetiva federal electoral, los actos o resoluciones que, en los términos de la legislación aplicable o por acuerdo del órgano competente, se deban publicar en el Diario Oficial de la Federación o en los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas, en los estrados de los órganos del Instituto y de las Salas del Tribunal Electoral, no requieren notificación personal y surten sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación.

En el particular la publicación del acuerdo controvertido se hizo el viernes cinco de agosto de dos mil once, la cual surtió efectos el inmediato lunes ocho de agosto, porque los días seis y siete de agosto son inhábiles, por corresponder a sábado y domingo, respectivamente.

Por tanto, si el acto controvertido surtió sus efectos el ocho de agosto de dos mil once, el cómputo del plazo para promover el juicio precisado transcurrió del martes nueve al viernes doce del mismo mes y año.

Ahora bien, como se adelantó la aludida causal de improcedencia es infundada por las siguientes consideraciones.

La calificación de infundada radica en que Sara Blanco Moreno parte de la premisa errónea de que la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que motivó la integración del expediente clave SUP-JDC-5001/2011 fue presentada el día veintidós de agosto de dos mil once.

En efecto, a foja once de los autos del expediente SUP-JDC-5001/2011, obra el oficio 4549-I/11 de dieciocho de agosto de dos mil once, por el cual el Director General Jurídico del Congreso del Estado de Sonora informa a esta Sala Superior que Nydia Eloisa Rascón Ruiz presentó ante ese Congreso local, el once de agosto del año en que se actúa, demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y manifiesta lo siguiente:

[…] Es preciso dejar asentado que dicho escrito fue recibido en el Departamento de Atención Ciudadana del Congreso del Estado de Sonora, en la fecha indicada y fue remitido a la Dirección General Jurídica de este Poder Legislativo, este día 18 de agosto del año en curso, siendo la razón por la cual se remite el aviso que señala la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación con el retraso resultante.

[…]

La citada documental tiene valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 14, párrafo 1, inciso a), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuya autenticidad y contenido no está controvertido y menos aún desvirtuado en autos.

En este contexto, es inconcuso para esta Sala Superior que la demanda del juicio ciudadano promovido por Nydia Eloisa Rascón Ruiz fue presentada el jueves once de agosto del año en que se actúa, como se advierte del sello de recepción del Departamento de Atención Ciudadana del Congreso del Estado de Sonora, impreso en la primera foja del respectivo escrito de demanda, la cual obra en autos a foja trece del expediente clave SUP-JDC-5001/2011.

Ahora bien, Francisco Javier Zavala Segura afirma que no hay certeza de la fecha y hora en que Sagrario Penélope Palacios Romero presentó su escrito de demanda, al no haberlo hecho ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Sonora, por lo cual, no reúne el requisito de oportunidad previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

No asiste la razón al tercero interesado, ya que si bien la demanda no fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso, lo cierto es que la misma fue recibida por la Dirección General Jurídica del citada Congreso, como se advierte del sello de recepción que se imprimió en la primera foja de la demanda, imagen que se inserta a continuación.

Documento que tiene valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 14, párrafo 1, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de que su autenticidad y contenido no está controvertido y menos aún desvirtuado en autos, pues en el informe circunstanciado que rindió el Presidente de la Diputación Permanente del citado congreso, no argumento que la demanda no hubiese sido presentada ante ese órgano legislativo responsable.

Ahora bien, cabe precisar que conforme a lo previsto en el artículo 192, inciso B), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, la Dirección General Jurídica es un órgano auxiliar de la Oficialía de Mayor del Congreso.

De ahí que, es falso de que no exista fecha y hora cierta de la presentación de la demanda de Sagrario Penélope Palacios Romero, pues del propio sello impreso en el documento, se advierte que se recibió a las veintitrés horas del día once de agosto de dos mil once.

Por tanto, contrariamente a lo afirmado por los terceros interesados, es evidente que si el plazo para promover los juicios ciudadano transcurrió del martes nueve al viernes doce del mismo mes y año y las demandas fueron presentadas el jueves once, a juicio de este órgano jurisdiccional la presentación de las demandas fue oportuna.

En consecuencia, no es conforme a Derecho considerar que se actualiza la causal de improcedencia invocada por los terceros interesados.

Ahora bien, como este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, que se actualice alguna causal de improcedencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de ahí que se considera que es conforme a Derecho llevar a cabo el estudio del fondo de la litis planteada, previa transcripción de los argumentos hechos valer por los accionantes.

SEXTO. Conceptos de agravio.

I. Juicio ciudadano SUP-JDC-4984/2011. En el escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, se aducen los siguientes conceptos de agravio:

[…]

PRIMER AGRAVIO.- Se hace consistir en que con la determinación tomada por el Congreso del Estado de Sonora mediante el Dictamen y Acuerdode fecha cuatro de agosto de 2011, que designa Consejeros Electorales Propietarios a los Ciudadanos: Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno y Francisco Javier Zavala Segura, y Consejera Electoral Suplente a Olga Lucía Seldner Lizárraga, vulnera lo dispuesto en los artículos 14, 16, 35, fracción II, 41, 116, fracción IV, incisos, b) y c), y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que atenta contra los principios de legalidad, independencia, certeza, objetividad, imparcialidad, transparencia y equidad, porque la designación de consejeros no se llevó a cabo con sujeción a principios y criterios ciertos, objetivos e imparciales, predeterminados, que garanticen la participación de los ciudadanos en dicho proceso de designación, al menos para que los interesados que reúnan los requisitos respectivos tengan la oportunidad de postularse al cargo en condiciones de igualdad, esto es así en virtud de que en la designación de los ciudadanos Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno, Francisco Javier Zavala Segura y Olga Lucía Seldner Lizárraga, se violento el principio de LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA, esto en virtud de que fue un hecho público y notorio que en la designación intervino el Ejecutivo del Estado a través del Secretario de Gobierno, quien se estuvo reuniendo con los coordinadores parlamentarios del PRI Y PAN del Congreso del Estado, por lo que los ciudadanos designados, ninguno debe de ocupar el puesto de Consejero Electoral, por lo desaseado de su designación y con lo cual contamino el proceso de elección de los cuatro consejeros y por lo tanto esta Sala Superior deberá revocar el acuerdo No. 194 impugnado, y ordenar se reponga el procedimiento de selección y se nombren a los cuatro Consejeros Electorales distintos de los nombrados en el acuerdo impugnado, y que en la designación, se respeten los principios constitucionales y el procedimiento de selección acordado por la misma comisión, para comprobar el hecho público y notorio de la intromisión del ejecutivo en la designación, se anexan notas periodísticas y comentarios de columnistas, que dan cuenta de esto.

Ahora bien el Congreso del Estado a llevado a cabo un proceso de selección de los Consejeros Electorales, plagado de irregularidades, como esta sala superior ya tiene conocimiento, puesto que le ordeno que los designaran en un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución al Juicio identificado como SUP-JDC-4940/2011, el cual se resolvió en la sesión pública de fecha 20 de Julio del año en curso, posteriormente a la notificación y lejos de reunirse la Comisión Plural del Congreso del Estado, para analizar los perfiles y currículos de los aspirantes y de esta forma seleccionar a los que tuvieran el mejor perfil, de acuerdo a su experiencia, conocimientos y trayectoria laboral relacionada con la materia electoral y de esta forma realizar el dictamen que pondrían a consideración del pleno, el procedimiento por el cual se seleccionaron a los Consejeros es que se reunieron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI Y EL PAN, con el secretario de Gobierno del Estado para definir quienes serían los consejeros que sustituirían a los tres propietarios y al suplente, lo que viola el procedimiento marcado en la convocatoria, la constitución política del Estado y la Ley Electoral vigente, violentando flagrantemente los principios de LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA, por lo que debe de revocarse el acuerdo 194 emitido por el Congreso del Estado hoy impugnado y ordenar este Tribunal que se reponga el procedimiento y se lleve a cabo conforme lo marca la ley y que en el dictamen que se emita por parte de la comisión Plural no se incluya a ninguno de los designados en el acuerdo impugnado, por existir la presunción de que no son totalmente imparciales y por haberse contaminado con el proceso irregular como fueron designados y lo que resulta sospechoso es que fueron elegidos por unanimidad y que no existió ningún dictamen de la Comisión Plural en el que debidamente fundado y motivado se expusieran las razones por las cuales fueron propuestos y el método de selección que se utilizo, así como cuales son los atributos por los cuales sobresalían del resto de los aspirantes y los ubicaban como los idóneos para ocupar los puestos de consejeros electorales, ya fueran sus méritos académicos, experiencia laboral, etc., todo esto relacionado obviamente con el área electoral y con las cuales arribara dicha Comisión Plural a la conclusión de que los ciudadanos seleccionados, garantizaban EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS Y CAPACIDAD en materia electoral y además garantizaban a la ciudadanía que en la función que realizarían como Consejeros Electorales, respetarían los principios de LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CERTEZA, INDEPENDENCIA, Y TRANSPARENCIA.

Ahora bien el suscrito soy litigante del derecho electoral desde el año de 1997, tal y como existen constancias en la sala regional de Guadalajara Jalisco y en esa misma Sala Superior, que por citar algunos expedientes, son SUP-REC-040/97, SUP-REC-067/97, SUP-JRC-345/2003, SUP-REC-357/2003, SUP-JRC-358/2003, entre otros, me toco asistir a varios seminarios organizados por la sala regional de Guadalajara, donde se trato de la reforma Constitucional y electoral de Agosto de 1996 y la creación de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Noviembre de 1996, dichos seminarios fueron impartidos en la ciudad de Guadalajara en los meses de Febrero y después en Mayo de 1997, impartidos por los magistrados de la sala regional cuyo presidente era el Lic. Gabriel Gallo, fui el Director Jurídico del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes en el proceso electoral 1997-1998, tengo un diplomado en derecho electoral impartido por personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se puede ver tengo amplia experiencia y preparación académica en la materia electoral y por el contrario los ciudadanos Oscar Germán Román Pórtela, Sara Blanco Moreno, Francisco Javier Zavala Segura y Olga Lucía Seldner Lizárraga, quienes fueron designados por unanimidad como Consejeros Electorales, el conocimiento de la materia electoral es relativamente aceptable de las dos mujeres, pero en el caso de los hombres resulta por demás lamentable que el Congreso del Estado no haya escogido ciudadanos con un perfil más alto de tantos que participamos, puesto que experiencia y capacidad es el ingrediente fundamental en los ciudadanos que pretendan integrar el Consejo Estatal Electoral, ya que como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala Superior, en la integración de los Órganos Electorales responsables de Organizar las Elecciones en los Estados, se deben seleccionar los mejores perfiles, que garanticen certeza en sus actos, legalidad en los acuerdos, objetividad en sus acciones, independencia en su actuar e imparcialidad en la aplicación del derecho; principios rectores en la materia electoral y criterio de todos y cada uno de los Magistrados que integran el Pleno de esta Sala Superior, tal como quedo asentado en la sesión pública del día 20 de Julio, cuando opinaron con relación al proyecto de resolución en el expediente SUP-JDC-4899/2011, referente a la designación de Consejeros del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí S y que revocaron el acuerdo del Congreso del Estado.

Ahora bien el Agravio que se me causa con el decreto dictado por el Congreso del Estado de Sonora, es que en la designación de los Consejeros Electorales debí de ser tomado en cuenta como uno de los dos propietarios que se designaron, esto en atención a lo ya argumentado en el cuerpo de este escrito y en respeto a la normatividad y a los principios de LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y CERTEZA, que deben regir en todo órgano electoral,

En forma reiterada esta Sala Superior ha resuelto que, el mecanismo de designación de los consejeros electorales debe ser acorde con lo dispuesto en el referido artículo 35, constitucional, pues los ciudadanos tienen el derecho político-electoral de poder ser nombrados para cualquier cargo empleo o comisión teniendo las calidades que exija la ley, el cual debe constituir una base objetiva y cierta, apta para evaluar el grado de cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral, por parte de los aspirantes a consejeros.

El diverso precepto constitucional 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral y, en particular, de las autoridades encargadas de la organización de las elecciones, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Tiene aplicación en el caso concreto la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice:

INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.—(Se transcribe)

Asimismo, el artículo 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que todos los ciudadanos deben gozar, entre otros, del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Por su parte, el artículo 25, párrafo primero, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2 de dicho Pacto (por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social) y sin restricciones indebidas, de derecho y oportunidad, entre otros, de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Asimismo, en este ultimo instrumento internacional, en su artículo 5°, se establece que ninguna disposición del Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. De igual forma, se establece que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Lo antes señalado resulta de suma importancia, porque hace patente la obligación de los órganos de los Estados parte, de realizar una interpretación de las normas contenidas en dicho Pacto, de manera tal que no se atente contra los derechos y libertades reconocidos en él, asimismo, se instituye la prohibición de establecer en cualquier ordenamiento jurídico, incluso en el derecho consuetudinario, normas que restrinjan o menoscaben alguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes, lo cual interpretado a contrario sensu, permite concluir, que cuando se trate de la interpretación de una norma, el juzgador debe privilegiar aquella que amplié el uso y goce de los derechos humanos fundamentales, que permita y garantice su pleno ejercicio.

Lo anterior también se establece como método de interpretación de la Convención Americana de Derechos humanos, la cual en su artículo 29, establece que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno.

Precisado lo anterior, en el caso concreto, el proceso de designación de consejeros electorales en el Estado de Sonora se encuentra previsto en los artículos 22, y 64, fracción XX, de la Constitución local, así como 3, 75, 86, 88, 89, y 92S del Código Electoral |para el Estado de Sonora:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA

ARTÍCULO 22.- La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo sonorense se ejerce por medio de los Poderes Públicos del Estado. El Gobierno es emanación genuina del pueblo y se instituye para beneficio del mismo.

La elección a Gobernador del Estado, de los Diputados al Congreso del Estado y de los integrantes de los Ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas.

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Consejo Estatal Electoral seré autoridad en la materia independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral, conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Los Consejeros Estatales Electorales durarán en su encargo dos procesos electorales ordinario sucesivos. El Consejo Estatal Electoral será renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario.

En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observaré, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa será obligatorio conformarlo por ambos géneros.

ARTICULO 64. El Congreso tendré facultades:

XX.- Para nombrar a los magistrados propietarios y a los magistrados suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa y a los consejeros estatales electorales propietarios y suplentes comunes del Consejo Estatal Electoral, según el procedimiento establecido por esta Constitución y la Ley;

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia., imparcialidad y objetividad serán rectores de la función electoral.

La interpretación del presente Código se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

ARTÍCULO 75.- Los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos., son los siguientes:

I.- El Consejo Estatal;

II.- Los Consejos Distritales;

III.- Los Consejos Municipales; y

IV.- Las mesas directivas de casilla.

ARTÍCULO 86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento, Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del presente Código.

ARTÍCULO 88.- Los consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las bases siguientes:

I.- El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso electoral ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que determine el propio Consejo. Dicha convocatoria será dirigida a los ciudadanos residentes en la entidad, a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo Estatal, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con lo establecido para dicho efecto en la convocatoria y en éste Código;

II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que se requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses;

III.- El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes;

IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el pleno que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prefación, en su caso.

Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo dictamen;

V.- El procedimiento por el cual el Congreso nombraré a los consejeros del Consejo Estatal Electoral, deberá llevarse a cabo antes de que concluya el mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente artículo deberán rendir la protesta de Ley,

VI.- El Consejo Estatal será renovado parcialmente cada proceso electoral. Los consejeros durarán en su cargo dos procesos sucesivos.

ARTÍCULO 92.- Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

II.- Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación;

III.- Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;

IV.- No ser ni haber sido ministro de cuito religioso en los cinco años anteriores a su designación;

V.- Contar con credencial con fotografía para votar;

VI.- No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;

VII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación;

VIII.- No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación;

IX.- No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación;

X.- No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal;

XI.- No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

XII.- No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de segundad pública;

XIII.- No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del ministerio público federal o estatal; y

XIV.- No ser notario público.

De conformidad con los preceptos antes transcritos, para la designación de los consejeros electorales que integran el Consejo Electoral del Estado de Sonora se debe observar lo siguiente:

1. El Congreso del Estado de Sonora es el órgano facultado para llevar a cabo la designación de los Consejeros Electorales y, en consecuencia, para aplicar las normas de la ley electoral local en el proceso correspondiente, en observancia a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad previstos en el artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 3, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

2. Para ser consejero electoral, se deberán reunir los requisitos que establece el artículo 92, del Código Electoral para el Estado.

3. El Congreso del Estado elige a cinco consejeros electorales propietarios y tres suplentes.

4. Los consejeros electorales duran en su cargo dos procesos sucesivos.

5. La elección se lleva a cabo en el mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

6. El Congreso del Estado integra una Comisión Plural para que previo el estudio y análisis correspondiente presente el dictamen correspondiente.

7. El pleno del Congreso define por votación de las dos terceras partes quienes fungirán como consejeros propietarios y suplentes, así como la prelación correspondiente.

Como se advierte, la Constitución local, concretamente en su artículo 22, establece el procedimiento de elección de los consejeros electorales, así mismo el articulo 88 en su fracción IV segundo párrafo y congruente con lo anterior, el artículo 92, del Código Electoral para el Estado se establecen los requisitos para ser designado consejero del Consejo Estatal Electoral de Sonora, como se puede apreciar en la designación de los Consejeros Electorales, se violento el procedimiento que marca el referido artículo 88 en su fracción IV segundo párrafo, que a la letra dice:

ARTÍCULO 88.- Los consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las bases siguientes:

IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el pleno que, por el voto de tas dos terceras partes, designará a los consejeros propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, en su caso.

Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo dictamen;

De lo anteriormente transcrito, se desprende sin lugar a dudas que la Comisión Plural emitirá un dictamen que someterá al pleno del Congreso del Estado, para que por el voto de las dos terceras partes sea aprobado, y sigue diciendo dicho artículo que si no se obtiene dicha votación se regrese el dictamen a la Comisión, para que en la siguiente sesión presente uno nuevo, lo que en la especie no sucedió, así tenemos que:

• En la sesión del día 29 de Junio, la Comisión Plural presento un dictamen para su aprobación, al cual se le dio primera lectura.

• Se solicito la dispensa de la segunda lectura, la cual no fue aprobada por las dos terceras partes y se paso para la siguiente sesión.

• La Sala Superior resuelve los Juicios de Protección de los Derechos de los Ciudadanos, ordenándole al Congreso del Estado que en el término de 15 días hábiles designe a los Consejeros Electorales, respetando el procedimiento.

• La Diputación Permanente convoca a sesión extraordinaria para el día 4 de Agosto del año en curso, donde se da segunda lectura al dictamen presentado en la sesión del día 29 de Junio por parte de la Comisión Plural y en donde proponía a cuatro ciudadanos para Consejeros Electorales,

• En el desarrollo de la sesión no se voto el dictamen presentado por la Comisión Plural al pleno por las dos terceras partes, por lo que debió de haberse enviado a la comisión y haber presentado un nuevo dictamen en la siguiente sesión

• No se emitió un nuevo dictamen por parte de la Comisión Plural, para someterlo a discusión y votación del pleno del Congreso

• Se modifico el dictamen en la sesión misma, con lo cual violenta el principio de LEGALIDAD y CERTEZA.

Como se puede apreciar el procedimiento para la elección de Consejeros Estatales Electorales que nos marca el artículo 88 en su fracción IV, se violento y esto se demuestra con la versión estenográfica y el video de la sesión, mismo que ofrezco como pruebas en el presente escrito en el capitulo respectivo.

En razón de lo anterior, el proceso de designación de consejeros electorales debe ser conforme con lo dispuesto en los artículo 35, fracción II, y 116, fracción IV, inciso b) y c), de la Constitución General de la República, así como a los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

En ese sentido, resulta necesario realizar una interpretación conforme de las disposiciones locales que prevén el procedimiento de designación de consejeros electorales de Sonora y lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.

Por tanto, uno de los lineamientos rectores de la interpretación consiste en conservar o mantener el contenido sustancial de la ley, e incluso el accidental o secundario, ya que sólo este último admitiría, de ser técnicamente posible, relevarlo en alguna parte mínima o no esencial, en aras de la prevalencia de un mandato constitucional, y esto únicamente en el caso de que, después de una búsqueda exhaustiva en la que se hayan agotado al máximo todas las formas posibles y admisibles racional y razonablemente, no se encuentre que alguna conduce a darle significado a la parte que es susceptible de relevo, para hacer acorde el precepto con la regla o principio constitucional que se pretenda asegurar, circunstancia que además debe estar plenamente demostrada.

Así, el intérprete ha de tener en cuenta esta indisoluble conjunción entre máxima eficacia posible de la Constitución, y conservación del contenido de la ley jerárquicamente inferior. Es claro, pues, que la interpretación conforme con la Constitución, de los preceptos legales tiene límites, entre los que se cuentan el de respeto al contenido sustancial de aquellos, como consecuencia de la efectividad del principio de conservación de las normas. Por tanto, este tipo de interpretación no alcanza, como es obvio, para desconocer, desfigurar o mutilar el sentido de los enunciados normativos en sus elementos esenciales, o para sustituirlos por otros distintos.

Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de jurisprudencia 176/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema corte de justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:

Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Diciembre de 2010, novena época, página: 646

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico.

De todo lo anterior se obtiene que en el orden jurídico, estructurado en forma escalonada, en donde las normas constitucionales son jerárquicamente superiores, las normas de menor jerarquía deben considerarse sujetas a las de mayor jerarquía, de tal manera que si la Constitución General de la República prevé como prerrogativa de los ciudadanos poder ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; y que la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Desde un punto de vista normativo, el Código Electoral del Estado de Sonora, ordenamiento de menor jerarquía con respecto a la Constitución Federal no pueda ser interpretado de forma tal que haga nugatorio el ejercicio de tal derecho político-electoral de los ciudadanos de poder participar en condiciones de igualdad, reuniendo los requisitos que el propio código exige, en el procedimiento de designación de consejeros del Consejo Estatal Electoral de Sonora, pues, como se mencionó, el hecho de que en el referido ordenamiento legal se otorgue la facultad de designar a los consejeros electorales a los Diputados del Congreso del Estado, ello no implica que dicha facultad pueda ser interpretada en el sentido de que la misma restrinja o vulnere los derechos ciudadanos.

En ese sentido, de una interpretación de lo dispuesto en los artículos 3º del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el cual se establecen los principios rectores de la función electoral, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, párrafo primero, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que todos los ciudadanos deben gozar, entre otros, del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país; 35, fracción II, y 116, fracción IV, inciso b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley, y que serán principios rectores del ejercicio de la función electoral y, en especial, de las autoridades encargadas de la organización de las elecciones, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Debe por tanto concluirse que lo dispuesto en los artículos 22, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 86 y 88, del Código Electoral para el Estado, en los cuales se establece el procedimiento de designación, así como los requisitos que deben reunir los consejeros electorales, debe ser interpretado de manera que no se restrinja, limite o menoscabe algún derecho fundamental, en el caso concreto, el derecho político electoral de los ciudadanos de poder ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.

Porque de esa manera, lo previsto en dichos preceptos de la normativa local, se interpretarían de conformidad con la Constitución federal y los tratados internacionales.

En efecto, es necesario advertir la condicionante que se desprende expresamente del artículo 3º del código electoral local, puesto que implica el derecho de los ciudadanos de acceder a dicho cargo, bajo un procedimiento que, sujeto a otras garantías institucionales, asegure la observancia de los principios rectores de la materia, y sobre todo cuando se cumplan las calidades (requisitos) previstos en la Constitución y en la ley.

En ese sentido, en el caso concreto, los Diputados integrantes de la Comisión Plural que propone a los Consejeros Electorales al Pleno del Congreso en observancia a los principios de equidad e igualdad deben tratar en forma similar a los aspirantes a consejeros en lo que atañe al proceso de conformación de su Dictamen, asimismo, en forma invariable, debe sujetarse a los principios constitucionales y atendiendo a los principios que establece la Jurisprudencia obligatoria que al efecto ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)".

En efecto, debe reconocerse que los Diputados integrantes de la Comisión Plural deben conformar la integración de las propuestas al Pleno del Congreso a partir de un mecanismo debidamente fundado y motivado que sustente la propuesta de designación de consejeros electorales.

Lo anterior, en el entendido de que cualquiera que sea la determinación respectiva, en forma invariable, se debe garantizar la transparencia de su actuar y la cabal observancia de los principios rectores de la materia electoral. De esa manera, se puede asegurar la observancia de la certeza y la objetividad, así como contribuir a la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano.

Lo anterior, es acorde con lo dispuesto en los artículos 22, de la Constitución del Estado, 86 y 88, del código electoral local, en razón de que los integrantes de la Comisión Plural nombrada al efecto son los facultados para presentar su Dictamen al Pleno en donde se propongan los consejeros electorales propietarios y suplentes, así como para definir el procedimiento respectivo, pero respetando en todo momento el derecho político-electoral de los ciudadanos para acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad.

Lo cual, no desplaza o inhibe la necesidad de que el Pleno del Congreso del Estado de Sonora, a su vez, examine y verifique que los candidatos a los cargos de consejeros que conformen las propuestas de la Comisión Plural integrada por los diversos grupos parlamentarios cumplen los requisitos constitucionales y legales respectivos.

En efecto, es inconcuso que la discrecionalidad que se reconoce a la Comisión Plural para conformar sus propuestas, así como para definir las bases o principios para tales efectos, no es una atribución que pueda revestir una forma arbitraria o caprichosa, no razonable, porque está sujeta a criterios de proporcionalidad, equidad e igualdad en el que sí bien se puede optar por un amplio abanico de posibilidades que lo regulen y justifiquen, la decisión respectiva debe recaer sobre aquellas que no hagan nugatorio el ejercicio de un derecho político-electoral (acceso a los cargos públicos), bajo condiciones de igualdad y sin discriminación, así como de transparencia.

Lo anterior, en razón de que el proceso de designación de los consejeros electorales constituye una de las garantías institucionales indispensables para la observancia de los principios rectores del ejercicio de la función electoral, por parte de la autoridad administrativa electoral local, junto con otros como, por ejemplo, ocurre con los requisitos profesionales y apartidistas para ocupar el cargo; el régimen de responsabilidades aplicables, así como las causas de impedimento y las condiciones de estabilidad en el cargo.

Orozco Henríquez, José de Jesús, "El contencioso electoral, la calificación electoral", Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, Dieter Nohlen, et al, México, coed. IIDH, Universidad de Heildelberg, IDEA, TEPJF, IFE y FCE, 2007, páginas 1187-1188.

Esta posición se sustenta en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 1/2011, de rubro:

"CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)".

Conforme con el principio de certeza rector de la materia electoral y con el principio de publicidad exigible a toda autoridad, previstos en los artículos 6º y 41, base V, párrafo primero, de la Constitución Federal, el proceso de designación de los integrantes del órgano electoral, debe llevarse a cabo con sujeción a principios y criterios ciertos, predeterminados, que puedan ser conocidos por los ciudadanos interesados en participar en ese proceso, según se explica enseguida.

La organización, desarrollo y calificación de las elecciones a través del Consejo Estatal Electoral recae en ciudadanos que carezcan de vínculos con partidos políticos o poderes constituidos, los cuales puedan hacer presumir algún tipo de dependencia hacia dichos partidos políticos o. poderes, tal como se reconoce en el artículo 89, del Código Electoral para el Estado de Sonora y se infiere del estudio de los requisitos para ser consejero electoral, contenidos en el artículo 92, del mismo ordenamiento.

El Consejo Estatal Electoral de Sonora es, de acuerdo con el diseño establecido en la legislación electoral local, un órgano técnico, integrado por ciudadanos y ajeno a intereses partidistas o coyunturales, que no sólo ha de ser independiente de los poderes tradicionales, sino también de otros grupos o factores reales de poder.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en forma reiterada, que la búsqueda de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función electoral, ha influido en la integración y competencia de las instancias responsables de organizar las elecciones, hasta el grado de suprimir toda participación del gobierno y de los partidos políticos en la toma de decisiones relativas a la organización de las elecciones y hacer de estos instrumentos, órganos altamente capacitados en la técnica de administrar y organizar los procesos electorales.

Esto es, en el sistema mexicano, el constituyente diferenció con el término ciudadanización a los integrantes de los órganos electorales que no ostentaban la calidad de simpatizantes partidistas con una actividad preponderante en la organización y funcionamiento de un partido político, pues para éstos reservó la calidad de representantes partidistas dentro de este tipo de órganos.

César, Córdova Vianello Lorenzo, Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional, México, coed. IIJ UNAM e IEPC de Jalisco, 2010, página 31.

La independencia de los integrantes del órgano electoral implica un estatus o relación hacia otros, que se apoya en condiciones objetivas o garantías.

Según ha sostenido el máximo órgano jurisdiccional de México, la independencia es una garantía institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena rectitud, y se patentiza en la ausencia de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o situaciones, y en estricto apego a la normativa aplicable al caso; además, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de sus superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de otras personas.

La noción de independencia ha sido desarrollada en el derecho internacional y la doctrina sobre todo respecto a la figura del juez. Según el punto 2 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, la independencia consiste en la facultad de decidir sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

Aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, así como por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985

En este sentido César Astudillo y Lorenzo Córdova Vianello sostienen que:

"Este principio impone a la autoridad electoral el de mantener una conducta ajena a todo tipo de presiones e intereses particulares de manera que las decisiones que se adopten resulten ciertas, objetivas e imparciales. La independencia de los órganos electorales no debe ser entendida solamente por lo que hace a la no injerencia de los poderes federales o locales en la toma de decisiones de los órganos electorales -salvo por lo que hace a las reglas constitucionales y legales que los involucran directa o indirectamente en el nombramiento e integración de los mismos-, sino, además, en el sentido de que ningún partido político, grupo social, organización o persona de cualquier tipo pueda ejercer efectivamente algún tipo de presión que lesione la actuación legal autónoma de dichos órganos.

Estos conceptos son aplicables mutatis mutandi a la independencia que la Constitución atribuye a los integrantes de los órganos electorales. Uno de los mecanismos indispensables para garantizar esta independencia es el método de nombramiento de los integrantes de los órganos electorales, en el cual debe permitirse abiertamente la participación de los ciudadanos, con sujeción a reglas previas, ciertas y claras; pero, sobre todo, que tengan una amplia difusión que garantice la publicidad como mecanismo de control social o ciudadano.

Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de Jurisprudencia PJJ. 90/2007, intitulada: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTICULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D). DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y. QUE ENTRE PROCESOS RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD".

El proceso de nombramiento de los consejeros electorales constituye uno de los factores fundamentales para garantizar la independencia del funcionario (junto a otros más como las causas de impedimento y las condiciones de estabilidad en el cargo, entre otros); de ahí la exigencia de que se trate de un proceso abierto, transparente y reglado.

Respecto a la importancia del proceso de nombramiento como garantía de la independencia, relacionada con los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que: "Con el fin de establecer si un tribunal puede ser considerado ‘independiente’ según los propósitos del artículos 6.7, se debe considerar, entre otros , a la manera en que son nombrados sus miembros y su término en el cargo, a la existencia de salvaguardias contra presiones externas y a la cuestión de si presenta una apariencia de independencia" (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso incal c. Turquía, sentencia del 9 de junio de 1998, Informes 1998-IV, p. 1571, párr. 65).

Respecto a la exigencia de transparencia en el proceso de designación de Consejeros Electorales, la doctrina afirma que la tarea de elegir determinados cargos de importancia debe Recargarse de dosis apreciables de explicación y publicidad, así como que esos procesos han de desarrollarse con claridad, deben ser conocidos y deliberados por muchos, y han de ser expuestos a la crítica y al conocimiento de actores externos.

Por regla general, el proceso de designación de los integrantes de órganos electorales consiste en un proceso complejo que se desarrolla en el Poder Legislativo, con la participación de los ciudadanos, a partir de las propuestas que formulen las fracciones parlamentarias, y culmina con la decisión adoptada por el Congreso, a través de una mayoría calificada.

En efecto, el acto de designación de los consejeros electorales es entonces, la culminación de un proceso parlamentario compuesto de actos que no son de mero trámite, por lo que a través de ellos se debe dar cumplimiento a los principios de transparencia y de participación ciudadana, previstos en el artículo 6o de la Constitución General de la República, además de las otras disposiciones jurídicas que se invocarán.

Ciertamente, para que el mecanismo de designación constituya un auténtico elemento que contribuya a asegurar que el Consejo Estatal Electoral de Sonora se integra por ciudadanos independientes e imparciales, es indispensable que ese proceso sea transparente, es decir, que todo ciudadano que cumpla con los requisitos constitucionales y legales para acceder al cargo de consejero electoral pueda participar en dicho proceso.

Además, para cumplir con los principios de certeza y objetividad, rectores de la materia electoral, es necesario, asimismo, que los principios y bases que rigen a la designación estén predeterminados y sean conocidos por los aspirantes al cargo y se garantice la transparencia de los mismos, pues sólo puede garantizarse la facultad de los ciudadanos de ejercer y defender sus derechos y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen efectiva oportunidad de conocerlos, mediante un instrumento transparente que de fe de su existencia y contenido.

En ese sentido se pronunció el Tribunal Constitucional español, en la sentencia S. 179/1989.

En efecto, se debe arribar a dichas conclusiones a partir de las siguientes razones:

a) Respecto del ejercicio de la función electoral se prevé expresamente desde la Constitución federal que son principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad [artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal];

b) Las autoridades que tienen a su cargo la organización de las elecciones deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones [artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal];

c) Los partidos políticos (luego, los grupos parlamentarios) son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público [artículo 41, fracción I, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal];

d) Los grupos parlamentarios que actúan al seno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, también forman parte del sujeto obligado, cuyas actuaciones e información son públicas y, por excepción, reservadas, por lo que el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales debe estar documentado, a fin de observar el principio constitucional de transparencia (artículos 6º, párrafo segundo, fracciones I y V, de la Constitución Federal);

e) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad, cuando tengan las calidades que se establezcan en la ley [artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal; 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos], y

f) Las autoridades tienen limitaciones en materia de derechos humanos, porque las disposiciones relativas no pueden ser interpretadas en el sentido de emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de los derechos humanos o a su limitación en mayor medida que la prevista en la normativa internacional [artículos 5°, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos].

En el caso, la Comisión Plural formada en el Congreso del Estado para establecer el procedimiento y analizar los mejores perfiles de entre los solicitantes o aspirantes al cargo de consejero electoral, se comprometieron a hacer a un lado los intereses partidistas y seleccionar de entre los aspirantes a quienes garantizaran mayor independencia, imparcialidad, objetividad y en general todos los principios rectores que contemplan la Constitución General, la Local y el Código Electoral sonorense, cosa que no sucedió así, prevaleció para la designación de los consejeros los intereses de las fracciones parlamentarias del Congreso, atentando así de manera clara e indudable los derechos políticos protegidos por la propia Constitución Política y los Tratados internacionales ya señalados.

La Comisión Plural del Congreso estableció que se realizaría una entrevista con todos los aspirantes, a efectos de conocer sus antecedentes curriculares y su plan de trabajo, previamente, se habían exhibido al momento del registro ante el Consejo Estatal Electoral los documentos que señaló la convocatoria respectiva en la que se convocó a los ciudadanos sonorenses que cumplieran los requisitos señalados en el artículo 92, del Código Electoral para el Estado de Sonora, para su registro como aspirantes, por lo que el Congreso del Estado y sobre todo la Comisión encargada de revisar toda la documentación presentada por los aspirantes tuvo el tiempo suficiente para analizar los antecedentes profesionales de todos los aspirantes a consejero electoral, además en la reunión de trabajo del día 15 de Marzo del año en curso, se tomaron varios acuerdos entre otros los siguientes:

Acuerdo del martes 15 de marzo.-

La Comisión Plural aprobó el método para la selección de los tres consejeros propietarios y uno suplente que consistirá en entrevistas los días martes y miércoles a los 142 aspirantes registrados ante el Consejo Estatal Electoral, una vez que inicie el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias el 1 de abril del presente.

El diputado Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la citada Comisión, informó durante la reunión de trabajo que las audiencias no serán obligatorias y los trabajos se desarrollarán a más tardar hasta el 31 de mayo, a fin de tener un dictamen listo antes del 30 de junio.

"Quien quiera venir que venga, pero se les va a hacer una invitación para cuando menos plantear algunas cuestiones y conocerlos personalmente, no para hacer calificaciones ni para evaluar, simplemente como una garantía de audiencia y un derecho de los miembros de la Comisión de conocer a los aspirantes", expresó.

Durante la reunión de trabajo, los secretarios de la Comisión Plural, diputados Faustino Félix Chávez, Roberto Ruibal Astiazarán, Damián Zepeda Vidales, Jesús Alberto López Quiroz, Cuauhtémoc Galindo Delgado, José Guadalupe Curiel y Óscar Manuel Madero Valencia analizaron las propuestas y dieron a conocer sus puntos de vista sobre cada una.

Estas fueron:

•Asignar 20 minutos por aspirante;

•Realizar un máximo de seis preguntas;

•Privilegiar el orden de aparición y entrevista conforme a la fecha de registro ante el CEE;

•Reconocer el quórum mínimo de tres diputados de la Comisión para el desarrollo de las entrevistas;

•Respetar la garantía de audiencia que tiene cualquier persona para poder objetar, opinar o emitir opiniones respecto de los aspirantes a integrar el organismo electoral, para lo cual se propuso publicaren diarios de circulación estatal, tanto la lista de aspirantes como conceder un plazo de diez días hábiles para conceder que cualquier persona ejercite dicho derecho.

•Preparar el primer borrador de dictamen la primera semana de junio y someter el dictamen a aprobación a más tardar el 14 de junio.

Basar los criterios de selección en aquellos aspirantes que pudieran garantizar profesionalismo, capacidad y preparación.

La decisión adoptada por la Comisión que analizó los expedientes de todos los solicitantes produjo una situación de desigualdad entre los participantes en el proceso de designación, puesto que en el nombramiento de los consejeros, no respeto sus acuerdos entre otros el último de ellos que consiste en "• Basar los criterios de selección en aquellos aspirantes que pudieran garantizar profesionalismo, capacidad y preparación", le dio valor a los documentos exhibidos por algunos aspirantes, desestimando los de varios, entre los que me encuentro, a pesar de que los antecedentes personales, trayectoria profesional y capacidad demostrada en la materia electoral no dejan duda de que, reúno las condiciones necesarias para ser designado consejero electoral, tomando en cuenta que el suscrito ya desempeñe el cargo de director jurídico del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en el periodo comprendido de septiembre del 1997 a octubre del 1998, litigante en derecho electoral desde el año de 1997 lo cual demuestro con los expedientes SUP-REC-040/97, SUP-JRC-067/97, SUP-JRC-345/2003, SUP-JRC-358/2003, SUP-JRC-357/2003, que existen en los archivos de esta Sala Superior y en donde aparezco en todos ellos autorizado como abogado litigante. En el escrito de demanda o en el de tercero interesado, entre muchos otros expedientes más que existen en la sala regional lo en esta misma Sala Superior, pero además curse un diplomado de derecho electoral impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial cíe la Federación y los ahora designados como consejeros, dos de ellos los hombres) no demuestran tener conocimientos de la materia electoral, de ahí tal falta de certidumbre y objetividad, con independencia de la violación al procedimiento establecido por la propia comisión plural del Congreso del Estado, por otro lado esta Sala Superior ya definió un criterio en la sesión del día 20 de Julio al resolver el expediente No. SUP-JDC-4899/2011 Y SUS ACUMULADOS(CASO SAN LUIS), en cuanto a que en la integración del máximo Órgano Electoral en el Estado, deben de cuidar los Diputados que los ciudadanos que sean elegidos reúnan el perfil, en cuanto a conocimientos, experiencia y capacidad en materia electoral, esto para que garantice el desempeño profesional de el cargo de Consejero, por lo que me causa agravio el decreto emitido por el Congreso del Estado, en donde designo a los Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno, Francisco Javier Zavala Segura y Olga Lucía Seldner Lizárraga, como Consejeros Estatales Electorales, sin que reunieran el perfil requerido para el cargo.

La falta de objetividad e imparcialidad en la decisión tomada por el Congreso del Estado deriva en forma muy importante de no fundar y motivar, ni mucho menos señalar los elementos que se tomaron en consideración para llegar a la determinación de que personas reúnen los requisitos más idóneos para desempeñar el cargo de consejero electoral.

Se sostiene por el Congreso del Estado de Sonora, en el Dictamen impugnado, lo siguiente: "Para arribar y sostener esta propuesta de recomendación se ha tomado en cuenta, básicamente, que los mencionados ciudadanos reúnen los requisitos legales previstos para el cargo como se describió con antelación en cada uno de ellos; además y sin que ello sea vinculatorio para determinar proponerlos para que ocupen dichos cargos solo como dato adicional ilustrativo consideramos que dichos aspirantes por sus características propias, del ejercicio de su profesión, conocimientos de la materia, representan garantía del cumplimiento de la función electoral bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, no sólo por sus antecedentes curriculares sino también por su desempeño profesional, académico y de inserción y reconocimiento social". Lo anterior resulta ser incorrecto, toda vez que, de haberse cumplido con tales parámetros, el suscrito hubiese sido designado Consejero Electoral, al no hacerlo así, se vulneran mis derechos humanos y mis derechos político electorales.

En las constancias que obran en el Congreso del Estado derivadas del procedimiento de selección de los consejeros electorales no se advierte que se haya realizado un análisis serio y detallado de las documentales exhibidas y que acreditan el cumplimiento o por lo menos la presunción de que se reúne el perfil más idóneo para desempeñar el cargo de consejero electoral con la garantía de que sea lo más conveniente al principio de imparcialidad y legalidad que debe caracterizar a los organismos electorales.

Lo antes señalado evidencia la falta de objetividad y transparencia en el procedimiento seguido por los Diputados integrantes de la Comisión encargada, pues en lo personal ignoro cuales fueron los parámetros para descartar mi solicitud, ya que con toda certeza puedo afirmar que, además de reunir todos los requisitos que señala el artículo 92, del Código Electoral para el Estado y los determinados en la convocatoria respectiva, por mi trayectoria profesional y mi desempeño en la función electoral quedó acreditado que el suscrito reúno a cabalidad los requisitos legales y garantizo un desempeño apartidista, objetivo e imparcial en mi función de consejero, por tanto, al no fundar ni motivar las razones por las que no se consideraron los elementos aportados por el suscrito, además de haber cumplido con una entrevista personal con la Comisión encargada del análisis y selección se vulneran mis derechos políticos, razón por la que acudo ante el Órgano Jurisdiccional más alto de México para el efecto que determine la ilegalidad en que incurrió el Congreso del Estado de Sonora y ordene la reparación del agravio a al suscrito realizado.

Es evidente que el rubro experiencia profesional, en forma alguna atiende a la experiencia laboral en materia electoral, porque se debe hacer un análisis completo del perfil laboral, tanto en experiencia como en cargos ejercidos. Ajuicio del suscrito, la evaluación en experiencia laboral, debe ser integral, atendiendo al campo de desarrollo y su vinculación directa e inmediata con la materia electoral.

Es mi convicción que, el Congreso del Estado de Sonora debió respetar los parámetros necesarios para determinar preponderantemente que los Consejeros Electorales, sean aquellos participantes que tengan experiencia laboral y la formación académica, vinculadas necesariamente con la materia electoral, a efecto de conformar el Consejo Electoral con los mejores perfiles, que desde luego garanticen un debido funcionamiento en el organismo, todo ello de conformidad con los principios rectores previstos en la Constitución General, la Local y el Código Electoral para el estado de Sonora.

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las designaciones de quienes integren los organismos electorales deben recaer en los ciudadanos que demuestren que cumplen los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, con el objeto de tener mayor certeza de que se conducirán con una actuación imparcial, dicho criterio jurisprudencial de carácter obligatorio fue incumplido por el Congreso del Estado de Sonora al excluirme de la designación de los consejeros electorales, pues quedó debidamente acreditado por el suscrito con los elementos necesarios y que obran en el expediente respectivo en el Congreso de Sonora que, reúno a cabalidad los principios rectores que se detallan a continuación:

CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS Y SIMILARES).— (Se transcribe)

SEGUNDO AGRAVIO. Se violentan en mi perjuicio los artículos 41, 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, de la Constitución Política del Estado de Sonora y el artículo 3, del Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que, el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en relación con el sistema federal, que la organización de las elecciones es una función estatal, realizada a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley, y destaca que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

En ese sentido, la Constitución Federal, dispone para los estados integrantes del pacto, en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

El sistema electoral del Estado de Sonora, en observancia del pacto federal, en el artículo 22, de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala que: …la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

De esta manera, el principio de imparcialidad se reitera a nivel local e irradia con una intensidad mayor la exigencia de su cumplimiento, al exigir que los funcionarios del organismo autónomo deban cumplir requisitos que garanticen la eficacia de dicho principio.

El artículo 84, del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala, en lo conducente, que las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad.

De esta manera, el legislador local coincide con el constituyente federal y establece los principios de independencia, objetividad e imparcialidad como rectores de las funciones ejercidas por las autoridades electorales.

De este enunciado legal, leído en el contexto que se ha venido identificando y alimentado por la fuerza de los principios a los que nos hemos referido, se advierten las siguientes normas:

1. El propio consejo electoral, además de supervisar que los órganos del instituto se ajusten a tales principios, en sí mismo, debe regirse por similares principios, porque la disposición se refiere a todo el organismo electoral local, lo cual, desde luego, incluye al mismo consejo.

2. Los consejeros electorales que, en lo individual, ejercen esa función, como integrantes del órgano deben conducirse con observancia de tales principios, para garantizar semejante funcionamiento del órgano.

3. En consecuencia, los ciudadanos sobre los cuales puede recaer ese encargo, deben conducirse con apego a los principios de independencia, objetividad, e imparcialidad.

En el sistema mexicano, el constituyente diferenció con el término ciudadanización a los integrantes de los órganos electorales que no ostentaban la calidad de simpatizantes partidistas con una actividad preponderante en la organización y funcionamiento de un partido político, pues para éstos reservó la calidad de representantes partidistas dentro de este tipo de órganos.

Incluso, estimar lo contrario podría conducir a aceptar que determinados partidos políticos tuvieran un representante propiamente dicho y otro que, con la calidad de consejero, por su simpatía e interés al favor del partido materialmente lo fuera.

Además, aunado a la explicación histórica, la posición asumida contribuye a garantizar el respeto de las posiciones minoritarias en los órganos colegiados electorales pues evita que, derivado de una simpatía partidista dotada de gran fuerza electoral, éstos se integren con un número preponderante de consejeros de una sola ideología, por tanto, con gran capacidad para imponer sus posiciones a la decisión del órgano.

Así, la exigencia de independencia, objetividad e imparcialidad son válidamente exigidas a los encargados de llevar a cabo la función electoral, incluso, en lo individual, como consejeros electorales o magistrados, sin que exista oposición con la visión señalada.

La independencia implica la situación institucional que permite a los consejeros emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los hechos, la cual debe ser obtenida sobre la base de las pruebas recibidas y de acuerdo con el derecho que estime aplicable al caso concreto, sin ser influenciado o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes de otras personas físicas o jurídicas.

La objetividad, en términos generales, es la virtud de abordar cualquier cuestión en forma desinteresada y desapasionada, con independencia de la propia forma de pensar o de sentir.

La imparcialidad implica la ausencia de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar el proceder con rectitud.

En específico, dichos principios deben observarse, con mayor exigencia, tratándose de la integración del Consejo Estatal Electoral, pues se trata del órgano facultado para organizar las elecciones municipales y estatales en Sonora y por tanto, como árbitro en las contiendas partidistas, debe satisfacer en la mayor medida posible la independencia, objetividad e Imparcialidad en sus actuaciones.

En ese sentido, toda vez que el texto legal de dicho artículo, por sí mismo, contiene la norma según la cual la designación de Consejeros Electorales sólo debe recaer en sujetos independientes, objetivos e imparciales, esto es suficiente para exigir, bajo las regías generales de la prueba, que los consejeros electorales que se designen observen dichas cualidades, aun cuando, en principio, estas deban presumirse.

Incluso, para el enunciado normativo regulador del tema que nos ocupa, reconfigurado a contrario sensu, constituye una prohibición directa de que el cargo de consejero recaiga o sea ocupado por ciudadanos que no cuenten con autonomía, objetividad e imparcialidad.

Asimismo, la lectura dada al sistema normativo en análisis, en una interpretación conforme, es acorde con los principios establecidos en la Constitución, previstos en los artículos 41, y 116, de la Constitución Federal, y reflejados en la constitución y código electoral locales, porque viene a configurar una regla que maximiza la observancia de los mismos, pues es evidente que, el actuar de los organismos y órganos electorales está condicionado por el papel de los jueces y consejeros que los integran, de ahí que estos deban observar tales calidades.

Igualmente, dicha interpretación también es acorde con la función y derechos de los partidos políticos en el sistema electoral, porque no excluye sus garantías de participación y fiscalización en la organización del proceso electoral y toma de decisiones del órgano administrativo electoral superior, porque permite su participación en las discusiones de los temas, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta, pero sin incidir como parciales que son en la determinación última de la conformación de la voluntad de los órganos.

Los tratados internacionales constituyen compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y lo comprometen con la comunidad internacional, por la actuación de sus autoridades, incluidas a las autoridades electorales. Este criterio se encuentra recogido en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la jerarquía normativa en el orden jurídico mexicano, según la cual los tratados internacionales tienen un nivel jerárquico infraconstitucional aunque supralegal (tanto de las leyes federales como de las leyes locales), publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 199, Tesis, P.LXXVII/99, página 46, y cuyo rubro es: TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Ciertamente, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen el derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de cada país, empero, los invocados instrumentos internacionales de derechos humanos admiten la posibilidad de establecer a través de una ley, la configuración a través de la cual pueden ejercerse esos derechos, siempre y cuando no se hagan nugatorios los mismos.

Este es precisamente el supuesto del caso en estudio, porque el alcance y configuración de tales derechos está regulado por la propia entidad federativa en consonancia con lo dispuesto en la constitución sobre el propio principio de imparcialidad de modo que las reglas locales se vislumbran como instrumentos aceptables que, en modo alguno impiden el ejercicio del derecho fundamental de acceder a los cargos públicos reconocido por la constitución mexicana y los tratados internacionales a los que nos hemos referido.

Incluso, en el artículo 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece la norma interpretativa según la cual ninguna disposición de la convención puede ser interpretada en et sentido de permitir a los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

En el artículo 5, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece una disposición interpretativa en similares términos para impedir la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o una limitación indebida de los mismos.

Empero, en el artículo 30, del Pacto de San José se establece que las restricciones permitidas, de acuerdo con la convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidos.

Por tanto, la imparcialidad de los integrantes de un órgano encargado de organizar las elecciones, resulta de interés general y, por ende, la posición asumida en estos agravios es conforme con los tratados mencionados.

En suma, es evidente que tales condiciones son imprescindibles para ocupar el cargo de Consejero Electoral en el Estado de Sonora, y la satisfacción de tales requisitos debe ser vigente al momento de la designación.

Para esto, en caso de incumplimiento de tales exigencias, es necesario atender a un parámetro objetivo que permita identificar en qué momento un aspirante a ese tipo de cargos está en condiciones de recuperar la presunción de observancia de tales exigencias, y para esto, en garantía del legislador local, el parámetro a tomar en cuenta, es aquel que se presenta en normas que tienen la misma razón de ser, y así, en el sistema local, tenemos que en el artículo 92, fracción VII del Código Electoral para el Estado de Sonora, acatando los principios mencionados, se excluyó la posibilidad que los integrantes del Consejo Estatal Electoral tuvieran cierta filiación partidista.

En virtud de lo antes expuesto, es evidente y notorio que, pese a cumplir a cabalidad con las cualidades que se exigen por las Constituciones Federal, Local y ley electoral sonorense, al haberme negado la posibilidad de fungir como consejero electoral violenta mis derechos político electorales del ciudadano, razón por la que acudo a este Tribunal para el efecto de que en reparación de agravios resuelva lo conducente, solicitando que se agreguen a este procedimiento todas y cada una de las constancias que fueron exhibidas y agregadas al expediente formado al suscrito como aspirante a consejero electoral y a quien le correspondió el número de folio 140.

[…]

II. Juicio ciudadano SUP-JDC-4985/2011. En el escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por María del Carmen Arvizu Borquez, se aducen los siguientes conceptos de agravio:

[…]

PRIMER AGRAVIO.- Se hace consistir en que con la determinación tomada por el Congreso del Estado de Sonora mediante el Dictamen y Acuerdo de fecha cuatro de agosto de 2011, que designa Consejeros Electorales Propietarios a los Ciudadanos; Oscar Germán Román Pórtela, Sara Blanco Moreno y Francisco Javier Zavala Segura, y Consejera Electoral Suplente a Olga Lucía Seldner Lizárraga, vulnera lo dispuesto en los artículos 14, 16, 35, fracción II, 41, 116, fracción IV, incisos b) y c), y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que atenta contra los principios de legalidad, independencia, certeza, objetividad, imparcialidad, transparencia y equidad, porque la designación de consejeros no se llevó a cabo con sujeción a principios y criterios ciertos, objetivos e imparciales, predeterminados, que garanticen la participación de los ciudadanos en dicho proceso de designación, al menos para que los interesados que reúnan los requisitos respectivos, tengan la oportunidad de postularse al cargo en condiciones de igualdad.

Esto es así en virtud de que en la emisión del dictamen por parte del Congreso del Estado, en donde se designan a los tres Consejeros Propietarios de los cuales dos son hombres y la suplente es mujer, se viola la convocatoria en la base tercera, ya que en la misma se establece: "TERCERA. En términos de lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como por el acuerdo aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora, el día 13 de septiembre del 2005, mediante el cual se designan a los Consejeros Estatales Electorales, se requiere nombrar tres Consejeros Electorales Propietarios y un Consejero Electoral Suplente Común, quienes durarán en el cargo dos procesos electorales ordinarios sucesivos en cuya designación se observarán los principios de paridad y alternancia de género. Lo anterior con el fin de materializar la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.", como se puede apreciar en la base tercera de la convocatoria en la designación de los Consejeros Propietarios, debieron de haber elegido dos mujeres y un hombre, y el Consejero Suplente hombre, esto en atención a la paridad y alternancia de género de la que se habla en la base tercera, ya que el Consejo Estatal Electoral, el cual se renovara con tres Consejeros, ha venido funcionando con tres Consejeros Propietarios hombres y dos mujeres, por lo tanto en la nueva conformación deberán estar tres mujeres como Consejeras Propietarias y dos hombres, y como suplentes una mujer y dos hombres, para respetar la alternancia en la conformación del Consejo Estatal Electoral, tal como lo establece la convocatoria en la base tercera anteriormente transcrita y también por lo establecido en el artículo 86, párrafo segundo, y que a la letra dice: "En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio de alternancia de género", así pues tenemos que con el acuerdo número 194 mediante el cual el Congreso del Estado nombra a los ciudadanos Oscar Germán Román Pórtela, Sara Blanco Moreno, Francisco Javier Zavala Segura y Olga Lucía Seldner Lizárraga, los tres primeros como Propietarios y la última como Suplente, viola la convocatoria en la base tercera y el artículo 86 segundo párrafo, por lo que deberá revocarse y la Comisión Plural deberá de emitir un nuevo dictamen que someta a consideración del pleno en donde se incluyan dos mujeres como Consejeras Propietarias, para que quede debidamente integrado el máximo Órgano Electoral del Estado, ya que en su acepción gramatical, "integración" significa constituir las partes de un todo, lo que, trasladado al caso que nos ocupa, quiere decir, que el Legislador recibió un mandato Constitucional para proveer la composición del Consejo Estatal Electoral, de manera tal que quede constituido por sus partes. En este sentido, la integración tiene que ver, no sólo con la composición inicial del Consejo Estatal Electoral, sino también con la que debe mantener todo el tiempo.

Esta Sala Superior en distintos juicios a sustentado el criterio de que la paridad y la alternancia de género tienen que verse reflejado en la igualdad de oportunidades de ocupar distintos cargos, debe destacarse que el principio de alternancia encuentra su justificación en la efectiva integración de las mujeres en cargos públicos de elección popular, mejorando la participación política de las mujeres, que históricamente ha quedado marginada de los asuntos políticos del país al que pertenecen, dada la desigualdad social entre hombres y mujeres, que condujo a una ocupación casi absoluta de los cargos electivos por hombres y a una exclusión de las mujeres.

Ante tal situación, paulatinamente se han incorporado en los regímenes electorales de cada país, reglas que atemperen esta desigualdad, y garanticen la efectiva participación de las mujeres en los asuntos políticos del país; ante esta situación de quedar conformado el Consejo Estatal Electoral con la renovación de tres Consejeros Propietarios en la que dos de ellos son hombres, luego entonces tenemos que seguirá integrado con tres Consejeros Propietarios hombres y dos mujeres Propietarias, lo que seguirá siendo el voto mayoritario del hombre quien decida los acuerdos que se tomen en forma colegiada en el pleno de las sesiones del Consejo Estatal Electoral, tal como se ha venido realizando en los últimos dos procesos electorales, y dejando como letra muerta lo establecido en el artículo 86 segundo párrafo en lo referente a la paridad y a la alternancia de género, así tenemos que esta Sala Superior ha sustentado en el expediente SUP-JDC-461/2009 el criterio de alternancia y que para mayor claridad me permito transcribir.

SUP-JDC-461/2009

IV. Posición de este órgano jurisdiccional. Esta Sala Superior considera que asiste razón a la actora, atento a las siguientes consideraciones y fundamentos de derecho.

En el artículo 220, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se dispone lo siguiente:

"Artículo 220. 1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

Conforme con los criterios de interpretación gramatical y sistemático, la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar las cinco candidaturas del segmento, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.

Esta conclusión se sustenta en los siguientes razonamientos.

a) Criterio gramatical. La lectura del texto de la disposición en examen permite advertir tres reglas distintas, que deben observar los partidos políticos al elaborar las listas de candidatos por el principio de representación proporcional, a saber:

1. Las listas se integran por segmentos de cinco candidaturas.

2. En cada uno de los segmentos de la lista habrá, al menos, dos candidaturas de género distinto.

3. Las candidaturas de género distinto deben colocarse de manera alternada.

No existe debate en cuanto a las dos primeras reglas, es decir, respecto a que las listas se deben elaborar en segmentos de cinco candidaturas, ni en cuanto a que cada segmento debe contener, al menos, dos candidaturas de género diferente a las del resto del segmento, de manera que si, por ejemplo, hay tres candidatas mujeres, los otros dos candidatos del segmento han de ser necesariamente hombres.

La controversia se centra en el significado de la tercera de las reglas indicadas, esto es, en la alternancia de los candidatos.

Para dilucidar esta cuestión, en primer lugar, es necesario acudir al significado del verbo "alternar".

De acuerdo con la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, en la parte que interesa, se tiene que:

alternar.

(Del lat. alternāre, de alternus, alterno).

1.tr. Variar las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente. Alternar el ocio y el trabajo. Alternar la vida en el campo con la vida urbana.

2.tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.

3.tr. Mat. Cambiar los lugares que ocupan respectivamente los términos medios o los extremos de una proporción.

4. intr Dicho de varias personas: Hacer o decir algo o desempeñar un cargo por turno.

5. intr Dicho de ciertas cosas: Suceder a otras recíproca y repetidamente. Alternar los días claros con los lluviosos. Alternar las alegrías con las penas.

Según el diccionario citado, el adjetivo "alterno" quiere decir:

alterno, na.

(Del lat. alternus, de alter, otro).

1.adj. alternativo.

2.adj. Dicho de los días, los meses, los años, etc.: Uno sí y otro no. Viene a la oficina en días alternos. Las sesiones se celebran en días alternos.

(La parte con tono más oscuro fue destacada por esta Sala Superior).

Por su parte, el Diccionario de uso del español de María Moliner define el vocablo "alternar" como sigue:

alternar (del lat Altenare, de alternus) 1 intr. y pml. (con, y) Sucederse, en el espacio o en el tiempo, dos o más cosas, repitiéndose una después de otra: 2tr. Mat *Cambiar los términos de una proporción de modo que pasen a ser medios los que eran extremos y viceversa.

alternativa (del fr. Alternative) 1 f. Acción y efecto de alternar[se]. Alternación, alternancia. *Cambio. 2 Servicio en que turnan dos o más personas. 3 *Derecho a usar o hacer dos cosas alternándolas. 4 Acción o derecho en que una persona o colectividad alterna con otra.

(La parte con tono más oscuro fue destacada por esta Sala Superior).

Como se aprecia, las fuentes citadas son coincidentes en que alternar implica el cambio, la variación o turno repetido y sucesivo entre varias personas, cosas, elementos o circunstancias, en un espacio o tiempo determinado, de modo tal que la misma persona o cosa no se reitere en lo inmediato.

La regla de alternancia prevista en la disposición en examen se refiere entonces al orden en que han de colocarse las candidaturas en la lista de representación proporcional.

Si en el segmento de la lista de cinco candidatos se debe incluir a personas de ambos géneros, entonces, hay dos elementos a considerar para llevar a cabo la alternancia ordenada en la norma: 1) candidatos de sexo femenino y 2) candidatos de sexo masculino.

De acuerdo con el significado gramatical del verbo "alternar", la ordenación de las candidaturas en razón del género debe ser repetida y sucesiva, es decir, mediante la colocación intercalada de las candidaturas de género distinto, individualmente consideradas.

Esto es, la alternancia se da con respecto a cada uno de los géneros (hombre-mujer), de lo que se sigue que el turno se debe producir entre sexos, mediante el cambio de uno y otro, sucesiva e ininterrumpidamente.

Por tanto, si el segmento de la lista está compuesto de cinco candidatos, es claro que se debe intercalar a un hombre y a una mujer, o viceversa, de manera inmediata, seguida y sucesiva, tal como se esquematiza enseguida:

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

o

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

En suma, de acuerdo con el significado gramatical de la disposición en estudio, no es admisible el proceder de la responsable, de ratificar la agrupación de candidatos de igual sexo en lugares consecutivos del segmento de cinco candidaturas de la lista de representación proporcional, sino que los géneros hombre-mujer deben intercalarse individualmente hasta completar las cinco candidaturas que integran el segmento.

b) Criterio sistemático. La conclusión precedente es conforme con lo dispuesto en los artículos 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1, 38, párrafo 1, inciso s); 78, párrafo 1, inciso a), fracción V; 218, párrafo 3 y 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con lo establecido en los numerales 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El artículo 4°, párrafo primero, de la Constitución, establece la garantía de igualdad entre hombres y mujeres. Con el fin de que esa garantía sea observada en materia electoral, los artículos 4, párrafo 1, 38, párrafo 1, inciso s), y 218, párrafo 3, del código electoral federal, prevén el deber de los partidos políticos de promover y garantizar la igualdad de oportunidades, y procurar la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular.

La regla de alternancia de géneros en las listas de representación proporcional permite a los partidos políticos cumplir con ese deber, puesto que incrementa la posibilidad de que los representantes electos a través de ese sistema electoral sean tanto de sexo femenino como masculino y, al mismo tiempo, hace factible que exista mayor equilibrio entre ambos sexos, al menos, en lo referente a los cargos electos por ese principio.

Ciertamente, si en las listas de representación proporcional se encuentran intercalados los géneros hombre y mujer, la oportunidad de alcanzar una curul para ambos sexos es más o menos semejante.

En cambio, si los primeros lugares de la lista son ocupados por candidatos del mismo género, entonces, la posibilidad de que los candidatos del otro sexo alcancen un cargo de elección popular se reduce considerablemente, ya que, de acuerdo con el método de asignación establecido en el código electoral federal, las curules de representación proporcional se reparten entre varios partidos políticos o coaliciones, en orden decreciente, según la lista registrada, conforme con la votación obtenida por cada uno de ellos, y en atención a ciertas reglas, como los límites a la sobrerrepresentación o el umbral mínimo para acceder a la asignación. Por estas razones, la posibilidad de obtener un cargo de representación proporcional es significativamente mayor para los primeros lugares de la lista.

Lo anterior evidencia que la igualdad de oportunidades y paridad de género exigidas por los preceptos citados se logran en mayor medida a través de la regla de alternancia individual y sucesiva de candidaturas de distinto género, que a través del método propuesto por el órgano partidario responsable, según el cual, es posible colocar las dos candidaturas del mismo género una después de la otra, porque de ese modo se rompe el equilibrio entre sexos y, con ello, la nivelación de las posibilidades para ambos géneros de alcanzar un cargo de representación popular.

El criterio propuesto concuerda también con la regla prevista en el artículo 219, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según la cual las candidaturas de diputados y de senadores federales deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Esta regla se manifiesta en lo dispuesto en el artículo 220, párrafo 1, del código en cita, al establecerse segmentos de cinco candidaturas en las listas de representación proporcional, cada uno de los cuales debe incluir dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. Lo anterior significa que en cada segmento habrá tres candidatos de un sexo y dos del otro, de modo que la regla de equilibrio de sexos, sesenta-cuarenta por ciento, establecida en el artículo 219, se respeta cabalmente, puesto que los tres candidatos equivalen al sesenta por ciento de las cinco candidaturas, y los dos restantes, al cuarenta por ciento del segmento.

La interpretación sostenida por este órgano jurisdiccional coincide también con el objetivo de lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político, establecido en la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, según la cual es obligación de las autoridades establecer las acciones conducentes a lograr la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular y dentro de las estructuras de los partidos políticos (artículos 1; 6; 17, párrafo primero y 36, fracciones III y IV).

El significado normativo atribuido a la disposición del artículo 220, párrafo 1, del código electoral federal es acorde también con la obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, y de eliminar los obstáculos que impidan el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política, mandatos que pueden entenderse como una directiva de interpretación para los órganos jurisdiccionales, establecida en el artículo 2 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.

Lo expuesto evidencia que la finalidad de la regla de alternancia establecida en la disposición en examen es el equilibrio entre sexos en los candidatos por el principio de representación proporcional y, a la postrer la participación política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial entre ambos sexos, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política.

La medida legislativa adoptada en el artículo 220, párrafo 1, del código electoral federal, es acorde con las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano en el Derecho internacional, concretamente, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (publicada en el Diario Oficial de la Federación de doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno) en la que los Estados partes se comprometen a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales [artículo 7, inciso b)].

En el artículo 2 de la convención citada, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Con tal objeto, los Estados partes se comprometen a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica del principio de igualdad del hombre y de la mujer.

El texto citado pone de relieve la búsqueda de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres, como piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos.

Las medidas concretas, de carácter legislativo, de política pública o de otra índole, enderezadas a alcanzar esta igualdad han de ser adoptadas por cada Estado, de acuerdo con sus circunstancias particulares.

En ese marco, el Estado mexicano ha adoptado entre otras medidas legislativas, la regla de alternancia de géneros en la elaboración de las listas de candidatos de representación proporcional.

Así tenemos que la alternancia y paridad de género en un Órgano Electoral como lo es el Consejo Estatal Electoral, en donde es impar (5) el número de consejeros propietarios y son estos los que toman los acuerdos por mayoría, en las sesiones públicas, luego entonces la alternancia de género se da en su conformación, en cada renovación y con esto se cumple con el principio de Legalidad, lo que no acontece en el acuerdo tomado por el Congreso del Estado de Sonora al elegir a 2 hombres y una mujer como consejeros propietarios, esta Sala Superior en el expediente SUP-JDC-163/2010, sostiene el criterio de la alternancia de género y que para mayor claridad me permito transcribir y que consiste en lo siguiente:

SUP-JDC-163/2010

Esto es, debe existir alternancia en los distintos géneros, ya que sólo de esta forma se obtiene una plena igualdad y equidad entre géneros, pues si se colocan HOMBRE, HOMBRE y MUJER, o MUJER, MUJER y HOMBRE, habrá más posibilidades para un género que para el otro, ya que es bien sabido que las candidaturas postuladas por el principio de representación proporcional no todas ellas alcanzan el otorgamiento de la diputación correspondiente.

Al respecto, destaca el criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, sustentado al resolver un caso similar al que ahora presento, en el juicio ciudadano identificado con la clave SDF-JDC-76/2008 y su acumulado SDF-JDC-8/2008, en el que se razonó:

"…

Contrariamente a lo manifestado por los enjuiciantes, el principio de paridad, previsto en la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, no se satisface con la sola postulación de ciudadanos en un porcentaje equivalente (cincuenta por ciento de un género y cincuenta por ciento de otro) sino que además, tal y como lo razona la responsable, ésta debe permitir la integración de la lista de manera que ambos géneros tengan posibilidades de acceder a los cargos de representación proporcional.

De lo anterior se colige que el fin perseguido por tal precepto no se limita a alcanzar una postulación equilibrada en porcentajes de participación, sino que se basa en una idea de equidad más amplia, que sólo es posible garantizar cuando la ubicación de los candidatos se hace de manera alternada o escalonada, en tanto que de considerarse lo contrario se llegaría al absurdo de que, por ejemplo, en una lista de diez candidatos postulados por el principio de representación proporcional, en un primer bloque los primeros cinco pertenezcan a un mismo género y en el segundo, el restante cincuenta por ciento a otro, donde éste último bloque difícilmente alcanzará la asignación de una curul, en atención a que para ello necesitarían forzosamente que los cinco candidatos del primero, logren la asignación de un escaño y hasta entonces se actualice la posibilidad de ser designados ellos a ocupar otro, luego de varias rondas de asignación, criterio que pugna con la idea de participación paritaria en sentido amplio, el que, como ha quedado expuesto debe propiciar la participación de ambos géneros con igualdad de posibilidades, lo que justifica una integración alternada de candidatos en la lista...".

En el criterio anterior, destaca ante todo la idea de la alternancia como medio para hacer efectivo la igualdad de oportunidades y la equidad de géneros en la participación de los hombres y mujeres en la vida política del país.

Debe destacarse que el principio de alternancia encuentra su justificación en la efectiva integración de las mujeres en cargos públicos de elección popular, mejorando la participación política de las mujeres, que históricamente ha quedado marginada de los asuntos políticos del país al que pertenecen, dada la desigualdad social entre hombres y mujeres, que condujo a una ocupación casi absoluta de los cargos electivos por hombres y a una exclusión de las mujeres.

Ante tal situación, paulatinamente se han incorporado en los regímenes electorales de cada país, reglas que atemperen esta desigualdad, y garanticen la efectiva participación de las mujeres en los asuntos políticos del país.

Francia, en 1999, fue el primer país europeo en regular las cuotas de género, y el primero en el mundo en implementar, incluso, una ley de paridad de representación proporcional por sexos, en la que se obliga a los partidos políticos a integrar sus candidaturas según el principio de "un hombre, una mujer".

En México, dicho principio se encuentra previsto a nivel federal, en el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer la obligación de los partidos políticos de conformar listas de representación proporcional con candidaturas de género distinto, de manera alternada, dado que si únicamente existen dos géneros biológicos distintos: hombre y mujer, cada uno deben encontrarse en forma consecutiva, es decir un hombre, una mujer, y no dos hombres sucesivos o dos mujeres sucesivas, porque en cada par no habría alternancia en ellos sino opciones iguales, hombre-hombre, mujer-mujer. De ahí que, la alternancia en las cuotas de género no puede sino corresponder al principio de "un hombre, una mujer".

La regla de alternancia de géneros en las listas de representación proporcional permite a los partidos políticos cumplir con ese deber, puesto que incrementa la posibilidad de que los representantes electos a través de ese sistema electoral sean tanto de sexo femenino como masculino y, al mismo tiempo, hace factible que exista mayor equilibrio entre ambos sexos, al menos, en lo referente a los cargos electos por ese principio.

Ciertamente, si en las listas de representación proporcional se encuentran intercalados los géneros hombre y mujer, la oportunidad de alcanzar una curul para ambos sexos es más o menos semejante.

En cambio, si los primeros lugares de la lista son ocupados por candidatos del mismo género, entonces, la posibilidad de que los candidatos del otro sexo alcancen un cargo de elección popular se reduce considerablemente, ya que, de acuerdo con el método de asignación establecido en el código electoral federal, las curules de representación proporcional se reparten entre varios partidos políticos o coaliciones, en orden decreciente, según la lista registrada, conforme con la votación obtenida por cada uno de ellos; y en atención a ciertas reglas, como los límites a la sobrerrepresentación o el umbral mínimo para acceder a la asignación. Por estas razones, la posibilidad de obtener un cargo de representación proporcional es significativamente mayor para los primeros lugares de la lista.

Lo anterior evidencia que la igualdad de oportunidades y paridad de género exigidas por los preceptos citados se logran en mayor medida a través de la regla de alternancia individual y sucesiva de candidaturas de distinto género, que a través del método propuesto por el órgano partidario responsable, según el cual, es posible colocar las dos candidaturas del mismo género una después de la otra, porque de ese modo se rompe el equilibrio entre sexos y, con ello, la nivelación de las posibilidades para ambos géneros de alcanzar un cargo de representación popular.

El significado normativo atribuido a la disposición del artículo 220, párrafo 1, del código electoral federal es acorde también con la obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, y de eliminar los obstáculos que impidan el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política, mandatos que pueden entenderse como una directiva de interpretación para los órganos jurisdiccionales, establecida en el artículo 2 de la Ley Federal para prevenir y eliminar lo discriminación.

Lo expuesto evidencia que la finalidad de la regla de alternancia establecida en la disposición en examen es el equilibrio entre sexos en los candidatos por el principio de representación proporcional y, a la postre, la participación política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial entre ambos sexos, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política.

La medida legislativa adoptada en el artículo 220, párrafo 1, del código electoral federal, es acorde con las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano en el Derecho internacional, concretamente, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (publicado en el Diario Oficial de la Federación de doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno) en la que los Estados partes se comprometen o garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales [artículo 7, inciso b)].

En el artículo 2 de la convención citada, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Con tal objeto, los Estados partes se comprometen a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica del principio de igualdad del hombre y de la mujer.

El texto citado pone de relieve la búsqueda de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres, como piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos.

Las medidas concretas, de carácter legislativo, de política pública o de otra Índole, enderezadas a alcanzar esta igualdad han de ser adoptadas por cada Estado, de acuerdo con sus circunstancias particulares.

En ese marco, el Estado mexicano ha adoptado entre otras medidas legislativas, la regla de alternancia de géneros en la elaboración de las listas de candidatos de representación proporcional.

…"

Como se aprecia de lo antes transcrito, ese máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, en tratándose de equidad de género, ha privilegiado el criterio de alternancia como método para hacer posible la plena vigencia de la igualdad de oportunidad y equidad de género, que en la especie, respecto de la legislación del Estado de Tamaulipas se prevé en el artículo 218 del código comicial de esa entidad.

Ahora bien el Agravio que se me causa con el decreto dictado por el Congreso del Estado de Sonora, es que en la designación de los Consejeros Electorales debí de ser tomada en cuenta como una de las dos propietarias que se deben de designar, esto en atención a lo ya argumentado en el cuerpo de este escrito y en respeto a la normatividad y a los principios de LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y CERTEZA, que deben regir en todo órgano electoral, por otro lado en el artículo Segundo transitorio del decreto numero 151, de fecha 13 de septiembre del 2005 emitido por la Ll Legislatura del Congreso del Estado, en el que nombro a los tres Consejeros que hoy dejan su cargo, se estableció sin lugar a dudas que en la renovación de estos se debe de respetar la paridad de género y la alternancia, tanto en los consejeros propietarios como en los suplentes, para mayor claridad me permito transcribirlos:

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. ...

ARTICULO SEGUNDO. Los Consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral, continuarán en sus cargos conforme a las bases de su designación por el Congreso del Estado de Sonora.

La renovación parcial que establece esta Ley para el Consejo Estatal Electoral iniciará con la renovación del mismo una vez culminado el encargo de los actuales Consejeros Estatales Electorales, atendiendo a las bases que señala la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral, así como los principios de paridad de género y alternancia en la conformación del mismo, tanto en los Consejeros Propietarios como en los Consejeros Suplentes Comunes.

El Congreso del Estado, al renovar los Consejeros Estatales Electorales, de conformidad con el párrafo anterior, por única ocasión y con el objeto de materializar la renovación parcial en lo sucesivo, nombrará a dos Consejeros Propietarios y dos Consejeros Suplentes para que ejerzan sus funciones por el periodo de un proceso electoral ordinario y, los restantes, tres Consejeros Propietarios y un Consejero Suplente, para el período de dos procesos electorales ordinarios, circunstancia que deberá asentarse en la convocatoria que se emita para tal efecto."

Como se puede apreciar de lo anteriormente transcrito, no existe lugar a dudas de que la alternancia es tanto en los Consejeros Propietarios, como en los suplentes y de esta forma el decreto dictado por el Congreso del Estado de Sonora viola el principio de Legalidad y por consiguiente el artículo 116 fracción IV de la Constitución General de la República, por lo que esta Sala Superior deberá revocarlo y ordenar que se dicte otro en su lugar en donde se designen 2 mujeres y un hombre como consejeros propietarios

En forma reiterada esta Sala Superior ha resuelto que, el mecanismo de designación de los consejeros electorales debe ser acorde con lo dispuesto en el referido artículo 35, constitucional, pues los ciudadanos tienen el derecho político-electoral de poder ser nombrados para cualquier cargo empleo o comisión teniendo las calidades que exija la ley, el cual debe constituir una base objetiva y cierta, apta para evaluar el grado de cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral, por parte de los aspirantes a consejeros.

El diverso precepto constitucional 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral y, en particular, de las autoridades encargadas de la organización de las elecciones, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Tiene aplicación en el caso concreto la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice:

INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL. (Se transcribe).

Asimismo, el artículo 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que todos los ciudadanos deben gozar, entre otros, del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Por su parte, el artículo 25, párrafo primero, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2 de dicho Pacto (por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social) y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidad, entre otros, de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Asimismo, en este ultimo instrumento internacional, en su artículo 5º, se establece que ninguna disposición del Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. De igual forma, se establece que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Lo antes señalado resulta de suma importancia, porque hace patente la obligación de los órganos de los Estados parte, de realizar una interpretación de las normas contenidas en dicho Pacto, de manera tal que no se atente contra los derechos y libertades reconocidos en él, asimismo, se instituye la prohibición de establecer en cualquier ordenamiento jurídico, incluso en el derecho consuetudinario, normas que restrinjan o menoscaben alguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes, lo cual interpretado a contrario sensu, permite concluir, que cuando se trate de la interpretación de una norma, el juzgador debe privilegiar aquella que amplié el uso y goce de los derechos humanos fundamentales, que permita y garantice su pleno ejercicio.

Lo anterior también se establece como método de interpretación de la Convención Americana de Derechos humanos, la cual en su artículo 29, establece que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno.

Precisado lo anterior, en el caso concreto, el proceso de designación de consejeros electorales en el Estado de Sonora se encuentra previsto en los artículos 22, y 64, fracción XX, de la Constitución local, así como 3, 75, 86, 88, 89, y 92, del Código Electoral para el Estado de Sonora:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE SONORA

ARTICULO 22.- La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo sonorense y se ejerce por medio de los Poderes Públicos del Estado. El Gobierno es emanación genuina del pueblo y se instituye para beneficio del mismo.

La elección a Gobernador del Estado, de los Diputados al Congreso del Estado y de los integrantes de los Ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas.

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral, conforme a la Ley, El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Los Consejeros Estatales Electorales durarán en su encargo dos procesos electorales ordinario sucesivos. El Consejo Estatal Electoral será renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario.

En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa será obligatorio conformarlo por ambos géneros.

ARTICULO 64.- El Congreso tendrá facultades;

XX. Para nombrar a los magistrados propietarios y a los magistrados suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa y a los consejeros estatales electorales propietarios y suplentes comunes del Consejo Estatal Electoral, según el procedimiento establecido por esta Constitución y la Ley;

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores de la función electoral.

La interpretación del presente Código se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical sistemático y funcional.

ARTÍCULO 75.- Los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, son los siguientes:

I.- El Consejo Estatal;

II.- Los Consejos Distritales:

III.- Los Consejos Municipales; y

IV.- Las mesas directivas de casilla.

ARTÍCULO 86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del presente Código.

ARTÍCULO 88.- Los consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las bases siguientes:

I.- El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso electoral ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que determine el propio Consejo, Dicha convocatoria será dirigida a los ciudadanos residentes en la entidad, a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo Estatal, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con lo establecido para dicho efecto en la convocatoria y en éste Código;

II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que se requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses;

III.- El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes;

IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el pleno que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, en su caso.

Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo dictamen;

V.- El procedimiento por el cual el Congreso nombrará a los consejeros del Consejo Estatal Electoral, deberá llevarse a cabo antes de que concluya el mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente artículo deberán rendir la protesta de Ley;

VI.- El Consejo Estatal será renovado parcialmente cada proceso electoral.

Los consejeros durarán en su cargo dos procesos sucesivos.

ARTÍCULO 92.- Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos;

I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

II.- Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación;

III.- Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;

IV.- No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación;

V.- Contar con credencial con fotografía para votar;

VI.- No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;

VII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación;

VIII.- No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación;

IX.- No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación;

X.- No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal;

XI.- No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

XII.- No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública;

XIII.- No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del ministerio público federal o estatal; y

XIV.- No ser notario público.

De conformidad con los preceptos antes transcritos, para la designación de los consejeros electorales que integran el Consejo Electoral del Estado de Sonora se debe observar lo siguiente:

1. El Congreso del Estado de Sonora es el órgano facultado para llevar a cabo la designación de los Consejeros Electorales y, en consecuencia, para aplicar las normas de la ley electoral local en el proceso correspondiente, en observancia a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad previstos en el artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 3, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

2. Para ser consejero electoral, se deberán reunir los requisitos que establece el artículo 92, del Código Electoral para el Estado.

3. El Congreso del Estado elige a cinco consejeros electorales propietarios y tres suplentes.

4. Los consejeros electorales duran en su cargo dos procesos sucesivos.

5. La elección se lleva a cabo en el mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

6. El Congreso del Estado integra una Comisión Plural para que previo el estudio y análisis correspondiente presente el dictamen correspondiente.

7. El pleno del Congreso define por votación de las dos terceras partes quienes fungirán como consejeros propietarios y suplentes, así como la prelación correspondiente.

Como se advierte, la Constitución local, concretamente en su artículo 22, establece el procedimiento de elección de los consejeros electorales, congruente con lo anterior, el artículo 92, del Código Electoral para el Estado se establecen los requisitos para ser designado consejero del Consejo Estatal Electoral de Sonora.

En razón de lo anterior, el proceso de designación de consejeros electorales debe ser conforme con lo dispuesto en los artículo 35, fracción II, y 116, fracción IV, inciso b) y c), de la Constitución General de la República, así como a los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

En ese sentido, resulta necesario realizar una interpretación conforme de las disposiciones locales que prevén el procedimiento de designación de consejeros electorales de Sonora y lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.

Por tanto, uno de los lineamientos rectores de la interpretación consiste en conservar o mantener el contenido sustancial de la ley, e incluso el accidental o secundario, ya que sólo este último admitiría, de ser técnicamente posible, relevarlo en alguna parte mínima o no esencial, en aras de la prevalencia de un mandato constitucional, y esto únicamente en el caso de que, después de una búsqueda exhaustiva en la que se hayan agotado al máximo todas las formas posibles y admisibles racional y razonablemente, no se encuentre que alguna conduce a darle significado a la parte que es susceptible de relevo, para hacer acorde el precepto con la regla o principio constitucional que se pretenda asegurar, circunstancia que además debe estar plenamente demostrada.

Así, el intérprete ha de tener en cuenta esta indisoluble conjunción entre máxima eficacia posible de la Constitución, y conservación del contenido de la ley jerárquicamente inferior. Es claro, pues, que la interpretación conforme con la Constitución, de los preceptos legales tiene límites, entre los que se cuentan el de respeto al contenido sustancial de aquellos, como consecuencia de la efectividad del principio de conservación de las normas. Por tanto, este tipo de interpretación no alcanza, como es obvio, para desconocer, desfigurar o mutilar el sentido de los enunciados normativos en sus elementos esenciales, o para sustituirlos por otros distintos.

Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de jurisprudencia 176/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema corte de justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:

Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Diciembre de 2010, novena época, página: 646

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. (Se transcribe).

De todo lo anterior se obtiene que en el orden jurídico, estructurado en forma escalonada, en donde las normas constitucionales son jerárquicamente superiores, las normas de menor jerarquía deben considerarse sujetas a las de mayor jerarquía, de tal manera que si la Constitución General de la República prevé como prerrogativa de los ciudadanos poder ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; y que la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Desde un punto de vista normativo, el Código Electoral del Estado de Sonora, ordenamiento de menor jerarquía con respecto a la Constitución Federal no pueda ser interpretado de forma tal que haga nugatorio el ejercicio de tal derecho político-electoral de los ciudadanos de poder participar en condiciones de igualdad, reuniendo los requisitos que el propio código exige, en el procedimiento de designación de consejeros del Consejo Estatal Electoral de Sonora, pues, como se mencionó, el hecho de que en el referido ordenamiento legal se otorgue la facultad de designar a los consejeros electorales a los Diputados del Congreso del Estado, ello no implica que dicha facultad pueda ser interpretada en el sentido de que la misma restrinja o vulnere los derechos ciudadanos.

En ese sentido, de una interpretación de lo dispuesto en los artículos 3º del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el cual se establecen los principios rectores de la función electoral, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, párrafo primero, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que todos los ciudadanos deben gozar, entre otros, del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país; 35, fracción II, y 116, fracción IV, inciso b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley, y que serán principios rectores del ejercicio de la función electoral y, en especial, de las autoridades encargadas de la organización de las elecciones, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Debe por tanto concluirse que lo dispuesto en los artículos 22, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 86 y 88, del Código Electoral para el Estado, en los cuales se establece el procedimiento de designación, así como los requisitos que deben reunir los consejeros electorales, debe ser interpretado de manera que no se restrinja, limite o menoscabe algún derecho fundamental, en el caso concreto, el derecho político-electoral de los ciudadanos de poder ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.

Porque de esa manera, lo previsto en dichos preceptos de la normativa local, se interpretarían de conformidad con la Constitución federal y los tratados internacionales.

En efecto, es necesario advertir la condicionante que se desprende expresamente del artículo 3º del código electoral local, puesto que implica el derecho de los ciudadanos de acceder a dicho cargo, bajo un procedimiento que, sujeto a otras garantías institucionales, asegure la observancia de los principios rectores de la materia, y sobre todo cuando se cumplan las calidades (requisitos) previstos en la Constitución y en la ley.

En ese sentido, en el caso concreto, los Diputados integrantes de la Comisión Plural que propone a los Consejeros Electorales al Pleno del Congreso en observancia a los principios de equidad e igualdad deben tratar en forma similar a los aspirantes a consejeros, en lo que atañe al proceso de conformación de su Dictamen, asimismo, en forma invariable, debe sujetarse a los principios constitucionales y atendiendo a los principios que establece la Jurisprudencia obligatoria que al efecto ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)".

En efecto, debe reconocerse que los Diputados integrantes de la Comisión Plural deben conformar la integración de las propuestas al Pleno del Congreso a partir de un mecanismo debidamente fundado y motivado que sustente la propuesta de designación de consejeros electorales.

Lo anterior, en el entendido de que cualquiera que sea la determinación respectiva, en forma invariable, se debe garantizar la transparencia de su actuar y la cabal observancia de los principios rectores de la materia electoral. De esa manera, se puede asegurar la observancia de la certeza y la objetividad, así como contribuir a la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano electoral.

Lo anterior, es acorde con lo dispuesto en los artículos 22, de la Constitución del Estado, 86 y 88, del código electoral local, en razón de que los integrantes de la Comisión Plural nombrada al efecto son los facultados para presentar su Dictamen al Pleno en donde se propongan los consejeros electorales propietarios y suplentes, así como para definir el procedimiento respectivo, pero respetando en todo momento el derecho político-electoral de los ciudadanos para acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad.

Lo cual, no desplaza o inhibe la necesidad de que el Pleno del Congreso del Estado de Sonora, a su vez, examine y verifique que los candidatos a los cargos de consejeros que conformen las propuestas de la Comisión Plural integrada por los diversos grupos parlamentarios cumplen los requisitos constitucionales y legales respectivos.

En efecto, es inconcuso que la discrecionalidad que se reconoce a la Comisión Plural para conformar sus propuestas, así como para definir las bases o principios para tales efectos, no es una atribución que pueda revestir una forma arbitraria o caprichosa, no razonable, porque está sujeta a criterios de proporcionalidad, equidad e igualdad en el que si bien se puede optar por un amplio abanico de posibilidades que lo regulen y justifiquen, la decisión respectiva debe recaer sobre aquellas que no hagan nugatorio el ejercicio de un derecho político-electoral (acceso a los cargos públicos), bajo condiciones de igualdad y sin discriminación, así como de transparencia.

Lo anterior, en razón de que el proceso de designación de los consejeros electorales constituye una de las garantías institucionales indispensables para la observancia de los principios rectores del ejercicio de la función electoral, por parte de la autoridad administrativa electoral local, junto con otros como, por ejemplo, ocurre con los requisitos profesionales y apartidistas para ocupar el cargo; el régimen de responsabilidades aplicables, así como las causas de impedimento y las condiciones de estabilidad en el cargo.

Orozco Henríquez, José de Jesús, "El contencioso electoral, la calificación electoral", Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, Dieter Nohlen, et. al, México, coed. IIDH, Universidad de Heildelberg, IDEA, TEPJF, IFEyFCE, 2007, páginas 1187-1188,

Esta posición se sustenta en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 1/2011, de rubro: "CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)".

Conforme con el principio de certeza rector de la materia electoral y con el principio de publicidad exigible a toda autoridad, previstos en los artículos 6º y 41, base V, párrafo primero, de la Constitución Federal, el proceso de designación de los integrantes del órgano electoral, debe llevarse a cabo con sujeción a principios y criterios ciertos, predeterminados, que puedan ser conocidos por los ciudadanos interesados en participar en ese proceso, según se explica enseguida.

La organización, desarrollo y calificación de las elecciones a través del Consejo Estatal Electoral recae en ciudadanos que carezcan de vínculos con partidos políticos o poderes constituidos, los cuales puedan hacer presumir algún tipo de dependencia hacia dichos partidos políticos o poderes, tal como se reconoce en el artículo 89, del Código Electoral para el Estado de Sonora y se infiere del estudio de los requisitos para ser consejero electoral, contenidos en el artículo 92, del mismo ordenamiento.

El Consejo Estatal Electoral de Sonora es, de acuerdo con el diseño establecido en la legislación electoral local, un órgano técnico, integrado por ciudadanos y ajeno a intereses partidistas o coyunturales, que no sólo ha de ser independiente de los poderes tradicionales, sino también de otros grupos o factores reales de poder.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en forma reiterada, que la búsqueda de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función electoral, ha influido en la integración y competencia de las instancias responsables de organizar las elecciones, hasta el grado de suprimir toda participación del gobierno y de los partidos políticos en la toma de decisiones relativas a la organización de las elecciones y hacer de estos instrumentos, órganos altamente capacitados en la técnica de administrar y organizar los procesos electorales.

Esto es, en el sistema mexicano, el constituyente diferenció con el término ciudadanización a los integrantes de los órganos electorales que no ostentaban la calidad de simpatizantes partidistas con una actividad preponderante en la organización y funcionamiento de un partido político, pues para éstos reservó la calidad de representantes partidistas dentro de este tipo de órganos.

César, Córdova Vianello Lorenzo, Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional, México, coed. IIJ UNAM e IEPC de Jalisco, 2010, página 31.

La independencia de los integrantes del órgano electoral implica un estatus o relación hacia otros, que se apoya en condiciones objetivas o garantías.

Según ha sostenido el máximo órgano jurisdiccional de México, la independencia es una garantía institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena rectitud, y se patentiza en la ausencia de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o situaciones, y en estricto apego a la normativa aplicable al caso; además, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de sus superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de otras personas.

La noción de independencia ha sido desarrollada en el derecho internacional y la doctrina sobre todo respecto a la figura del juez. Según el punto 2 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, la independencia consiste en la facultad de decidir sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

Aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, así como por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985

En este sentido César Astudillo y Lorenzo Córdova Vianello sostienen que:

"Este principio impone a la autoridad electoral el de mantener una conducta ajena a todo tipo de presiones e intereses particulares de manera que las decisiones que se adopten resulten ciertas, objetivas e imparciales. La independencia de los órganos electorales no debe ser entendida solamente por lo que hace a la no injerencia de los poderes federales o locales en la toma de decisiones de los órganos electorales -salvo por lo que hace a las reglas constitucionales y legales que los involucran directa o indirectamente en el nombramiento e integración de los mismos-, sino, además, en el sentido de que ningún partido político, grupo social, organización o persona de cualquier tipo pueda ejercer efectivamente algún tipo de presión que lesione la actuación legal autónoma de dichos órganos.

Estos conceptos son aplicables mutatis mutandi a la independencia que la Constitución atribuye a los integrantes de los órganos electorales. Uno de los mecanismos indispensables para garantizar esta independencia es el método de nombramiento de los integrantes de los órganos electorales, en el cual debe permitirse abiertamente la participación de los ciudadanos, con sujeción a reglas previas, ciertas y claras; pero, sobre todo, que tengan una amplia difusión que garantice la publicidad como mecanismo de control social o ciudadano.

Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de Jurisprudencia P./J. 90/2007, intitulada: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL/DAD. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD".

El proceso de nombramiento de los consejeros electorales constituye uno de los factores fundamentales para garantizar la independencia del funcionario (junto a otros más como las causas de impedimento y las condiciones de estabilidad en el cargo, entre otros); de ahí la exigencia de que se trate de un proceso abierto, transparente y reglado.

Respecto a la importancia del proceso de nombramiento como garantía de la independencia, relacionada con los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que: "Con el fin de establecer si un tribunal puede ser considerado ‘independiente’ según los propósitos del artículos 6.1, se debe considerar, entre otros , a la manera en que son nombrados sus miembros y su término en el cargo, a la existencia de salvaguardias contra presiones externas y a la cuestión de si presenta una apariencia de independencia" (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Incal c. Turquía, sentencia del 9 de junio de 1998, Informes 1998-IV, p. 1571, párr, 65).

Respecto a la exigencia de transparencia en el proceso de designación de Consejeros Electorales, la doctrina afirma que la tarea de elegir determinados cargos de importancia debe Recargarse de dosis apreciables de explicación y publicidad, así como que esos procesos han de desarrollarse con claridad, deben ser conocidos y deliberados por muchos, y han de ser expuestos a la crítica y al conocimiento de actores externos.

Por regla general, el proceso de designación de los integrantes de órganos electorales consiste en un proceso complejo que se desarrolla en el Poder Legislativo, con la participación de los ciudadanos, a partir de las propuestas que formulen las fracciones parlamentarias, y culmina con la decisión adoptada por el Congreso, a través de una mayoría calificada.

En efecto, el acto de designación de los consejeros electorales es entonces, la culminación de un proceso parlamentario compuesto de actos que no son de mero trámite, por lo que a través de ellos se debe dar cumplimiento a los principios de transparencia y de participación ciudadana, previstos en el artículo 6º de la Constitución General de la República, además de las otras disposiciones jurídicas que se invocarán.

Ciertamente, para que el mecanismo de designación constituya un auténtico elemento que constituya a asegurar que el Consejo Estatal Electoral de Sonora se integra por ciudadanos independientes e imparciales, es indispensable que ese proceso sea transparente, es decir, que todo ciudadano que cumpla con los requisitos constitucionales y legales para acceder al cargo de consejero electoral pueda participar en dicho proceso.

Además, para cumplir con los principios de certeza y objetividad, rectores de la materia electoral, es necesario, asimismo, que los principios y bases que rigen a la designación estén predeterminados y sean conocidos por los aspirantes al cargo y se garantice la transparencia de los mismos, pues sólo puede garantizarse la facultad de los ciudadanos de ejercer y defender sus derechos y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen efectiva oportunidad de conocerlos, mediante un instrumento transparente que dé fe de su existencia y contenido.

En ese sentido se pronunció el Tribunal Constitucional español en la sentencia S. 179/1989.

En efecto, se debe arribar a dichas conclusiones a partir de las siguientes razones:

a) Respecto del ejercicio de la función electoral se prevé expresamente desde la Constitución federal que son principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad [artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal];

b) Las autoridades que tienen a su cargo la organización de las elecciones deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones [artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal];

c) Los partidos políticos (luego, los grupos parlamentarios) son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público [artículo 41, fracción I, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal];

d) Los grupos parlamentarios que actúan al seno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, también forman parte del sujeto obligado, cuyas actuaciones e información son públicas y, por excepción, reservadas, por lo que el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales debe estar documentado, a fin de observar el principio constitucional de transparencia (artículos 6º, párrafo segundo, fracciones I y V, de la Constitución Federal);

e) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad, cuando tengan las calidades que se establezcan en la ley [artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal; 25, inciso c), del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos], y

f) Las autoridades tienen limitaciones en materia de derechos humanos, porque las disposiciones relativas no pueden ser interpretadas en el sentido de emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de los derechos humanos o a su limitación en mayor medida que la prevista en la normativa internacional [artículos 5°, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos].

En el caso, la Comisión Plural formada en el Congreso del Estado para establecer el procedimiento y analizar los mejores perfiles de entre los solicitantes o aspirantes al cargo de consejero electoral, se comprometieron a hacer a un lado los intereses partidistas y seleccionar de entre los aspirantes a quienes garantizaran mayor independencia, imparcialidad, objetividad y en general todos los principios rectores que contemplan la Constitución General, la Local y el Código Electoral sonorense, cosa que no sucedió así, prevaleció para la designación de los consejeros los intereses de las fracciones parlamentarias del Congreso, atentando así de manera clara e indudable los derechos políticos protegidos por la propia Constitución Política y los Tratados internacionales ya señalados.

La Comisión Plural del Congreso estableció que se realizaría una entrevista con todos los aspirantes, a efectos de conocer sus antecedentes curriculares y su plan de trabajo, previamente, se habían exhibido al momento del registro ante el Consejo Estatal Electoral los documentos que señaló la convocatoria respectiva en la que se convocó a los ciudadanos sonorenses que cumplieran los requisitos señalados en el artículo 92, del Código Electoral para el Estado de Sonora, para su registro como aspirantes, por lo que el Congreso del Estado y sobre todo la Comisión encargada de revisar toda la documentación presentada por los aspirantes tuvo el tiempo suficiente para analizar los antecedentes profesionales de todos los aspirantes a consejero electoral, además en la reunión de trabajo del día 15 de Marzo del año en curso, se tomaron varios acuerdos entre otros los siguientes:

Acuerdo del martes 15 de marzo.-

La Comisión Plural aprobó el método para la selección de los tres consejeros propietarios y uno suplente que consistirá en entrevistas los días martes y miércoles a los 142 aspirantes registrados ante el Consejo Estatal Electoral, una vez que inicie el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias el 1 de abril del presente.

El diputado Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la citada Comisión, informó durante la reunión de trabajo que las audiencias no serán obligatorias y los trabajos se desarrollarán a más tardar hasta el 31 de mayo, a fin de tener un dictamen listo antes del 30 de junio.

"Quien quiera venir que venga, pero se les va a hacer una invitación para cuando menos plantear algunas cuestiones y conocerlos personalmente, no para hacer calificaciones ni para evaluar, simplemente como una garantía de audiencia y un derecho de los miembros de la Comisión de conocer a los aspirantes", expresó.

Durante la reunión de trabajo, los secretarios de la Comisión Plural, diputados Faustino Félix Chávez, Roberto Ruibal Astiazarán, Damián Zepeda Vidales, Jesús Alberto López Quiroz, Cuauhtémoc Galindo Delgado, José Guadalupe Curiel y Óscar Manuel Madero Valencia analizaron las propuestas y dieron a conocer sus puntos de vista sobre cada una.

Estas fueron:

• Asignar 20 minutos por aspirante;

• Realizar un máximo de seis preguntas;

• Privilegiar el orden de aparición y entrevista conforme a la fecha de registro ante el CEE;

• Reconocer el quórum mínimo de tres diputados de la Comisión para el desarrollo de las entrevistas;

• Respetar la garantía de audiencia que tiene cualquier persona para poder objetar, opinar o emitir opiniones respecto de los aspirantes a integrar el organismo electoral, para lo cual se propuso publicaren diarios de circulación estatal, tanto la lista de aspirantes como conceder un plazo de diez días hábiles para conceder que cualquier persona ejercite dicho derecho.

• Preparar el primer borrador de dictamen la primera semana de junio y someter el dictamen a aprobación a más tardar el 14 de junio.

• Basar los criterios de selección en aquellos aspirantes que pudieran garantizar profesionalismo, capacidad y preparación.

La decisión adoptada por la Comisión que analizó los expedientes de todos los solicitantes produjo una situación de desigualdad entre los participantes en el proceso de designación, puesto que en el nombramiento de los consejeros, no respeto sus acuerdos entre otros el último de ellos que consiste en "• Basar los criterios de selección en aquellos aspirantes que pudieran garantizar profesionalismo, capacidad y preparación", le dio valor a los documentos exhibidos por algunos aspirantes, desestimando los de varios, entre los que me encuentro, a pesar de que los antecedentes personales, trayectoria profesional y capacidad demostrada en la materia electoral no dejan duda de que, reúno las condiciones necesarias para ser designada consejero electoral, tomando en cuenta que la suscrita ya desempeñe el cargo de consejera propietaria, en el periodo comprendido de septiembre del 2005 a octubre del 2008, pero además curse un diplomado de derecho electoral impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los ahora designados como consejeros, dos de ellos(los hombres) no demuestran tener conocimientos de la materia electoral, de ahí la falta de certidumbre y objetividad, con independencia de la violación al procedimiento establecido por la propia comisión plural del Congreso del Estado.

La falta de objetividad e imparcialidad en la decisión tomada por el Congreso del Estado deriva en forma muy importante de no fundar y motivar, ni mucho menos señalar los elementos que se tomaron en consideración para llegar a la determinación de que personas reúnen los requisitos más idóneos para desempeñar el cargo de consejero electoral.

Se sostiene por el Congreso del Estado de Sonora, en el Dictamen impugnado, lo siguiente: "Para arribar y sostener esta propuesta de recomendación se ha tomado en cuenta, básicamente, que los mencionados ciudadanos reúnen los requisitos legales previstos para el cargo como se describió con antelación en cada uno de ellos; además y sin que ello sea vinculatorio para determinar proponerlos para que ocupen dichos cargos solo como dato adicional ilustrativo consideramos que dichos aspirantes por sus características propias, del ejercicio de su profesión, conocimientos de la materia, representan garantía del cumplimiento de la función electoral bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, no sólo por sus antecedentes curriculares sino también por su desempeño profesional, académico y de inserción y reconocimiento social". Lo anterior resulta ser incorrecto, toda vez que, de haberse cumplido con tales parámetros, la suscrita hubiese sido designada Consejera Electoral, al no hacerlo así, se vulneran mis derechos humanos y mis derechos político electorales.

En las constancias que obran en el Congreso del Estado derivadas del procedimiento de selección de los consejeros electorales no se advierte que se haya realizado un análisis serio y detallado de las documentales exhibidas y que acreditan el cumplimiento o por lo menos la presunción de que se reúne el perfil más idóneo para desempeñar el cargo de consejero electoral con la garantía de que sea lo más conveniente al principio de imparcialidad y legalidad que debe caracterizar a los organismos electorales.

Lo antes señalado evidencia la falta de objetividad y transparencia en el procedimiento seguido por los Diputados integrantes de la Comisión encargada, pues en lo personal ignoro cuales fueron los parámetros para descartar mi solicitud, ya que con toda certeza puedo afirmar que, además de reunir todos los requisitos que señala el artículo 92, del Código Electoral para el Estado, y los determinados en la convocatoria respectiva, por mi trayectoria profesional y mi desempeño en la función electoral durante 3 años quedó acreditado que la suscrita reúno a cabalidad los requisitos legales y garantizo un desempeño apartidista, objetivo e imparcial en mi función de consejero, por tanto, al no fundar ni motivar las razones por las que no se consideraron los elementos aportados por la suscrita, además de haber cumplido con una entrevista personal con la Comisión encargada del análisis y selección se vulneran mis derechos políticos, razón por la que acudo ante el Órgano Jurisdiccional más alto de México para el efecto que determine la ilegalidad en que incurrió el Congreso del Estado de Sonora y ordene la reparación del agravio a la suscrita realizado.

Es evidente que el rubro experiencia profesional, en forma alguna atiende a la experiencia laboral en materia electoral, porque se debe hacer un análisis completo del perfil laboral, tanto en experiencia como en cargos ejercidos. A juicio de la suscrita, la evaluación en experiencia laboral, debe ser integral, atendiendo al campo de desarrollo y su vinculación directa e inmediata con la materia electoral.

Es mi convicción que, el Congreso del Estado de Sonora debió respetar los parámetros necesarios para determinar preponderantemente que los Consejeros Electorales, sean aquellos participantes que tengan experiencia laboral y la formación académica, vinculadas necesariamente con la materia electoral, a efecto de conformar el Consejo Electoral con los mejores perfiles, que desde luego garanticen un debido funcionamiento en el organismo, todo ello de conformidad con los principios rectores previstos en la Constitución General, la Local y el Código Electoral para el estado de Sonora.

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las designaciones de quienes integren los organismos electorales deben recaer en los ciudadanos que demuestren que cumplen los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, con el objeto de tener mayor certeza de que se conducirán con una actuación imparcial, dicho criterio jurisprudencial de carácter obligatorio fue incumplido por el Congreso del Estado de Sonora al excluirme de la designación de los consejeros electorales, pues quedó debidamente acreditado por la suscrita con los elementos necesarios y que obran en el expediente respectivo en el Congreso de Sonora que, reúno a cabalidad los principios rectores que se detallan a continuación:

CONSEJEROS ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS Y SIMILARES). (Se transcribe).

SEGUNDO AGRAVIO. Se violentan en mi perjuicio los artículos 41, 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, de la Constitución Política del Estado de Sonora y el artículo 3, del Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que, el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en relación con el sistema federal, que la organización de las elecciones es una función estatal, realizada a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley, y destaca que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

Estas últimas propiedades son reiteradas en el mismo artículo al disponerse que será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento.

En ese mismo sentido, la Constitución Federal, dispone para los estados integrantes del pacto, en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ...las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

El sistema electoral del Estado de Sonora, en observancia del pacto federal, en el artículo 22, de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala que: ...La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

De esta manera, el principio de imparcialidad se reitera a nivel local e irradia con una intensidad mayor la exigencia de su cumplimiento, al exigir que los funcionarios del organismo autónomo deban cumplir requisitos que garanticen la eficacia de dicho principio.

El artículo 84; del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala, en lo conducente, que las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad.

De esta manera, el legislador local coincide con el constituyente federal y establece los principios de independencia, objetividad e imparcialidad como rectores de las funciones ejercidas por las autoridades electorales.

De este enunciado legal, leído en el contexto que se ha venido identificando y alimentado por la fuerza de los principios a los que nos hemos referido, se advierten las siguientes normas:

1. El propio consejo electoral, además de supervisar que los órganos del instituto se ajusten a tales principios, en sí mismo, debe regirse por similares principios, porque la disposición se refiere a todo el organismo electoral local, lo cual, desde luego, incluye al mismo consejo.

2. Los consejeros electorales que, en lo individual, ejercen esa función, como integrantes del órgano deben conducirse con observancia de tales principios, para garantizar semejante funcionamiento del órgano.

3. En consecuencia, los ciudadanos sobre los cuales puede recaer ese encargo, deben conducirse con apego a los principios de independencia, objetividad, e imparcialidad.

En el sistema mexicano, el constituyente diferenció con el término ciudadanización a los integrantes de los órganos electorales que no ostentaban la calidad de simpatizantes partidistas con una actividad preponderante en la organización y funcionamiento de un partido político, pues para éstos reservó la calidad de representantes partidistas dentro de este tipo de órganos.

Incluso, estimar lo contrario podría conducir a aceptar que determinados partidos políticos tuvieran un representante propiamente dicho y otro que, con la calidad de consejero, por su simpatía e interés a favor del partido materialmente lo fuera.

Además, aunado a la explicación histórica, la posición asumida contribuye a garantizar el respeto de las posiciones minoritarias en los órganos colegiados electorales pues evita que, derivado de una simpatía partidista dotada de gran fuerza electoral, éstos se integren con un número preponderante de consejeros de una sola ideología, por tanto, con gran capacidad para imponer sus posiciones a la decisión del órgano.

Así, la exigencia de independencia, objetividad e imparcialidad son válidamente exigidas a los encargados de llevar a cabo la función electoral, incluso, en lo individual, como consejeros electorales o magistrados, sin que exista oposición con la visión señalada.

La independencia implica la situación institucional que permite a los consejeros emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los hechos, la cual debe ser obtenida sobre la base de las pruebas recibidas y de acuerdo con el derecho que estime aplicable al caso concreto, sin ser influenciado o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes o de otras personas físicas o jurídicas.

La objetividad, en términos generales, es la virtud de abordar cualquier cuestión en forma desinteresada y desapasionada, con independencia de la propia forma de pensar o de sentir.

La imparcialidad implica la ausencia de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.

En específico, dichos principios deben observarse, con mayor exigencia, tratándose de la integración del Consejo Estatal Electoral, pues se trata del órgano facultado para organizar las elecciones municipales y estatales en Sonora y por tanto, como arbitro en las contiendas partidistas, debe satisfacer en la mayor medida posible la independencia, objetividad e imparcialidad en sus actuaciones.

En ese sentido, toda vez que el texto legal de dicho artículo, por sí mismo, contiene la norma según la cual la designación de Consejeros Electorales sólo debe recaer en sujetos independientes, objetivos e imparciales, esto es suficiente para exigir, bajo las reglas generales de la prueba, que los consejeros electorales que se designen observen dichas cualidades, aun cuando, en principio, estas deban presumirse.

Incluso, para el enunciado normativo regulador del tema que nos ocupa, reconfigurado a contrario sensu, constituye una prohibición directa de que el cargo de consejero recaiga o sea ocupado por ciudadanos que no cuenten con autonomía, objetividad e imparcialidad.

Asimismo, la lectura dada al sistema normativo en análisis, en una interpretación conforme, es acorde con los principios establecidos en la Constitución, previstos en los artículos 41, y 116, de la Constitución Federal, y reflejados en la constitución y código electoral locales, porque viene a configurar una regla que maximiza la observancia de los mismos, pues es evidente que, el actuar de los organismos y órganos electorales está condicionado por el papel de los jueces y consejeros que los integran, de ahí que estos deban observar tales calidades.

Igualmente, dicha interpretación también es acorde con la función y derechos de los partidos políticos en el sistema electoral, porque no excluye sus garantías de participación y fiscalización en la organización del proceso electoral y toma de decisiones del órgano administrativo electoral superior, porque permite su participación en las discusiones de los temas, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta, pero sin incidir como parciales que son en la determinación última de la conformación de la voluntad de los órganos.

Los tratados internacionales constituyen compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y lo comprometen con la comunidad internacional, por la actuación de sus autoridades, incluidas a las autoridades electorales. Este criterio se encuentra recogido en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la jerarquía normativa en el orden jurídico mexicano, según la cual los tratados internacionales tienen un nivel jerárquico infraconstitucional aunque supralegal (tanto de las leyes federales como de las leyes locales), publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 199, Tesis, P.LXXVII/99, página 46, y cuyo rubro es: TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Ciertamente, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen el derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de cada país, empero, los invocados instrumentos internacionales de derechos humanos admiten la posibilidad de establecer a través de una ley, la configuración a través de la cual pueden ejercerse esos derechos, siempre y cuando no se hagan nugatorios los mismos.

Este es precisamente el supuesto del caso en estudio, porque el alcance y configuración de tales derechos está regulado por la propia entidad federativa en consonancia con lo dispuesto en la constitución sobre el propio principio de imparcialidad, de modo que las reglas locales se vislumbran como instrumentos aceptables que, en modo alguno impiden el ejercicio del derecho fundamental de acceder a los cargos públicos reconocido por la constitución mexicana y los tratados internacionales a los que nos hemos referido.

Incluso, en el artículo 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece la norma interpretativa según la cual ninguna disposición de la convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

En el artículo 5, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece una disposición interpretativa en similares términos para impedir la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o una limitación indebida de los mismos.

Empero, en el artículo 30, del Pacto de San José se establece que las restricciones permitidas, de acuerdo con la convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidos.

Por tanto, la imparcialidad de los integrantes de un órgano encargado de organizar las elecciones, resulta de interés general y, por ende, la posición asumida en estos agravios es conforme con los tratados mencionados.

En suma, es evidente que tales condiciones son imprescindibles para ocupar el cargo de Consejero Electoral en el Estado de Sonora, y la satisfacción de tales requisitos debe ser vigente al momento de la designación.

Para esto, en caso de incumplimiento de tales exigencias, es necesario atender a un parámetro objetivo que permita identificar en qué momento un aspirante a ese tipo de cargos está en condiciones de recuperar la presunción de observancia de tales exigencias, y para esto, en garantía del legislador local, el parámetro a tomar en cuenta, es aquel que se presenta en normas que tienen la misma razón de ser, y así, en el sistema local, tenemos que en el artículo 92, fracción VIl del Código Electoral para el Estado de Sonora, acatando los principios mencionados, se excluyó la posibilidad que los integrantes del Consejo Estatal Electoral tuvieran cierta filiación partidista.

En virtud de lo antes expuesto, es evidente y notorio que, pese a cumplir a cabalidad con las cualidades que se exigen por las Constituciones Federal , Local y ley electoral sonorense, al haberme negado la posibilidad de fungir como consejero electoral violenta mis derechos político electorales del ciudadano, razón por la que acudo a este Tribunal para el efecto de que en reparación de agravios resuelva lo conducente, solicitando que se agreguen a este procedimiento todas y cada una de las constancias que fueron exhibidas y agregadas al expediente formado al suscrito como aspirante a consejero electoral y a quien le correspondió el número de folio 140.

Suplencia de la queja deficiente.

En virtud de que, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se debe suplir la deficiencia de los enjuiciantes, en la exposición de sus conceptos de agravio, siempre y cuando éstos se puedan deducir claramente de los hechos expuestos. Consecuentemente, solicito, en caso de ser necesario, la regla de la suplencia aludida, siempre que se advierta la expresión de conceptos de agravio, aunque ésta sea deficiente, y cuando existan afirmaciones sobre hechos, de los cuales se puedan deducir claramente.

En este sentido, cabe precisar que el ciudadano, como sujeto principal o primordial del Derecho Electoral, tiene un cúmulo de derechos de los que destacan, dada su calidad de ciudadano, los políticos, entre los cuales está el derecho a ser designado en cualquier cargo o empleo público, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, los derechos políticos son derechos humanos, al efecto se ha considerado lo siguiente: b) Derecho a ser votado en elecciones periódicas, legítimas, celebradas mediante sufragio universal, libre, secreto, directo y auténtico. Este tipo de derecho se ha definido como aquel que tienen los ciudadanos de una comunidad para postularse y en su caso ser elegidos, con el fin de ocupar determinados cargos públicos.

Para dar curso a mi petición, se debe tener en consideración que por reforma constitucional de fecha diez de junio de dos mil once, en el sistema normativo mexicano se reconocen los derechos humanos, como inherentes a todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, atendiendo al párrafo segundo, del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos —las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en este sentido, la suplencia de los conceptos de agravio, se debe hacer de la forma más garantista, ampliando al máximo los derechos humanos, en este caso, el derecho político a integrar órganos de autoridad en materia electoral.

[…]

III. Juicio ciudadano SUP-JDC-4987/2011. En el escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Sagrario Penélope Palacios Romero, se aducen los siguientes conceptos de agravio:

[…]

FUENTE DE AGRAVIO.- ILEGAL DESIGNACIÓN e INCORRECTA INTEGRACIÓN POR PARTE DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE ESTADO DE SONORA, DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y SUPLENTE QUE CONFORMAN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PERIODO ELECTORAL 2011-2012 Y 2014-2015, y con ello afectando los principios de igualdad, legalidad, certeza, objetividad, transparencia así como mi derecho a integrar el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, contenida en el Acuerdo de fecha cuatro de agosto del año dos mil once.

CONCEPTOS DE AGRAVIO

El acto impugnado agravia a la suscrita porque viola en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 1, 4, 14, 16, 41 fracción IV 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 16 fracción II y 22 párrafos tercero y quinto, 64 fracción XX, y 150-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los artículos 3, 75, 86, 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los artículos 1, 3, 4, 66, 82, 83, 92 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, así como el propio Acuerdo del H. Congreso del Estado de Sonora, por el cual creó la Comisión Plural encargada de presentar al Pleno el dictamen que contenga la lista de ciudadanos que pueden ser tomados en cuenta para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral.

Las referidas disposiciones constitucionales y legales, en lo que interesa, establecen:

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4.- EL varón y la mujer son iguales ante la ley. ...

Artículo 14.- ...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II.Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Artículo 41.

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA:

Artículo 1º.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....

Las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y Municipios tienen la ineludible obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus facultades, las garantías y las prerrogativas que esta Constitución Local concede.

Artículo 2º.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.

Artículo 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense:

II.- Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución.

Artículo 22.-...

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral, conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

"... EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES HABRÁ PARIDAD DE GÉNERO Y SE OBSERVARÁ EN SU CONFORMACIÓN EL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GÉNERO".

Artículo 64.- El Congreso tendrá facultades:

XX.- Para nombrar a los magistrados propietarios y a los magistrados suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa y a los consejeros estatales electorales propietarios y suplentes comunes del Consejo Estatal Electoral, según el procedimiento establecido por esta Constitución y la Ley.

Artículo 150-A.- En el Estado las mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos que los hombres; podrán ser electas y tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señala esta Ley.

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA:

Artículo 3. Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores de la función electoral.

La interpretación del presente Código se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

Artículo 75. Los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, son los siguientes:

I.- El Consejo Estatal;

II.- Los Consejos Distritales;

III.- Los Consejos Municipales; y

IV.- Las mesas directivas de casilla.

Artículo 86. El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del presente Código.

Artículo 88.- Los consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las bases siguientes:

I.- El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso electoral ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que determine el propio Consejo. Dicha convocatoria será dirigida a los ciudadanos residentes en la Entidad, a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo Estatal, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con lo establecido para dicho efecto en la convocatoria y en este Código;

II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que se requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses.

III.- El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes.

IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el Pleno Que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, en su caso;

Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo dictamen;

V.- El procedimiento por el cual el Congreso nombrará a los consejeros del Consejo Estatal Electoral, DEBERÁ LLEVARSE A CABO ANTES DE QUE CONCLUYA EL MES DE JUNIO del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente artículo deberán rendir la protesta de Ley.

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO 1.- La presente Ley Orgánica tiene por objeto regularla estructura y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 3.- En el ejercicio de sus atribuciones y ámbito de competencia, el Congreso del Estado, pugnará por el establecimiento de un orden social justo, a través de la expedición de Leyes, Decretos y Acuerdos que sean de su competencia legal o de orden Constitucional.

ARTÍCULO 4.- El Congreso del Estado se integrará por los Diputados que establece la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 66.- Son atribuciones del Presidente:

IX.- Asignar a las Comisiones de Dictamen Legislativo que por turno corresponda el estudio de los asuntos con que se de cuenta, salvo acuerdo diverso del Pleno del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 82.- Las Comisiones del Congreso del Estado son órganos colegiados que se integran por Diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de ley, de decreto y demás asuntos que le sean turnados por el Pleno del Congreso del Estado para elaborar en su caso, los Dictámenes correspondientes.

ARTÍCULO 83.- Las Comisiones del Congreso del Estado serán:

I.- De Dictamen Legislativo;

ARTÍCULO 92.- La competencia de las Comisiones de Dictamen Legislativo es la que se deriva de su denominación, así como de las normas que rigen el funcionamiento del Congreso del Estado, para el efecto, se designarán las siguientes Comisiones:

I.- De Gobernación y Puntos Constitucionales.

ARTÍCULO 94.- Las Comisiones de Dictamen Legislativo tienen las siguientes atribuciones:

I.- Recibir, analizar, estudiar, discutir y DICTAMINAR los asuntos que les turne el Pleno del Congreso del Estado.

De las disposiciones antes transcritas se puede observar claramente que la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora VIOLÓ las disposiciones Constitucionales y electorales en cuanto al procedimiento de designación de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplente del Consejo Estatal Electoral. Igualmente violó el Acuerdo aprobado por la propia legislatura el día 28 de febrero del año dos mil once mediante el cual creó la Comisión Plural encargada de presentar al Pleno el dictamen que contenga la lista de ciudadanos que pueden ser tomados en cuenta para la designación del Consejeros Electorales, por lo siguiente:

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO. La LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora viola en mi perjuicio mi derecho y mi prerrogativa como ciudadana sonorense, para ser nombrada para el cargo de Consejera Propietaria de dicho organismo electoral, porque me ubica en un plano de NO CONSIDERACIÓN al respecto de la DESIGNACIÓN e INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA.

Como lo manifesté en el apartado de hechos en la calificación del cumplimiento de requisitos de los aspirantes al cargo de Consejeros Electorales realizada por el propio Consejo Estatal Electoral de Sonora, se confirmó que la suscrita cumple con todos y cada uno de ellos, por lo que en consecuencia el expediente con la documentación presentada el día que llevé a cabo mi solicitud de registro así como la constancia expedida por dicho organismo electoral, se remitieron al H. Congreso del Estado de Sonora para efecto DE SER CONSIDERADA a INTEGRAR el Consejo Estatal Electoral.

Resulta de esencial relevancia la previsión constitucional local, relativa a que la designación de los consejeros compete al H. Congreso del Estado, sin embargo es el caso que la autoridad responsable actuó en contra de la Constitución del Estado, del Código Electoral y de sus propias determinaciones por lo siguiente:

El Artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora eleva a rango Constitucional el Organismo denominado Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora quien tiene la facultad de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales en dicha entidad federativa, bajo los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia. Dicha función es tan importante porque precisamente este Organismo Electoral es el vínculo entre la ciudadanía y los partidos políticos para efecto de materializar la representatividad y con ello la Soberanía del Estado.

Por ello se le dio esta gran responsabilidad al H. Congreso del Estado de designar a los ciudadanos encargados de llevar a cabo tal labor, ello atendiendo a la disposición Constitucional establecida en el dispositivo antes mencionado que a la letra dice:

"...Artículo 22-

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral, conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

De igual forma en dicho precepto constitucional establece que para la conformación de los organismos electorales, en este caso el Consejo Estatal Electoral deberá de prevalecer los principios de equidad y alternancia de género, en los siguientes términos:

"...En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación el principio de alternancia de género..."

El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, define el vocablo "alternar" de la siguiente manera:

(Del lat alternāre, de alternus, alterno).

1. tr. Variar las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente. Alternar el ocio y el trabajo. Alternar la vida en el campo con la vida urbana.

2.tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.

3. tr. Mat. Cambiar los lugares que ocupan respectivamente los términos medios o los extremos de una proporción.

4.intr. Dicho de varias personas: Hacer o decir algo o desempeñar un cargo por turno.

5.intr. Dicho de ciertas cosas: Suceder a otras recíproca y repetidamente. Alternar los días claros con los lluviosos. Alternar las alegrías con las penas.

6. intr. Hacer vida social, tener trato. Alternar con personas de cuenta.

7.intr. Dicho de una mujer: En ciertas salas de fiestas, bares y lugares semejantes, tratar con los clientes, para estimularles a hacer gasto en su compañía, del cual obtienen generalmente porcentaje.

8. intr. Entrar a competir con alguien.

De entre las aceptaciones de la palabra "alternar", la que es para el caso aplicable es: "...2. tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente." dicho significado vinculado al principio de que se trata, se desprende que debe de entenderse que la conformación de los organismos electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego de otro, sucediéndose uno al otro.

La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como el que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.

Por ello, una de las bases de la última reforma electoral constitucional consistió en atender los principios de alternancia y paridad de género, ya que dicha reforma contempló que no solamente en los cargos de elección popular, sino en la conformación de los órganos electorales se debería de aplicar dichos principios. Tan en así que la exposición de motivos de dicha reforma, deja en claro que los principios de paridad y alternancia deben de ser aplicados en toda la vida política del Estado de Sonora, desde los cargos a elección popular hasta la conformación de los órganos electorales.

Atendiendo lo anterior, el artículo 22 de la Constitución Local establece lo siguiente:

"Artículo 22: ... En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género…"

Lo que significa que la integración del Consejo Estatal Electoral, se da de manera alternada y escalonada, por ello el legislador previo renovar parcialmente su integración, tan es así que en el artículo segundo transitorio de la Ley número 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, establece que, por esta única ocasión, al designar a los consejeros estatales electorales, el Congreso deberá nombrar a dos consejeros propietarios y dos suplentes comunes para que ejerzan funciones por el período de un proceso electoral ordinario, y los restantes, tres consejeros propietarios y un suplente común, para el período de dos procesos electorales ordinarios, para que la alternancia diera vida al momento de renovarse dicho organismo electoral, ya que al momento de sustituir a los dos consejeros electorales para un proceso electoral, se integraran con los tres consejeros propietarios que con la experiencia de un proceso electoral y con el derecho de otro periodo más, conformarán un organismo alternado.

Por lo que al renovarse de nueva cuenta el Consejo Estatal Electoral, y atendiendo al mismo principio, se deberá sustituir a los tres consejeros propietarios que ya estuvieron en su encargo en dos procesos electorales, por los nuevos consejeros electorales estatales. A su vez, deberá imperar el principio de género, el cual para su total conformación deberá estar integrado por dos ciudadanos de género femenino y tres de género masculino o viceversa.

Así las cosas, tenemos que en una renovación parcial del Consejo Estatal Electoral, la alternancia no orbita solamente respecto del número de integrantes del órgano máximo de dirección del ente estatal, sino que, atendiendo al esquema constitucional y legal contenido en el artículo 22 de la Constitución Local que establece que en la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará en su conformación el principio de alternancia, la cual debe traducirse también, en brindar la oportunidad de que el número de integrantes de un mismo sexo sea preponderante en una etapa de la conformación del órgano electoral, para que en la siguiente etapa de conformación, es decir, con motivo de la renovación parcial, se invierta la mencionada preponderancia, a efecto de brindar, en igualdad de oportunidades, para que el número de integrantes del sexo opuesto -en la etapa siguiente-, se invierta; es decir, que si en la integración actual se cuenta con tres consejeros del sexo masculino y dos del sexo femenino (en los consejeros propietarios), con motivo de la renovación parcial en curso, se inviertan los valores en el sentido de conformar el Consejo Estatal con tres integrantes del sexo femenino y con dos del sexo masculino.

Con base en lo anterior, a continuación se analizará la integración actual del Consejo Estatal Electoral, atento a la designación de consejeros electorales propietarios y suplente llevada a cabo mediante el Acuerdo que se combate mediante la presente demanda por el H. Congreso del Estado de Sonora, misma que ha quedado en los siguientes términos:

Consejeros Propietarios

Género

1

Fermín Chávez Peñúñuri

MASCULINO

2

Marisol Cota Cajigas

FEMENINO

3

Oscar Germán Román Portela

MASCULINO

4

Sara Blanco Moreno

FEMENINO

5

Francisco Javier Zavala Segura

MASCULINO

Consejeros Suplentes

 

6

Francisco Córdova Romero

MASCULINO

7

María Dolores Carvajal Granillo

FEMENINO

8

Olga Lucía Seldner

FEMENINO

De la tabla anterior, se puede desprender la conformación del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en ella se puede apreciar que en su todo, esto es, en el total de sus integrantes (en virtud de que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora prevé que se integra con 5 propietarios y 3 suplentes) cumple con el principio de equidad de género, puesto que está conformado por cuatro ciudadanos del género masculino y cuatro ciudadanos del género femenino:

Consejeros del género masculino

1

Fermín Chávez Peñúñuri

2

Francisco Córdova Romero

3

Oscar Germán Román Portela

4

Francisco Javier Zavala Segura

Consejeros del género femenino

1

Marisol Cota Cajigas

2

María Dolores Carvajal Granillo

3

Sara Blanco Moreno

4

Olga Lucía Seldner

Sin embargo el H. Congreso del Estado de Sonora, omitió llevar a cabo la conformación del Consejo Estatal Electoral respetando el principio de ALTERNANCIA DE GÉNERO, ello porque debió haber designado dos consejeros electorales propietarios del sexo femenino y uno del sexo masculino, y en cuanto al consejero electoral suplente, este debió de haber sido sexo masculino, ello atendiendo a lo que esa H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ha establecido en varias resoluciones (SUP-JRC-28/2006). Lo anterior es así, porque para que haya alternancia no es suficiente que en la integración del Consejo Estatal Electoral tomado como un todo -propietarios y suplentes - se requiere que tal alternancia se dé a partir de la designación o integración de los consejeros propietarios, con la finalidad de que se cumpla el objetivo propio de la alternancia, dado que, es un hecho que evidentemente que las facultades de un órgano colegiado, son ejercidas ordinariamente por sus miembros propietarios y solo en casos extraordinarias son los suplentes los que llegan a ejercer dichas funciones, por lo que tal conformación va en contra de la norma.

Si observamos la conformación el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, podemos advertir que en el caso de los consejeros electorales suplentes no se encuentra materializado el principio de alternancia de género, ello porque el día siete de octubre del año dos mil ocho, el H. Congreso del Estado designó a los CC. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURÍ y MARISOL COTA CAJIGAS como consejeros electorales propietarios para dos procesos electorales ordinarios y a los CC. FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO y MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO como consejeros electorales suplentes para dos procesos electorales, y en virtud de que la C. ANA AURORA SERRANO quién había sido designada para dos procesos electorales como consejera suplente, a ésta el H. Congreso del Estado, jamás le tomó protesta para desempeñar tal cargo, por lo que nunca estuvo en funciones como Consejera Electoral Suplente, en consecuencia al dictaminar la integración del Consejo Estatal Electoral para los periodos 2008-2009 y 2011-2012, se resolvió que el C. FRANCISCO CORDOVA ROMERO fuera el consejero electoral suplente PRIMERO en PRELACIÓN para cubrir cualquiera de las ausencias que de cualquier carácter llevara a cabo algún Consejero propietario.

Esto significa que el C. FRANCISCO CORDOVA ROMERO en su carácter de consejero electoral suplente es el PRIMERO EN PRELACIÓN, lo cual significa que nuestro punto de partida para llevar a cabo la alternancia de género en los consejeros electorales suplentes es de GENERO MASCULINO, por lo que la C. MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO es la segunda consejera suplente de GENERO FEMENINO y la tercera consejera electoral suplente ES TAMBIÉN DE GÉNERO FEMENINO por lo que el H. Congreso del Estado, llevó de manera incorrecta la conformación el Consejo de mérito en cuanto a la alternancia:

Consejeros Suplentes

 

1

Francisco Córdova Romero

MASCULINO

2

María Dolores Carvajal Granillo

FEMENINO

3

Olga Lucía Seldner

FEMENINO

Ahora bien, si partimos de ese supuesto, el Consejero Electoral de carácter suplente debió de haber sido de género masculino para quedar conformada la alternancia de la siguiente manera:

Consejeros Suplentes

 

1

Francisco Córdova Romero

MASCULINO

2

María Dolores Carvajal Granillo

FEMENINO

3

MASCULINO

Sin embargo, el integrar a un consejero electora suplente de género masculino, nos llevaría a aumentar el número de integrantes de ese mismo género a un total de cinco, sobre tres de género femenino, por lo que para no romper con el principio de equidad de género, luego entonces en la integración de los consejeros electorales propietarios debe de quedar integrada por tres consejeros electorales de género femenino y dos de género masculino:

Consejeros Propietarios

Género

1

Marisol Cota Cajigas

FEMENINO

2

Fermín Chávez Peñúñuri

MASCULINO

3

 

FEMENINO

4

 

MASCULINO

5

 

FEMENINO

Consejeros Suplentes

 

1

Francisco Córdova Romero

MASCULINO

2

María Dolores Carvajal Granillo

FEMENINO

3

 

MASCULINO

De la tabla anterior, se puede deprender una integración y conformación de un organismo electoral donde se respeten los principios de equidad y alternancia de género, ello porque se encuentran contenidos cuatro consejeros electorales de género masculino y cuatro consejeros electorales de género femenino en su todo, y en cuanto a los consejeros electorales propietarios se alternan el género, y de igual forma en los consejeros electorales suplentes.

Ahora bien, independientemente de lo anterior, en el caso que nos ocupa, feneció el periodo de encargo para dos procesos electorales a los CC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA, HILDA BENÍTEZ CARREÓN y WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO como consejeros electorales propietarios, y ANA AURORA SERRANO como consejera electoral suplente, por lo que de igual forma se tiene que observar el principio de alternancia de género para la nueva conformación del organismo electoral de referencia, ello porque si se les termina el periodo a dos consejeros electorales de género masculino ( MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA y WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO) y a una consejera electoral de género femenino (HILDA BENITEZ CARREÓN), la nueva designación debió haberse llevado a cabo alternando los géneros, es decir DESIGNAR A DOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS DE GÉNERO FEMENINO y UN CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO DE GÉNERO MASCULINO, y de igual forma UN CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE DE GENERO MASCULINO:

Consejo Estatal Electoral antes de la Designación

Consejo Estatal Electoral NUEVA DESIGNACIÓN

Consejeros Propietarios

Género

Consejeros Propietarios

Género

1

Marcos Arturo García Celaya

MASCULINO

1

Marisol Cota Cajigas

FEMENINO

2

Hilda Benítez Carreón

FEMENINO

2

Fermín Chávez Peñúñuri

MASCULINO

3

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

MASCULINO

3

Nuevo Consejero

FEMENINO

4

Marisol Cota Cajigas

FEMENINO

4

Nuevo Consejero

MASCULINO

5

Fermín Chávez Peñúñuri

MASCULINO

5

Nuevo Consejero

FEMENINO

Consejeros Suplentes

 

Consejeros Suplentes

 

6

Francisco Córdova Romero

MASCULINO

6

Francisco Córdova Romero

MASCULINO

7

María Dolores Carvajal Granillo

FEMENINO

7

María Dolores Carvajal Granillo

FEMENINO

8

   

8

Nuevo Consejero

MASCULINO

Es evidente pues, que la designación efectuada por la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora viola en mi perjuicio mi derecho y mi prerrogativa como ciudadana sonorense, para ser nombrada para el cargo de Consejera Electoral Propietaria de dicho organismo electoral, porque no respeto los principios de alternancia de género en su conformación.

Lo anterior se corrobora de lo establecido en el artículo primero transitorio de la Ley No. 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora No. 22 Sección II de fecha 15 de marzo de 2004, modificación constitucional que introdujo los principios de paridad y alternancia en la integración del órgano electoral sonorense.

De dicha Ley se desprende que:

• La renovación parcial del Consejo inició con la designación de consejeros electorales de 2007.

• Que dicha designación debía atender los referidos principios de paridad y alternancia de género tanto en su integración, como en su conformación, para lo cual prescribió que para la primera designación de consejeros electorales, en atención a dichos principios, debía nombrar a dos Consejeros Propietarios y dos Consejeros Suplentes para que ejerzan sus funciones por el periodo de un proceso electoral ordinario y, los restantes, tres Consejeros Propietarios y un Consejero Suplente, para el periodo de dos procesos electorales ordinarios.

Ahora bien, en el primer Acuerdo de designación derivado de la ley 151 de reformas constitucionales locales, como ya se señaló, se designaron a tres consejeros electorales propietarios de género masculino y a dos consejeros electorales de género femenino, así como a dos consejeros electorales suplentes de género femenino y a un consejero electoral de género masculino.

En mérito de lo anterior, la primera renovación parcial del Consejo Estatal Electoral debió observar la alternancia de género no solo respecto de los integrantes del Consejo como un todo, sino como la oportunidad de que la igualdad -mediante la alternancia de género- se hiciera patente a partir de la primera renovación parcial, y no circunscribirse a designar nuevos consejeros sustituyendo género por género, sino que atento al principio de alternancia de género enmarcado en las disposiciones constitucionales que prevén la igualdad del hombre y la mujer ante la ley establecidas en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículo 16 y 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se materializara la oportunidad de que también el género femenino, bajo las reglas de alternancia de género, tuviera la oportunidad de integrar preponderantemente el Pleno del Consejo con tres consejeras electorales propietarias e ir alternando dicha preponderancia numérica en las subsecuentes designaciones.

Es el caso que el H. Congreso del Estado de Sonora mediante el Acuerdo que hoy combato, nuevamente no respetó el principio de alternancia de género en la forma antes descrita, lo que desde luego agravia a mi persona, en tanto que aspiré al cargo de consejera electoral y en la especie únicamente se designó corno integrante del género femenino a una sola persona, lo que atenta mi esfera de derechos por cuanto que debió designarse a dos mujeres en vez de una como consejeras electorales propietarias, lo que va contra la finalidad de las normas constitucionales, de las normas legales y de la propia convocatoria para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral que en su Base Tercera, por lo que de continuar con la ilegal integración, se aleja la posibilidad real de participar en representación del género femenino en las actividades relativas a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral que se avecina.

De subsistir la errónea integración, la representatividad del género femenino en calidad de propietarios es del 40 %, contra el 60 % del género masculino, representación que ha subsistido desde la primera integración en que se introdujeron, los principios de paridad y alternancia de género en la integración y conformación del Consejo Estatal Electoral, lo que desde luego me agravia, por cuanto que si el H. Congreso del Estado hubiese designado a tres consejeras electorales propietarias, en respeto de dichos principios, la suscrita hubiera tenido la oportunidad de integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

No debe pasar desapercibido que el Dictamen de la Comisión Plural del H. Congreso del Estado encargada de presentar al Pleno el dictamen que contenga la "lista" de ciudadanos que pueden ser tomados en cuenta para la renovación parcial del Consejo, refiere tales principios al abordar el artículo 22 de la Constitución local, sosteniendo equivocadamente lo siguiente:

El referido artículo 22 de la Constitución Política del Estado establece que los consejeros durarán en su encargo dos procesos electorales, previendo la obligación de renovar su integración de manera parcial cada proceso electoral respetando el principio de paridad y alternancia de género, tanto en la designación de propietarios como suplentes.

Igualmente, en el Dictamen de mérito se considera:

Es importante dejar asentado que para quienes suscribimos el presente dictamen, existe la convicción de que esta selección cumple, además, cabalmente, con el imperativo de respetar los principios de equidad, paridad y alternancia de género, manteniendo a nuestra Entidad a la vanguardia en dichos temas...

De lo anterior obtenemos que en el Dictamen no se integró una lista de aspirantes para ser considerados para el cargo de consejeros electorales propietarios y suplentes, sino que el Dictamen de Comisión Plural va mas allá de la encomienda otorgada por el pleno del H. Congreso del Estado, afectando con ello mi derecho y la oportunidad de ser nombrada como consejera electoral, puesto que no integró lista de ciudadanos para ser tomados en cuenta, sino que puso a consideración del Pleno, una "propuesta específica" de cuatro aspirantes, lo que desde luego vulnera mi esfera de derechos, así como del resto de aspirantes al cargo de consejeros electorales que válidamente cumplieron con los requisitos para el cargo y que tampoco fueron enlistados por la Comisión Plural.

La anterior conclusión se robustece, mutatis mutandi, con el pronunciamiento fijado por ésa H. Sala Superior en el expediente SUP-JDC-028/2011 relativo a la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, en cuya parte considerativa se expresa literalmente lo siguiente:

"...No se pierde de vista que en el Dictamen de la Primera y Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Unidas de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora, mediante el cual sometieron a la consideración del Pleno la iniciativa de Ley número 160, relativo al Código Electoral para el Estado de Sonora vigente, se señala lo siguiente:

En este orden, para estas comisiones unidas, la aprobación de un nuevo ordenamiento jurídico en materia electoral representa el perfeccionamiento de las reglas que rigen los procesos electorales dentro de la tarea democratizadora de la Entidad, entendida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico y social.

No debernos olvidar que lo anterior debe ser producto de la voluntad de los ciudadanos, mediante reglas claras y precisas puestas por el poder público donde no se aplica la posición arbitraria sino la ley de los poderes legítimamente constituidos y en el cual los cargos públicos son temporales y rotativos para el fortalecimiento de la participación de las personas, algunas veces directamente y en otras, por conducto de sus representantes como es común en nuestro sistema democrático.

De lo anterior, se tiene que dichas comisiones concibieron la figura de la rotatividad en los cargos públicos como aquella que fortalecía la participación de las personas en un sistema democrático, la cual se actualiza en la especie con el acceso en el momento oportuno al cargo de Presidente del Tribunal Electoral por parte de todos los sujetos integrantes del órgano..."

En el caso concreto, la alternancia debe interpretarse en el sentido de maximizar y potenciar los derechos de las y los ciudadanos en igualdad de circunstancias, por lo que la alternancia de género en la integración y conformación del Consejo Estatal Electoral, al ser un órgano colegiado integrado en número impar, debe ser reintegrado en forma alternada, privilegiando la integración mayoritaria de género a partir de la primera designación, alternando dicha mayoría de género, por el género opuesto en subsecuentes reintegraciones.

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye la ilegal designación por parte del H. Congreso del Estado de Sonora, de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplente, en virtud de que no se llevó a cabo el procedimiento acordado por la Comisión Plural encargada de presentar al Pleno del Poder Legislativo, el dictamen mediante el cual se nombrarán cuatro Consejeros para integrar el Consejo Estatal Electoral, EXCLUYÉNDOME DE LA POSIBILIDAD DE FUNGIR como consejero electoral, por lo que con dicha designación se violan los principios constitucionales que privilegian la participación ciudadana por lo siguiente:

El día quince de marzo del presente año, la Comisión Plural de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora, acordó establecer un procedimiento para continuar con el proceso de designación de consejeros electorales que integrarían el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en los siguientes términos:

•Llevar a cabo entrevistas;

•Asignar 20 minutos por aspirante;

•Realizar un máximo de seis preguntas;

•Privilegiar el orden de aparición y entrevista conforme a la fecha de registro del Consejo Estatal Electoral;

•Reconocer el quórum mínimo de tres diputados de la Comisión para el desarrollo de las entrevistas;

•Respetar la garantía de audiencia que tiene cualquier persona para poder objetar, opinar o emitir opiniones respecto de los aspirantes a integrar el organismo electoral, para lo cual se propuso publicar en diarios de circulación estatal, tanto en la lista de aspirantes como conceder un plazo de días hábiles para conceder que cualquier persona ejercite dicho derecho;

•Preparar el primer borrador de dictamen la primera semana de junio y someter el dictamen a aprobación a más tardar el 14 de junio; y

•BASAR LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN AQUELLOS ASPIRANTES QUE PUDIERAN GARANTIZAR PROFESIONALISMO, CAPACIDAD Y PREPARACIÓN.

En virtud de ello recibí escrito signado por el C. Diputado Bulmaro Andrés Pacheco Moreno Presidente de la Comisión Plural de mérito, mediante la cual me hizo del conocimiento que la Comisión antes mencionada llevaría a cabo una sesión para efecto de realizar el desahogo de UNA ENTREVISTA a la suscrita como parte del procedimiento antes señalado.

Una vez culminadas las entrevistas, el día veintiocho de junio del año dos mil once, la Comisión Plural, previo el estudio y el análisis correspondiente llevo a cabo Sesión mediante la cual aprobó por mayoría de votos el Dictamen que contenía los nombres de los ciudadanos que habían sido designados como Consejeros Electorales Propietarios y Suplente.

En virtud de lo anterior el día veintinueve de junio del año dos mil once, la Comisión Plural presentó el Dictamen respectivo ante el Pleno del H. Congreso del Estado para efecto de dar culminación al procedimiento de designación de Consejeros Electorales establecido en la fracción IV del articulo 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, para que por el voto de las dos terceras partes se designara a dichos Funcionarios Electorales según proceda y definiendo su prelación, en su caso; sin embargo durante la celebración de la sesión del mencionado Poder Legislativo, no se obtuvo la votación de las dos terceras partes requerida para la designación.

Por lo que la suscrita interpuso DEMANDA DE JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO, en contra de la OMISIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE designar a los Consejeros Electorales bajo el expediente SUP-JDC-4940/2011 Y ACUMULADOS.

Por ello el día veinte de julio del año dos mil once, LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ordenó en su punto resolutivo tercero dentro del expediente SUP-JDC-4940/2011 Y ACUMULADOS que la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, convocara al H. Congreso a sesiones extraordinarias, para el efecto de que éste, dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, concluyera el procedimiento de designación de los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral.

Por tal motivo, el día jueves cuatro de agosto del año dos mil once, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó al Pleno del Congreso del Estado, el dictamen por medio del cual darían la designación de los nuevos consejeros electorales propietarios y suplente del Consejo Estatal Electoral bajo lo siguientes términos:

"…

COMISIÓN PLURAL

DIPUTADOS INTEGRANTES:

BULMARO ANDRÉS PACHECO MORENO

FAUSTINO FÉLIX CHAMÉZ

ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES

JESÚS ALBERTO LÓPEZ QUIROZ

DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO

ÓSCAR MANUEL MADERO VALENCIA

JOSÉ GUADALUPE CURIEL

CÉSAR AUGUSTO MARCOR RAMÍREZ

HONORABLE ASAMBLEA:

A los diputados integrantes de la Comisión Plural encargada de proponer al Pleno el dictamen que contenga la lista de ciudadanos que puedan ser tomados en cuenta para nombrar cuatro Consejeros para integrar el Consejo Estatal Electoral, tres propietarios y un suplente común, previo acuerdo del Pleno, nos fueron turnados para ESTUDIO Y DICTAMEN, los 143 expedientes de ciudadanos registrados como aspirantes a consejeros electorales para los procesos electorales de 2012 y 2015, conforme a lo establecido por los artículos 22, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado de Sonora y 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Conforme a lo que establecen los artículos 116, fracción IV, incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Sonora, las elecciones para cargos públicos deben realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, siendo principios rectores de las autoridades a cargo de la función electoral los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia y gozando dichas autoridades de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

SEGUNDA.- La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

TERCERA.- Es facultad constitucional del Congreso del Estado nombrar a los consejeros estatales electorales propietarios y sus suplentes comunes, según lo previsto en los artículos 22, párrafo quinto, y 64, fracción XX, de la Constitución Política Local.

El citado Consejo debe integrarse por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios y tres como consejeros suplentes comunes; así como un comisionado de cada partido político con registro.

Los consejeros propietarios y suplentes se eligen por el Poder Legislativo mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, atento a lo que establece el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

El referido artículo 22 de la Constitución Política del Estado establece que los consejeros durarán en su encargo dos procesos electorales, PREVIENDO LA OBLIGACIÓN DE RENOVAR SU INTEGRACIÓN DE MANERA PARCIAL CADA PROCESO ELECTORAL RESPETANDO EL PRINCIPIO DE PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GÉNERO, TANTO EN LA DESIGNACIÓN DE PROPIETARIOS COMO DE SUPLENTES. Sobre dicho particular, el artículo segundo transitorio de la Ley número 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, establece que, por una única ocasión, al designar a los consejeros estatales electorales, el Congreso debería nombrar a dos consejeros propietarios y dos suplentes comunes para que ejercieran funciones por el período de un proceso electoral ordinario, y los restantes, tres consejeros propietarios y un suplente común, para el período de dos procesos electorales ordinarios.

En atención a lo anterior, con fecha 13 de septiembre de 2005, se aprobó por parte de este Poder Legislativo el acuerdo número 151, mediante el cual se realizó la designación de los ciudadanos que fungirían como consejeros del Consejo Estatal Electoral, estableciéndose como consejeros propietarios, con una duración en su encargo de dos procesos electorales, a los ciudadanos Marcos Arturo García Celaya, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Hilda Benítez Carreón. Asimismo, se designó como consejero suplente común a la ciudadana Ana Aurora Serrano Genda, por dos procesos electorales.

En tal sentido, el cargo de los cuatro ciudadanos citados en el párrafo anterior, los cuales fueron designados para ser consejeros electorales, tres propietarios y un suplente común para dos procesos electorales ha culminado, debido a que su cometido fue colmado al haberse desarrollado los procesos electorales de 2006 y 2009, ante lo cual se hace necesaria la renovación parcial de dicho organismo constitucionalmente autónomo.

CUARTA.- Conforme al marco normativo secundario en materia electoral, para la designación de los consejeros del Consejo Estatal Electoral, se debe realizar conforme a las bases establecidas en el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las cuales en lo que corresponde mandatan lo siguiente:

"ARTÍCULO 88.- Los consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las bases siguientes:

I.- El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso electoral ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que determine el propio Consejo. Dicha convocatoria será dirigida a los ciudadanos residentes en la Entidad, a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo Estatal, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con lo establecido para dicho efecto en la convocatoria y en este Código;

II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que se requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses.

III.- El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes.

IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el Pleno que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, en su caso;

Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo dictamen;

V.- El procedimiento y por el cual el Congreso nombrará a los consejeros del Consejo Estatal Electoral, deberá llevarse a cabo antes de que concluya el mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente artículo deberán rendir la protesta de Ley."

En ese sentido, para dar cumplimiento a los imperativos mencionados en las líneas que preceden, con fecha 07 de diciembre de 2010, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo número 21, que contiene la convocatoria pública con objeto de renovar dicho órgano electoral, misma que fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 47, Sección I, de fecha 09 de diciembre de 2010.

Posteriormente, una vez concluido el plazo de inscripción establecido en la convocatoria, el Consejo Estatal, llevó a cabo el examen objetivo e imparcial de los expedientes integrados de los aspirantes a consejeros electorales, resolviendo sobre el particular, con fecha 09 de febrero de 2011, mediante el Acuerdo número 5, consignado en el Acta Número 4 de ese órgano electoral, el envió a esta Soberanía de 142 expedientes de aspirantes que cumplieron con los requisitos legales antes señalados.

Así, con fecha 14 de febrero de 2011, mediante oficio número CEEPRESI/007/2011, signado por la Presidenta y el Secretario Técnico del Consejo Estatal Electoral, entregaron formal y materialmente los expedientes antes citados a este Poder Legislativo.

Por otra parte, es importante señalar que con fecha 16 de mayo del mismo año, se recibe por parte de este Congreso del Estado, la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativa a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de los expedientes SUP-JDC-44/2011 y acumulado, promovidos por Hugo Urbina Báez y otro, mediante la cual dicha instancia jurisdiccional, resuelve que es procedente modificar el acuerdo impugnado en la parte en la cual el Consejo Estatal Electoral de Sonora estimó que Hugo Urbina Báez no cumplía con el requisito previsto en el artículo 92, fracción VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora y ordenar a la responsable que, de no advertir el incumplimiento de algún otro requisito, emita un nuevo acuerdo por el cual determine incluir al actor en la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral de dicha entidad federativa; y la haga del conocimiento del Congreso Local. Por su parte, en caso de que Hugo Urbina Báez sea incluido por el Consejo Estatal Electoral en la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos citados, el Congreso del Estado de Sonora quedará vinculado a tomarlo en cuenta en el proceso de selección, en los mismos términos que los ciudadanos incluidos en la lista originalmente. Dicha resolución fue remitida a esta Dictaminadora, para los efectos correspondientes.

En tal sentido, de igual forma es conveniente precisar, que con fecha 18 de mayo del mismo año, se recibe por parte de este Congreso del Estado, oficio No CEE-PRESI/050/2011, signado por la Presidenta del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual establece que en cumplimiento del Acuerdo número 9, de fecha 17 de mayo de 2011, emitido por el Consejo Estatal Electoral para cumplimentar la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativa a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de los expedientes SUP-JDC-44/2011 y acumulado, remite el original del expediente del ciudadano Hugo Urbina Báez, respecto de quien se determinó que cumple los requisitos legales previstos en la convocatoria y en el Código Electoral Estatal En ese tenor, de los 143 ciudadanos que cumplieron satisfactoriamente los requisitos y exigencias del ordenamiento electoral estatal, resultaron que 102 son originarios de Hermosillo, 12 de Cajeme, 2 de Álamos, 1 de Bácum, 1 de Cananea, 1 de Ures, 3 de Puerto Peñasco, 2 de San Luis Río Colorado, 1 de Caborca, 7 de Navojoa, 7 de Guaymas, 2 de Agua Prieta, 1 de Imuris y 1 de Huatabampo.

Ahora bien, cabe señalar que esta Soberanía emitió el acuerdo número 155, de fecha 28 de febrero de 2011, a efecto de integrar una Comisión Plural encargada de presentar al Pleno del Congreso, el dictamen que contenga "LA LISTA DE CIUDADANOS QUE PUEDAN SER TOMADOS ENCUENTA PARA "NOMBRAR" cuatro Consejeros para integrar el Consejo Estatal Electoral. La citada Comisión se integró por los diputados que suscribimos el presente documento y, por instrucciones del propio Pleno Legislativo, nos encargamos de desahogar un procedimiento bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, con el propósito de analizar los perfiles de los aspirantes respetando el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución General de la República.

Derivado de lo anterior, quienes integramos esta Comisión resolvimos realizar las siguientes acciones:

•Se publicó en dos periódicos diarios de circulación masiva en la Entidad, la lista con los nombres de los ciudadanos que quedaron registrados como aspirantes al cargo de consejero electoral;

•A partir de la publicación referida, se fijó un plazo de 10 días hábiles para que, los ciudadanos interesados pudieran pudiese presentar, ante la Comisión Plural, objeciones, aclaraciones, impugnaciones, observaciones o recomendaciones y, en su caso, pruebas documentales de objeción o apoyo, con respecto a los aspirantes;

•Se señaló el domicilio de este Congreso, así como la dirección de correo electrónico consulta@congresososon.gob.mx, para el efecto de que los ciudadanos pudieran ejercer el derecho citado en el punto anterior por escrito, recibiendo un total de 89 manifestaciones de recomendación y apoyo para aspirantes y no se presentó ningún escrito de impugnación.

•De igual forma, la comisión que presidimos acordó invitar a los aspirantes a consejeros sin que constituyera una obligación de los mismos a entrevistarse con los integrantes de dicha comisión con el fin de conocer de viva voz el currículum, los motivos o razones por los cuales decidieron participar en el proceso de elección de consejeros; con la aclaración de que las entrevistas no constituyen una evaluación sobre los aspirantes, por ello, claramente se estableció que no tenían ningún valor vinculatorio sobre sus requisitos, perfil o evaluación tendiente a calificar a los aspirantes.

QUINTA.- En el mismo sentido, conviene dejar asentado que el cumplimiento de los requisitos legales a cargo de los aspirantes a integrar el Consejo se analiza, define y decide por el propio Consejo, en los términos del referido artículo 92 de la normatividad electoral vigente para el proceso de elección, por lo que deben considerarse eficientemente acreditados y cumplidos por todos los aspirantes en los términos de los acuerdos del Consejo Estatal Electoral que, en su oportunidad, ordenó la comunicación de los nombres de los mencionados solicitantes a este Poder Legislativo.

Bajo la consideración anterior, esta Comisión estudió con detenimiento y cuidado especial los expedientes de los ciudadanos que se inscribieron ante el Consejo Estatal Electoral como aspirantes a los cargos de consejeros de dicho cuerpo colegiado, decidiéndose que, sin perjuicio de la buena fama de que gozan todos ellos, y "debiendo seleccionarse sólo a cuatro de ellos para presentarse al Pleno del Congreso como propuesta específica," los aspirantes que en esta tesitura se enlistan y ponen a consideración de la Soberanía Popular son los siguientes:

1.- Oscar Germán Román Pórtela, Consejero Propietario.

2.- Sagrario Penélope Palacios Romero, Consejero Propietario.

3.- Manuel Oscar García Sandoval, Consejero Propietario.

4.- Nidia Eloísa Rascón Ruiz, Consejero Suplente.

Para arribar y sostener esta propuesta se ha tomado en cuenta, básicamente que los mencionados ciudadanos reúnen, los requisitos legales que al efecto establece el artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora, de la siguiente manera:

1.- Oscar Germán Román Pórtela, Consejero Propietario

• Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; lo cual acredita con el acta de nacimiento y con credencial de elector.

• Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación; lo cual acredita con carta de residencia expedida por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

•Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir; lo cual acredita con carta de no antecedentes penales y con su actividad académica en la Universidad de Sonora al ser maestro de asignatura categoría B.

•No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no ha sido ministro de culto religioso alguno.

•Contar con credencial con fotografía para votar; agrega copia certificada.

•No ser candidato a cargos de elección popular local o federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido candidato a cargos de elección popular local o federal.

•No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no desempeña ni ha desempeñado.

•No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ni ha ocupado dichos cargos.

• No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido registrado como candidato.

• No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal.

• No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

• No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no lo ha sido.

• No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del ministerio público federal o estatal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ninguno de esos cargos.

• No ser notario público, lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no es notario.

2.- Sagrario Penélope Palacios Romero, Consejero Propietario

• Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; lo cual acredita con el acta de nacimiento y con credencial de elector.

• Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación; lo cual acredita con carta de residencia expedida por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

• Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir; lo cual acredita con carta de no antecedentes penales y en virtud de ser una profesionista, por su ejercicio como litigante.

• No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no ha sido ministro de culto religioso alguno.

• Contar con credencial con fotografía para votar; agrega copia certificada.

• No ser candidato a cargos de elección popular local o federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido candidato a cargos de elección popular local o federal.

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no desempeña ni ha desempeñado.

• No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ni ha ocupado dichos cargos.

• No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido registrado como candidato.

•No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal.

• No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

• No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no lo ha sido.

• No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del ministerio público federal o estatal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ninguno de esos cargos.

• No ser notario público, lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no es notario.

3.- Manuel Oscar García Sandoval.

• Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; lo cual acredita con el acta de nacimiento y con credencial de elector.

• Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación; lo cual acredita con carta de residencia expedida por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

• Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir; lo cual acredita con carta de no antecedentes penales, cartas de recomendación de varias asociaciones civiles y empresariales.

• No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no ha sido ministro de culto religioso alguno.

• Contar con credencial con fotografía para votar; agrega copia certificada.

• No ser candidato a cargos de elección popular local o federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido candidato a cargos de elección popular local o federal.

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no desempeña ni ha desempeñado.

• No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ni ha ocupado dichos cargos.

•No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido registrado como candidato.

• No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal.

• No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

• No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no lo ha sido.

• No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del ministerio público federal o estatal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ninguno de esos cargos.

• No ser notario público, lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no es notario.

4.- Nidia Eloísa Rascón Ruiz, Consejero Suplente.

• Ser ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; lo cual acredita con carta de residencia y con credencial de elector

• Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación; lo cual acredita con carta de residencia expedida por el H. Ayuntamiento de Cajeme Sonora.

• Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir; lo cual acredita con carta de no antecedentes penales y en virtud de su ejercicio profesional como Licenciado en Derecho.

• No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no ha sido ministro de culto religioso alguno.

• Contar con credencial con fotografía para votar; agrega copia certificada.

• No ser candidato a cargos de elección popular local o federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido candidato a cargos de elección popular local o federal.

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no desempeña ni ha desempeñado.

• No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ni ha ocupado dichos cargos.

• No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido registrado como candidato.

• No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal.

• No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ha sido magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

• No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no lo ha sido.

• No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del ministerio público federal o estatal; lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no ocupa ninguno de esos cargos.

• No ser notario público, lo acredita con la carta que bajo protesta de decir verdad no es notario.

Para arribar y sostener esta propuesta de recomendación se ha tomado en cuenta, básicamente, que los mencionados ciudadanos reúnen los requisitos legales previstos para el cargo como se describió con antelación en cada uno de ellos; además y sin que ello sea vinculatorio para determinar proponerlos para que ocupen dichos carpos solo como dato adicional ilustrativo consideramos que dichos aspirantes por sus características propias, del ejercicio de su profesión, conocimientos de la materia, representan garantía del cumplimiento de la función electoral bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, no sólo por sus antecedentes curriculares sino también por su desempeño profesional, académico y de inserción y reconocimiento social.

Es importante dejar asentado que para quienes suscribimos el presente dictamen, existe la convicción de que esta selección cumple, además, cabalmente, con el imperativo de respetar los principios de equidad, paridad y alternancia de género, manteniendo a nuestra Entidad a la vanguardia en dichos temas; de igual relevancia lo constituye el hecho de que nuestro código electoral no exige hacer una evaluación sobre experiencia, especialidad, conocimientos, vocación; pero ello no significa que la libertad que tenemos para designar a los consejeros electorales con el imperativo de que cumplan los requisitos de ley única y exclusivamente no podamos analizar y ponderar dichas cualidades de los aspirantes, cuando observamos y analizamos los currículos y trayectoria de los mismos.

Sin perjuicio desde luego de lo que la mayoría calificada de los diputados integrantes del Poder Legislativo sonorense decida sobre la propuesta de los ciudadanos enlistados, esta Comisión Plural incluye en los puntos resolutivos del presente dictamen, una "propuesta específica" sobre tres de dichos aspirantes para ocupar los cargos titulares en estudio y uno para que, en su caso, sea designado como suplente, teniendo como argumentos los señalados en los párrafos que anteceden. Lo anterior, sin perjuicio de que algún diputado en lo particular pueda proponer, en la sesión que se resuelva el presente asunto, alguna otra propuesta de designación de consejero que estime pertinente.

En las apuntadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad establecida por los artículos 22 y 64, fracción XX de la Constitución Política del Estado de Sonora y con base en el Acuerdo número 155, de fecha 28 de febrero de 2011, resuelve designar como consejeros propietarios del Consejo Estatal Electoral, con una duración en su encargo de dos procesos electorales, a los ciudadanos Oscar Germán Román Portela, Sagrario Penélope Palacios Romero y Manuel Oscar García Sandoval.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad establecida por los artículos 22 y 64, fracción XX de la Constitución Política del Estado de Sonora y con base en el Acuerdo número 155, de fecha 28 de febrero de 2011, resuelve designar como consejero suplente del Consejo Estatal Electoral, con una duración en su encargo de dos procesos electorales, a la ciudadana Nidia Eloísa Rascón Ruiz.

TERCERO.- Comuníquese el contenido del acuerdo anterior a los ciudadanos referidos a efecto de que acudan ante este Poder Legislativo a rendir la protesta que previene el artículo 157 de la Constitución Política del Estado.

Por estimarse que el presente dictamen debe considerarse como de urgente y obvia resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita la dispensa al trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria.

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"

Hermosillo, Sonora, a 28 de junio de 2011.

C. DIP. BULMARO ANDRÉS PACHECO MORENO

C. DIP. FAUSTINO FÉLIX CHAVÉZ

C. DIP. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN

C. DIP. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES

C. DIP. JESÚS ALBERTO LÓPEZ QUIROZ

C. DIP. DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO

C. DIP. ÓSCAR MANUEL MADERO VALENCIA

C. DIP. JOSÉ GUADALUPE CURIEL

C. DIP. CÉSAR AUGUSTO MARCOR RAMÍREZ..."

Sin embargo, en dicha sesión del H. Pleno del Congreso del Estado de Sonora, en uso de la voz, el C. DIPUTADO BULMARO PACHECO MORENO en su carácter de presidente de la Comisión Plural y a nombre de sus integrantes, propuso un cambio en la redacción del Dictamen en los puntos PRIMERO y SEGUNDO relativo a cambiar los nombres de los ciudadanos aspirantes para ser consejeros electorales, sometiendo a votación los siguientes:

• C. ÓSCAR GERMÁN ROMÁN PÓRTELA (consejero electoral propietario)

•C. SARA BLANCO MORENO (consejera electoral propietaria)

•C. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA (consejero

electoral propietario) y;

•C. OLGA LUCÍA SELDNER LIZÁRRAGA (consejera electoral suplente)

Votación que fue de manera unánime para efecto de que con ello, se designara a los ciudadanos antes transcritos como consejeros electorales propietarios y suplente para dos procesos electorales.

Ahora bien, de dicho dictamen se desprende la violación al procedimiento establecido por la Comisión Plural, en virtud de lo siguiente:

Primeramente, el acto de designación de los consejeros electorales se considera como la culminación de un proceso parlamentario compuesto de actos que no son de mero trámite, por lo que a través de ellos se debe dar cumplimiento a los principios de transparencia y de participación ciudadana, previstos en el artículo 6º de la Constitución.

Asimismo, establece que los principios y base que rigen a la designación estén predeterminados y sean conocidos por los aspirantes al cargo y se garantice la transparencia de los mismos, pues sólo puede garantizarse la facultad de los ciudadanos de ejercer y defender sus derechos y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen efectiva oportunidad de conocerlos, mediante un instrumento transparente que dé fe de su existencia y contenido.

Por lo que la Comisión Plural de Gobernación y Puntos Constitucionales, al haber aprobado un método para la selección de los tres consejeros propietarios y uno suplente se debió haber sujetado al mismo, ya que en dicho método se estableció BASAR LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN AQUELLOS ASPIRANTES QUE PUDIERAN GARANTIZAR PROFESIONALISMO, CAPACIDAD Y PREPARACIÓN, cosa que no sucedió así, prevaleciendo para la designación de los consejeros los intereses de las fracciones parlamentarias del Congreso, sin importar que algunos de los Consejeros designados no tengan la mínima preparación en materia electoral, lo que se podrá advertir del análisis de las currículas de cada uno de ellos, atentando así de manera clara e indudable mis derechos político electorales en su vertiente de nombramiento de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley protegidos por la propia Constitución Política, ello en virtud de que del dictamen antes transcrito no se establecen LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE AQUELLOS ASPIRANTES QUE PUDIERAN GARANTIZAR PROFESIONALISMO, CAPACIDAD Y PREPARACIÓN, por lo que la Comisión Plural, así como el Congreso del Estado de Sonora, incurrió en la misma deficiencia que su similar de San Luis Potosí, la cual fue resuelta por esa H. MÁXIMA AUTORIDAD BAJO EL EXPEDIENTE SUP-JDC-4899/2011 Y ACUMULADOS, para lo cual me permito transcribir lo que aquí interesa:

"…… se evalué de forma objetiva, las aptitudes de los ciudadanos aspirantes, en el campo académico y laboral, vinculados con la materia electoral, a fin de obtener los mejores perfiles para ocupar los cargos de consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes, así como Presidente del Consejos Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En este sentido, para conformar la lista de candidatos a los aludidos cargos electorales, se debe analizar el currículum, ensayo y entrevista, en los términos expuestos en la aludida convocatoria, fundando y motivando, en cada caso, el por qué de la selección de los candidatos, asimismo se deberá hacer constar las razones por las cuales se ha considerado calificar el ensayo y entrevista, con un puntaje determinado atendiendo lo previsto en las bases y métodos de selección candidatos, para conformar la lista de la cual se designaran a los consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes, así como Presidente del Consejo Estatal Electoral - base y método que podrán ser emitidos por el Congreso o Comisión de Especial para la Reforma del Estado, de forma indistinta - Por tanto, a efecto de hacer una evaluación integral, la calificación de cada uno de los cuatro rubros - formación académica en materia electoral, experiencia en materia electoral, entrevista y ensayo-, se deberá hacer con base en criterios razonables que atiendan a la finalidad fundamental de la Convocatoria, consistente en lograr los mejores perfiles en materia electoral. SUP-JDC-4899/2011 Y ACUMULADOS 284. De igual forma, no se podrá incluir en la conformación de la lista que se ha de someter a consideración del Pleno del Congreso, para la designación de consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes, así como Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, a ciudadanos que carezcan de experiencia laboral y/o formación académica en materia electoral. Asimismo, conformada la nueva lista de ciudadanos a Consejeros Ciudadanos, deberá proponerla al Pleno del Congreso del Estado para que, de entre sus integrantes, elija a los nuevos consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes...."

Por lo que de las mismas razones y fundamentos, contenidos en la resolución de mérito, es procedente se efectúe la reposición del procedimiento de selección de Tres Consejeros Propietarios y un Suplente, que integren el Consejo Estatal Electoral, ya que la Comisión Plural del Congreso estableció que se realizaría una entrevista con todos los aspirantes a efectos de conocer sus antecedentes curriculares y su plan de trabajo, previamente, se habían exhibido al momento del registro ante el Consejo Estatal Electoral los documentos que señaló la convocatoria respectiva en la que se convocó a los ciudadanos sonorenses que cumplieran los requisitos señalados en el artículo 92, del Código Electoral para el Estado de Sonora, para su registro como aspirantes, por lo que el Congreso del Estado y sobre todo la Comisión encargada de revisar toda la documentación presentada por los aspirantes tuvo el tiempo suficiente para analizar los antecedentes profesionales de todos los aspirantes a consejero electoral.

Por lo que existió UNA DESIGULADAD entre los participantes en el proceso de designación, puesto que le dio valor a los documentos exhibidos por algunos aspirantes, desestimando los de varios, entre los que me encuentro, existiendo la falta de certidumbre y objetividad.

Por lo que si revisamos EL DICTAMEN presentado por la Comisión Plural, NO EXISTE CONSTANCIA ALGUNA QUE ACREDITE que se hubieran respetado los principios constitucionales rectores de la materia electoral, para que todos los ciudadanos interesados en participar en el proceso, acudieran en igualdad de circunstancias, ya que no contiene LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN AQUELLOS ASPIRANTES QUE PUDIERAN GARANTIZAR PROFESIONALISMO, CAPACIDAD Y PREPARACIÓN, tal y como LO ACORDÓ dicha Comisión el día 15 de marzo del año en curso.

De hecho; en el expediente ni siquiera consta con claridad, que la ciudadanía haya tenido conocimiento de cuáles fueron los principios y los criterios correspondientes, no obstante que, corresponde a las fracciones parlamentarias su predeterminación.

Además, existe LA FALTA DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD en la designación hecha por parte del H. Congreso del Estado, y ello se deriva en forma muy importante ya que NO FUNDA NI MOTIVA, ni mucho menos se SEÑALAN LOS ELEMENTOS QUE SE TOMARON EN CONSIDERACIÓN para llegar a tomar la determinación de que los CC. Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno, Francisco Javier Zavala Segura y Olga Lucía Seldner Lizárraga, son los más idóneos para desempeñar el cargo de consejero electoral.

En las constancias que obran en el Congreso del Estado derivadas del procedimiento de selección de los consejeros electorales, no se advierte que se haya realizado un análisis serio y detallado de las documentales exhibidas y que acreditan el cumplimiento o por lo menos la presunción de que se reúne el perfil más idóneo para desempañar el cargo de consejero electoral con la garantía de que sea lo mas conveniente al principio de imparcialidad y legalidad que debe caracterizar a los organismos electorales, análisis que de acuerdo con el preámbulo del Dictamen de la Comisión Plural fue el objetivo de la remisión a la misma, de los expedientes de 143 aspirantes a Consejero Electoral, lo que se corrobora con la simple lectura del Acuerdo de Integración de la Comisión Plural de fecha 28 de febrero del presente año.

Lo antes señalado evidencia la falta de objetividad y transparencia en el procedimiento seguido por los Diputados integrantes de la Comisión encargada, pues en lo personal ignoro cuáles fueron los parámetros para descartar mi solicitud y las razones o motivos para no integrarme en una Lista de ciudadanos que pudieran ser tomados en cuenta para nombrar cuatro Consejeros para integrar el Consejo Estatal Electoral, tal como se le encomendó a la multicitada Comisión plural por parte del Pleno del H. Congreso del Estado de Sonora.

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, —que las designaciones de quienes integren los organismos electorales debe recaer en los ciudadanos que demuestren que cumplen los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, con el objeto de tener mayor certeza de que se conducirán con una actuación imparcial, dicho criterio jurisprudencial de carácter obligatorio fue incumplido por el Congreso del Estado de Sonora al excluirme de la designación de los consejeros electorales, pues quedó debidamente acreditado por el suscrito con los elementos necesarios y que obran en el expediente.

POR OTRA PARTE, en el dictamen de referencia se estableció lo siguiente:

Ahora bien, cabe señalar que esta Soberanía emitió el acuerdo número 155, de fecha 28 de febrero de 2011, a efecto de integrar una Comisión Plural encargada de presentar al Pleno del Congreso, el dictamen que contenga "LA LISTA DE CIUDADANOS QUE PUEDAN SER TOMADOS ENCUENTA PARA "NOMBRAR" cuatro Consejeros para integrar el Consejo Estatal Electoral. La citada Comisión se integró por los diputados que suscribimos el presente documento y, por instrucciones del propio Pleno Legislativo, nos encargamos de desahogar un procedimiento bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, con el propósito de analizar los perfiles de los aspirantes respetando el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución General de la República.

De tal aseveración, se desprende que primeramente la Comisión Plural de Gobernación y Puntos Constitucionales, debió de haber presentado primeramente una LISTA DE CIUDADANOS de los cuales en base a LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN AQUELLOS ASPIRANTES QUE PUDIERAN GARANTIZAR PROFESIONALISMO, CAPACIDAD Y PREPARACIÓN, se hubieran considerado como los más idóneos, los cuales PUDIERAN SER TOMADOS EN CUENTA para NOMBRAR de entre ellos a los cuatro Consejeros Electorales, con el propósito DE ANALIZAR LOS PERFILES DE LOS ASPIRANTES, COSA QUE NO SUCEDIÓ.

De igual forma, se establece que por instrucciones del propio Pleno del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se encargaron de desahogar un procedimiento, lo que de igual forma tampoco sucedió, ya que no se cumplió establecer como se menciona en el párrafo anterior LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN EN AQUELLOS ASPIRANTES QUE PUDIERAN GARANTIZAR PROFESIONALISMO, CAPACIDAD Y PREPARACIÓN.

En esa misma tesitura, el dictamen presentado por la Comisión de referencia, estableció lo siguiente:

"...Para arribar y sostener esta propuesta de recomendación se ha tomado en cuenta, básicamente, que los mencionados ciudadanos reúnen los requisitos legales previstos para el cargo como se describió con antelación en cada uno de ellos; además y sin que ello sea vinculatorio para determinar proponerlos para que ocupen dichos cargos solo como dato adicional ilustrativo consideramos que dichos aspirantes por sus características propias, del ejercicio de su profesión, conocimientos de la materia, representan garantía del cumplimiento de la función electoral bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, no sólo por sus antecedentes curriculares sino también por su desempeño profesional, académico y de inserción y reconocimiento social..."

Lo anterior resulta ser incorrecto, toda vez que, de haberse cumplido con tales parámetros, la suscrita hubiese sido designado Consejero Electoral, al no hacerlo así, se vulneran mis derechos humanos y mis derechos políticos electorales en su vertiente de nombramiento de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley, en virtud de que la suscrita fungí como Consejera Presidenta Distrito XI Hermosillo Costa en el proceso electoral 2011-2012, contrario al C. Francisco Javier Zavala Segura, el cual de su currícula no se desprende conocimiento en materia electoral alguna, tal y como lo hace ver el referido Dictamen.

Además dicho dictamen resulta ser contradictorio porque establece que aunque el marco normativo electoral no prevé una exigencia para hacer una evaluación sobre EXPERIENCIA en los términos siguientes:

Es importante dejar asentado que para quienes suscribimos el presente dictamen, existe la convicción de que esta selección cumple, además, cabalmente, con el imperativo de respetar los principios de equidad, paridad y alternancia de género, manteniendo a nuestra Entidad a la vanguardia en dichos temas; de igual relevancia lo constituye el hecho de que nuestro código electoral no exige hacer una evaluación sobre experiencia, especialidad; conocimientos, vocación; pero ello no significa que la libertad que tenemos para designar a los consejeros electorales con el imperativo de que cumplan los requisitos de ley única y exclusivamente no podamos analizar y ponderar dichas cualidades de los aspirantes, cuando observamos y analizamos los currículos y trayectoria de los mismos.

Sin perjuicio desde luego de lo que la mayoría calificada de los diputados integrantes del Poder Legislativo sonorense decida sobre la propuesta de los ciudadanos enlistados, esta Comisión Plural incluye en los puntos resolutivos del presente dictamen, una "propuesta específica" sobre tres de dichos aspirantes para ocupar los cargos titulares en estudio y uno para que, en su caso, sea designado como suplente, teniendo como argumentos los señalados en los párrafos que anteceden. Lo anterior, sin perjuicio de que algún diputado en lo particular pueda proponer, en la sesión que se resuelva el presente asunto, alguna otra propuesta de designación de consejero que estime pertinente.

Lo contradictorio estriba en que en el Dictamen no se hace ningún juicio de valor para descalificar al resto de aspirantes a consejero electoral de la Lista que la Comisión plural debió integrar, como tampoco hace ponderación alguna para sostener que los cuatro ciudadanos propuestos, resultan ser los idóneos para el cargo, sobretodo porque en el Dictamen antes transcrito se reconoce la posibilidad de analizar y ponderar las cualidades de los aspirantes al cargo cuando sostiene que: "...observamos y analizamos los currículos y trayectoria de los mismos".

En ese orden de ideas, el dictamen deviene en violatorio de la garantía de seguridad jurídica al no respetar los acuerdos tomados por el propio H. Congreso del Estado de Sonora en Pleno y por medio de la precitada Comisión Plural, careciendo en consecuencia de la debida fundamentación y motivación, dado que la Comisión Plural se erige como la base de la función del órgano en Pleno, por lo que el dictamen final que elabora la Comisión Plural -que debe ser adecuadamente fundado y motivado en cuanto a la determinación de la Lista de aspirantes para que de entre ellos, el Pleno del Congreso-, procediera a nombrar a los consejeros electorales. En el caso concreto se tiene que en el Dictamen de la Comisión Plural no se contiene una lista de ciudadanos aspirantes que puedan ser tomados en cuenta para nombrar cuatro consejeros, lo que desde luego me agravia en mi esfera de derechos político-electorales de acceso al cargo de consejero electoral.

Por lo anteriormente expuesto, es de carácter urgente que esa Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ORDENE al H. Congreso del Estado de Sonora REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y SUPLENTE Y QUE EN DENTRO DEL MISMO SE OBSERVE EL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GÉNERO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA DE CARÁCTER URGENTE, ello por que se avecina el próximo proceso electoral y es de suma relevancia que dicho Organismo Electoral se encuentre DEBIDAMENTE INTEGRADO ya que de lo contrario existiría un agravante a la ciudadanía en general al contar con orgasmo electoral encargado de preparar, vigilar y desarrollar los procesos electorales ILEGALMENTE INTEGRADO, corrompiendo los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, mismos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral se definen de la siguiente manera:

LEGALIDAD. Es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

IMPARCIALIDAD. Imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.

OBJETIVIDAD. Obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.

CERTEZA. Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

[…]

IV. Juicio ciudadano SUP-JDC-5001/2011. En el escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Nydia Eloisa Rascón Ruiz, se aducen los siguientes conceptos de agravio:

[…]

FUENTE DE AGRAVIO.- ILEGAL DESIGNACIÓN e INCORRECTA INTEGRACIÓN POR PARTE DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE ESTADO DE SONORA, DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y SUPLENTE QUE CONFORMAN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PERIODO ELECTORAL 2011-2012 Y 2014-2015, y con ello afectando los principios de igualdad, legalidad, certeza, objetividad, transparencia y ALTERNANCIA DE GÉNERO, así como mi derecho a integrar el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, contenida en el Acuerdo de fecha cuatro de agosto del año dos mil once.

CONCEPTOS DE AGRAVIO

El acto impugnado agravia a la suscrita porque viola en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 1, 4, 14, 16, 41 fracción IV 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 16 fracción II y 22 párrafos tercero y quinto, 64 fracción XX, y 150-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los artículos 3, 75, 86, 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los artículos 1, 3, 4, 66, 82, 83, 92 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, así como el propio Acuerdo del H. Congreso del Estado de Sonora, por el cual creó la Comisión Plural encargada de presentar al Pleno el dictamen que contenga la lista de ciudadanos que pueden ser tomados en cuenta para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral.

Las referidas disposiciones constitucionales y legales, en lo que interesa, establecen:

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4.- EL varón y la mujer son iguales ante la ley. ...

Artículo 14.- ...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Artículo 41.

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA:

Artículo 1º.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....

Las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y Municipios tienen la ineludible obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus facultades, las garantías y las prerrogativas que esta Constitución Local concede.

Artículo 2º.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.

Artículo 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense:

II.- Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución.

Artículo 22.- ...

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral, conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

"... EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES HABRÁ PARIDAD DE GÉNERO Y SE OBSERVARÁ EN SU CONFORMACIÓN EL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GÉNERO".

Artículo 64.- El Congreso tendrá facultades:

XX.- Para nombrar a los magistrados propietarios y a los magistrados suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa y a los consejeros estatales electorales propietarios y suplentes comunes del Consejo Estatal Electoral, según el procedimiento establecido por esta Constitución y la Ley.

Artículo 150-A.- En el Estado las mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos que los hombres; podrán ser electas y tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señala esta Ley.

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA:

Artículo 3. Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores de la función electoral.

La interpretación del presente Código se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

Artículo 75. Los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, son los siguientes:

I.- El Consejo Estatal;

II.- Los Consejos Distritales;

III.- Los Consejos Municipales; y

IV. - Las mesas directivas de casilla.

Artículo 86. El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro.

En la Integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del presente Código.

Artículo 88.- Los consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las bases siguientes:

I.- El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso electoral ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que determine el propio Consejo. Dicha convocatoria será dirigida a los ciudadanos residentes en la Entidad, a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo Estatal, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con lo establecido para dicho efecto en la convocatoria y en este Código;

II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que se requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses.

III.- El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes.

IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el Pleno que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, en su caso;

Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo dictamen;

V.- El procedimiento por el cual el Congreso nombrará a los consejeros del Consejo Estatal Electoral, DEBERÁ LLEVARSE A CABO ANTES DE QUE CONCLUYA EL MES DE JUNIO del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente artículo deberán rendir la protesta de Ley.

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO 1.- La presente Ley Orgánica tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 3.- En el ejercicio de sus atribuciones y ámbito de competencia, el Congreso del Estado, pugnará por el establecimiento de un orden social justo, a través de la expedición de Leyes, Decretos y Acuerdos que sean de su competencia legal o de orden Constitucional.

ARTÍCULO 4.- El Congreso del Estado se integrará por los Diputados que establece la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 66.- Son atribuciones del Presidente:

IX.- Asignar a las Comisiones de Dictamen Legislativo que por turno corresponda el estudio de los asuntos con que se de cuenta, salvo acuerdo diverso del Pleno del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 82.- Las Comisiones del Congreso del Estado son órganos colegiados que se integran por Diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de ley, de decreto y demás asuntos que le sean turnados por el Pleno del Congreso del Estado para elaborar en su caso, los Dictámenes correspondientes.

ARTÍCULO 83.- Las Comisiones del Congreso del Estado serán:

I.- De Dictamen Legislativo;

ARTICULO 92.- La competencia de las Comisiones de Dictamen Legislativo es la que se deriva de su denominación, así como de las normas que rigen el funcionamiento del Congreso del Estado, para el efecto, se designarán las siguientes Comisiones:

I.- De Gobernación y Puntos Constitucionales.

ARTICULO 94.- Las Comisiones de Dictamen Legislativo tienen las siguientes atribuciones:

I.- Recibir, analizar, estudiar, discutir y DICTAMINAR los asuntos que les turne el Pleno del Congreso del Estado.

De los preceptos legales antes mencionados, se desprende claramente que el H. Congreso del Estado, violó las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuanto a la designación de los Consejeros Electorales Propietarios (3) y suplente (1) durante el procedimiento de la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en lo que respecta a la integración bajo los principios de equidad y alternancia de género, por lo siguiente:

CONCEPTO DE AGRAVIO ÚNICO.

El H. Congreso del Estado de Sonora viola en mi perjuicio mi derecho y mi prerrogativa como ciudadana sonorense, para ser nombrada para el cargo de Consejera Propietaria de dicho organismo electoral, porque me ubica en un plano de NO CONSIDERACIÓN al respecto de la DESIGNACIÓN e INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, por lo siguiente:

El Artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece que la facultad de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales en dicha entidad federativa, bajo los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia será de un organismo constitucionalmente autónomo denominado CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA. Dicha función es tan importante porque precisamente este Organismo Electoral es el vínculo entre la ciudadanía y los partidos políticos para efecto de materializar la representatividad y con ello la Soberanía del Estado.

De igual forma, dicho dispositivo establece que es facultad de dicho Poder Legislativo, la designar a los ciudadanos denominados Consejeros Electorales, mismos encargados de llevar a cabo tal labor, ello atendiendo a la disposición Constitucional establecida en el dispositivo antes en el precepto que a la letra dice:

"...Artículo 22.-

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral, conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

"...En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación el principio de ALTERNANCIA de género..."

Del precepto constitucional antes descrito, se establece claramente que para la CONFORMACIÓN de los organismos electorales, en este caso el Consejo Estatal Electoral deberá de prevalecer los principios de EQUIDAD Y ALTERNANCIA de género, en los siguientes términos:

Primeramente de la lectura del artículo 22 de la Constitución Política Local, en su último párrafo, se puede advertir que la intención del legislador fue que en el momento de integrar los organismos electorales, a través de la designación de los Consejeros Electorales, tanto propietarios como suplentes, facultad otorgada al Congreso del Estado, se debe de observar en primera instancia la paridad de género.

Ahora bien, atendiendo al significado que le otorga la Real Academia de la Lengua Española al término "paridad", podemos observar lo siguiente:

Paridad.

(Del lat. parĭtas, -ātis).

1. f. Comparación de algo con otra cosa por ejemplo o símil.

2. f. Igualdad de las cosas entre sí.

3. f. Econ. Valor comparativo de una moneda con otra.

Partiendo de lo anterior, significa que la integración del Consejo Estatal Electoral, misma que se compone de ciudadanos denominados Consejeros Electorales deberá prevalecer la paridad de género, es decir que si existen consejeros electorales de género masculino, deberá de ser igual en la existencia de consejeros electorales de género femenino, para que exista igualdad "de las cosas entre sí"; por lo que al llevar a cabo la designación de los consejeros electorales y suplentes, dicho órgano electoral quedo integrado de la siguiente forma:

CONSEJEROS ELECTORALES DE GÉNERO MASCULINO

1

Fermín Chávez Peñúñuri

2

Francisco Córdova Romero

3

Oscar Germán Román Portela

4

Francisco Javier Zavala Segura

CONSEJEROS ELECTORALES DE GÉNERO FEMENINO

1

Marisol Cota Cajigas

2

María Dolores Carvajal Granillo

3

Sara Blanco Moreno

4

Olga Lucía Seldner

De lo anterior se desprende que existe el cumplimiento a la exigencia constitucional de que en la integración del Consejo Estatal Electoral, existe la paridad de género en su conformación/INTEGRACION.

SIN EMBARGO, el referido precepto constitucional 22, también establece la exigencia de observar EN SU CONFORMACIÓN la ALTERNANCIA DE GÉNERO:

"...En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación el principio de ALTERNANCIA de género…"

En virtud de ello, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición, define el vocablo "alternar" de la siguiente manera:

(Del lat. alternāre, de alternus, alterno).

1. tr. Variar las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente. Alternar el ocio y el trabajo. Alternar la vida en el campo con la vida urbana.

2. tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.

3. tr. Mat. Cambiar los lugares que ocupan respectivamente los términos medios o los extremos de una proporción.

4. intr. Dicho de varias personas: Hacer o decir algo o desempeñar un cargo por turno.

5. intr. Dicho de ciertas cosas: Suceder a otras recíproca y repetidamente.

Alternar los días claros con los lluviosos. Alternar las alegrías con las penas.

6. intr. Hacer vida social, tener trato. Alternar con personas de cuenta.

7. intr. Dicho de una mujer: En ciertas salas de fiestas, bares y lugares semejantes, tratar con los clientes, para estimularles a hacer gasto en su compañía, del cual obtienen generalmente porcentaje.

8. intr. Entrar a competir con alguien.

Como se aprecia en la fuente citada, alternar implica el cambio, la variación o turno repetido y sucesivo entre varias personas, cosas, o elementos, en un espacio determinado, de tal modo que la misma persona no se reitere en lo inmediato, por lo que la regla de la ALTERNANCIA DE GÉNERO prevista en el dispositivo constitucional antes mencionado, se refiere a la necesidad de la alternancia en el cargo de Consejero Electoral, durante su renovación parcial, va que la alternancia se da con respecto a cada uno de los géneros (hombre - mujer), de lo que se sigue que el turno o cambio de consejero se debe de producir entre sexos, mediante el cambio de uno y otro sucesivamente e ininterrumpidamente.

Por lo tanto, si se pretende renovar parcialmente el Consejo Estatal Electoral, en virtud de que feneció el periodo de encargo para dos procesos electorales a los CC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA, HILDA BENÍTEZ CARREÓN y WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO como consejeros electorales propietarios, y ANA AURORA SERRANO como consejera electoral suplente, es ahí donde se observa el principio de alternancia de género PARA EL CASO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN ATENCIÓN A LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 22 ÚLTIMO PÁRRAFO, mismo que establece que se tiene que observar el principio de alternancia de género para la nueva conformación del organismo electoral de referencia, ello porque si se les termina el periodo a dos consejeros electorales de género masculino (MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA y WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO) y a una consejera electoral de género femenino ( HILDA BENITEZ CARREÓN), la nueva designación debió haberse llevado a cabo alternando los géneros, es decir DESIGNAR A DOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS DE GÉNERO FEMENINO y UN CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO DE GÉNERO MASCULINO, y de igual forma UN CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE DE GÉNERO MASCULINO:

CONSEJO ELECTORAL ACTUAL

GÉNERO

CONSEJO ELECTORAL CON LA NUEVA DESIGNACIÓN

GÉNERO

CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS

FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI

MASCULINO

MARISOL COTA CAJIGAS

FEMENINO

MARISOL COTA CAJIGAS

FEMENINO

FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI

MASCULINO

MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA

MASCULINO

CONSEJERO ELECTORAL

FEMENINO

HILDA BENÍTEZ CARREÓN

FEMENINO

CONSEJERO ELECTORAL

MASCULINO

WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO

MASCULINO

CONSEJERO ELECTORAL

FEMENINO

CONSEJEROS ELECTORALES SUPLENTES

FRANCISCO CORDOVA ROMERO

MASCULINO

FRANCISCO CORDOVA ROMERO

MASCULINO

MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO

FEMENINO

MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO

FEMENINO

   

CONSEJERO ELECTORAL

MASCULINO

Por lo que en atención a lo que señala el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la GARANTÍA DE IGUALDAD ENTRE LOS HOMBRES Y MUJERES y con el fin de que esa garantía sea observada en MATERIA ELECTORAL, el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, señalo que en los organismos electorales habrá paridad de género y se observará en su conformación el PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GÉNERO, y con ello promover y garantizar la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y procurar la paridad de género en la vida política del país; por lo que dicho principio tiene la finalidad del establecimiento de la alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como el que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.

Lo que significa que la integración del Consejo Estatal Electoral, se da de manera alternada y escalonada, por ello el legislador previo renovar parcialmente su integración, tan es así que en el artículo segundo transitorio de la Ley número 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, establece que, por esta única ocasión, al designar a los consejeros estatales electorales, el Congreso deberá nombrar a dos consejeros propietarios y dos suplentes comunes para que ejerzan funciones por el período de un proceso electoral ordinario, y los restantes, tres consejeros propietarios y un suplente común, para el período de dos procesos electorales ordinarios, para que la alternancia diera vida al momento de renovarse dicho organismo electoral, ya que al momento de sustituir a los dos consejeros electorales para un proceso electoral, se integraran con los tres consejeros propietarios que con la experiencia de un proceso electoral y con el derecho de otro periodo más, conformarán un organismo alternado.

Por lo que al renovarse de nueva cuenta el Consejo Estatal Electoral, y atendiendo al mismo principio, se deberá sustituir a los tres consejeros propietarios que ya estuvieron en su encargo en dos procesos electorales, por los nuevos consejeros electorales estatales.

Es así, que para efecto de una renovación parcial del Consejo Estatal Electoral, la alternancia no orbita solamente respecto del número de integrantes del órgano máximo de dirección del ente estatal, sino que, atendiendo al esquema constitucional y legal contenido en el artículo 22 de la Constitución Local que establece que en la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará en su conformación el principio de alternancia, debe traducirse en brindar la oportunidad de que el número de integrantes de un mismo sexo sea preponderante en una etapa de la conformación del órgano electoral, para que en la siguiente etapa de conformación, es decir, con motivo de la renovación parcial, se invierta la mencionada preponderancia, a efecto de brindar, en igualdad de oportunidades, para que el número de integrantes del sexo opuesto -en la etapa siguiente-,se invierta; es decir, que si en la integración actual se cuenta con tres consejeros del sexo masculino y dos del sexo femenino (en los consejeros propietarios), con motivo de la renovación parcial en curso, se inviertan los valores en el sentido de conformar el Consejo Estatal con tres integrantes del sexo femenino y con dos del sexo masculino, por lo que necesariamente debieron designarse dos consejeros electorales propietarios del género femenino y uno del género masculino y un suplente del género masculino, para así garantizar tanto la cuota de género, como la alternancia de género, no sólo de la conformación actual, sino tomando en cuenta además, la primera integración y las subsecuentes reintegraciones, a fin de garantizarse la paridad y alternancia de género en las diversas reintegraciones del Consejo Estatal Electoral.

La anterior conclusión se obtiene de una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones constitucionales y legales que prevén los principios de paridad y alternancia de género en la integración y conformación de los organismos electorales, pues la sola interpretación gramatical llevaría al absurdo de hacer nugatorios ambos principios y que además contravendría la esencia de los mencionados principios que derivan de los derechos de cuotas o de participación de minorías en la vida democrática. Lo anterior garantiza la integración originaria y la permanente, por lo cual el H. Congreso del Estado de Sonora debió haber conformado el Consejo Estatal Electoral de Sonora, conformando las plazas de consejeros propietarios, en número de dos del género femenino y de uno del género masculino y con ello invertir la preponderancia numérica del género femenino, lo que es congruente con los principios constitucionales de igualdad del hombre y de la mujer, ante la ley.

De no admitirse lo anterior, equivaldría a sostener como válido un patrón de conformación que privilegia la proporción mayoritaria de los cinco consejeros electorales con ciudadanos del género masculino, lo que desde luego me agravia en forma trascendente.

Para robustecer lo anterior, me permito referir parte de la Exposición de Motivos de la Ley No. 151 que reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución política del Estado de Sonora, publicada por segunda ocasión en el Boletín Oficial No. 22 Sección II del 15 de marzo de 2004, que en lo conducente consideró:

Es evidente pues, que la designación efectuada por la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora viola en mi perjuicio mi derecho y mi prerrogativa como ciudadana sonorense, para ser nombrada para el cargo de Consejera Electoral Propietaria de dicho organismo electoral, porque no respetó los principios de alternancia de género en su conformación.

De la Ley No. 151 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora No. 22 Sección II de fecha 15 de marzo de 2004, modificación constitucional que introdujo los principios de paridad y alternancia en la integración del órgano electoral sonorense, se desprende que:

•La renovación parcial del Consejo inició con la designación de consejeros electorales de 2007.

•Que dicha designación debía atender los referidos principios de paridad y alternancia de género tanto en su integración, como en su conformación, para lo cual prescribió que para la primera designación de consejeros electorales, en atención a dichos principios, debía nombrar a dos Consejeros Propietarios y dos Consejeros Suplentes para que ejerzan sus funciones por el periodo de un proceso electoral ordinario y, los restantes, tres Consejeros Propietarios y un Consejero Suplente, para el periodo de dos procesos electorales ordinarios.

Ahora bien, en el primer Acuerdo de designación derivado de la ley 151 de reformas constitucionales locales, como ya se señaló, se designaron a tres consejeros electorales propietarios de género masculino y a dos consejeros electorales de género femenino, así como a dos consejeros electorales suplentes de género femenino y a un consejero electoral de género masculino.

En mérito de lo anterior, la primera renovación parcial del Consejo Estatal Electoral debió observar la alternancia de género no solo respecto de los integrantes del Consejo como un todo, sino como la oportunidad de que la igualdad -mediante la alternancia de género- se hiciera patente a partir de la primera renovación parcial, y no circunscribirse a designar nuevos consejeros sustituyendo género por género, sino que atento al principio de alternancia de género enmarcado en las disposiciones constitucionales que prevén la igualdad del hombre y la mujer ante la ley establecidas en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículo 16 y 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se materializara la oportunidad de que también el género femenino, bajo las reglas de alternancia de género, tuviera la oportunidad de integrar preponderantemente el Pleno del Consejo con tres consejeras electorales propietarias e ir alternando dicha preponderancia numérica en las subsecuentes designaciones.

Como vengo observando el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, introduce como exigencia que en la INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES HABRÁ PARIDAD DE GÉNERO Y EN SU CONFORMACIÓN SE OBSERVARA EL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA.

Deseo llamar la atención de ese alto Tribunal Electoral, con la finalidad de que se pronuncie sobre los alcances de estos principios de paridad y alternancia de género en la integración y conformación del organismo electoral, y que solo lo contempla la legislación electoral sonorense con la finalidad y con el propósito de que clarifique el alcance de su contenido y el bien jurídico que tutela dichos principios rectores constitucionales para el nombramiento de Consejeros electorales.

El constituyente sonorense al introducir estos principios lo hizo en la Constitución Política del Estado, por el interés y la relevancia que le otorgo a la prioridad para la conformación del Consejo Estatal Electoral en otorgar los mismos derechos a ambos géneros.

Ahora bien, con la finalidad de hacer una correcta interpretación de estos conceptos me permito hacer las siguientes consideraciones:

Primeramente, es pertinente conocer el significado de los términos paridad y alternancia y como ya lo establecimos anteriormente queda claramente dilucidado el significado etimológico de ambos conceptos en atención al significado que le otorga la real academia de la lengua española, y que en resumen se concluye lo siguiente:

PARIDAD DE GÉNERO: SIGNIFICA QUE EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEBERÁ HABER IGUALDAD DE GÉNEROS EN EL NÚMERO DE CONSEJEROS YA QUE PARIDAD ES EQUIVALENTE A IGUALDAD.

ALTERNANCIA DE GÉNERO: DE ACUERDO AL SIGNIFICADO DE ALTERNANCIA DEBEMOS DE CONCLUIR QUE SIGNIFICA VARIAR EN ESTE CASO EL GÉNERO SE TURNEN SUCESIVAMENTE DE MANERA PREPONDERANTE EL NÚMERO DE CONSEJEROS DEL SEXO MASCULINO Y DESPUÉS FEMENINO Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

Otro aspecto que distingue el legislador es que "EN LA INTEGRACIÓN HABRÁ PARIDAD DE GÉNERO", mientras que "EN LA CONFORMACIÓN HABRÁ ALTERNANCIA DE GÉNERO"; con lo cual es claro que un aspecto es la integración y otro lo constituye la conformación; por lo que debemos de concluir que es integración y posteriormente la conformación.

Lo anterior, esta íntimamente ligado a el hecho de que el número de Consejeros propietarios es impar, como lo es también el número consejeros suplentes, por ello no puede haber igual número de consejeros femenino y masculino en propietarios y tampoco en suplente; pero si en su totalidad ya que son cinco propietarios y tres suplentes son en total ocho para cumplir el requisito de la paridad debe de haber cuatro consejeros hombres y cuatro consejeros mujeres.

Y justamente por el hecho de que el número de consejeros propietarios (cinco) es impar, el constituyente sonorense con la finalidad de garantizar igualdad de oportunidades para Consejeros de ambos sexos introdujo el principio rector alternancia de género, esto es que si en la integración del Consejo Estatal Electoral se designaron tres consejeros del sexo masculino y dos consejeros del sexo femenino, en la siguiente conformación deberá ser a la inversa tres consejeros del género femenino y dos consejeros del sexo masculino, y así sucesivamente alternar el género en la subsecuentes conformaciones recordando que la conformación escalonada tanto en propietarios como en suplentes.

Con todo lo antes expuesto, existe certeza y es claro concluir el bien jurídico que tutelo el constituyente sonorense, de otorgar igualdad de oportunidades a ambos géneros en la integración y conformación del Consejo Estatal Electoral y que ello solo puede lograrse ante la circunstancia de que por separado el propietarios y suplentes el número de consejeros impar y que solo podría obtenerse mediante la alternancia de género que se actualice cada vez que haya renovación parcial de consejeros eso es cada vez de que se conforme el órgano electoral con los nuevos consejeros.

Es el caso que el H. Congreso del Estado de Sonora mediante el Acuerdo que hoy combato, nuevamente no respetó el principio de alternancia de género en la forma antes descrita, lo que desde luego agravia a mi persona, en tanto que aspiré al cargo de consejera electoral y en la especie únicamente se designó como integrante del género femenino a una sola persona, lo que atenta mi esfera de derechos por cuanto que debió designarse a dos mujeres en vez de una como consejeras electorales propietarias, lo que va contra la finalidad de las normas constitucionales, de las normas legales y de la propia convocatoria para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral que en su Base Tercera, por lo que de continuar con la ilegal integración, se aleja la posibilidad real de participar en representación del género femenino en las actividades relativas a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral que se avecina.

De subsistir la errónea integración, la representatividad del género femenino en calidad de propietarios es del 40 %, contra el 60 % del género masculino, representación que ha subsistido desde la primera integración en que se introdujeron los principios de paridad y alternancia de género en la integración y conformación del Consejo Estatal Electoral, lo que desde luego me agravia, por cuanto que si el H. Congreso del Estado hubiese designado a tres consejeras electorales propietarias, en respeto de dichos principios, la suscrita hubiera tenido la oportunidad de integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

No debe pasar desapercibido que el Dictamen de la Comisión Plural del H. Congreso del Estado encargada de presentar al Pleno el dictamen que contenga la "lista" de ciudadanos que pueden ser tomados en cuenta para la renovación parcial del Consejo, refiere tales principios al abordar el artículo 22 de la Constitución local, sosteniendo equivocadamente lo siguiente:

El referido artículo 22 de la Constitución Política del Estado establece que los consejeros durarán en su encargo dos procesos electorales, previendo la obligación de renovar su integración de manera parcial cada proceso electoral respetando el principio de paridad y alternancia de género, tanto en la designación de propietarios como suplentes.

Igualmente, en el Dictamen de mérito se considera:

Es importante dejar asentado que para quienes suscribimos el presente dictamen, existe la convicción de que esta selección cumple, además, cabalmente, con el imperativo de respetar los principios de equidad, paridad y alternancia de género, manteniendo a nuestra Entidad a la vanguardia en dichos temas...

De lo anterior obtenemos que en el Dictamen no se integró una lista de aspirantes para ser considerados para el cargo de consejeros electorales propietarios y suplentes, sino que el Dictamen de Comisión Plural va mas allá de la encomienda otorgada por el pleno del H. Congreso del Estado, afectando con ello mi derecho y la oportunidad de ser nombrada como consejera electoral, puesto que no integró lista de ciudadanos para ser tomados en cuenta, sino que puso a consideración del Pleno, una "propuesta específica" de cuatro aspirantes, lo que desde luego vulnera mi esfera de derechos, así como del resto de aspirantes al cargo de consejeros electorales que válidamente cumplieron con los requisitos para el cargo y que tampoco fueron enlistados por la Comisión Plural.

La anterior conclusión se robustece, mutatis mutandi, con el pronunciamiento fijado por ésa H. Sala Superior en el expediente SUP-JDC-028/2011 relativo a la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, en cuya parte considerativa se expresa literalmente lo siguiente:

"...No se pierde de vista que en el Dictamen de la Primera y Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Unidas de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora, mediante el cual sometieron a la consideración del Pleno la iniciativa de Ley número 160, relativo al Código Electoral para el Estado de Sonora vigente, se señala lo siguiente:

En este orden, para estas comisiones unidas, la aprobación de un nuevo ordenamiento jurídico en materia electoral representa el perfeccionamiento de las reglas que rigen los procesos electorales dentro de la tarea democratizadora de la Entidad, entendida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico y social.

No debemos olvidar que lo anterior debe ser producto de la voluntad de los ciudadanos, mediante reglas claras y precisas puestas por el poder público donde no se aplica la posición arbitraria sino la ley de los poderes legítimamente constituidos y en el cual los cargos públicos son temporales y rotativos para el fortalecimiento de la participación de las personas, algunas veces directamente y, en otras, por conducto de sus representantes como es común en nuestro sistema democrático.

De lo anterior, se tiene que dichas comisiones concibieron la figura de la rotatividad en los cargos públicos como aquella que fortalecía la participación de las personas en un sistema democrático, la cual se actualiza en la especie con el acceso en el momento oportuno al cargo de Presidente del Tribunal Electoral por parte de todos los sujetos integrantes del órgano..."

En el caso concreto, la alternancia debe interpretarse en el sentido de maximizar y potenciar los derechos de las y los ciudadanos en igualdad de circunstancias, por lo que la alternancia de género en la integración y conformación del Consejo Estatal Electoral, al ser un órgano colegiado integrado en número impar, debe ser reintegrado en forma alternada, privilegiando la integración mayoritaria de género a partir de la primera designación, alternando dicha mayoría de género, por el género opuesto en subsecuentes reintegraciones.

Por lo anteriormente expuesto, es de carácter urgente que esa Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ORDENE al H. Congreso del Estado de Sonora REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y SUPLENTE Y QUE EN DENTRO DEL MISMO SE OBSERVE EL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GÉNERO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA DE CARÁCTER URGENTE, ello por que se avecina el próximo proceso electoral y es de suma relevancia que dicho Organismo Electoral se encuentre DEBIDAMENTE INTEGRADO ya que de lo contrario existiría un agravante a la ciudadanía en general al contar con orgasmo electoral encargado de preparar, vigilar y desarrollar los procesos electorales ILEGALMENTE INTEGRADO, corrompiendo los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, mismos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral se definen de la siguiente manera:

LEGALIDAD. Es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

IMPARCIALIDAD. Imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.

OBJETIVIDAD. Obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.

CERTEZA. Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

[…]

SÉPTIMO. Método de estudio. En primer lugar, se analizarán los conceptos de agravio vinculados con violaciones de procedimiento, durante la selección y designación de consejeros electorales, propietarios y suplente, del Consejo Estatal Electoral de Sonora.

Posteriormente, de ser necesario, se analizarán los argumentos relacionados con violaciones formales y, en su caso, se procederá al estudio de los conceptos de agravio relativos al fondo de la litis.

Lo anterior, en razón de que es preferente el estudio de las violaciones de procedimiento, dado que de resultar fundados los conceptos de agravio expresados daría lugar a la revocación o reposición de ese procedimiento. Posteriormente se lleva a cabo el análisis de las violaciones formales, que afectan el o los actos controvertidos porque, de ser fundados los conceptos de agravio, podría dar lugar a la reposición de la resolución dictada. Se deja al final el análisis de las violaciones de fondo, porque se ocupan de determinar lo correcto o incorrecto de la decisión asumida por las autoridades responsables, lo cual puede dar lugar a su confirmación, modificación, revocación o anulación.

Hecho lo anterior, para el caso de que alguno de los conceptos de agravio expresados por los enjuiciantes sea fundado, se analizará y determinará el efecto correspondiente.

OCTAVO. Suplencia de la queja deficiente. Previo al análisis de los anteriores conceptos de agravio aducidos por los demandantes, cabe precisar que en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se debe suplir la deficiencia de los enjuiciantes, en la exposición de sus conceptos de agravio, siempre y cuando éstos se puedan deducir claramente de los hechos expuestos.

Consecuentemente, la regla de la suplencia aludida se aplicará en esta sentencia, siempre que se advierta la expresión de conceptos de agravio, aunque ésta sea deficiente, y cuando existan afirmaciones sobre hechos, de los cuales se puedan deducir claramente.

En este sentido, cabe precisar que el ciudadano, como sujeto principal o primordial del Derecho Electoral, tiene un cúmulo de derechos, de los que destacan, dada su calidad de ciudadano, los políticos, entre los cuales está el derecho a ser designado en cualquier cargo o empleo público, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, los derechos políticos son derechos humanos, al efecto se ha considerado lo siguiente11:

1 El estudio corresponde a la Maestra Norma Inés Aguilar León, en su trabajo de investigación intitulado "Control Constitucional en el Derecho Electoral Mexicano", presentado a fin de obtener el certificado–diploma de estudios avanzados en la Universidad de Castilla–La Mancha, España.

b) Derecho a ser votado en elecciones periódicas, legitimas, celebradas mediante sufragio universal, libre, secreto, directo y auténtico.

Este tipo de derecho se ha definido como aquel que tienen los ciudadanos de una comunidad para postularse y en su caso ser elegidos, con el fin de ocupar determinados cargos públicos.1

1 ZOVATTO, Daniel.- Derechos Políticos como Derechos Humanos.- En: Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina.- Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Heidelberg, Internacional IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fondo de Cultura Económica.- Segunda edición, México, D.F; 1998, P. 33.

[…]

Tradicionalmente el tema de los derechos político-electorales, ha sido un tema particular del Derecho Constitucional, y en la actualidad constituyen una categoría más dentro del tema de los derechos humanos, porque son precisamente el objeto del control de constitucionalidad en materia electoral.

[…] no podemos dejar de lado un tema de trascendencia, que forma parte del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional, este último actualmente muy importante, para las autoridades electorales de México, básicamente para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al momento de dictar sus resoluciones.

El propósito es defender por medios institucionalizados los derechos de los seres humanos contra los abusos del poder cometidos por los órganos del Estado y, al mismo tiempo promover y establecer condiciones de vida, basadas en el respeto a la dignidad humana.

[Así], los derechos humanos son inherentes a la persona humana y su existencia no depende del reconocimiento que haga Estado, esto significa que siempre es posible extender el ámbito de su protección, considerando derechos que anteriormente no gozaban de este amparo.

Por esta razón en diversas Constituciones o en los criterios sustentados por diversas autoridades, se sostiene que los derechos contenidos en la Ley Fundamental no deben entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en ella.2

2 Al respecto se cita en vía de ejemplo la tesis de jurisprudencia sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.- Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 27-28, Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002 y; Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 97-99.

De esta manera, es como han aparecido las distintas y sucesivas "generaciones" de derechos humanos, provocando igualmente el surgimiento de distintos medios para su protección.

Desde el punto de vista constitucional, los derechos políticos son el grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado. En otros términos, es el conjunto de facultades que hacen posible la participación del ciudadano en la vida política del Estado al cual pertenecen.

Para Pedro Nikken, los derechos políticos, junto con los derechos civiles, expresan una dimensión individualista, cuyo propósito es evitar que el Estado invada y agreda la esfera del ser humano. Se trata fundamentalmente de derechos que se ejercen frente -y aun contra- al Estado, poniendo a disposición de su titular medios para defenderse frente al ejercicio abusivo del poder público.3

3 NIKKEN, Pedro.- La Protección Internacional de los Derechos Humanos: Su Desarrollo Progresivo.- Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Civitas, S. A.- Madrid, España, 1987, P. 33.

Para otros autores los derechos políticos son prerrogativas irrenunciables que tienen los ciudadanos para participar en la integración de los poderes públicos, y que le permiten participar individual y colectivamente en las decisiones y vida de carácter político de su comunidad. Dichos derechos son propios y esenciales a la calidad de ciudadano e implican la capacidad de ejercicio frente al gobierno y dentro del Estado.4

4 LARA SÁENZ, Leoncio.- Derechos Humanos y Justicia Electoral.- N° 4, Colección de Cuadernos de Divulgación sobre Aspectos Doctrinarios de la Justicia Electoral.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, D, F; 2003, P. 26.

Como podemos observar, existe una relación estrecha entre los derechos políticos y la participación política. Definida esta última como:

Toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus representantes.5

5 Definición adoptada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Citado por PICADO, Sonia.- Derechos Políticos como Derechos Humanos. En: Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina.- Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Heidelberg, Internacional IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fondo de Cultura Económica.- Segunda edición, México, D.F; 2007.- P. 48.

De lo anterior, es claro que existe una gran variedad de conductas en que se puede ejercer la participación ciudadana, de las que se derivan los derechos políticos.

En el ámbito del Derecho Internacional los derechos políticos pertenecen, junto a los derechos civiles, a los llamados derechos de primera generación o derechos de libertad, caracterizados fundamentalmente por derivar del derecho fundamental de libertad y por exigir, ante todo, un "no hacer" por parte del Estado, para que se respeten.

La diferencia entre los derechos civiles y los derechos de libertad, como parte de esta primera generación, señala Daniel Zovatto, estriba en que los primeros permiten al ser humano en general gozar de una esfera personal de autonomía frente al Estado y las demás personas privadas, en cambio los segundos, dan la posibilidad al ciudadano de participar en los asuntos públicos y en la estructura política de la comunidad de la cual forma parte.6

6 ZOVATTO, Daniel.- Derechos Políticos como Derechos Humanos.- En: Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina.- Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Heidelberg, Internacional IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fondo de Cultura Económica.- Segunda edición, México, D.F; 1998, P. 32.

Precisado lo anterior, se debe tener en consideración que por reforma constitucional diez de junio de dos mil once, en el sistema normativo mexicano se reconocen los derechos humanos, como inherentes a todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, atendiendo al párrafo segundo, del artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia"; en este sentido, la suplencia de los conceptos de agravio, se debe hacer de la forma más garantista, ampliando al máximo los derechos humanos, en este caso, el derecho político a integrar órganos de autoridad en materia electoral.

NOVENO. Análisis del fondo de la litis. Atendiendo a las consideraciones que previamente se han expuesto, se procede al estudio y resolución de los conceptos de agravio aducidos por los enjuiciantes, conforme a lo expuesto en el considerando SÉPTIMO de esta sentencia.

1. Violación al procedimiento de integración de la lista de aspirantes.

Las demandantes Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz aducen que en el dictamen que presentó la Comisión Plural de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora fue contrario a Derecho, ya que se debía presentar al Pleno de ese Congreso una lista de ciudadanos, sin embargo, la aludida Comisión Plural hizo una "propuesta específica" de cuatro aspirantes, dejando al resto de los ciudadanos que cumplieron los requisitos para ocupar el cargo fuera de tal lista.

En concepto de esta Sala Superior es infundado el concepto de agravio.

Previo al estudio del concepto de agravio es necesario trascribir la normativa rectora de la designación de los Consejeros Electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral de Sonora, la cual es al tenor siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA

Artículo 22.-

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.

La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral, conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Los Consejeros Estatales Electorales durarán en su encargo dos procesos electorales ordinarios sucesivos. El Consejo Estatal Electoral será renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario.

En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos géneros.

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

Artículo 86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del presente Código.

Artículo 88.- Los consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las bases siguientes:

I. El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso electoral ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que determine el propio Consejo. Dicha convocatoria será dirigida a los ciudadanos residentes en la Entidad, a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo Estatal, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con lo establecido para dicho efecto en la convocatoria y en este Código;

II. La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que se requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses.

III. El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes.

IV. Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el Pleno que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, en su caso;

Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo dictamen;

V. El procedimiento por el cual el Congreso nombrará a los consejeros del Consejo Estatal Electoral, deberá llevarse a cabo antes de que concluya el mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente artículo deberán rendir la protesta de Ley.

VI. El Consejo Estatal será renovado parcialmente cada proceso electoral.

Los consejeros durarán en su cargo dos procesos sucesivos.

En los casos de remoción que establezca la legislación y ausencia absoluta, se estará al siguiente procedimiento:

a) Una vez declarada legal la remoción del o de los consejeros, el Consejo Estatal, llamará a los suplentes en el orden de prelación establecido para tomarles protesta como propietarios. Dicho procedimiento se aplicará de igual manera en caso de ausencia absoluta de algún consejero propietario.

b) En caso, que el consejero removido o ausente, sea el presidente del Consejo, la mayoría de los consejeros llamarán a los suplentes en el orden de prelación establecido para que formen parte del Consejo. Una vez restablecidos la totalidad de consejeros, se procederá a llevar a cabo una votación para determinar cuál consejero ocupará la presidencia del Consejo Estatal, dicho encargo durará el tiempo restante que faltase para concluir el periodo de la presidencia del consejero que fue relevado.

c) Si se presentara la situación de que la mayoría de consejeros fueron removidos, o su ausencia fuera absoluta, el presidente del Consejo Estatal, o si éste último se encontrase también en la misma situación, el Secretario llamará a los suplentes para que tomen protesta como propietarios. Si aún con éste procedimiento el número de integrantes del Consejo Estatal fuera menor a tres, el secretario o el presidente notificarán al Congreso para que emita una convocatoria extraordinaria para elegir a nuevos consejeros electorales.

Los consejeros del Consejo Estatal recibirán la retribución que al efecto se indique en el presupuesto de egresos del propio Consejo.

CONVOCATORIA EMITIDA POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE SONORA

BASES

PRIMERA

Podrán participar los ciudadanos residentes en la entidad que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora y que son los siguientes:

I. Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

II. Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación;

III. Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;

IV. No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación;

V. Contar con credencial con fotografía para votar;

VI. No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación;

VIII. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación;

IX. No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación;

X. No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal;

XI. No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

XII. No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública;

XIII. No ser procurador, subprocurador de justicia, ni agente del ministerio público federal o estatal; y

XIV. No ser notario público.

SEGUNDA

Quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora, deberán presentar solicitud de registro ante el propio Consejo Estatal Electoral, dentro del plazo de treinta (30) días naturales contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, debiendo en todo caso acompañar los siguientes documentos:

- Copia certificada de acta de nacimiento.

- Copia certificada de su credencial para votar con fotografía.

- Currículo Vitae.

- Comprobantes de estudios.

- Constancia de Residencia de 5 (cinco) años en el Estado o documentos que la comprueben plenamente.

- Carta de no antecedentes Penales.

- Declaración bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos señalados en la presente convocatoria, contenida en el formato de solicitud que estará a disposición de los interesados, en el momento en que se reciba su documentación.

Las solicitudes se recibirán de lunes a viernes dentro del horario comprendido de las 8:00 a las 15:00 hrs, a excepción del último día, cuya recepción concluirá a las 24:00 hrs (12:00 de la noche).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, párrafo quinto, del Reglamento que regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales y de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los documentos que presenten los aspirantes serán tratados como confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún tercero sin su consentimiento previo por escrito.

TERCERA

En términos de lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como por el acuerdo aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora, el día 13 de septiembre de 2005, mediante el cual se designaron a los Consejeros Estatales Electorales, se requiere nombrar a tres Consejeros Electorales Propietarios y un Consejero Electoral Suplente Común, quienes durarán en el cargo dos procesos electorales ordinarios sucesivos en cuya designación se observarán los principios de paridad y alternancia de género.

Lo anterior con el fin de materializar la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.

CUARTA

Las solicitudes y documentación deberán presentarse por escrito, debidamente requisitada, ante la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, sito en Luis Donaldo Colosio número 35 esquina con Rosales, Colonia Centro, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para la cual se expedirá el recibo correspondiente.

El formato de solicitud estará disponible en la página de internet del Consejo www.ceesonora.org.mx.

QUINTA

Una vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes de registro, el Consejo Estatal examinará en forma objetiva e imparcial los expedientes integrados de cada aspirante, lo que deberá ocurrir en un plazo que no excederá de un mes.

Concluido el plazo para el examen de los expedientes de los aspirantes, el Consejo acordará el envío al H. Congreso del Estado de Sonora de las solicitudes que cumplan con los requisitos considerados en esta convocatoria y en el Código Electoral para el Estado de Sonora, comunicando por escrito a los interesados que no hayan sido enlistados, los motivos y fundamento de ello.

SEXTA

De conformidad con el artículo 88, fracción cuarta, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado de Sonora designará a los Consejeros Propietarios y Suplente Común.

SÉPTIMA

La presente convocatoria deberá publicarse en los principales lugares públicos de las 72 cabeceras municipales que integran la entidad, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet del Consejo www.ceesonora.org.mx y en los medios de comunicación escrita de mayor circulación en el Estado.

OCTAVA

En todo lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo que resuelva el Consejo Estatal Electoral, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 86, 88, 92 y 98 fracción XLV del Código Electoral del Estado de Sonora y lo dispuesto en el artículo 54, párrafos segundo, tercero y quinto, del Reglamento que regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales.

De los preceptos constitucionales y legales antes transcritos, así como de la convocatoria para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, se advierte lo siguiente:

1. El Consejo Estatal Electoral de Sonora emitirá la convocatoria para la selección de consejeros electorales, que integraran el citado órgano administrativo electoral local.

2. El citado Consejo electoral local examinara las solicitudes correspondientes y las que cumpla con los requisitos previstos en la normativa electoral, serán enviadas al Congreso del Estado de Sonora.

3. Una vez recibida las solicitudes, el mencionado Congreso integrará una Comisión Plural para que, previo estudio y análisis correspondiente, someta a consideración del Pleno, mediante dictamen, la lista de aspirantes a Consejeros Electorales.

4. El Pleno del Congreso del Estado de Sonora designará, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a los Consejeros propietarios y los suplentes según corresponda.

De las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, se advierte que, mediante oficio de catorce de febrero de dos mil once, el Consejo Estatal Electoral de Sonora envió al Congreso de la citada entidad federativa, ciento cuarenta y tres expedientes de los aspirantes, a integrar el órgano administrativo electoral local, que cumplieron los requisitos previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en la respectiva convocatoria.

Una vez recibidos los ciento cuarenta y tres expedientes de los aspirantes a consejeros electorales, mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil once, el Congreso del Estado de Sonora integró la Comisión Plural de Diputados, integrantes de las fracciones parlamentarias representadas en el Poder Legislativo de la citada entidad federativa.

Cabe precisar que la función de la aludida Comisión consiste en elaborar una lista de aspirantes, prevista en un dictamen, con las propuestas que serían sometidas al Pleno del Congreso local, en términos de los previsto en los artículos 22, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 88, base IV, del Código Electoral de la citada entidad federativa.

Así, del estudio de las solicitudes de los aspirantes que cumplieran los requisitos previstos en la normativa electoral local y la respectiva convocatoria, se debe presentar al Pleno del Congreso, mediante un dictamen que contenga una lista de aspirantes a integrar el Consejo electoral local, que será sometida a consideración del Pleno del Congreso local, para que efectuara la designación de Consejeros Electorales.

En este orden de ideas, la función principal de la citada Comisión, era llevar a cabo una revisión preliminar de los expedientes de los aspirantes a efecto de seleccionar los mejores perfiles de quienes pueden cumplir con la función administrativa electoral y proponerlos al Pleno del Congreso local.

De la anterior síntesis procedimental y en especial de la interpretación sistemática y gramatical de los artículos 22, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 88, base IV, del Código Electoral de la citada entidad federativa, se advierte que la Comisión Plural al ser la encargada de efectuar el estudio y análisis de las solicitudes de aspirantes a integrar el Consejo Estatal Electoral de la mencionada entidad federativa, tiene la facultad para llevar a cabo una evaluación preliminar de las solicitudes de aspirantes a consejeros electorales, a efecto de seleccionar propuestas especificas de aspirantes, que puedan cumplir con la función electoral, los cuales conformaran la lista que estará contenida en el dictamen que será sometido a la consideración del Pleno del Congreso local, para su aprobación por el voto de las dos terceras partes, o en su caso será rechazada.

En ese orden de ideas, en términos de lo previsto del artículo 22, párrafo quinto, de la Constitución local, se advierte que la Comisión Plural, tiene el deber de presentar ante el Pleno del Congreso del Estado de Sonora, una lista de aspirantes a integrar el órgano administrativo electoral local y en el particular como quedo precisado anteriormente, el cuatro de agosto de dos mil once, la Comisión Plural sometió a consideración del Pleno del Congreso el dictamen, que contenía la lista de cuatro aspirantes que podían ser tomados en cuenta para integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

De ahí que se considere que en términos de lo previsto en el artículo 22, párrafo quinto, de la Constitución local, la Comisión Plural, actuó conforme a lo previsto en la citada normativa constitucional, en razón de que presentó una lista de aspirantes al Pleno del Congreso.

En efecto, el precepto constitucional local no precisa cuantos aspirantes deberá contener la lista que se someta a consideración del Pleno del Congreso, solo se establece de manera genérica, que deberá presentar una lista de aspirantes a integrar el órgano administrativo electoral local, tal como lo llevo a cabo la Comisión Plural.

El procedimiento de selección que lleva a cabo la Comisión Plural, se erige como la base de la función del órgano legislativo local en Pleno, por lo que no se debe entender que la evaluación preliminar de los expedientes de los aspirantes a consejeros electorales, que hace para seleccionar a los mejores perfiles, de quienes pueden cumplir la función administrativa electoral y, proponerlos al Pleno del Congreso local, deba ser efectuada por el órgano legislativo local actuando con la totalidad de sus integrantes, porque ello afectaría su ordinario y cabal desarrollo, toda vez que, el trabajo en comisiones es una alternativa eficaz del desempeño parlamentario, tratándose sobre todo de los trabajos de selección de integrantes de órganos, cuya aprobación corresponde a los Congresos legislativos.

Lo anterior atiende a la necesidad de que el procedimiento de evaluación preliminar y definición respecto de los aspirantes que deban ser sometidos a la consideración del Pleno del Congreso para efectos de ser votados, no exija la presencia de la totalidad de integrantes del órgano legislativo y además atiende a que se cumpla oportunamente la obligación fundamental que tiene el Congreso local de designar a los integrantes de la máxima autoridad administrativa electoral en el Estado.

Cabe señalar, que el esquema de potestades previsto en la ley para esta clase de procedimientos no resta consenso a la designación, toda vez que, la lista de aspirantes contenida en el dictamen que elabora la Comisión Plural —que debe ser adecuadamente fundado y motivado, en cuanto a la designación de los aspirantes elegidos— es posteriormente, sometido a la consideración del órgano funcionando en Pleno, ante el cual se lleva a cabo la votación respectiva.

Por ende, el esquema previsto en la normativa electoral local, evidencia que fue diseñado de tal modo que se privilegiara la funcionalidad en el procedimiento de designación de los Consejeros Electorales en la entidad.

Ahora bien en el particular, el cuatro de agosto de dos mil once, la Comisión Plural sometió a consideración del Pleno del Congreso local, el dictamen que contenía la lista de ciudadanos que podían ser tomados en cuenta para integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

Se debe precisar que la aludida lista solo contenía una propuesta específica, de cuatro aspirantes a integrar el Consejo electoral local, tres propietarios y un suplente común, el cual en su parte conducente es al tenor siguiente:

Bajo la consideración anterior, esta Comisión estudió con detenimiento y cuidado especial los expedientes de los ciudadanos que se inscribieron ante el Consejo Estatal Electoral como aspirantes a los cargos de consejeros de dicho cuerpo colegiado, decidiéndose que, sin perjuicio de la buena fama de que gozan todos ellos, y debiendo seleccionarse sólo a cuatro de ellos para presentarse al Pleno del Congreso como propuesta específica, los aspirantes que en esta tesitura se enlistan y ponen a consideración de la Soberanía Popular son los siguientes:

1.- Oscar Germán Román Pórtela, Consejero Propietario

2.- Sagrario Penélope Palacios Romero, Consejero Propietario.

3.- Manuel Oscar García Sandoval, Consejero Propietario.

4.- Nidia Eloísa Rascón Ruiz, Consejero Suplente.

Para arribar y sostener esta propuesta se ha tomado en cuenta, básicamente, que los mencionados ciudadanos reúnen, los requisitos legales que al efecto establece el artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora, […]

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por unanimidad de los diputados presentes en esa sesión, por lo cual, en esa sesión extraordinaria, el diputado Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, integrante de la Comisión Plural propuso, al Pleno del Congreso Estatal, modificar los artículos primero y segundo del acuerdo contenido en el dictamen, a fin de designar como Consejeros Electorales propietarios a Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno, Francisco Javier Zavala Segura, y a Olga Lucía Seldner Lizárraga como Consejera Electoral suplente.

Tal propuesta fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes, por lo cual la designación de Consejeros para integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora para dos procedimientos electorales, quedó en los términos antes indicados.

Por tanto fue conforme a Derecho, que la Comisión Plural de Diputados haya presentado en el correspondiente Dictamen, una propuesta específica de aspirantes a integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora, toda vez que, ello fue el resultado del estudio y análisis de los ciento cuarenta y tres expedientes de los aspirantes que remitió la autoridad administrativa electoral local, al Congreso del Estado, de los cuales consideró proponer una lista de tres aspirantes para ocupar el cargo de Consejero Electoral propietario y un Consejero Electoral suplente común, quienes a juicio de la aludida Comisión, pueden cumplir con la función electoral, teniendo en consideración sus currículos aportados y su trayectoria profesional.

Por todo lo anterior, no es posible acoger el planteamiento de la enjuiciante Sagrario Penélope Palacios Romero, por el cual, pretende evidenciar que el dictamen que presentó la Comisión Plural, al Pleno del Congreso fue contrario a Derecho, al haber sometido a la consideración del citado Congreso local una propuesta específica de cuatro aspirantes, excluyendo a los restantes aspirantes a consejeros electorales.

Por el contrario, esa decisión preliminar constituye la culminación de su trabajo, así como la etapa previa a que el dictamen se someta a la consideración del órgano legislativo funcionando en Pleno, que finalmente, mediante votación de las dos terceras partes de sus integrantes, designa a los consejeros electorales.

2. Violación al procedimiento de aprobación del Dictamen.

El actor Jesús Ambrosio Escalante Lapizco aduce que el Congreso del Estado de Sonora, no cumplió las formalidades del procedimiento de designación de los Consejeros Electorales, establecidas en el Código Electoral de esa entidad federativa.

Al respecto, el enjuiciante argumenta que conforme a la legislación mencionada, en el desarrollo del procedimiento de designación de Consejeros Electorales, específicamente en la etapa de presentación del dictamen que hace la Comisión Plural al Pleno del Congreso del Estado, en caso de que éste lo rechace, se debe regresar a la Comisión Plural, a fin de que en la sesión siguiente, se presente un nuevo dictamen, lo que en la especie no sucedió.

A juicio de esta Sala Superior, el concepto de agravio del actor es infundado, en atención a las siguientes consideraciones.

El artículo 88 del Código Electoral del Estado de Sonora prevé las bases del procedimiento de designación de los consejeros del Consejo Estatal, en el caso en estudio, en la fracción IV del aludido artículo, se dispone que una vez recibidas las solicitudes que presente el Consejo Estatal Electoral, el Congreso integrará una Comisión Plural, la cual, previo estudio y análisis de las solicitudes, deberá presentar el dictamen respectivo ante el Pleno, en caso de que no se obtenga el voto de las dos terceras partes, se deberá regresar el dictamen a la citada Comisión, para el efecto de que en la siguiente sesión se presente un nuevo dictamen.

Cabe precisar que el procedimiento de designación de consejeros electorales locales, establecido en la legislación de Sonora es un procedimiento complejo, integrado por diversas etapas, que van desde la emisión de la convocatoria, por parte del Consejo Estatal Electoral, hasta la designación que hace el Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Por lo que hace al Congreso del Estado de Sonora, se advierten dos etapas: la primera que se puede denominar preparatoria, a cargo de una Comisión que después de analizar y discutir las propuestas correspondientes, formula un dictamen, y la segunda, que se puede llamar decisoria, que corresponde al Pleno del Congreso. Es decir, cada una de estas etapas tiene finalidades concretas, pues la comisión analiza y formula una propuesta para ser presentada mediante el dictamen correspondiente al Pleno, y éste tiene como función principal discutir y tomar la decisión que en Derecho corresponda.

Ello, porque la doctrina considera que las comisiones legislativas, como lo es, la Comisión Plural, son formas internas de organización que adoptan los órganos legislativos con el fin de atender de manera más eficaz y expedita las atribuciones que son previstas por la Constitución y la ley, pero que no pueden decidir sobre las cuestiones que se le plantean, sino que ello corresponde al Pleno del Congreso, es decir, su actuación es meramente instrumental, por lo que, la posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la Comisión, que es básicamente preparatorio, se puede convalidar por la actuación posterior del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la facultad decisoria.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 117/2004, visible a fojas mil ciento once, materia constitucional, Tribunal Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, que establece:

PROCESO LEGISLATIVO. LOS VICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE POR EL CONGRESO RESPECTIVO, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones Locales establecen, en relación con los procesos legislativos, dos etapas: la primera corre a cargo de una Comisión que después de estudiar el tema correspondiente, formula un dictamen, y la segunda corresponde al Pleno de la Cámara o del Congreso, que sobre la base del dictamen delibera y decide. El trabajo parlamentario en cada una de dichas etapas tiene finalidades concretas, pues la Comisión analiza la iniciativa de ley y formula una propuesta para ser presentada mediante el dictamen correspondiente al Pleno, y éste tiene como función principal discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la decisión que en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple una imprescindible función legitimadora de la ley, en razón de los mecanismos y etapas que lo integran. En ese tenor, la posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la Comisión, que es básicamente preparatorio, puede purgarse por la actuación posterior del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la facultad decisoria.

Ahora bien, en el particular, de las constancias que obran en autos, se advierte que el procedimiento de designación de consejeros estatales electorales, se llevó a cabo de la siguiente forma:

* En sesión extraordinaria de siete de diciembre de dos mil diez, el Consejo Estatal Electoral de Sonora aprobó el acuerdo que contiene la convocatoria para la renovación parcial de ese Consejo.

* Del nueve de diciembre de dos mil diez al nueve de enero de dos mil once, los aspirantes al cargo de Consejo Electoral, presentaron sus solicitudes de registro.

* El catorce de febrero de dos mil once, el Consejo Estatal Electoral de Sonora remitió al Congreso local ciento cuarenta y dos expedientes de los aspirantes al cargo de Consejero Electoral que cumplieron los requisitos previstos en Código Electoral Local y en la Convocatoria respectiva.

* El veintiocho de febrero del año que transcurre, el Congreso del Estado de Sonora acordó designar a los diputados que integrarían la Comisión Plural, encargada de presentar, al Pleno del Congreso, el dictamen con la lista de ciudadanos aspirantes al cargo de Consejeros Estatales Electorales.

* En sesión de cuatro de agosto del dos mil once, se puso a consideración del Pleno del Congreso del Estado, la aprobación del dictamen con la lista de los ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de Consejeros Electorales; la cual fue rechazada por unanimidad de los diputados presentes en esa sesión. No obstante, en esa sesión, el Presidente de la Comisión Plural propuso al Pleno del Congreso Estatal, modificar los artículos primero y segundo del acuerdo. Tal propuesta fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes.

Con relación a esta etapa, conviene transcribir a continuación, la parte conducente, de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria celebrada por la LIX Legislatura del Estado de Sonora, el cuatro de agosto de dos mil once, cuya copia certificada que remitió el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso de la citada entidad federativa, obra a fojas setecientas cincuenta y cuatro a setecientas ochenta y seis, del expediente al rubro indicado:

EL C. DIP. PRESIDENTE: Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo, los que estén por afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie (aprobado por unanimidad) aprobado en lo general y ahora se somete el acuerdo en lo particular. Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 139 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se solicita a los diputados que deseen apartar algún punto de este dictamen en lo particular se sirvan anotar con el diputado secretario para llevar un orden el desahogo de esta discusión

EL C. DIP. PACHECO MORENO: A nombre de la comisión plural para reservar el artículo primero y segundo del acuerdo.

EL C. DIP. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al diputado Bulmaro Pacheco para que exponga su planteamiento en relación con el artículo primero.

EL C. DIP. PACHECO MORENO: La comisión plural propone reforma al artículo primero: El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad establecida por los artículos 22 y 64, fracción XX de la Constitución Política del Estado de Sonora y con base en el Acuerdo número 155, de fecha 28 de febrero de 2011, resuelve designar como consejeros propietarios del Consejo Estatal Electoral, con una duración en su encargo de dos procesos electorales, a los ciudadanos Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno y Francisco Javier Zavala Segura. Oscar Germán Román Portela nació en ciudad Obregón el 24 de febrero de 1967, es licenciado en derecho por la Universidad de Sonora, tiene maestría en estudios políticos y sociales por la UNAM y ha trabajado en la unidad de licitaciones del ISSSTESON, Coordinador Técnico de la Unidad de Licitaciones del ISSSTESON, experiencias laborales en la iniciativa privada en Canaco y Canacintra. Sara Blanco Moreno, nació en Tepache, Sonora el 27 de abril de 1961, es abogada egresada de la UNISÓN, ha trabajado en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, consejera estatal electoral 2005-2006, consejera electoral 2002-2003, trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Delegación de Hermosillo del 95 al 2000, en el Ayuntamiento de Hermosillo 89-94, en el Colegio de Bachilleres y en el Instituto de Crédito Educativo. Francisco Javier Zavala Segura, es abogado, nació en Caborca, Sonora el 23 de noviembre del 77, tiene maestría en amparo en la Universidad de Durango Santander, ha trabajado como coordinador jurídico en el área de ejecuciones de sentencias y consultores profesionales corporativo, Coordinador jurídico de la empresa actuaríal y servicios, Coordinador general de las firmas nacionales de Rodríguez Baggio y Asociados y actuarial y de servicios, S.A. son los datos Presidente. En relación al artículo segundo.

EL C. DIP. PRESIDENTE: Vamos a ir por partes.

EL C. DIP. PACHECO MORENO: Pido que me deje leer el segundo. El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad establecida por los artículos 22 y 64, fracción XX de la Constitución Política del Estado de Sonora y con base en el Acuerdo número 155, de fecha 28 de febrero de 2011, resuelve designar como consejero suplente del Consejo Estatal Electoral, con una duración en su encargo de dos procesos electorales, a la ciudadana Olga Lucia Seldner Lizarraga. Olga Lucia Seldner Lizarraga, nació en Hermosillo el 8 de febrero de 1956, es economista, egresada de la UNISÓN, con maestría en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora, Consejera Electoral del IFE en el Consejo Local del Estado de Sonora, proceso federal 2005 a agosto de 2006 y proceso federal octubre 2008 a agosto de 2009. Experiencia laboral, distribuir autorizado de Usana Health Sciences, Coordinadora ejecutiva del Instituto Francisco Javier Saeta, jefa de departamento y subdirección de gestión de desarrollo social en la Coordinación Estatal de Solidaridad de la subsecretaría de Desarrollo Regional de la Secretaría de Planeación y gasto Publico de Sonora del 92 al 94.

EL C. DIP. CURIEL: El Grupo Parlamentario el PRD de la lista de ciudadanos que fueron turnadas a esta soberanía para ser tomados en cuenta y que fueran nombrados los consejeros electorales, después de hacer una revisión y un análisis hicimos una propuesta de los ciudadanos que consideramos tienen la preparación académica, los conocimientos en la materia electoral, esa lista queremos decir aquí nuestra lista la encabeza el Sr. Juan Poom Medina, Olga Lucía Seldner Lizárraga, Manuel Mario Tapia Fonllem y el Dr. José Arturo Rodríguez Obregón, como Grupo Parlamentario del PRD, en una muestra de voluntad política de nuestra parte y atendiendo también el gran esfuerzo que ha hecho la comisión y los diferentes grupos parlamentarios, queremos expresar aquí nuestra determinación de apoyar esta propuesta que leyó el diputado Bulmaro Pacheco, Presidente de la comisión y queremos dar una muestra de nuestra voluntad política, para que este instituto el Consejo Estatal electoral en este caso, las personas que en este momento estamos nombrando, cuenten con el respaldo de esta legislatura, con todo nuestro apoyo para que hagan un trabajo institucional, transparente, imparcial que es creemos estamos convencidos lo que la sociedad sonorense espera, es nuestro punto de vista y para expresar que queremos sumarnos a la propuesta como grupo parlamentarios que ha hecho nuestro compañero diputado.

EL C. DIP. PRESIDENTE: antes de someter a votación el presente asunto, aclaro a la asamblea que estamos discutiendo los puntos primero y segundo del acuerdo contenido en el dictamen presentado originalmente por la comisión plural, sobre este punto esta presidencia registró además de las dos propuestas y la modificación en ella planteada por el diputado Bulmaro Pacheco, en ese sentido someteré a votación la propuesta original en el dictamen y solo en el caso de que no se aprobada la propuesta de dicho dictamen, someteré a votación la propuesta que propuso el diputado Bulmaro Pacheco, recapitulando, voy a poner a consideración la propuesta original que venía en el dictamen, en función de lo anterior...

EL C. DIP. ZEPEDA VIDALES: Aclarar que la propuesta de todos los integrantes de la comisión, el respaldo es unánime.

EL C. DIP. PRESIDENTE: Está bien la observación, solamente que al principio yo comenté que lo hacia el a nombre de la comisión plural y ya omití comentar ese detalle, muy bien por cuestiones de estilo. En función de lo anterior discutido el punto primero y segundo del acuerdo, se pregunta en votación económica si es de aprobarse como lo presentó la comisión en los mismos términos, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie (rechazado por unanimidad) en vista de que evidentemente no es aprobado el punto del presente acuerdo como estaba previsto en el dictamen originalmente, se pregunta ahora en votación económica si es de aprobarse los puntos primero y segundo del presente acuerdo como lo propuso el diputado Bulmaro Pacheco a nombre de la comisión plural, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie (aprobado por unanimidad) aprobado los puntos primero y segundo como lo propuso el diputado Bulmaro Pacheco a nombre de la comisión plural, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el resto del articulado que no fue motivo de discusión, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie aprobado por unanimidad) aprobado el acuerdo y comuníquese. En el siguiente punto del orden del día procederemos a la lectura de la iniciativa de decreto para clausurar la sesión extraordinaria, para lo cual les pido muy atentamente su atención.

* Finalmente el cinco de agosto del año en que se actúa, se publicó en el boletín oficial del Estado de Sonora, el acuerdo aprobado por el Congreso del Estado.

De lo anterior se advierte que si bien es cierto el Pleno del Congreso del Estado de Sonora rechazó el dictamen que presentó la Comisión Plural, también lo es que la Comisión Plural sólo es un órgano colegiado auxiliar integrado para el eficaz o adecuado funcionamiento del Poder Legislativo, de tal manera que aun cuando está previsto que el Dictamen que es rechazado por el Pleno debe regresar a la Comisión Plural, si la asamblea en pleno asume una determinación distinta a la propuesta por la citada Comisión Plural, no se incurre en violación alguna porque el pleno tiene la facultad de aceptar, rechazar o modificar la propuesta de la Comisión.

En la especie, los artículos primero y segundo del proyecto de acuerdo de la Comisión Plural proponían designar como Consejeros Estatales Electorales, para dos procedimientos electorales, a los siguientes ciudadanos.

Consejeros Electorales Propietarios

* Oscar Germán Román Portela

* Sagrario Penélope Palacios Romero

* Manuel Oscar García Sandoval

Consejera Electoral Suplente

* Nidia Eloísa Rascón Ruiz

Sin embargo, tales propuestas fueron rechazadas por unanimidad de los diputados presentes.

Como se advierte de la versión estenográfica de la sesión del Pleno del Congreso del Estado, así como del acta de la sesión extraordinaria celebrada el cuatro de agosto de dos mil once, las cuales obran en los autos del expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-4984/2011, el diputado Bulmaro Pacheco Moreno hizo una propuesta a nombre de la Comisión Plural, en la que proponía designar como Consejeros Estatales Electorales a los siguientes ciudadanos.

Consejeros Electorales propietarios

* Oscar Germán Román Portela.

* Sara Blanco Moreno.

* Francisco Javier Zavala Segura

Consejera Electoral suplente

* Olga Lucía Seldner Lizárraga.

Tal propuesta fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso del Estado.

En este sentido, como ya se dijo, al ser la Comisión Plural un órgano colegiado auxiliar integrado para el eficaz o adecuado funcionamiento del Poder Legislativo, si la asamblea en pleno asumió una determinación distinta a la propuesta por la citada Comisión Plural, a juicio de esta Sala Superior tal irregularidad en el procedimiento es insuficiente para ordenar la reposición del mismo; máxime si se tiene consideración que el Pleno de la Legislatura tiene la atribución de aceptar, rechazar o modificar la propuesta de la Comisión Plural, conforme a lo previsto en el artículo 88, fracción IV, del Código Electoral del Estado de Sonora.

Por otra parte, los enjuiciantes argumentan que Francisco Javier Zavala Segura y Oscar Germán Román Portela, quienes fueron designados por la autoridad responsable, como consejeros propietarios integrantes del Consejo Estatal Electoral de Sonora, no acreditaron tener experiencia y conocimientos en la materia electoral, de ahí que su designación no fue apegada a Derecho, al violar el procedimiento establecido en ley.

A juicio de esta Sala Superior los anteriores conceptos de agravio son infundados.

Lo infundado de tales argumentos radica en que los enjuiciantes, parten de la premisa errónea de que en la legislación local se exige que los consejeros electorales deban tener experiencia y conocimientos en materia electoral.

En efecto, de la normativa electoral local, la cual ha quedado transcrita párrafos atrás, así como en la convocatoria respectiva, no se advierte que el legislador ordinario local haya previsto como requisito para integrar el Consejo Estatal Electoral de Sonora, el acreditar experiencia y conocimientos en la materia electoral, pues solamente exigió que los aspirantes cumplieran los requisitos previstos en el artículo 92 del Código Electoral del Estado de Sonora, los cuales son los siguientes:

•Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

•Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación;

•Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;

•No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación;

•Contar con credencial con fotografía para votar;

•No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;

•No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación;

•No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación;

•No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación;

•No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal;

•No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

•No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública;

•No ser procurador, subprocurador de justicia, ni agente del ministerio público federal o estatal; y

•No ser notario público.

Por tanto, al no estar establecido como requisito para ser designado consejero integrante del órgano administrativo electoral local, tener conocimientos y experiencia en materia electoral, por lo cual la autoridad responsable no tenía el deber de exigir que los aspirantes o los designados consejeros acreditaran tener experiencia y conocimientos en la materia electoral, máxime si se tiene consideración de que las autoridades solo pueden obrar ejerciendo las facultades expresamente previstas en la ley, conforme a lo previsto en el artículo 2, de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Por cuanto hace a los conceptos de agravio en los cuales Sagrario Penélope Palacios Romero aduce que la Comisión Plural no motivó y fundamento el dictamen en el cual se propuso a los consejeros que fueron designados, pues, en su concepto, no se manifestó y demostró en el dictamen sometido a la consideración del Pleno del Congreso que experiencia tuvieran tales personas en la materia electoral, se considera inoperante.

Se arriba a la anotada conclusión, ya que, como se puntualizó, la experiencia en la materia electoral, al no ser un requisito exigido por la normativa electoral, ni en la convocatoria respectiva, no era necesario que la Comisión Plural fundara y motivara tal circunstancia, de ahí que la responsable no violó el principio de legalidad como lo aduce la aludida actora.

3. Violación al principio de alternancia de género.

Las actoras, María del Carmen Arvizu Borquez, Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, aducen que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Sonora, en la designación de consejeros electorales omitió observar el principio de alternancia de género que prevén los artículos 22, último párrafo, de la Constitución Política y 86, segundo párrafo del Código Electoral, ambos de la citada entidad federativa, pues en su concepto, para cumplir tal principio se debieron designar dos consejeras propietarias y un consejero propietario, mientras que el consejero suplente debió ser hombre, razón por la cual argumenta se debe revocar la designación hecha por la aludida legislatura.

A juicio de esta Sala Superior es fundado el concepto de agravio en estudio.

De la lectura de los preceptos jurídicos que han sido transcritos párrafos atrás, se advierte que, el Consejo Estatal Electoral de Sonora, se integra con ocho consejeros electorales, de los cuales cinco serán propietarios con derecho a voz y voto, mientras que los restantes serán suplentes comunes, quiénes cubrirán las suplencias de los propietarios, en el orden de prelación en que hayan sido designados, asimismo comparecerán a las sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos políticos, alianzas o coaliciones con registro.

También, de la normativa constitucional y legal transcrita, se advierte que en el procedimiento de designación de consejeros electorales intervienen tanto el Consejo Estatal Electoral, expidiendo la convocatoria y efectuando la revisión de los requisitos legales de los aspirantes, por su parte, corresponde al Congreso del Estado crear una Comisión Plural la cual se encargará de elaborar el dictamen con la lista de candidatos a consejeros electorales, la que someterá a consideración del Pleno del aludido Congreso a fin de elegir a los nuevos integrantes de la autoridad administrativa electoral local.

En esta última parte del procedimiento, el Congreso del Estado al momento de decidir el nombramiento de los consejeros debe respetar los principios de paridad y alternancia, ambos de género, que prevén los artículos 22 de la Constitución local y 86, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de Sonora

Ahora bien, de la lectura integral de las demandas de María del Carmen Arvizu Borquez, Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, se advierte que las actoras enderezan sus conceptos de agravio a controvertir el acuerdo del Congreso del Estado de Sonora por el cual hizo la designación de Consejeros Electorales locales en contravención al principio de alternancia de género.

No es óbice a lo anterior, que Nydia Eloisa Rascón Ruiz aduzca que también se infringió el principio de paridad de género, porque del contexto de sus argumentos se advierte que, como ha quedado precisado, sus conceptos de agravio se enderezan a controvertir la designación de consejeros electorales por violación al principio de alternancia de género.

Precisado lo anterior, es necesario dilucidar en que radica el principio de alternancia de género, para esto, en primer lugar, es necesario acudir al significado del verbo "alternar".

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en la parte que interesa, se tiene que:

alternar.

(Del lat. alternāre, de alternus, alterno).

1. tr. Variar las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente. Alternar el ocio y el trabajo. Alternar la vida en el campo con la vida urbana.

2. tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.

3. tr. Mat. Cambiar los lugares que ocupan respectivamente los términos medios o los extremos de una proporción.

4. intr. Dicho de varias personas: Hacer o decir algo o desempeñar un cargo por turno.

5. intr. Dicho de ciertas cosas: Suceder a otras recíproca y repetidamente. Alternar los días claros con los lluviosos. Alternar las alegrías con las penas.

Según el diccionario citado, el adjetivo "alterno" quiere decir:

alterno, na.

(Del lat. alternus, de alter, otro).

1. adj. alternativo.

2. adj. Dicho de los días, los meses, los años, etc.: Uno sí y otro no. Viene a la oficina en días alternos. Las sesiones se celebran en días

De lo anterior, se advierte que alternar implica el cambio, la variación o turno repetido y sucesivo entre varias personas, cosas, elementos o circunstancias, en un espacio o tiempo determinado, de modo tal que la misma persona o cosa no se reitere en lo inmediato.

La regla de alternancia prevista en los artículos 22, de la Constitución local y 86, párrafo segundo, del Código Estatal Electoral de Sonora, se debe entender como orden que debe imperar en la integración del Consejo Estatal Electoral, es decir, si en la designación de consejeros propietarios, se hizo a favor de tres aspirantes del sexo femenino y dos del sexo masculino, el siguiente nombramiento debe quedar con tres consejeros del sexo masculino y dos del sexo femenino, así repetida y sucesivamente.

Esto es, la alternancia se da con respecto a cada uno de los géneros (hombre-mujer), de lo que se sigue que el turno se debe producir entre sexos, mediante el cambio de uno y otro, sucesiva e ininterrumpidamente.

Por tanto, si el Consejo Estatal Electoral se integra con cinco consejeros propietarios y tres suplentes, es claro que se debe intercalar, por lo que hace a los propietarios, tres hombres y dos mujeres, o viceversa, de manera inmediata, seguida y sucesiva, tal como se esquematiza enseguida:

Designación anterior

Designación nueva

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

Tal circunstancia se debe cumplir al momento de designar a los tres consejeros suplentes.

Designación anterior

Designación nueva

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos electorales, como los que se trata, es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procedimientos electorales.

También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número de consejeros, tanto propietarios como suplentes fijados para integrar el Consejo Estatal Electoral son números impares (5 propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que siempre, en una y otra categoría, haya disparidad en cuanto al género, lo cual no se considera una falta de alternancia ni de paridad, ya que esta última se debe observar con relación a la integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros del sexo femenino e igual número de consejeros del sexo femenino, y la alternancia se observa en las subsecuentes nombramientos de consejeros.

Interpretación que es conforme al principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Precisado lo anterior, es necesario, tener en consideración los antecedentes del acuerdo controvertido.

El trece de septiembre de dos mil cinco, el Congreso del Estado de Sonora aprobó el acuerdo 151 (ciento cincuenta y uno), por el cual se designó a los consejeros que integrarían el Consejo Estatal Electoral, siendo la siguiente:

Nombre

Cargo

Marcos Arturo García Celaya

Consejero propietario

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero Propietario

Hilda Benitez Carreón

Consejera Propietario

Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Propietario

María del Carmen Arvizu Bórquez

Consejera Propietario

Nombre

Cargo

Ana Aurora Serrano Genda

Consejera suplente común

Sergio Alfonso Sandoval Godoy

Consejero suplente común

Martha Patricia Alonso Ramírez

Consejero suplente común

El siete de octubre de dos mil ocho, el Pleno del Congreso del Estado de Sonora, emitió el acuerdo 204 (doscientos cuatro) por el cual designó a los ciudadanos Fermín Chávez Peñuñuri y Marisol Cota Cajigas como consejeros electorales propietarios en sustitución de Jesús Humberto Valencia Valencia y María del Carmen Arvizu Bórquez, que habían sido nombrados para ejercer su encargo por solo un procedimiento electoral.

Asimismo, en ese acuerdo se determinó designar a Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal Granillo, como consejeros electorales suplentes, en sustitución de Sergio Alfonso Sandoval Godoy y Martha Patricia Alonso Ramírez.

Por tanto, la integración del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora anterior a la designación que se controvierte en el juicio que ahora se resuelve, era la siguiente:

Nombre

Cargo

Marcos Arturo García Celaya

Consejero propietario

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero Propietario

Hilda Benitez Carreón

Consejera Propietaria

Fermín Chávez Peñuñuri

Consejero Propietario

Marisol Cota Cajigas

Consejera Propietaria

Nombre

Cargo

Ana Aurora Serrano Genda

Consejera suplente común

Francisco Córdova Romero

Consejero suplente común

María Dolores Carvajal Granillo

Consejera suplente común

Con base en lo anterior, a continuación se analizará la integración de los consejos electorales respecto de los que las demandantes se inconforman por considerar que no se cumple el principio de alternancia de género.

Ahora bien, en el acuerdo de designación de consejeros emitido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Sonora, se designó a los ciudadanos Oscar Germán Román Portela, Sara Blanco Moreno y Francisco Javier Zavala Segura como consejeros electorales propietarios y a Olga Lucía Seldner Lizárraga como consejera suplente común, de ahí que la composición del Consejo Estatal Electoral de la citada entidad federativa quedó de la siguiente forma:

Nombre

Cargo

Fermín Chávez Peñuñuri

Consejero propietario

Marisol Cota Cajigas

Consejera propietaria

Oscar Germán Román Portela

Consejero propietario

Francisco Javier Zavala Segura

Consejero propietario

Sara Blanco Moreno

Consejera propietaria

Nombre

Cargo

Olga Lucía Seldner Lizárraga

Consejera suplente común

Francisco Córdova Romero

Consejero suplente común

María Dolores Carvajal Granillo

Consejera suplente común

De lo anterior, se advierte que el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, no cumplió el principio de alternancia de género, pues no varió la integración del Consejo Estatal Electoral, es decir, en los consejeros propietarios hay tres hombres y dos mujeres, y respecto a los consejeros suplentes comunes hay dos mujeres y un hombre.

Como quedó puntualizado párrafos atrás, la anterior integración del Consejo Estatal Electoral, estaba conformada por tres consejeros propietarios del sexo masculino y dos del sexo femenino, mientras que los consejeros suplentes comunes, por dos mujeres y un hombre, por lo que es evidente que la autoridad responsable al momento de designar a los consejeros electorales tanto propietarios como suplentes comunes no observó el principio de alternancia de género, al dejar al género masculino en mismo número que la integración anterior, es decir, tres hombres, siendo que corresponde en esta ocasión que las mujeres tengan el derecho a que nombren con tal carácter a tres de ellas.

Lo cual, como ha quedado precisado, es conforme al principio de igualdad entre el hombre y la mujer, previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por ello, que se considera que el Congreso del Estado de Sonora para respetar el principio de alternancia de género debió designar a dos mujeres y un hombre, como consejeros electorales propietarios, mientras que debió nombrar a un hombre como consejero suplente común.

Medida que en forma alguna alteraría el principio de paridad de género, ya que habría cuatro consejeras electorales e igual número de consejeros electorales.

En consecuencia, ha lugar a ordenar al Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de Sonora, que proceda a hacer las actuaciones pertinentes a fin de cumplir el principio de alternancia de género que prevén los artículos 22, último párrafo de la Constitución Política y 86, segundo párrafo, del Código Electoral, ambos de la citada entidad federativa, en la designación que haga para renovar parcialmente el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

DÉCIMO. Efectos de la sentencia. Al haber resultado fundados los conceptos de agravio expuestos por los enjuiciantes, en términos del considerando anterior, esta Sala Superior ordena:

- Dejar sin efectos el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil once por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora designó a los consejeros propietarios y suplente integrantes del Consejo Estatal Electoral de Sonora.

- La autoridad responsable, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia, deberá designar a los consejeros electorales, propietarios y suplente del Consejo Estatal Electoral de Sonora, observando los principios de paridad y alternancia de género, es decir, nombrando a dos consejeras (mujeres) y un consejero (hombre), todos propietarios y a un consejero suplente común (hombre); tal designación será tomando en consideración únicamente a los actores y a los consejeros que fueron propuestos y designados en el acuerdo reclamado.

Hecho lo anterior, se deberá informar a esta instancia jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores, el cumplimiento dado a la presente ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-4985/2011, SUP-JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011, al diverso juicio ciudadano radicado en el expediente SUP-JDC-4984/2011. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil once mediante el cual la Quincuagésima Novena Legislatura Congreso del Estado de Sonora designó a los consejeros electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral de esa entidad federativa, para su renovación parcial, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos noveno y décimo de esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE: personalmente a José Ambrosio Escalante Lapizco y María del Carmen Arvizu Borquez, en el domicilio señalado en el Distrito Federal; por estrados a Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz por así haberlo solicitado en los respectivos escritos de demanda; por correo certificado: a los terceros interesados, en razón de que el domicilio señalado está fuera de la ciudad Sede de esta Sala Superior; por oficio, con copia certificada de esta ejecutoria, a la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, así como al Consejo Estatal Electoral de esa entidad federativa, y por estrados a los demás interesados; lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29, párrafos 1, 2 y 3, y 84, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes a la autoridad responsable y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de los Magistrados Manuel González Oropeza y José Alejandro Luna Ramos, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, EXPEDIENTE SUP-JDC-4984/2011 Y ACUMULADOS.

Disiento del sentido de la sentencia recaída en el presente juicio en cuanto al tratamiento del agravio relativo a la violación al principio de alternancia de género, en el cual la mayoría de los Magistrados ha definido el contenido y alcance que se le debe dar a este concepto consagrado en los artículos 22, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 86, párrafo segundo, del Código Electoral de dicha entidad federativa, por lo cual emito el presente VOTO PARTICULAR, conforme a los siguientes argumentos.

Las consideraciones que sustentan la sentencia de mérito, precisan en esencia que la regla de alternancia prevista en los artículos 22, párrafo último, de la Constitución y 86, párrafo segundo, del Código Electoral, ambos de la entidad citada, se debe entender como orden que debe imperar en la integración del Consejo Estatal Electoral, es decir, si en la designación de consejeros propietarios, se hizo a favor de tres aspirantes del sexo femenino y dos del sexo masculino, el siguiente nombramiento de los consejeros propietarios debe quedar con tres consejeros del sexo masculino y dos del sexo femenino, así repetida y sucesivamente.

El Congreso de Sonora, al no atender dicha regla, la mayoría de los Magistrados ha decidido revocar el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil once, emitido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de Sonora y, consecuentemente, ordenar a la responsable que proceda a hacer las actuaciones pertinentes a fin de cumplir con el principio de alternancia de género que prevén los artículos 22, párrafo último, de la Constitución y 86, segundo párrafo, del Código Electoral, atrás mencionados, en la designación que haga para renovar parcialmente el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

Lo determinado por la mayoría de esta Sala Superior implica que el Congreso citado, deberá reponer el procedimiento de designación de consejeros, debiendo al efecto tomar en cuenta, el principio de alternancia de género en los términos definidos en la ejecutoria de mérito.

Considero que le corresponde al Congreso de Sonora darle contenido de manera fundada y motivada al principio de alternancia de género, y a partir de esta definición, realizar las actuaciones pertinentes y designar los consejeros para renovar parcialmente el Consejo Estatal Electoral de Sonora, de conformidad con el principio aludido.

El Congreso de Sonora, en ejercicio de su soberanía constitucional, se encuentra formal y materialmente en posibilidad jurídica de otorgarle contenido o definir el alcance del principio en comento.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, primer párrafo, y 116 de la Constitución Federal, es al Congreso, en el ámbito de sus facultadas constitucionales y legales, a quien le compete darle vida y dinamismo a las normas jurídicas que regulan el régimen interior de la entidad federativa, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las particulares de los Estados, las cuales en momento alguno podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

De lo contrario, establecer el contenido y alcance que se le debe otorgar al principio de alternancia de género previsto en la norma local en la presente ejecutoria, en mi concepto, se traduce en una limitación al ejercicio pleno de las facultades del Congreso, en la medida que se le imponen reglas, sin concederle posibilidad alguna para deliberar sobre este aspecto.

La deliberación y el debate que podría abrir el Congreso tendiente a otorgarle definición y contenido al principio de alternancia de género, dado el sentido del fallo aprobado por la mayoría, por una parte, el Congreso tendría la oportunidad para discutir ampliamente el tema a la luz de las normas que regulan su régimen interno, y por otra, podría dar lugar a un concepto que garantice en mayor medida las aspiraciones de los géneros interesados, considerando que la legislación de Sonora se distingue por la amplia protección que otorga a la equidad de género.

Lo anterior, abonaría la tutela de la soberanía del Congreso como uno de los poderes públicos de la entidad federativa, de ahí que considero que el Congreso debe en ejercicio de su soberanía otorgarle contenido y definición al principio de alternancia de género, y en función de su conclusión, garantizar su protección al realizar las actuaciones y al designar los consejeros para renovar parcialmente el Consejo Estatal Electoral de Sonora.

El hecho de que esta Sala Superior en la presente sentencia determine la interpretación y el alcance que se le debe dar al principio de alternancia de género implica una intervención excesiva en la soberanía del Congreso local.

La legislación de Estado de Sonora se destaca por la vasta protección que concede a la equidad de género.

En efecto, la exposición de motivos de la reforma constitucional contenida en la Ley 1511, la cual reformó, entre otros preceptos, el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en lo referente a la paridad y a la alternancia de género, señaló:

1Publicada primeramente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el veintitrés de octubre de dos mil tres y posteriormente el quince de marzo de dos mil cuatro, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el Decreto conteniendo dicha ley, mediante resolución emitida el diecisiete de febrero de dos mil cuatro, publicada el veintisiete de ese mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federación, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad número 23/2003.

"…Por otra parte, como una forma de garantizar y generar las condiciones jurídicas idóneas para que exista igualdad entre los hombres y las mujeres en la forma que lo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Local, se establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán, conforme a lo establecido en la propia ley fundamental y la Ley Electoral, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. En el mismo sentido, en la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género…."

Derivado de ello, el artículo 22, último párrafo, del ordenamiento constitucional sonorense, prevé que en la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género.

De conformidad con el espíritu del constituyente y del legislador locales, considero que el principio de alternancia, el cual se aplica una vez que se cumplió con el de equidad de género, permite que los sexos no se repitan de manera consecutiva en una lista.

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el adjetivo alternativo califica a aquello que se dice, hace o sucede con alternación. Por su parte, alternación es la acción de alternar, verbo que tiene el siguiente significado:

alternar. (Del lat. alternāre, de alternus, alterno).

1. tr. Variar las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente. Alternar el ocio y el trabajo. Alternar la vida en el campo con la vida urbana.

2. tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.

3. tr. Mat. Cambiar los lugares que ocupan respectivamente los términos medios o los extremos de una proporción.

4. intr. Dicho de varias personas: Hacer o decir algo o desempeñar un cargo por turno.

5. intr. Dicho de ciertas cosas: Suceder a otras recíproca y repetidamente. Alternar los días claros con los lluviosos. Alternar las alegrías con las penas.

6. intr. Hacer vida social, tener trato. Alternar con personas de cuenta.

7. intr. Entrar a competir con alguien.

Como se advierte, el adjetivo alternativo alude más bien a un cambio, a una sucesión, sin necesidad de que los miembros de un conjunto repitan el cargo de que se trate. Es decir, que su definición sólo implica que, en el presente caso, el mismo género se encuentra repetido de manera sucesiva.

Además, si la intención del legislador local hubiera sido que en la renovación del Consejo General del Instituto electoral estatal, se designará un bloque de tres hombres y dos mujeres, y que en la designación posterior el Consejo se integrara con tres mujeres y dos hombres, lo hubiese determinado en esos términos en la propia ley. Al no haberlo hecho le compete a él, determinar la interpretación del concepto de "alternancia de género" una vez cumplido el principio de equidad.

Incluso, la Constitución y el Código Electoral, locales, no señalan expresamente que la asignación de los lugares por género deba ser como se concluye en el proyecto.

Así, considero que el alcance de la norma es que en la designación de consejeros se garantice el principio de equidad de género, es decir la presencia de cuatro hombres y cuatro mujeres.

Tal designación debe darse, de conformidad al principio de alternancia de género, es decir intercalando hombre y mujer, o viceversa, según los lugares vacantes, pues la regla de alternancia consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos, garantizando con ello la igualdad entre la mujer y el hombre de manera sustancial, real y efectiva, con la finalidad de permitir el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida democrática.

Ya esta Sala Superior se ha pronunciado en estos términos, en sentencias anteriores, en las cuales si bien ha abordado otros temas como la alternancia de género en las listas de diputados de representación proporcional, ha definido cómo debe entenderse dicho principio. Entre estos precedentes se encuentran los siguientes: SUP-JDC-461/2009, SUP-JDC-158/2010, SUP-JDC-28/2010, y SUP-JDC-3049/2009.

En efecto, al interpretar el alcance del artículo 220, párrafo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone en lo que interesa:

"Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada."

esta Sala Superior aprobó la tesis XVI/2009 en la que determinó que la interpretación de dicho precepto debe consistir en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmento de cinco candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo, para garantizar el equilibrio y la igualdad entre ambos sexos.

Por ello, considero que lo determinado en la referida tesis debe regir también en el presente caso, a fin de evitar criterios contradictorios.

Ahora bien, previo a la designación de los consejeros aquí impugnada, la integración del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, se encuentra tal y como se muestra a continuación:

Fermín Chávez Peñuñuri

Hombre

Consejero Propietario

Nombrado en 2008, se conserva como propietario.

Marisol Cota Cajigas

Mujer

Consejera Propietaria

Nombrada en 2008, se conserva como propietaria.

Hombre

Consejero Propietario

Por designar.

Mujer

Consejera Propietaria

Por designar.

Hombre

Consejero Propietario

Por designar.

Conforme al criterio anterior, la designación de consejeros propietarios debe corresponder en principio a dos hombres y una mujer, a fin de respetar los principios de equidad y de alternancia de género.

Por otra parte, también correspondería designar en principio a una mujer como consejera suplente, por lo siguiente:

María Dolores Carvajal Granillo

Mujer

Consejera Suplente

Designada en 2008, se conserva como suplente.

Francisco Córdova Romero

Hombre

Consejero Suplente

Designado en 2008, se conserva como suplente.

Mujer

Consejera Suplente

Por designar.

Los consejeros suplentes conservan su lugar aun cuando existan vacantes de consejeros propietarios, en la medida que la norma no les otorga la posibilidad de que puedan en automático pasar de suplentes a propietarios.

Lo anterior, atendería además el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Séptima Legislatura de Sonora, relativa a la Iniciativa de Ley número 160, por el que se reformó el código electoral local, que señala lo siguiente: "los cargos públicos son temporales y rotativos para el fortalecimiento de la participación de las personas, algunas veces, directamente y, en otras, por conducto de sus representantes como es común en nuestro sistema democrático."

Finalmente, se permitiría un trato igual tanto al hombre como a la mujer, así como mayor participación de las personas en las decisiones fundamentales de la vida electoral del Estado, esencia del sistema democrático.

Por lo tanto el Congreso del Estado de Sonora tiene la libertad, en ejercicio de su soberanía, de interpretar el alcance del principio de alternancia de género, debiendo respetar que en la designación de los consejeros del Consejo Estatal Electoral de la entidad, se aplique la regla de un género seguido de otro género y así sucesivamente, sin poder designar a dos personas del mismo género de manera consecutiva.

En armonía con lo anterior, es que considero que la sentencia aprobada por la mayoría de los Magistrados no debe establecer el contenido y alcance del principio de alternancia de género previsto en la legislación local, sino que esta definición la debe establecer el Congreso citado, al momento de dar cumplimiento a la presente sentencia.

Por lo anterior, emito un voto particular, en virtud de que estimo que el Decreto impugnado no debía revocarse sino modificarse a fin de que el orden de los ciudadanos ya designados fuese modificado para que no hubiese dos personas del mismo género una seguida de la otra, sino alternadas. Rúbrica.

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 187, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 5° DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, RESPECTO DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-4984/2011 Y SUS ACUMULADOS.

En razón de que si bien comparto parte de las consideraciones, más no el sentido y efectos de la sentencia aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los presentes juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y sus acumulados, con el respeto debido, formulo VOTO PARTICULAR, en los términos siguientes:

En mi concepto, lo procedente es confirmar el acto impugnado en los juicios que nos ocupan, porque no existe violación al procedimiento de aprobación del dictamen tal y como se establece en la sentencia a estudio, pero hay violación al principio de alternancia como lo alegan los promoventes.

El artículo 88 del Código Electoral del Estado de Sonora prevé las bases a las cuales se someterá el procedimiento por el cual se deben asignar a los consejeros del Consejo Estatal, en el caso bajo estudio, la fracción IV dispone que una vez recibidas las solicitudes que presente el Consejo Estatal Electoral, el Congreso integrará una Comisión Plural, la cual, previo estudio, y análisis de la solicitudes, deberá presentar el dictamen respectivo ante el Pleno, en caso de que no se obtenga en la designación en voto de las dos terceras partes, se deberá regresar el dictamen a la citada Comisión, para que el efecto de que en la siguiente sesión se presente un nuevo dictamen.

En el caso, comparto la consideración que se establece en la sentencia, en el sentido de que, no le asiste la razón a los promoventes cuando manifiestan que existe violación al procedimiento de designación de consejeros electorales, porque si bien es cierto que el Pleno del Congreso del Estado de Sonora rechazó el dictamen que presentó la Comisión Plural, también lo es que las comisiones del Congreso del Estado, en el caso particular, la citada Comisión Plural sólo es un órgano colegiado auxiliar integrado para el eficaz o adecuado funcionamiento del Poder Legislativo, de tal manera que aún y cuando está previsto que el dictamen que es rechazado por el Pleno debe regresar a la Comisión Plural, si la asamblea en pleno asume una determinación distinta a la propuesta por la citada Comisión Plural, no se incurre violación alguna porque el Pleno tiene la facultad de aceptar, rechazar o modificar la propuesta de la Comisión.

Por tanto, al ser la Comisión Plural un órgano colegiado auxiliar integrado para la eficaz o adecuado funcionamiento del Poder Legislativo, y sí la asamblea en pleno asumió una determinación distinta a la propuesta por la citada Comisión Plural, tal irregularidad es insuficiente para ordenar la reposición del mismo; máxime, si se tiene en consideración que el Pleno de la Legislatura tiene la atribución de aceptar, rechazar o modificar la propuesta de la Comisión.

Ahora bien, no comparto las consideraciones que se sostienen en la sentencia de mérito relativas a que no se cumplió el requisito de alternancia de género por las siguientes razones.

En el caso, María del Carmen Arvizu Borquez, Sagrario Penélope Palacios Romero y Nydia Eloisa Rascón Ruiz, aducen que en la designación de Consejeros Electorales se omitió observar el principio de alternancia de género que prevén los artículos 22, último párrafo, de la Constitución Política y 86 segundo párrafo del Código Electoral, ambos de la citada entidad federativa, pues en su concepto, para cumplir tal principio se debieron designar dos consejeras propietarias y un consejero propietario, mientras que el consejero suplente debió ser hombre.

El artículo 22 último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sonora establece en lo que interesa lo siguiente:

Artículo 22.- La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo sonorense y se ejerce por medio de los Poderes Públicos del Estado. El Gobierno es emanación genuina del pueblo y se instituye para beneficio del mismo.

En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos géneros.

A su vez, el artículo 86, segundo párrafo del Código Electoral de la citada entidad federativa establece lo siguiente:

Artículo 86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del presente Código.

De lo anterior, se desprende que, el Consejo Estatal de Sonora, se integra con ocho consejeros electorales, de los cuales cinco serán propietarios con derecho a voz y voto, mientras que los restantes serán suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de los propietarios, en el orden de prelación en que hayan sido designados, asimismo comparecerán a las sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos políticos, alianzas o coaliciones con registro.

También, de la normativa constitucional y legal transcrita, se advierte que en el procedimiento de designación de consejeros electorales se debe respetar los principios de paridad y alternancia, ambos de género.

Asentado lo anterior, desde mi punto de vista, en la especie se cumple con la regla de paridad y alternancia prevista en los artículos 22, último párrafo de la Constitución Local y 86, párrafo segundo, del Código Estatal Electoral de Sonora.

La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos electorales, como los que se trata, es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y pueden ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procedimientos electorales.

En el caso, se debe tener en consideración que, en razón de que el número de consejeros, tanto propietarios como suplentes fijados para integrar el Consejo Estatal Electoral es de ocho, es decir, cinco propietarios y tres suplentes, conlleva a que siempre deben existir en la integración, cuatro hombres y cuatro mujeres como Consejeros Propietarios y Suplentes.

Ahora bien, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora se integra con números impares (5 propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que siempre, haya disparidad en cuanto al género, sin embargo, con dicha situación no consideró que exista una falta de alternancia o de paridad, ya que ésta se debe observar en relación con la integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros del sexo femenino e igual número de consejeros del sexo masculino.

Ello, porque desde mi punto de vista la regla de paridad y alternancia prevista en los artículos 22, de la Constitución Local y 86, párrafo segundo, del Código Estatal Electoral de Sonora, se da al existir igualdad en el número de hombres y mujeres en la integración total del citado órgano, cuestión que en el caso se cumple a cabalidad.

Al estimarse lo contrario, desde mi punto de vista, se estaría violando la soberanía del Estado de Sonora, al imponer reglas diversas de las que se estableció el constituyente local para integrar a las autoridades electorales.

Por tanto, estimó que el Congreso del Estado de Sonora actuó conforme a derecho en la emisión del acto impugnado, ya que no transgrede ninguna norma de la Constitución Federal ni de la Constitución local.

En consecuencia, en mi concepto, lo procedente es confirmar el acto impugnado en los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y sus acumulados. Rúbrica.